Pedro Sánchez dio una importancia especial a la Transición Ecológica nada más llegar al Gobierno. Era una de sus banderas políticas y, tras años con las competencias de Medio Ambiente cohabitando con las de Agricultura, el presidente socialista creó un ministerio específico para ello al que luego elevó al rango de vicepresidencia. Todo mirando a los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030, aspirando a liderar una de las transformaciones económicas más profundas de las próximas décadas.El líder del PSOE, que optó por una mujer de partido como Teresa Ribera como ministra, ahora premiada con el número dos de la Comisión Europea —con un sueldo de 400.000 euros—, buscaba con este movimiento dar importancia al desafío global del cambio climático , con propuestas como la prohibición de los vuelos cortos que nunca se ha llegado a materializar.Es tal la relevancia que le quiso dar que, en 2019, Moncloa se presentó voluntaria para albergar en Madrid la COP25, la cumbre del clima que se tenía que celebrar en Chile y se acabó desarrollando en IFEMA. Hacía poco más de un año que Sánchez había ganado la moción de censura, estaba negociando la formación de su segundo Gobierno y el Ejecutivo le dio toda la pompa internacional.En estos ocho años, tanto con Ribera como con su sucesora, Sara Aagesen, al frente del departamento, el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico solo ha sido capaz de aprobar dos leyes , la de Cambio Climático y Transición Energética, en 2021, y la de Residuos y Economía Circular, en 2022. El resto de su gestión legislativa, como ocurre con otros ministerios, se ha concentrado en aprobar decretos, no sin dificultades, para paliar la subida de los costes de la vida. Ahí, posiblemente, es donde se localiza su único gran logro: la consecución del mecanismo ibérico en Europa para limitar el precio del gas.Pero más allá de los focos, el balance de estos casi ocho años del Ministerio de Transición Ecológica deja más sombras que luces . Guerras abiertas con el sector de la automoción y las energéticas, miles de ciudadanos pendientes de unas ayudas para la electrificación que no llegan, corrupción y una gestión cuestionada en tragedias como la de la AEMET en la dana de Valencia, el gran apagón o la caída de la pasarela de Santander.Doñana, las nucleares y los combustibles fósilesLas decisiones que ha adoptado, casi de forma unilateral y con poca interlocución, el Gobierno sobre energía, agua y medio ambiente han enfrentado a gobiernos, comunidades autónomas, empresas y sectores económicos, especialmente en tres ámbitos clave: Doñana, la energía nuclear y los combustibles fósiles.Uno de los conflictos más visibles ha sido el relacionado con el parque nacional de Doñana, uno de los humedales más importantes de Europa, que sufre desde hace años una fuerte presión por la extracción de agua destinada principalmente a la agricultura intensiva, especialmente al cultivo de frutos rojos. El Gobierno central, a través del departamento dirigido entonces por Teresa Ribera, defendió limitar las extracciones y cerrar pozos ilegales para proteger el acuífero. Unas medidas que han generado rechazo en el territorio, tanto de la Junta de Andalucía, como de ayuntamientos socialistas y organizaciones agrarias y agricultores que temen por el futuro económico de la zona. La fiscalía incluso demandó al ministerio en pleno pulso político.La gestión de la energía nuclear ha sido otra de las batallas que ha librado Transición Ecológica durante estos años con mano de hierro y poco diálogo. Si bien el Ejecutivo, que quiere cerrar las centrales en los próximos años, defiende que el sistema eléctrico puede sustituir la nuclear con renovables, algunos partidos políticos, comunidades autónomas y empresas energéticas argumentan que estas centrales son necesarias para garantizar la estabilidad del suministro y evitar un aumento de los precios de la electricidad. Esa cuestión ha provocado, de nuevo, un enfrentamiento con algunos de sus alcaldes de Extremadura por Almaraz. En la última campaña electoral el PSOE sufrió un importante voto de castigo en la zona.La reducción del uso de combustibles fósiles, con una apuesta gubernamental por eliminar progresivamente el carbón, reducir el consumo de gas y acelerar el despliegue de energías renovables, también ha generado fricciones con sectores industriales y regiones dependientes de la energía fósil, que temen pérdida de empleo o competitividad. En este caso, no obstante, estas políticas buscan cumplir los objetivos climáticos europeos.La AEMET en la danaEl Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico