La petición de la juez de la dana al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana para que investigue al ex presidente de la Generalitat Carlos Mazón por su «grosera negligencia» el día de la catástrofe ha sorprendido más por el momento en el que se ha producido que por el contenido -muy duro con el dirigente del PP- de la exposición razonada.En más de un centenar de páginas, la instructora de la causa abierta por homicidios y lesiones imprudentes señala a Mazón por su larga ausencia y la falta de coordinación del Ejecutivo regional durante las horas en las que murieron 230 personas en la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024, mientras el aforado -no puede imputarle por su condición de diputado en las Cortes Valencianas- estaba de sobremesa en un restaurante.El cerco que la magistrada Nuria Ruiz -amparada por la Audiencia de Valencia- estaba realizando sobre el exjefe del Gobierno autonómico, con las testificales de miembros de su equipo, de sus escoltas o de su chófer, había generado quejas entre las defensas de los hasta ahora únicos investigados -la exconsellera responsable de emergencias Salomé Pradas y su entonces ‘número dos’ Emilio Argüeso- y algunas acusaciones.MÁS INFORMACIÓN noticia Si Las víctimas de la dana cargan contra PP y Vox: «No habrá normalidad mientras sigan protegiendo a Mazón»Uno de los abogados, que representa a ocho víctimas, ha presentado una querella contra ella por un presunto delito de prevaricación ante «la usurpación de funciones públicas en la figura de su marido, que la ha sustituido», sostiene, durante la práctica de diligencias.El extenso pronunciamiento de la juez pilló a las víctimas compareciendo, dieciséis meses después, en la comisión de investigación de las Cortes Valencianas. Allí fue donde el portavoz parlamentario del PP, Nando Pastor, rechazó «hablar de futuribles» y comentar decisiones judiciales cuando se le preguntó si el partido pedirá el acta de diputado a Mazón, que dimitió en noviembre como presidente de la Generalitat pero mantuvo el escaño.Fuentes del PP valenciano consultadas por este diario apuntan que, de momento, no se ha producido ningún cambio en la situación del antiguo dirigente popular. Recuerdan que el acta es suya, por lo que esperarán a una hipotética imputación para exigirle que la entregue.A la espera de conocer en qué sentido se pronuncia la Fiscalía, la exposición razonada abre distintas vías, según fuentes jurídicas consultadas por ABC. El TSJ debe designar a un ponente que analizará si hay indicios suficientes para investigar al aforado. En caso de que considere que sí, se da por hecho que el órgano superior asumirá toda la causa ante la imposibilidad de desligar la supuesta responsabilidad de Mazón del resto de los hechos bajo lupa.Por contra, los magistrados de la Sala de lo Civil y lo Penal también podrían entender que no hay indicios de delito y rechazar imputar al expresidente, por lo que la causa seguiría con los dos investigados en Catarroja. No obstante, supondría un varapalo para las tesis que esgrime Ruiz. En una tercera hipótesis, similar a la anterior, podrían entender que los indicios son todavía débiles para investigar a un aforado y pedir a la instructora que concrete más o siga indagando.Prorrogada hasta abrilUno de los precedentes más recientes en la política valenciana es el de la causa contra Mónica Oltra por la gestión que hicieron ella y su equipo de los abusos sexuales a una menor tutelada por parte del exmarido de ella. Justo este lunes la Audiencia de Valencia ordenó que se abra juicio oral. El mismo juez instructor que después archivaría el procedimiento elevó una exposición razonada en abril de 2022 para investigar a la dirigente de Compromís.El TSJ imputó a Oltra dos meses después, pero no llegó a asumir la investigación porque la entonces vicepresidenta de la Generalitat dimitió y dejó su acta de diputada autonómica, con lo que perdió el aforamiento y la causa volvió al juzgado original.Por contra, en 2013 y en el marco del caso Nóos, el mismo tribunal consideró que no existían indicios de delito para investigar -como reclamaba un magistrado de Palma- a los entonces aforados Rita Barberá y Francisco Camps, ex alcaldesa de Valencia y ex presidente de la Generalitat, respectivamente. Mientras el TSJ resuelve, las pesquisas sobre la gestión de la dana -prorrogada hasta abril- seguirán en el juzgado número tres de Catarroja más de un año después de iniciarse las diligencias. Quedan, al menos, más de medio centenar de testigos o peritos -citados a declarar sin fecha- por desfilar ante el tribunal de la localidad valenciana, una de las más afectadas por la barrancada. Entre ellos, familiares de víctimas, todos los alcaldes de la zona cero, bomberos forestales, agentes medioambientales o la vicepresidenta de la Generalitat, Susana Camarero. La