El mismo Tribunal Supremo que el año pasado concedió a Donald Trump inmunidad por los actos delictivos cometidos durante su presidencia, librándole de condena por haber instigado el asalto al Capitolio y allanando el camino para su retorno al poder, ha iniciado esta semana un nuevo curso judicial repleto de casos que determinarán el avance de su agenda autoritaria.
La mayoría conservadora del alto tribunal se ha posicionado del lado de Trump en 20 ocasiones desde que regresó al poder
El mismo Tribunal Supremo que el año pasado concedió a Donald Trump inmunidad por los actos delictivos cometidos durante su presidencia, librándole de condena por haber instigado el asalto al Capitolio y allanando el camino para su retorno al poder, ha iniciado esta semana un nuevo curso judicial repleto de casos que determinarán el avance de su agenda autoritaria.
Desde que regresó a la Casa Blanca en enero, la mayoría conservadora del alto tribunal se ha puesto del lado de Trump en 20 ocasiones, el 85% de las veces, permitiendo la aplicación de acciones y órdenes ejecutivas que habían sido bloqueadas por los tribunales inferiores. En los próximos meses, los seis jueces conservadores –tres de los cuales fueron nombrados por Trump en su primer mandato– y las tres progresistas decidirán sobre la legalidad de una serie de divisivos asuntos.
El alto tribunal interpretará en noviembre la legalidad de los aranceles de Trump mediante declaraciones de emergencia
Está en juego la supervivencia de la histórica Ley de Derecho al Voto de 1965, la legalidad de las cirugías de reasignación de género, los derechos de los estados para contar los votos por correo en las elecciones y los poderes de Trump para imponer su amplia política arancelaria, entre otros asuntos, además de todas aquellas solicitudes de emergencia que pueda enviar la Administración a lo largo del nuevo curso judicial.
Este tipo de solicitudes son un recurso que Trump ya ha usado en 28 ocasiones, más que en la suma de las presidencias completas de sus tres predecesores: Joe Biden, Barack Obama y George W. Bush. Se producen cuando un tribunal inferior bloquea de forma cautelar alguna de sus medidas y la Casa Blanca pide a la máxima instancia judicial que se pronuncie de inmediato. Su respuesta suele llegar sin firma ni argumentación por parte de los nueve jueces, pero sus implicaciones perduran, pues igualmente sientan precedente.
Uno de los primeros casos que llegarán al Supremo en su nuevo curso, en noviembre, concierne a la legalidad de los aranceles masivos de Trump, que ha aprobado mediante declaraciones de emergencia nacional para poder saltarse la autoridad que la Constitución da al Congreso sobre este mecanismo comercial. En diciembre, los nueve jueces examinarán los esfuerzos del presidente por tomar el control de agencias independientes, como la Comisión Federal de Comercio. En enero, el tribunal decidirá si Trump puede destituir a Lisa Cook, la gobernadora de la Junta de la Reserva Federal a la que trató de echar el mes pasado, poniendo a prueba la supuesta independencia del banco central estadounidense.
Susan Walsh / Ap-LaPresse
También está previsto que, antes de que termine el curso en junio del próximo año, haya un fallo definitivo sobre la legalidad de la orden ejecutiva que elimina la ciudadanía automática por haber nacido en EE.UU., un derecho protegido en la 14ª Enmienda de la Constitución. Y otros casos podrían remodelar el panorama electoral, como uno que determinará la legalidad de un mapa electoral de Luisiana, que añadió dos distritos congresionales de mayoría negra. Los magistrados ya escucharon un primer desafío al mapa en la primavera, pero no se pronunciaron sobre su legalidad, anunciando que volverían a escucharlo con una pregunta constitucional más amplia. Con ello, se prevé que algunos miembros del Supremo quieran usar el caso para desmantelar la Ley del Derecho al Voto de 1965, un pilar de la era de los derechos civiles.
Además de estos asuntos, que interpelan directamente a la separación de poderes y la Constitución, la máxima instancia judicial también decidirá sobre casos relacionados con las llamadas batallas culturales, lo que incluye los derechos de las personas LGTBI. Por ejemplo, se pronunciará sobre si una ley que prohíbe las “terapias de conversión” de la orientación sexual viola la libertad de expresión protegida por la Primera Enmienda, en respuesta a un desafío de un terapeuta cristiano de Colorado que quería aconsejar a los niños para volverlos heterosexuales. Y también decidirá sobre uno de los temas que más suele comentar Trump, los desafíos legales a leyes en estados republicanos que prohíben a atletas trans competir en equipos femeninos.
En la memoria del pueblo estadounidense, que suspende al Supremo en todas las encuestas, perduran sus decisiones más controvertidas de los últimos ocho años, desde que Trump nominó a Neil Gorsuch para ocupar la vacante del fallecido Antonin Scalia, cimentando la mayoría conservadora. La llegada en el 2018 de Brett Kavanaugh y en el 2020 de Amy Coney Barrett, también elegidos por Trump, consolidó definitivamente el giro a la derecha del tribunal.
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Desde entonces, el Supremo ha eliminado las protecciones federales del derecho al aborto, dejándolo en manos de los estados, y ya lo han prohibido 18 de ellos; ha expandido el derecho a portar armas ocultas en público, limitando la capacidad de los estados para regularlo, a pesar de que, año tras año, se producen alrededor de 500 tiroteos masivos en el país; ha limitado el poder de la Agencia de Protección Ambiental para regular las emisiones de carbono sin autorización explícita del Congreso, diezmando uno de los mecanismos de Biden para luchar contra la emergencia climática; ha declarado inconstitucional la discriminación positiva en las universidades, que desde los años 1970 había permitido la admisión de estudiantes afroamericanos, asiáticos o latinos que no hubieran tenido la oportunidad; ha ampliado el significado de la libertad de expresión, permitiendo a una diseñadora negar sus servicios a una pareja por ser homosexual; y ha anulado el plan de condonación de deuda estudiantil de Biden, que habría aliviado la vida a 43 millones de prestatarios.
Todos estos casos sucedieron durante el mandato de Biden, que vio muy limitada su acción de gobierno incluso cuando gozó de mayoría demócrata en las dos cámaras del Congreso. Este año, sin embargo, está facilitando el avance autoritario de Trump y eliminando sus límites. Uno de los ejemplos más significativos fue cuando restringió la autoridad de los jueces de distrito para bloquear a nivel nacional sus decretos ilegales, lo que había sido en los primeros meses de su mandato su contrapoder más efectivo.
Pero el alto tribunal también ha permitido a la Casa Blanca llevar a cabo sus despidos masivos y recortes, que habían sido bloqueados por tribunales inferiores; ha sentenciado que es legal revocar el estatus de protección temporal a más de 300.000 inmigrantes venezolanos, y ha permitido la deportación a Cuba, Haití y Nicaragua de inmigrantes que llegaron bajo un programa de asilo o el uso de la ancestral ley de Enemigos Extranjeros para expulsar a ciertos grupos de inmigrantes a El Salvador y a “terceros países”, como Sudán del Sur, Ruanda o Eswatini, a pesar del riesgo de enfrentar allí torturas o persecución.
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