es el máximo responsable de la planificación hidrológica, la coordinación de alertas meteorológicas y la gestión de cuencas. De ahí que, durante la peor dana que ha sufrido nuestro país, que en el caso de la Comunidad Valenciana se cobró la vida de 230 personas, la gestión del departamento que dirigía Teresa Ribera se ha observado con lupa, si bien hasta ahora la jueza que instruye la causa ha rechazado citar a la exministra como testigo y se ha quedado solo con las explicaciones de los responsables técnicos.Durante los momentos más críticos del episodio, se acusó al ministerio de reaccionar más tarde que los acontecimientos, con una comunicación pública limitada y escasa claridad sobre qué mecanismos de prevención se habían activado previamente. Algo que, durante la instrucción, ha quedado corroborado también con el intercambio de información que se produjo ese día entre la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) con la Generalitat y el 112.Con Ribera el día de la tragedia en Bruselas, examinándose para ser nueva vicepresidenta de la Comisión Europea, y su número dos, Hugo Morán, de viaje en Colombia, la ausencia de los principales responsables políticos del ministerio en España durante esas jornadas también suscitó multitud de críticas por parte del resto de administraciones y la oposición. La exministra defendió que, pese a estar en la capital comunitaria «trabajando», estuvo «localizable» todo el rato.Los reproches también se encaminaron, con el paso de los meses, hacia las inversiones en infraestructuras hidráulicas, ordenación del territorio y sistemas de alerta, que no se habían desarrollado correctamente, poniendo de relieve las obras que nunca se realizaron en el barranco del Poyo —el principal causante de muertes durante la tragedia—.Sin respuestas del apagónComo ocurre con la planificación hidrológica, el Ministerio para la Transformación Ecológica es también el último y máximo responsable de la planificación energética y de la supervisión del sistema eléctrico. De ahí el papel trascendental que tuvo el departamento, ya dirigido entonces por Sara Aagesen, durante el gran apagón que dejó a Españas a oscuras en abril del año pasado.A punto de cumplirse un año del cero energético, el silencio institucional y la falta de explicaciones persisten. La sensación, entonces, es que el ministerio no tenía una respuesta clara ante una crisis que afectaba a infraestructuras críticas. Casi doce meses después el Gobierno ha tratado de responsabilizar de lo ocurrido a las operadoras privadas, evitando así cualquier tipo de autocrítica y defendiendo su apuesta por las renovables, que no fueron capaces de afrontar la alta demanda energética que supuso la caída del sistema tradicional.En todo este tiempo, el departamento de Aagesen tampoco ha exigido ningún tipo de responsabilidad a la presidenta de Red Eléctrica de España, Beatriz Corredor, mujer de la confianza de José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez, pero cuya propuesta de nombramiento al consejo de administración depende del titular de la cartera que dirige Aagesen. Con una fuerte apuesta gubernamental por la expansión de las energías renovables, que el estallido del caso de corrupción de Forestalia ha levantado muchas suspicacias, la estrategia alineada con los objetivos climáticos europeos ha demostrado que el ministerio no ha avanzado al mismo ritmo en la inversión en almacenamiento, redes inteligentes y capacidad de respaldo que en su voluntad ideológica.La corrupción dentro del ministerio con ForestaliaEl caso Forestalia, que ha evidenciado cómo la corrupción llegó a lo más profundo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con un subdirector supuestamente trabajando a la vez para el Estado y para una compañía privada con intereses en su sector, ha puesto bajo escrutinio la relación entre el sector renovable y Gobierno.Forestalia, uno de los grandes promotores de proyectos eólicos y fotovoltaicos en España, ha protagonizado durante los últimos años una expansión acelerada basada en macroproyectos de generación renovable muy discutidos en el territorio, principalmente en Teruel. En la instrucción que dirige el juzgado número 1 de la capital turolense, con una investigación muy amplia de la Guardia Civil de más de 1.500 folios, se apunta a una manipulación de las licencias medioambientales para favorecer un pelotazo con la concesión de proyectos que posteriormente la empresa vendía.La pasarela mortal de SantanderEl último incidente que ha puesto bajo la lupa la gestión del ministerio es el accidente de la pasarela de El Bocal, en Santander, que provocó