petición de la juez de la dana al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana para que investigue al ex presidente de la Generalitat Carlos Mazón por su «grosera negligencia» el día de la catástrofe ha sorprendido más por el momento en el que se ha producido que por el contenido -muy duro con el dirigente del PP- de la exposición razonada.En más de un centenar de páginas, la instructora de la causa abierta por homicidios y lesiones imprudentes señala a Mazón por su larga ausencia y la falta de coordinación del Ejecutivo regional durante las horas en las que murieron 230 personas en la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024, mientras el aforado -no puede imputarle por su condición de diputado en las Cortes Valencianas- estaba de sobremesa en un restaurante.El cerco que la magistrada Nuria Ruiz -amparada por la Audiencia de Valencia- estaba realizando sobre el exjefe del Gobierno autonómico, con las testificales de miembros de su equipo, de sus escoltas o de su chófer, había generado quejas entre las defensas de los hasta ahora únicos investigados -la exconsellera responsable de emergencias Salomé Pradas y su entonces ‘número dos’ Emilio Argüeso- y algunas acusaciones.MÁS INFORMACIÓN noticia Si Las víctimas de la dana cargan contra PP y Vox: «No habrá normalidad mientras sigan protegiendo a Mazón»Uno de los abogados, que representa a ocho víctimas, ha presentado una querella contra ella por un presunto delito de prevaricación ante «la usurpación de funciones públicas en la figura de su marido, que la ha sustituido», sostiene, durante la práctica de diligencias.El extenso pronunciamiento de la juez pilló a las víctimas compareciendo, dieciséis meses después, en la comisión de investigación de las Cortes Valencianas. Allí fue donde el portavoz parlamentario del PP, Nando Pastor, rechazó «hablar de futuribles» y comentar decisiones judiciales cuando se le preguntó si el partido pedirá el acta de diputado a Mazón, que dimitió en noviembre como presidente de la Generalitat pero mantuvo el escaño.Fuentes del PP valenciano consultadas por este diario apuntan que, de momento, no se ha producido ningún cambio en la situación del antiguo dirigente popular. Recuerdan que el acta es suya, por lo que esperarán a una hipotética imputación para exigirle que la entregue.A la espera de conocer en qué sentido se pronuncia la Fiscalía, la exposición razonada abre distintas vías, según fuentes jurídicas consultadas por ABC. El TSJ debe designar a un ponente que analizará si hay indicios suficientes para investigar al aforado. En caso de que considere que sí, se da por hecho que el órgano superior asumirá toda la causa ante la imposibilidad de desligar la supuesta responsabilidad de Mazón del resto de los hechos bajo lupa.Por contra, los magistrados de la Sala de lo Civil y lo Penal también podrían entender que no hay indicios de delito y rechazar imputar al expresidente, por lo que la causa seguiría con los dos investigados en Catarroja. No obstante, supondría un varapalo para las tesis que esgrime Ruiz. En una tercera hipótesis, similar a la anterior, podrían entender que los indicios son todavía débiles para investigar a un aforado y pedir a la instructora que concrete más o siga indagando.Prorrogada hasta abrilUno de los precedentes más recientes en la política valenciana es el de la causa contra Mónica Oltra por la gestión que hicieron ella y su equipo de los abusos sexuales a una menor tutelada por parte del exmarido de ella. Justo este lunes la Audiencia de Valencia ordenó que se abra juicio oral. El mismo juez instructor que después archivaría el procedimiento elevó una exposición razonada en abril de 2022 para investigar a la dirigente de Compromís.El TSJ imputó a Oltra dos meses después, pero no llegó a asumir la investigación porque la entonces vicepresidenta de la Generalitat dimitió y dejó su acta de diputada autonómica, con lo que perdió el aforamiento y la causa volvió al juzgado original.Por contra, en 2013 y en el marco del caso Nóos, el mismo tribunal consideró que no existían indicios de delito para investigar -como reclamaba un magistrado de Palma- a los entonces aforados Rita Barberá y Francisco Camps, ex alcaldesa de Valencia y ex presidente de la Generalitat, respectivamente. Mientras el TSJ resuelve, las pesquisas sobre la gestión de la dana -prorrogada hasta abril- seguirán en el juzgado número tres de Catarroja más de un año después de iniciarse las diligencias. Quedan, al menos, más de medio centenar de testigos o peritos -citados a declarar sin fecha- por desfilar ante el tribunal de la localidad valenciana, una de las más afectadas por la barrancada. Entre ellos, familiares de víctimas, todos los alcaldes de la zona cero, bomberos forestales, agentes medioambientales o la vicepresidenta de la Generalitat, Susana Camarero.
