El enfado en el grupo parlamentario del PP es mayúsculo. Hasta el punto de que Alberto Núñez Feijóo ha dado orden de estudiar todas las acciones posibles, sin descartar acudir a la Justicia, aunque esa decisión conduce necesariamente al Tribunal Constitucional. En el primer partido de la Cámara consideran que la mayoría de la Mesa -la tienen PSOE y Sumar- ha cometido «un nuevo atropello» al impedir que este jueves se debatan y voten las enmiendas en las que el propio PP y Junts -ambos registraron dos iniciativas casi idénticas- piden la disolución de las Cortes y la convocatoria anticipada de elecciones generales.El movimiento político -el de mayor calado que llevan a cabo los independentistas catalanes desde hace muchos meses- se precipitó este martes por la mañana cuando Junts anunció que, aprovechando una moción del PP sobre Carlos Cuerpo que debe votarse este jueves, introducían una enmienda para pedir elecciones. La casualidad -insisten dirigentes de ambas formaciones- es que los dos partidos registraron una enmienda por adición que pedía exactamente lo mismo. Ambos niegan una coordinación al respecto, pero demuestran estar alineados con la petición de que la legislatura termine.La enmienda de Junts iba a ser aceptada por el PP y ya tenía los votos suficientes para salir adelante con independencia de lo que hiciera finalmente el PNV. Pero la mayoría de la Mesa que pilota Francina Armengol y tras una ronda telefónica que los populares reprochan duramente decidió impedir ese debate al no admitir las enmiendas. «La Mesa resuelve que ambas invaden competencias constitucionalmente reservadas a la Presidencia del Gobierno», zanja el órgano de gobierno de la Cámara.Noticia relacionada general No No Armengol veta las enmiendas de PP y Junts para exigir elecciones a Sánchez Juan Casillas BayoUna decisión contra la que el PP se revuelve y, que según ha podido saber ABC, ha indignado especialmente al líder de los populares, que ha ordenado a los suyos valorar todos los escenarios para revertir la decisión. Lo primero que ha hecho el grupo parlamentario es elevar una queja formal. En la tarde de este martes registraron un escrito de reconsideración sobre el que la Mesa deberá pronunciarse a continuación, aunque podría no hacerlo de manera inmediata. Y en función de esa respuesta, explican fuentes parlamentarias, el PP se plantea dar un siguiente paso para pedir amparo a la Justicia. Las mismas fuentes insisten en que no es solo «un nuevo atropello, sino algo más», teniendo en cuenta que el Congreso ha debatido y votado sobre otras cuestiones que también son prerrogativa exclusiva del presidente.Uno de los ejemplos más claros de la legislatura han sido proposiciones no de ley mociones tanto en el Congreso como en el Senado pidiendo el cese del fiscal general, Álvaro García Ortiz, antes de su condena, por lo que el PP consideró «incumplimientos graves y retirados de sus funciones». En el grupo popular recuerdan que la decisión de destituir al fiscal general depende exclusivamente del presidente y eso no impidió que se celebraran debates parlamentarios al respecto. Ese será uno de los argumentos de mayor peso que esgrima el PP. El trasfondo político, sin embargo, es todavía mayor. Dirigentes populares están convencidos de que el Ejecutivo «le ha visto las orejas al lobo» cuando Junts decidió registrar esa enmienda y quitarle la confianza, pidiendo elecciones generales en el Congreso. La portavoz popular, Ester Muñoz, de hecho, llegó a asegurar que la votación de estas enmiendas «no eran una votación más» y que su grupo consideraba que se trataba de una especie de cuestión de confianza. Esa aseveración ha dado alas a la mayoría de la Mesa para insistir en que presentar tal iniciativa es competencia exclusiva del presidente.El otro caso que recuerdan en el PP es, precisamente, el acuerdo al que llegó el Gobierno con el partido de Carles Puigdemont cuando Junts insistió en una proposición no de ley en la que los independentistas reclamaban una cuestión de confianza en un momento de crisis absoluta con Sánchez. Aquella negociación fue un tira y afloja en el que todas las costuras estuvieron a punto de reventar. Pero una vez más el PSOE escuchó a Junts. El