La magistrada Luz del Carmen Ibáñez es conocida en su Perú natal por ser la fiscal que lideró el megaproceso contra Abimael Guzmán y la cúpula del grupo armado Sendero Luminoso, un conflicto que causó más de 70.000 muertos. Desde hace ocho años es una de las juezas de la Corte Penal Internacional (CPI) y ahora sigue el caso del expresidente filipino Rodrigo Duterte, en el que se investigan miles de asesinatos y torturas cometidos en el marco de una campaña contra las drogas. Su colega francés, Nicolas Guillou, preside la sala de instrucción de Palestina y formó parte del grupo de jueces que autorizó las órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Beniamin Netanyahu, y su exministro de Defensa Yoav Gallant por supuestos crímenes de guerra y de lesa humanidad en Gaza.
La Corte Penal Internacional vive los momentos más críticos desde su fundación por las sanciones y las intimidaciones de Estados Unidos
La magistrada Luz del Carmen Ibáñez es conocida en su Perú natal por ser la fiscal que lideró el megaproceso contra Abimael Guzmán y la cúpula del grupo armado Sendero Luminoso, un conflicto que causó más de 70.000 muertos. Desde hace ocho años es una de las juezas de la Corte Penal Internacional (CPI) y ahora sigue el caso del expresidente filipino Rodrigo Duterte, en el que se investigan miles de asesinatos y torturas cometidos en el marco de una campaña contra las drogas. Su colega francés, Nicolas Guillou, preside la sala de instrucción de Palestina y formó parte del grupo de jueces que autorizó las órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Beniamin Netanyahu, y su exministro de Defensa Yoav Gallant por supuestos crímenes de guerra y de lesa humanidad en Gaza.
Ambos magistrados son dos de los once juristas de la CPI sancionados por EE.UU. en agosto del año pasado. “Estamos en la misma lista que los más grandes terroristas y criminales del mundo. Es decir, comparan a los jueces con Osama bin Laden y con el Chapo Guzmán”, denuncia la jueza peruana, que también está en la lista negra de Rusia por las investigaciones contra los posibles crímenes de guerra durante la invasión de Ucrania. “Eso me hace la jueza más perseguida del mundo por los grandes poderes”, bromea la magistrada, orgullosa de la difícil misión de impartir justicia donde las judicaturas nacionales no pueden, no saben o no quieren entrar porque los casos son demasiado difíciles.
Desde entonces, ni Ibáñez ni Guillou pueden entrar en Estados Unidos, y por orden de Donald Trump se les han congelado sus cuentas y posibles activos en el país. Esto les ha cambiado la vida, porque también les ha prohibido el acceso a todos los servicios estadounidenses en Europa, como las tarjetas de crédito –Visa y Mastercard son empresas norteamericanas– o plataformas como Amazon o Netflix.
“Es como volver a los años noventa”, señala Guillou junto a Ibáñez, mientras reciben a La Vanguardia en una de las antesalas del tribunal, que fue creado para procesar a los responsables de genocidios como los de la antigua Yugoslavia o el de Ruanda.
Esta situación no les afecta solo a ellos, sino también a sus familiares directos. Ibáñez menciona, por ejemplo, que a su hija, una abogada internacionalista que no tiene relación con La Haya, también le ha sido retirado el visado y las cuentas de Google y Apple. “Es una locura”, resume.
Sanciones desde Whashington
Western Union bloqueó el dinero que enviaba mensualmente a Perú para el mantenimiento de su casa y el pago de sus empleados. El dinero no llegó a su destino ni les fue devuelto.
Washington ha ido imponiendo con cuentagotas las sanciones a estos once juristas. El desdén que siente el presidente Trump por el derecho internacional ha llegado a cotas inimaginables: quiere que la CPI enmiende su documento fundacional para garantizar que no le investigue a él ni a sus altos cargos y, de no hacerlo, podría sancionar al propio tribunal. Esta obsesión puede intensificarse, ahora que el partido Iustitia Europa ha realizado la primera denuncia contra Trump y Netanyahu ante la CPI por su ofensiva en Irán. EE.UU. no forma parte de la institución, como tampoco Israel, Irán o Rusia, pero sus presiones e intimidaciones están llevando a la institución a uno de los momentos más duros desde su fundación. Hungría, por ejemplo, anunció el año pasado que se retiraba de la corte. Aunque ha habido tensiones previas con EE.UU. –durante la administración de George W. Bush–, Guillou asegura que la magnitud actual es inédita, combinando sanciones personales, órdenes de detención rusas, ciberataques y campañas mediáticas.
En el caso del juez francés, su castigo es una consecuencia directa de la orden de arresto contra los dirigentes israelíes, que no gustaron nada al presidente de Estados Unidos.
La magistrada peruana está en el punto de mira de la Casa Blanca por autorizar la investigación de todos los crímenes cometidos en Afganistán, sin importar el perpetrador. Una decisión que incluía no solo a los talibanes y fuerzas estatales, sino también a miembros de los ejércitos extranjeros, sobre todo el estadounidense, algo a lo que Washington se opone categóricamente. Lo paradójico es que gracias a esta decisión han sido detenidos varios jefes talibanes. Que ningún funcionario estadounidense lo haya sido no ha evitado el castigo de Trump.
“Más allá de esto, de estas medidas irracionales, ilógicas, injustas e inmerecidas, yo sentí ese momento como una condecoración a mi trabajo. No a mi persona, porque la persona es indiferente, sino al trabajo que se hace en esta corte”, indica Ibáñez. Guillou coincide. Y resume: “Lo que intenta hacer EE.UU. con las sanciones es presionarnos como personas particulares para que renunciemos al juramento que hemos prestado como jueces y que cambiemos nuestra decisión solo porque tenemos miedo, pero continuamos nuestro trabajo con determinación”.
Pese a todo, Trump no ha logrado sus propósitos. Entre los pasillos del tribunal la vida transcurre con normalidad. La sala de vistas está lista para acoger los siguientes pasos del caso Duterte. Ninguno de los casos está paralizado ni ha sido afectado por las sanciones. El único efecto que ha habido es una cierta desdigitalización. Los jueces cuentan, por ejemplo, que la corte ha vuelto en cierta manera al pasado, con reuniones presenciales en lugar de en línea para evitar el impacto secundario de las sanciones. “Sí, ahora trabajamos de manera diferente que antes, y me alegro un poco porque esta es la forma como nosotros solíamos trabajar en Perú”, sonríe Ibáñez, buscando el lado bueno de la situación.
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