la muerte de seis personas. La construcción, que formaba parte de un proyecto mucho más ambicioso que transcurría por la costa santanderina, fue a cargo de Costas, que depende de Transición Ecológica. El número dos del departamento, Hugo Morán, se desplazó de urgencia tras el siniestro a Santander evidenciando la responsabilidad que el ministerio tenía sobre la infraestructura, pese a que posteriormente han tratado de culpar al ayuntamiento del mantenimiento.Cuando se iniciaron las obras, en 2014, se acordó que una vez finalizadas y entregado el proyecto, correspondería a la ciudad su mantenimiento y conservación. Lo cierto, sin embargo, es que el Ministerio para la Transformación Ecológica y el Reto Demográfico nunca acabó de construir todo lo que había planificado, de tal forma que, legalmente, nunca se produjo esa entrega de la obra y su mantenimiento quedó en un limbo legal. Sin embargo, según han manifestado distintas fuentes, unos meses antes del siniestro Costas realizó labores de mantenimiento en la pasarela.El número dos del ministerio ha afirmado, tras dos semanas en silencio, que la obra se entregó en 2015, aunque no ha aportado ningún documento que corrobore su versión. Asimismo dijo que desde 2017 le correspondía al ayuntamiento de la localidad el mantenimiento, pero el propio ministerio, a través de Costas, hizo trabajos de reparación en 2024. Pedro Sánchez dio una importancia especial a la Transición Ecológica nada más llegar al Gobierno. Era una de sus banderas políticas y, tras años con las competencias de Medio Ambiente cohabitando con las de Agricultura, el presidente socialista creó un ministerio específico para ello al que luego elevó al rango de vicepresidencia. Todo mirando a los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030, aspirando a liderar una de las transformaciones económicas más profundas de las próximas décadas.El líder del PSOE, que optó por una mujer de partido como Teresa Ribera como ministra, ahora premiada con el número dos de la Comisión Europea —con un sueldo de 400.000 euros—, buscaba con este movimiento dar importancia al desafío global del cambio climático , con propuestas como la prohibición de los vuelos cortos que nunca se ha llegado a materializar.Es tal la relevancia que le quiso dar que, en 2019, Moncloa se presentó voluntaria para albergar en Madrid la COP25, la cumbre del clima que se tenía que celebrar en Chile y se acabó desarrollando en IFEMA. Hacía poco más de un año que Sánchez había ganado la moción de censura, estaba negociando la formación de su segundo Gobierno y el Ejecutivo le dio toda la pompa internacional.En estos ocho años, tanto con Ribera como con su sucesora, Sara Aagesen, al frente del departamento, el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico solo ha sido capaz de aprobar dos leyes , la de Cambio Climático y Transición Energética, en 2021, y la de Residuos y Economía Circular, en 2022. El resto de su gestión legislativa, como ocurre con otros ministerios, se ha concentrado en aprobar decretos, no sin dificultades, para paliar la subida de los costes de la vida. Ahí, posiblemente, es donde se localiza su único gran logro: la consecución del mecanismo ibérico en Europa para limitar el precio del gas.Pero más allá de los focos, el balance de estos casi ocho años del Ministerio de Transición Ecológica deja más sombras que luces . Guerras abiertas con el sector de la automoción y las energéticas, miles de ciudadanos pendientes de unas ayudas para la electrificación que no llegan, corrupción y una gestión cuestionada en tragedias como la de la AEMET en la dana de Valencia, el gran apagón o la caída de la pasarela de Santander.Doñana, las nucleares y los combustibles fósilesLas decisiones que ha adoptado, casi de forma unilateral y con poca interlocución, el Gobierno sobre energía, agua y medio ambiente han enfrentado a gobiernos, comunidades autónomas, empresas y sectores económicos, especialmente en tres ámbitos clave: Doñana, la energía nuclear y los combustibles fósiles.Uno de los conflictos más visibles ha sido el relacionado con el parque nacional de Doñana, uno de los humedales más importantes de Europa, que sufre desde hace años una fuerte presión por la extracción de agua destinada principalmente a la agricultura intensiva, especialmente al cultivo de frutos rojos. El Gobierno central, a través del departamento dirigido entonces por Teresa Ribera, defendió limitar las extracciones y cerrar pozos ilegales para proteger el acuífero. Unas medidas que han generado rechazo en el territorio, tanto de la Junta de Andalucía, como de ayuntamientos socialistas y