enfado en el grupo parlamentario del PP es mayúsculo. Hasta el punto de que Alberto Núñez Feijóo ha dado orden de estudiar todas las acciones posibles, sin descartar acudir a la Justicia, aunque esa decisión conduce necesariamente al Tribunal Constitucional. En el primer partido de la Cámara consideran que la mayoría de la Mesa -la tienen PSOE y Sumar- ha cometido «un nuevo atropello» al impedir que este jueves se debatan y voten las enmiendas en las que el propio PP y Junts -ambos registraron dos iniciativas casi idénticas- piden la disolución de las Cortes y la convocatoria anticipada de elecciones generales.El movimiento político -el de mayor calado que llevan a cabo los independentistas catalanes desde hace muchos meses- se precipitó este martes por la mañana cuando Junts anunció que, aprovechando una moción del PP sobre Carlos Cuerpo que debe votarse este jueves, introducían una enmienda para pedir elecciones. La casualidad -insisten dirigentes de ambas formaciones- es que los dos partidos registraron una enmienda por adición que pedía exactamente lo mismo. Ambos niegan una coordinación al respecto, pero demuestran estar alineados con la petición de que la legislatura termine.La enmienda de Junts iba a ser aceptada por el PP y ya tenía los votos suficientes para salir adelante con independencia de lo que hiciera finalmente el PNV. Pero la mayoría de la Mesa que pilota Francina Armengol y tras una ronda telefónica que los populares reprochan duramente decidió impedir ese debate al no admitir las enmiendas. «La Mesa resuelve que ambas invaden competencias constitucionalmente reservadas a la Presidencia del Gobierno», zanja el órgano de gobierno de la Cámara.Noticia relacionada general No No Armengol veta las enmiendas de PP y Junts para exigir elecciones a Sánchez Juan Casillas BayoUna decisión contra la que el PP se revuelve y, que según ha podido saber ABC, ha indignado especialmente al líder de los populares, que ha ordenado a los suyos valorar todos los escenarios para revertir la decisión. Lo primero que ha hecho el grupo parlamentario es elevar una queja formal. En la tarde de este martes registraron un escrito de reconsideración sobre el que la Mesa deberá pronunciarse a continuación, aunque podría no hacerlo de manera inmediata. Y en función de esa respuesta, explican fuentes parlamentarias, el PP se plantea dar un siguiente paso para pedir amparo a la Justicia. Las mismas fuentes insisten en que no es solo «un nuevo atropello, sino algo más», teniendo en cuenta que el Congreso ha debatido y votado sobre otras cuestiones que también son prerrogativa exclusiva del presidente.Uno de los ejemplos más claros de la legislatura han sido proposiciones no de ley mociones tanto en el Congreso como en el Senado pidiendo el cese del fiscal general, Álvaro García Ortiz, antes de su condena, por lo que el PP consideró «incumplimientos graves y retirados de sus funciones». En el grupo popular recuerdan que la decisión de destituir al fiscal general depende exclusivamente del presidente y eso no impidió que se celebraran debates parlamentarios al respecto. Ese será uno de los argumentos de mayor peso que esgrima el PP. El trasfondo político, sin embargo, es todavía mayor. Dirigentes populares están convencidos de que el Ejecutivo «le ha visto las orejas al lobo» cuando Junts decidió registrar esa enmienda y quitarle la confianza, pidiendo elecciones generales en el Congreso. La portavoz popular, Ester Muñoz, de hecho, llegó a asegurar que la votación de estas enmiendas «no eran una votación más» y que su grupo consideraba que se trataba de una especie de cuestión de confianza. Esa aseveración ha dado alas a la mayoría de la Mesa para insistir en que presentar tal iniciativa es competencia exclusiva del presidente.El otro caso que recuerdan en el PP es, precisamente, el acuerdo al que llegó el Gobierno con el partido de Carles Puigdemont cuando Junts insistió en una proposición no de ley en la que los independentistas reclamaban una cuestión de confianza en un momento de crisis absoluta con Sánchez. Aquella negociación fue un tira y afloja en el que todas las costuras estuvieron a punto de reventar. Pero una vez más el PSOE escuchó a Junts.