La petición de la juez de la dana al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana para que investigue al ex presidente de la Generalitat Carlos Mazón por su «grosera negligencia» el día de la catástrofe ha sorprendido más por el momento en el … que se ha producido que por el contenido -muy duro con el dirigente del PP- de la exposición razonada.
En más de un centenar de páginas, la instructora de la causa abierta por homicidios y lesiones imprudentes señala a Mazón por su larga ausencia y la falta de coordinación del Ejecutivo regional durante las horas en las que murieron 230 personas en la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024, mientras el aforado -no puede imputarle por su condición de diputado en las Cortes Valencianas- estaba de sobremesa en un restaurante.
El cerco que la magistrada Nuria Ruiz -amparada por la Audiencia de Valencia- estaba realizando sobre el exjefe del Gobierno autonómico, con las testificales de miembros de su equipo, de sus escoltas o de su chófer, había generado quejas entre las defensas de los hasta ahora únicos investigados -la exconsellera responsable de emergencias Salomé Pradas y su entonces ‘número dos’ Emilio Argüeso- y algunas acusaciones.
Uno de los abogados, que representa a ocho víctimas, ha presentado una querella contra ella por un presunto delito de prevaricación ante «la usurpación de funciones públicas en la figura de su marido, que la ha sustituido», sostiene, durante la práctica de diligencias.
El extenso pronunciamiento de la juez pilló a las víctimas compareciendo, dieciséis meses después, en la comisión de investigación de las Cortes Valencianas. Allí fue donde el portavoz parlamentario del PP, Nando Pastor, rechazó «hablar de futuribles» y comentar decisiones judiciales cuando se le preguntó si el partido pedirá el acta de diputado a Mazón, que dimitió en noviembre como presidente de la Generalitat pero mantuvo el escaño.
Fuentes del PP valenciano consultadas por este diario apuntan que, de momento, no se ha producido ningún cambio en la situación del antiguo dirigente popular. Recuerdan que el acta es suya, por lo que esperarán a una hipotética imputación para exigirle que la entregue.
A la espera de conocer en qué sentido se pronuncia la Fiscalía, la exposición razonada abre distintas vías, según fuentes jurídicas consultadas por ABC. El TSJ debe designar a un ponente que analizará si hay indicios suficientes para investigar al aforado. En caso de que considere que sí, se da por hecho que el órgano superior asumirá toda la causa ante la imposibilidad de desligar la supuesta responsabilidad de Mazón del resto de los hechos bajo lupa.
Por contra, los magistrados de la Sala de lo Civil y lo Penal también podrían entender que no hay indicios de delito y rechazar imputar al expresidente, por lo que la causa seguiría con los dos investigados en Catarroja. No obstante, supondría un varapalo para las tesis que esgrime Ruiz. En una tercera hipótesis, similar a la anterior, podrían entender que los indicios son todavía débiles para investigar a un aforado y pedir a la instructora que concrete más o siga indagando.
Prorrogada hasta abril
Uno de los precedentes más recientes en la política valenciana es el de la causa contra Mónica Oltra por la gestión que hicieron ella y su equipo de los abusos sexuales a una menor tutelada por parte del exmarido de ella. Justo este lunes la Audiencia de Valencia ordenó que se abra juicio oral. El mismo juez instructor que después archivaría el procedimiento elevó una exposición razonada en abril de 2022 para investigar a la dirigente de Compromís.
El TSJ imputó a Oltra dos meses después, pero no llegó a asumir la investigación porque la entonces vicepresidenta de la Generalitat dimitió y dejó su acta de diputada autonómica, con lo que perdió el aforamiento y la causa volvió al juzgado original.
Por contra, en 2013 y en el marco del caso Nóos, el mismo tribunal consideró que no existían indicios de delito para investigar -como reclamaba un magistrado de Palma- a los entonces aforados Rita Barberá y Francisco Camps, ex alcaldesa de Valencia y ex presidente de la Generalitat, respectivamente.
Mientras el TSJ resuelve, las pesquisas sobre la gestión de la dana -prorrogada hasta abril- seguirán en el juzgado número tres de Catarroja más de un año después de iniciarse las diligencias. Quedan, al menos, más de medio centenar de testigos o peritos -citados a declarar sin fecha- por desfilar ante el tribunal de la localidad valenciana, una de las más afectadas por la barrancada. Entre ellos, familiares de víctimas, todos los alcaldes de la zona cero, bomberos forestales, agentes medioambientales o la vicepresidenta de la Generalitat, Susana Camarero.
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