organizaciones agrarias y agricultores que temen por el futuro económico de la zona. La fiscalía incluso demandó al ministerio en pleno pulso político.La gestión de la energía nuclear ha sido otra de las batallas que ha librado Transición Ecológica durante estos años con mano de hierro y poco diálogo. Si bien el Ejecutivo, que quiere cerrar las centrales en los próximos años, defiende que el sistema eléctrico puede sustituir la nuclear con renovables, algunos partidos políticos, comunidades autónomas y empresas energéticas argumentan que estas centrales son necesarias para garantizar la estabilidad del suministro y evitar un aumento de los precios de la electricidad. Esa cuestión ha provocado, de nuevo, un enfrentamiento con algunos de sus alcaldes de Extremadura por Almaraz. En la última campaña electoral el PSOE sufrió un importante voto de castigo en la zona.La reducción del uso de combustibles fósiles, con una apuesta gubernamental por eliminar progresivamente el carbón, reducir el consumo de gas y acelerar el despliegue de energías renovables, también ha generado fricciones con sectores industriales y regiones dependientes de la energía fósil, que temen pérdida de empleo o competitividad. En este caso, no obstante, estas políticas buscan cumplir los objetivos climáticos europeos.La AEMET en la danaEl Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico es el máximo responsable de la planificación hidrológica, la coordinación de alertas meteorológicas y la gestión de cuencas. De ahí que, durante la peor dana que ha sufrido nuestro país, que en el caso de la Comunidad Valenciana se cobró la vida de 230 personas, la gestión del departamento que dirigía Teresa Ribera se ha observado con lupa, si bien hasta ahora la jueza que instruye la causa ha rechazado citar a la exministra como testigo y se ha quedado solo con las explicaciones de los responsables técnicos.Durante los momentos más críticos del episodio, se acusó al ministerio de reaccionar más tarde que los acontecimientos, con una comunicación pública limitada y escasa claridad sobre qué mecanismos de prevención se habían activado previamente. Algo que, durante la instrucción, ha quedado corroborado también con el intercambio de información que se produjo ese día entre la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) con la Generalitat y el 112.Con Ribera el día de la tragedia en Bruselas, examinándose para ser nueva vicepresidenta de la Comisión Europea, y su número dos, Hugo Morán, de viaje en Colombia, la ausencia de los principales responsables políticos del ministerio en España durante esas jornadas también suscitó multitud de críticas por parte del resto de administraciones y la oposición. La exministra defendió que, pese a estar en la capital comunitaria «trabajando», estuvo «localizable» todo el rato.Los reproches también se encaminaron, con el paso de los meses, hacia las inversiones en infraestructuras hidráulicas, ordenación del territorio y sistemas de alerta, que no se habían desarrollado correctamente, poniendo de relieve las obras que nunca se realizaron en el barranco del Poyo —el principal causante de muertes durante la tragedia—.Sin respuestas del apagónComo ocurre con la planificación hidrológica, el Ministerio para la Transformación Ecológica es también el último y máximo responsable de la planificación energética y de la supervisión del sistema eléctrico. De ahí el papel trascendental que tuvo el departamento, ya dirigido entonces por Sara Aagesen, durante el gran apagón que dejó a Españas a oscuras en abril del año pasado.A punto de cumplirse un año del cero energético, el silencio institucional y la falta de explicaciones persisten. La sensación, entonces, es que el ministerio no tenía una respuesta clara ante una crisis que afectaba a infraestructuras críticas. Casi doce meses después el Gobierno ha tratado de responsabilizar de lo ocurrido a las operadoras privadas, evitando así cualquier tipo de autocrítica y defendiendo su apuesta por las renovables, que no fueron capaces de afrontar la alta demanda energética que supuso la caída del sistema tradicional.En todo este tiempo, el departamento de Aagesen tampoco ha exigido ningún tipo de responsabilidad a la presidenta de Red Eléctrica de España, Beatriz Corredor, mujer de la confianza de José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez, pero cuya propuesta de nombramiento al consejo de administración depende del titular de la cartera que dirige Aagesen. Con una fuerte apuesta gubernamental por la expansión de las energías renovables, que el estallido del caso de corrupción de Forestalia ha levantado