Galicia cuenta con las bajas laborales más largas solo por detrás de Extremadura

Después de años en los que empresarios y economistas han alertando del paulatino aumento de las abstenciones laborales en España, un fenómeno al alza desde los años de confinamiento y restricciones por la pandemia de Covid-19, la Xunta anunció este lunes un plan integral para abordar esta problemática que, según informó el presidente gallego, Alfonso Rueda, supone una pérdida anual de 2.200 millones de euros para Galicia por la ausencia diaria de 70.000 personas que no acuden a sus puestos de trabajos por estar de baja. Y, a la espera de concretar esta estrategia, los datos e intenciones manifestadas tanto por Rueda como por el conselleiro de Emprego, José González, apuntan en la dirección marcada por entidades como la Airef (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal), que un estudio publicado el pasado mes de febrero analiza el fenómeno y señala que Galicia se sitúa en segunda posición respecto a la duración de las bajas por incapacidad temporal -82,8 días por trabajador en 2024 tras incrementarse un 26,2% respecto al año anterior-, solo superada por Extremadura.Las implicaciones de este escenario no son menores, ya que la propia Airef indica que las prestaciones de la Seguridad Social a los trabajadores de baja por incapacidad temporal suponen el segundo mayor componente de gasto para el sistema de bienestar español, solo superado por las pensiones. Un derecho fundamental que protege económicamente a los trabajadores en situación de enfermedad o accidente, pero cuya tramitación y prestación implica a distintos organismos, dificultando su capacidad para supervisar y contar información precisa, abriendo la puerta a casos de fraude.Noticia relacionada general No No Xunta y Gobierno se enzarzan por el control de las bajas laborales J. HierroTodo un «problema estructural» para la Airef, que detectó un aumento de cerca del 60% en las incidencias de las bajas por contingencias comunes entre los años 2017 y 2024, lo que sumado a otras cuestiones como las listas de espera en Atención Primaria o las citadas dificultades para supervisar casos de fraude convergen en un cóctel dañino para la asistencia sanitaria en el país. Además, el aumento de las bajas supone un coste cada vez mayor que afecta tanto a las Administraciones públicas como a las empresas vía costes organizativos. Ante este escenario, la Xunta ya comenzó a atajar la problemática con un primer programa de revisión, que permitió al gobierno autonómico controlar cerca de 130.000 bajas y detectar 30.200 casos de fraude. La presentación de la nueva estrategia, prevista para antes de que finalice el primer trimestre del año, incluirá medidas como la creación de unidades especializadas de apoyo a los médicos de cabecera para gestionar los casos más comunes de baja ( musculoesqueléticas y psiquiátricas) y el refuerzo del papel de las mutuas a la hora de revisar las incapacidades temporales y evitar que se extiendan por motivos burocráticos.Propuestas de la AirefMientras el Ejecutivo autonómico prevé reunirse con sindicatos y empresarios para consensuar este plan, la Airef ya muestra algunas de las calves de este fenómeno y propone medidas para atajarlo, coincidiendo en varios puntos con las iniciativas que desarrolla el Ejecutivo gallego. En primer lugar, la autoridad fiscal pone el foco en la necesidad de mejorar la información de la que disponen los actores implicados en la tramitación de la baja (el Instituto Nacional de la Seguridad Social, que financia la prestación, y los médicos de Atención Primaria del Sistema Nacional de Salud, que toman la decisión clínica de conceder o no la baja).Según un informe publicado en febrero por la Airef, el 25% de la población concentró el 55% de los episodios de incapacidad temporalLa «asimetría» informativa con la que cuentan impide contar con mecanismos robustos para detectar desviaciones, evaluar de forma precoz los casos o evaluar de manera sistemática la «adecuación de las duraciones observadas a criterios clínicos objetivos», indica la Airef en su informe. Aspectos como las características del puesto de trabajo y las condiciones laborales o el tamaño de la empresa que permitirían a los profesionales sanitarios contar con más herramientas para determinar la necesidad o no de las bajas y su duración, apoyándose en tecnologías como la Inteligencia Artificial para gestionar este volumen de datos y poder contar con alertas tempranas.Por otro lado, la Airef invita a crear una unidad de seguimiento especializada en incapacidad temporal para intensificar el control y seguimiento en las fases tempranas de diagnóstico. Una medida que la Xunta pretender implementar en su estrategia y que responde a las dificultades manifiestas del Instituto Nacional de la Seguridad Social para inspeccionar las bajas, labor que comienza a partir del primer año de concederse la incapacidad. Según los datos de 2024 en los que se basa la autoridad fiscal, el 25% de las personas concentraron el 55% de los episodios de incapacidad temporal , y el porcentaje de trabajadores con más de un episodio anual aumentó del 23 al 31,8% en España entre 2017 y 2024.Asimismo, la Airef también solicita a las empresas una mayor implicación para mejorar la salud laboral, especialmente en aquellas de mayor tamaño, con más prevención y una gestión proactiva de las bajas para facilitar una incorporación gradual al trabajo. Factores que deben acompañarse de otras soluciones como una homogeneización de la información relativa a las listas de espera en las comunidades autónomas, ante la falta de un modelo común que permita comparar la situación y su impacto en la asistencia sanitaria para casos como las incapacidades temporales en el conjunto de España. Después de años en los que empresarios y economistas han alertando del paulatino aumento de las abstenciones laborales en España, un fenómeno al alza desde los años de confinamiento y restricciones por la pandemia de Covid-19, la Xunta