El enfado en el grupo parlamentario del PP es mayúsculo. Hasta el punto de que Alberto Núñez Feijóo ha dado orden de estudiar todas las acciones posibles, sin descartar acudir a la Justicia, aunque esa decisión conduce necesariamente al Tribunal Constitucional. En el primer partido … de la Cámara consideran que la mayoría de la Mesa -la tienen PSOE y Sumar- ha cometido «un nuevo atropello» al impedir que este jueves se debatan y voten las enmiendas en las que el propio PP y Junts -ambos registraron dos iniciativas casi idénticas- piden la disolución de las Cortes y la convocatoria anticipada de elecciones generales.
El movimiento político -el de mayor calado que llevan a cabo los independentistas catalanes desde hace muchos meses- se precipitó este martes por la mañana cuando Junts anunció que, aprovechando una moción del PP sobre Carlos Cuerpo que debe votarse este jueves, introducían una enmienda para pedir elecciones. La casualidad -insisten dirigentes de ambas formaciones- es que los dos partidos registraron una enmienda por adición que pedía exactamente lo mismo. Ambos niegan una coordinación al respecto, pero demuestran estar alineados con la petición de que la legislatura termine.
La enmienda de Junts iba a ser aceptada por el PP y ya tenía los votos suficientes para salir adelante con independencia de lo que hiciera finalmente el PNV. Pero la mayoría de la Mesa que pilota Francina Armengol y tras una ronda telefónica que los populares reprochan duramente decidió impedir ese debate al no admitir las enmiendas. «La Mesa resuelve que ambas invaden competencias constitucionalmente reservadas a la Presidencia del Gobierno», zanja el órgano de gobierno de la Cámara.
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Juan Casillas Bayo
Una decisión contra la que el PP se revuelve y, que según ha podido saber ABC, ha indignado especialmente al líder de los populares, que ha ordenado a los suyos valorar todos los escenarios para revertir la decisión. Lo primero que ha hecho el grupo parlamentario es elevar una queja formal. En la tarde de este martes registraron un escrito de reconsideración sobre el que la Mesa deberá pronunciarse a continuación, aunque podría no hacerlo de manera inmediata. Y en función de esa respuesta, explican fuentes parlamentarias, el PP se plantea dar un siguiente paso para pedir amparo a la Justicia. Las mismas fuentes insisten en que no es solo «un nuevo atropello, sino algo más», teniendo en cuenta que el Congreso ha debatido y votado sobre otras cuestiones que también son prerrogativa exclusiva del presidente.
Uno de los ejemplos más claros de la legislatura han sido proposiciones no de ley mociones tanto en el Congreso como en el Senado pidiendo el cese del fiscal general, Álvaro García Ortiz, antes de su condena, por lo que el PP consideró «incumplimientos graves y retirados de sus funciones». En el grupo popular recuerdan que la decisión de destituir al fiscal general depende exclusivamente del presidente y eso no impidió que se celebraran debates parlamentarios al respecto.
Ese será uno de los argumentos de mayor peso que esgrima el PP. El trasfondo político, sin embargo, es todavía mayor. Dirigentes populares están convencidos de que el Ejecutivo «le ha visto las orejas al lobo» cuando Junts decidió registrar esa enmienda y quitarle la confianza, pidiendo elecciones generales en el Congreso. La portavoz popular, Ester Muñoz, de hecho, llegó a asegurar que la votación de estas enmiendas «no eran una votación más» y que su grupo consideraba que se trataba de una especie de cuestión de confianza. Esa aseveración ha dado alas a la mayoría de la Mesa para insistir en que presentar tal iniciativa es competencia exclusiva del presidente.
El otro caso que recuerdan en el PP es, precisamente, el acuerdo al que llegó el Gobierno con el partido de Carles Puigdemont cuando Junts insistió en una proposición no de ley en la que los independentistas reclamaban una cuestión de confianza en un momento de crisis absoluta con Sánchez. Aquella negociación fue un tira y afloja en el que todas las costuras estuvieron a punto de reventar. Pero una vez más el PSOE escuchó a Junts.
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