muchas suspicacias, la estrategia alineada con los objetivos climáticos europeos ha demostrado que el ministerio no ha avanzado al mismo ritmo en la inversión en almacenamiento, redes inteligentes y capacidad de respaldo que en su voluntad ideológica.La corrupción dentro del ministerio con ForestaliaEl caso Forestalia, que ha evidenciado cómo la corrupción llegó a lo más profundo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con un subdirector supuestamente trabajando a la vez para el Estado y para una compañía privada con intereses en su sector, ha puesto bajo escrutinio la relación entre el sector renovable y Gobierno.Forestalia, uno de los grandes promotores de proyectos eólicos y fotovoltaicos en España, ha protagonizado durante los últimos años una expansión acelerada basada en macroproyectos de generación renovable muy discutidos en el territorio, principalmente en Teruel. En la instrucción que dirige el juzgado número 1 de la capital turolense, con una investigación muy amplia de la Guardia Civil de más de 1.500 folios, se apunta a una manipulación de las licencias medioambientales para favorecer un pelotazo con la concesión de proyectos que posteriormente la empresa vendía.La pasarela mortal de SantanderEl último incidente que ha puesto bajo la lupa la gestión del ministerio es el accidente de la pasarela de El Bocal, en Santander, que provocó la muerte de seis personas. La construcción, que formaba parte de un proyecto mucho más ambicioso que transcurría por la costa santanderina, fue a cargo de Costas, que depende de Transición Ecológica. El número dos del departamento, Hugo Morán, se desplazó de urgencia tras el siniestro a Santander evidenciando la responsabilidad que el ministerio tenía sobre la infraestructura, pese a que posteriormente han tratado de culpar al ayuntamiento del mantenimiento.Cuando se iniciaron las obras, en 2014, se acordó que una vez finalizadas y entregado el proyecto, correspondería a la ciudad su mantenimiento y conservación. Lo cierto, sin embargo, es que el Ministerio para la Transformación Ecológica y el Reto Demográfico nunca acabó de construir todo lo que había planificado, de tal forma que, legalmente, nunca se produjo esa entrega de la obra y su mantenimiento quedó en un limbo legal. Sin embargo, según han manifestado distintas fuentes, unos meses antes del siniestro Costas realizó labores de mantenimiento en la pasarela.El número dos del ministerio ha afirmado, tras dos semanas en silencio, que la obra se entregó en 2015, aunque no ha aportado ningún documento que corrobore su versión. Asimismo dijo que desde 2017 le correspondía al ayuntamiento de la localidad el mantenimiento, pero el propio ministerio, a través de Costas, hizo trabajos de reparación en 2024.
Pedro Sánchez dio una importancia especial a la Transición Ecológica nada más llegar al Gobierno. Era una de sus banderas políticas y, tras años con las competencias de Medio Ambiente cohabitando con las de Agricultura, el presidente socialista creó un ministerio específico para … ello al que luego elevó al rango de vicepresidencia. Todo mirando a los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030, aspirando a liderar una de las transformaciones económicas más profundas de las próximas décadas.
El líder del PSOE, que optó por una mujer de partido como Teresa Ribera como ministra, ahora premiada con el número dos de la Comisión Europea —con un sueldo de 400.000 euros—, buscaba con este movimiento dar importancia al desafío global del cambio climático, con propuestas como la prohibición de los vuelos cortos que nunca se ha llegado a materializar.
Es tal la relevancia que le quiso dar que, en 2019, Moncloa se presentó voluntaria para albergar en Madrid la COP25, la cumbre del clima que se tenía que celebrar en Chile y se acabó desarrollando en IFEMA. Hacía poco más de un año que Sánchez había ganado la moción de censura, estaba negociando la formación de su segundo Gobierno y el Ejecutivo le dio toda la pompa internacional.
En estos ocho años, tanto con Ribera como con su sucesora, Sara Aagesen, al frente del departamento, el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico solo ha sido capaz de aprobar dos leyes, la de Cambio Climático y Transición Energética, en 2021, y la de Residuos y Economía Circular, en 2022. El resto de su gestión legislativa, como ocurre con otros ministerios, se ha concentrado en aprobar decretos, no sin dificultades, para paliar la subida de los costes de la vida. Ahí, posiblemente, es donde se localiza su único gran logro: la consecución del mecanismo ibérico en Europa para limitar el precio del gas.