anunció este lunes un plan integral para abordar esta problemática que, según informó el presidente gallego, Alfonso Rueda, supone una pérdida anual de 2.200 millones de euros para Galicia por la ausencia diaria de 70.000 personas que no acuden a sus puestos de trabajos por estar de baja. Y, a la espera de concretar esta estrategia, los datos e intenciones manifestadas tanto por Rueda como por el conselleiro de Emprego, José González, apuntan en la dirección marcada por entidades como la Airef (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal), que un estudio publicado el pasado mes de febrero analiza el fenómeno y señala que Galicia se sitúa en segunda posición respecto a la duración de las bajas por incapacidad temporal -82,8 días por trabajador en 2024 tras incrementarse un 26,2% respecto al año anterior-, solo superada por Extremadura.Las implicaciones de este escenario no son menores, ya que la propia Airef indica que las prestaciones de la Seguridad Social a los trabajadores de baja por incapacidad temporal suponen el segundo mayor componente de gasto para el sistema de bienestar español, solo superado por las pensiones. Un derecho fundamental que protege económicamente a los trabajadores en situación de enfermedad o accidente, pero cuya tramitación y prestación implica a distintos organismos, dificultando su capacidad para supervisar y contar información precisa, abriendo la puerta a casos de fraude.Noticia relacionada general No No Xunta y Gobierno se enzarzan por el control de las bajas laborales J. HierroTodo un «problema estructural» para la Airef, que detectó un aumento de cerca del 60% en las incidencias de las bajas por contingencias comunes entre los años 2017 y 2024, lo que sumado a otras cuestiones como las listas de espera en Atención Primaria o las citadas dificultades para supervisar casos de fraude convergen en un cóctel dañino para la asistencia sanitaria en el país. Además, el aumento de las bajas supone un coste cada vez mayor que afecta tanto a las Administraciones públicas como a las empresas vía costes organizativos. Ante este escenario, la Xunta ya comenzó a atajar la problemática con un primer programa de revisión, que permitió al gobierno autonómico controlar cerca de 130.000 bajas y detectar 30.200 casos de fraude. La presentación de la nueva estrategia, prevista para antes de que finalice el primer trimestre del año, incluirá medidas como la creación de unidades especializadas de apoyo a los médicos de cabecera para gestionar los casos más comunes de baja ( musculoesqueléticas y psiquiátricas) y el refuerzo del papel de las mutuas a la hora de revisar las incapacidades temporales y evitar que se extiendan por motivos burocráticos.Propuestas de la AirefMientras el Ejecutivo autonómico prevé reunirse con sindicatos y empresarios para consensuar este plan, la Airef ya muestra algunas de las calves de este fenómeno y propone medidas para atajarlo, coincidiendo en varios puntos con las iniciativas que desarrolla el Ejecutivo gallego. En primer lugar, la autoridad fiscal pone el foco en la necesidad de mejorar la información de la que disponen los actores implicados en la tramitación de la baja (el Instituto Nacional de la Seguridad Social, que financia la prestación, y los médicos de Atención Primaria del Sistema Nacional de Salud, que toman la decisión clínica de conceder o no la baja).Según un informe publicado en febrero por la Airef, el 25% de la población concentró el 55% de los episodios de incapacidad temporalLa «asimetría» informativa con la que cuentan impide contar con mecanismos robustos para detectar desviaciones, evaluar de forma precoz los casos o evaluar de manera sistemática la «adecuación de las duraciones observadas a criterios clínicos objetivos», indica la Airef en su informe. Aspectos como las características del puesto de trabajo y las condiciones laborales o el tamaño de la empresa que permitirían a los profesionales sanitarios contar con más herramientas para determinar la necesidad o no de las bajas y su duración, apoyándose en tecnologías como la Inteligencia Artificial para gestionar este volumen de datos y poder contar con alertas tempranas.Por otro lado, la Airef invita a crear una unidad de seguimiento especializada en incapacidad temporal para intensificar el control y seguimiento en las fases tempranas de diagnóstico. Una medida que la Xunta pretender implementar en su estrategia y que responde a las dificultades manifiestas del Instituto Nacional de la Seguridad Social para inspeccionar las bajas, labor que comienza a partir del primer año de concederse la incapacidad. Según los datos de 2024 en los que se basa la autoridad fiscal, el 25% de las personas concentraron el 55% de los episodios de incapacidad temporal , y el porcentaje de trabajadores con más de un episodio anual aumentó del 23 al 31,8% en España entre 2017 y 2024.Asimismo, la Airef también solicita a las empresas una mayor implicación para mejorar la salud laboral, especialmente en aquellas de mayor tamaño, con más prevención y una gestión proactiva de las bajas para facilitar una incorporación gradual al trabajo. Factores que deben acompañarse de otras soluciones como una homogeneización de la información relativa a las listas de espera en las comunidades autónomas, ante la falta de un modelo común que permita comparar la situación y su impacto en la asistencia sanitaria para casos como las incapacidades temporales en el conjunto de España.  

Después de años en los que empresarios y economistas han alertando del paulatino aumento de las abstenciones laborales en España, un fenómeno al alza desde los años de confinamiento y restricciones por la pandemia de Covid-19, la Xunta anunció este lunes un plan integral … para abordar esta problemática que, según informó el presidente gallego, Alfonso Rueda, supone una pérdida anual de 2.200 millones de euros para Galicia por la ausencia diaria de 70.000 personas que no acuden a sus puestos de trabajos por estar de baja.

 RSS de noticias de espana