El ambicioso plan del Gobierno italiano para externalizar la gestión migratoria en Albania se enfrenta ahora a un serio obstáculo judicial. Ese es el sentido de la sentencia con la que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha establecido que los gobiernos nacionales pueden señalar qué países se consideran seguros para repatriar inmigrantes, pero que dicha lista puede ser sometida a control judicial. En resumen, por tanto, los tribunales podrán seguir bloqueando los traslados a los centros que Italia ha abierto en Albania.
Los jueces europeos dictaminan que la lista de países seguros debe poder ser revisada por los tribunales. La oposición pide el cierre de los centros en Albania
El ambicioso plan del Gobierno italiano para externalizar la gestión migratoria en Albania se enfrenta ahora a un serio obstáculo judicial. Ese es el sentido de la sentencia con la que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha establecido que los gobiernos nacionales pueden señalar qué países se consideran seguros para repatriar inmigrantes, pero que dicha lista puede ser sometida a control judicial.
Otro punto controvertido aclarado por los magistrados europeos es el de los países que no pueden considerarse “seguros” en todo su territorio. También en este aspecto Italia sale mal parada de la sentencia, ya que se establece que “un Estado miembro no puede designar como país de origen ‘seguro’ a un tercer país que no cumpla, para determinadas categorías de personas, los criterios materiales de tal designación”.
El efecto de esta decisión es que las grandes instalaciones que Italia ha construido en la costa del Adriático están destinadas a quedar medio vacías. El fallo se refiere al caso de un migrante bangladeshí rescatado en el Mediterráneo y llevado a Albania con arreglo al protocolo firmado con Italia. Fue en este país donde presentó una solicitud de protección internacional que le fue denegada en un proceso acelerado por parte de las autoridades italianas, al alegar que Bangladesh es un país seguro y no cabe el derecho a asilo.
La respuesta del Gobierno italiano es muy dura: “Sorprende la decisión del Tribunal de Justicia de la UE. Una vez más, la jurisdicción —esta vez europea— reclama espacios que no le corresponden, ante responsabilidades que son de carácter político. El Tribunal de Justicia de la UE decide entregar a cualquier juez nacional la competencia no sobre casos individuales, sino sobre una parte de la política migratoria relacionada con la normativa sobre repatriaciones y expulsiones de irregulares. Así, por ejemplo, en la identificación de los llamados países seguros, se da prioridad a la decisión del juez nacional, basada incluso en fuentes privadas, por encima de las complejas investigaciones llevadas a cabo por los ministerios competentes y evaluadas por el Parlamento soberano.”
Para el gobierno de Giorgia Meloni se trataba de un punto clave: de la decisión de los jueces europeos dependía en gran parte la viabilidad del llamado Modelo Albania, una iniciativa observada con interés por varios países de la Unión, pero que, a más de año y medio de la firma del protocolo con el primer ministro de Tirana, Edi Rama, no ha llegado nunca a ponerse en marcha, generando numerosas polémicas.
La oposición acusa a Meloni de haber malgastado decenas de millones de euros en un proyecto que consideran no solo injusto, sino también ineficaz. En las últimas semanas, un estudio de la Universidad de Bari y la ONG Action Aid reveló cifras hasta ahora desconocidas: 114.000 euros al día para detener a 20 personas entre mediados de octubre y finales de diciembre de 2024, que luego fueron liberadas. A finales de marzo de 2025 se habían habilitado 400 plazas, cuya construcción costó 74,2 millones de euros.
Pero el principal problema para el gobierno ha venido del ámbito judicial. Para sortear las sentencias de los tribunales sobre la detención en los centros de Albania, el Ejecutivo italiano primero modificó la ley, retirando competencias a la sección especializada en inmigración, y luego suspendió el envío de solicitantes de asilo a Gjader, con el objetivo de transformar las nuevas instalaciones en centros para migrantes en espera de expulsión.
La oposición pide ahora el cierre de los centros. «Los jueces no solo podían, sino que debían verificar la situación real de los países designados como seguros. La propaganda sádica de Meloni, que ha gastado cientos de millones de euros de los italianos para montar ese lúgubre anuncio electoral de los centros en Albania, choca con el derecho. Meloni debe cerrar esas inquietantes e ilegales catedrales en el desierto, pedir disculpas a los italianos y respetar el Estado de derecho y los derechos de las personas migrantes», declaró Riccardo Magi, líder de Más Europa.
Chiedi a ChatGPT
Internacional