Pero más allá de los focos, el balance de estos casi ocho años del Ministerio de Transición Ecológica deja más sombras que luces. Guerras abiertas con el sector de la automoción y las energéticas, miles de ciudadanos pendientes de unas ayudas para la electrificación que no llegan, corrupción y una gestión cuestionada en tragedias como la de la AEMET en la dana de Valencia, el gran apagón o la caída de la pasarela de Santander.
Doñana, las nucleares y los combustibles fósiles
Las decisiones que ha adoptado, casi de forma unilateral y con poca interlocución, el Gobierno sobre energía, agua y medio ambiente han enfrentado a gobiernos, comunidades autónomas, empresas y sectores económicos, especialmente en tres ámbitos clave: Doñana, la energía nuclear y los combustibles fósiles.
Uno de los conflictos más visibles ha sido el relacionado con el parque nacional de Doñana, uno de los humedales más importantes de Europa, que sufre desde hace años una fuerte presión por la extracción de agua destinada principalmente a la agricultura intensiva, especialmente al cultivo de frutos rojos.
El Gobierno central, a través del departamento dirigido entonces por Teresa Ribera, defendió limitar las extracciones y cerrar pozos ilegales para proteger el acuífero. Unas medidas que han generado rechazo en el territorio, tanto de la Junta de Andalucía, como de ayuntamientos socialistas y organizaciones agrarias y agricultores que temen por el futuro económico de la zona. La fiscalía incluso demandó al ministerio en pleno pulso político.
La gestión de la energía nuclear ha sido otra de las batallas que ha librado Transición Ecológica durante estos años con mano de hierro y poco diálogo. Si bien el Ejecutivo, que quiere cerrar las centrales en los próximos años, defiende que el sistema eléctrico puede sustituir la nuclear con renovables, algunos partidos políticos, comunidades autónomas y empresas energéticas argumentan que estas centrales son necesarias para garantizar la estabilidad del suministro y evitar un aumento de los precios de la electricidad. Esa cuestión ha provocado, de nuevo, un enfrentamiento con algunos de sus alcaldes de Extremadura por Almaraz. En la última campaña electoral el PSOE sufrió un importante voto de castigo en la zona.
La reducción del uso de combustibles fósiles, con una apuesta gubernamental por eliminar progresivamente el carbón, reducir el consumo de gas y acelerar el despliegue de energías renovables, también ha generado fricciones con sectores industriales y regiones dependientes de la energía fósil, que temen pérdida de empleo o competitividad. En este caso, no obstante, estas políticas buscan cumplir los objetivos climáticos europeos.
La AEMET en la dana
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico es el máximo responsable de la planificación hidrológica, la coordinación de alertas meteorológicas y la gestión de cuencas. De ahí que, durante la peor dana que ha sufrido nuestro país, que en el caso de la Comunidad Valenciana se cobró la vida de 230 personas, la gestión del departamento que dirigía Teresa Ribera se ha observado con lupa, si bien hasta ahora la jueza que instruye la causa ha rechazado citar a la exministra como testigo y se ha quedado solo con las explicaciones de los responsables técnicos.
Durante los momentos más críticos del episodio, se acusó al ministerio de reaccionar más tarde que los acontecimientos, con una comunicación pública limitada y escasa claridad sobre qué mecanismos de prevención se habían activado previamente. Algo que, durante la instrucción, ha quedado corroborado también con el intercambio de información que se produjo ese día entre la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) con la Generalitat y el 112.
Con Ribera el día de la tragedia en Bruselas, examinándose para ser nueva vicepresidenta de la Comisión Europea, y su número dos, Hugo Morán, de viaje en Colombia, la ausencia de los principales responsables políticos del ministerio en España durante esas jornadas también suscitó multitud de críticas por parte del resto de administraciones y la oposición. La exministra defendió que, pese a estar en la capital comunitaria «trabajando», estuvo «localizable» todo el rato.
Los reproches también se encaminaron, con el paso de los meses, hacia las inversiones en infraestructuras hidráulicas, ordenación del territorio y sistemas de alerta, que no se habían desarrollado correctamente, poniendo de relieve las obras que nunca se realizaron en el barranco del Poyo —el principal causante de muertes durante la tragedia—.
Sin respuestas del apagón
Como ocurre con la planificación hidrológica, el Ministerio para la Transformación Ecológica es también el último y máximo responsable de la planificación energética y de la supervisión del sistema eléctrico. De ahí el papel trascendental que tuvo el departamento, ya dirigido entonces por Sara Aagesen, durante el gran apagón que dejó a Españas a oscuras en abril del año pasado.
A punto de cumplirse un año del cero energético, el silencio institucional y la falta de explicaciones persisten. La sensación, entonces, es que el ministerio no tenía una respuesta clara ante una crisis que afectaba a infraestructuras críticas. Casi doce meses después el Gobierno ha tratado de responsabilizar de lo ocurrido a las operadoras privadas, evitando así cualquier tipo de autocrítica y defendiendo su apuesta por las renovables, que no fueron capaces de afrontar la alta demanda energética que supuso la caída del sistema tradicional.
En todo este tiempo, el departamento de Aagesen tampoco ha exigido ningún tipo de responsabilidad a la presidenta de Red Eléctrica de España, Beatriz Corredor, mujer de la confianza de José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez, pero cuya propuesta de nombramiento al consejo de administración depende del titular de la cartera que dirige Aagesen.
Con una fuerte apuesta gubernamental por la expansión de las energías renovables, que el estallido del caso de corrupción de Forestalia ha levantado muchas suspicacias, la estrategia alineada con los objetivos climáticos europeos ha demostrado que el ministerio no ha avanzado al mismo ritmo en la inversión en almacenamiento, redes inteligentes y capacidad de respaldo que en su voluntad ideológica.
La corrupción dentro del ministerio con Forestalia
El caso Forestalia, que ha evidenciado cómo la corrupción llegó a lo más profundo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con un subdirector supuestamente trabajando a la vez para el Estado y para una compañía privada con intereses en su sector, ha puesto bajo escrutinio la relación entre el sector renovable y Gobierno.
Forestalia, uno de los grandes promotores de proyectos eólicos y fotovoltaicos en España, ha protagonizado durante los últimos años una expansión acelerada basada en macroproyectos de generación renovable muy discutidos en el territorio, principalmente en Teruel. En la instrucción que dirige el juzgado número 1 de la capital turolense, con una investigación muy amplia de la Guardia Civil de más de 1.500 folios, se apunta a una manipulación de las licencias medioambientales para favorecer un pelotazo con la concesión de proyectos que posteriormente la empresa vendía.
La pasarela mortal de Santander
El último incidente que ha puesto bajo la lupa la gestión del ministerio es el accidente de la pasarela de El Bocal, en Santander, que provocó la muerte de seis personas. La construcción, que formaba parte de un proyecto mucho más ambicioso que transcurría por la costa santanderina, fue a cargo de Costas, que depende de Transición Ecológica. El número dos del departamento, Hugo Morán, se desplazó de urgencia tras el siniestro a Santander evidenciando la responsabilidad que el ministerio tenía sobre la infraestructura, pese a que posteriormente han tratado de culpar al ayuntamiento del mantenimiento.
Cuando se iniciaron las obras, en 2014, se acordó que una vez finalizadas y entregado el proyecto, correspondería a la ciudad su mantenimiento y conservación. Lo cierto, sin embargo, es que el Ministerio para la Transformación Ecológica y el Reto Demográfico nunca acabó de construir todo lo que había planificado, de tal forma que, legalmente, nunca se produjo esa entrega de la obra y su mantenimiento quedó en un limbo legal. Sin embargo, según han manifestado distintas fuentes, unos meses antes del siniestro Costas realizó labores de mantenimiento en la pasarela.
El número dos del ministerio ha afirmado, tras dos semanas en silencio, que la obra se entregó en 2015, aunque no ha aportado ningún documento que corrobore su versión. Asimismo dijo que desde 2017 le correspondía al ayuntamiento de la localidad el mantenimiento, pero el propio ministerio, a través de Costas, hizo trabajos de reparación en 2024.
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