El Gobierno de Pedro Sánchez ha dado un nuevo paso en la aplicación de la Ley de Memoria Democrática al incluir el monolito de Sa Feixina, en Palma, en el Catálogo de Símbolos y Elementos Contrarios a la Memoria Democrática, lo que implica la exigencia de su retirada. La decisión, adoptada a partir de un informe de la Comisión Técnica, ya ha sido trasladada al Ayuntamiento para que proceda a eliminar el monumento.El monumento, erigido en 1948 durante la dictadura franquista en homenaje a los fallecidos del crucero Baleares, es considerado por el Ejecutivo como un exponente del «culto a los caídos» promovido por el régimen, una política simbólica que —según la resolución— exaltaba exclusivamente a los combatientes del bando sublevado sin ánimo de reconciliación.La decisión del Gobierno reabre así un debate que en Palma parecía encauzado tras años de polémica política y judicial. Durante el mandato de la socialista Aina Calvo, en 2010, el monolito fue despojado de su simbología franquista y resignificado como espacio de homenaje a todas las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura. Una decisión aprobada por unanimidad por todos los partidos con representación municipal. Posteriormente, una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) en 2021 avaló su permanencia al considerar que el conjunto, ya sin elementos de exaltación, poseía valores patrimoniales.En virtud de esta sentencia, el Ayuntamiento ha aprobado una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para otorgarle el máximo grado de protección patrimonial. Sin embargo, el nuevo movimiento del Ejecutivo central sitúa de nuevo el foco sobre el monumento, ubicado en un parque en el centro de Palma y muy conocido por los ciudadanos de la capital balear.Desde Cort, el equipo de gobierno ha defendido su posición apoyándose en la citada sentencia judicial del TSJB. El regidor de Urbanismo, Óscar Fidalgo, ha asegurado que el Consistorio «no ha hecho otra cosa que cumplir la ley y la sentencia firme de 2021 del TSJIB», subrayando que el monolito está «despojado de todos los elementos que podrían hacer inviable su catalogación».En este contexto, el Ayuntamiento ha criticado la actuación del Gobierno al considerar que supone un intento de sortear resoluciones judiciales firmes. «Deberán ser los tribunales los que se pronuncien», sostienen desde el equipo municipal, que insiste en que defenderá su postura en base a criterios jurídicos y no políticos. «Afortunadamente y gracias a Dios, todavía en nuestro país las decisiones de los jueces están por encima de las decisiones de los políticos», ha añadido.Construido en 1948El Monumento a las Víctimas del ‘Crucero Baleares’,situado en el parque de Sa Feixina de Palma, fue construido en plena dictadura franquista (1948) para homenajear a los casi ochocientos combatientes sublevados que murieron en el hundimiento del ‘Crucero Baleares’, ocurrido en la madrugada del 5 al 6 de marzo de 1938. El hundimiento se produjo como consecuencia del ataque de la flota republicana durante la Batalla del Cabo de Palos (Murcia), el mayor combate naval de la Guerra de España.Según la Resolución emitida hoy desde la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, el monumento «debe entenderse como parte y ejemplo del culto a los caídos desarrollado por el régimen franquista; un culto que constituyó una de las políticas simbólicas más importantes y persistentes de la dictadura que estuvo destinada a recordar -de forma excluyente y sin ninguna intención de reconciliación ni de mención a los muertos del bando republicano- a los fallecidos franquistas».El pulso institucional está servido. Mientras el Gobierno central exige la retirada del monolito por considerarlo contrario a la memoria democrática, Palma lo blinda y el futuro de este monumento vuelve, una vez más, a quedar en manos de los tribunales. El Gobierno de Pedro Sánchez ha dado un nuevo paso en la aplicación de la Ley de Memoria Democrática al incluir el monolito de Sa Feixina, en Palma, en el Catálogo de Símbolos y Elementos Contrarios a la Memoria Democrática, lo que implica la exigencia de su retirada. La decisión, adoptada a partir de un informe de la Comisión Técnica, ya ha sido trasladada al Ayuntamiento para que proceda a eliminar el monumento.El monumento, erigido en 1948 durante la dictadura franquista en homenaje a los fallecidos del crucero Baleares, es considerado por el Ejecutivo como un exponente del «culto a los caídos» promovido por el régimen, una política simbólica que —según la resolución— exaltaba exclusivamente a los combatientes del bando sublevado sin ánimo de reconciliación.La decisión del Gobierno reabre así un debate que en Palma parecía encauzado tras años de polémica política y judicial. Durante el mandato de la socialista Aina Calvo, en 2010, el monolito fue despojado de su simbología franquista y resignificado como espacio de homenaje a todas las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura. Una decisión aprobada por unanimidad por todos los partidos con representación municipal. Posteriormente, una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) en 2021 avaló su permanencia al considerar que el conjunto, ya sin elementos de exaltación, poseía valores patrimoniales.En virtud de esta sentencia, el Ayuntamiento ha aprobado una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para otorgarle el máximo grado de protección patrimonial. Sin embargo, el nuevo movimiento del Ejecutivo central sitúa de nuevo el foco sobre el monumento, ubicado en un parque en el centro de Palma y muy conocido por los ciudadanos de la capital balear.Desde Cort, el equipo de gobierno ha defendido su posición apoyándose en la citada sentencia judicial del TSJB. El regidor de Urbanismo, Óscar Fidalgo, ha asegurado que el Consistorio «no ha hecho otra cosa que cumplir la ley y la sentencia firme de 2021 del TSJIB», subrayando que el monolito está «despojado de todos los elementos que podrían hacer inviable su catalogación».En este contexto, el Ayuntamiento ha criticado la actuación del Gobierno al considerar que supone un intento de sortear resoluciones judiciales firmes. «Deberán ser los tribunales los que se pronuncien», sostienen desde el equipo municipal, que insiste en que defenderá su postura en base a criterios jurídicos y no políticos. «Afortunadamente y gracias a Dios, todavía en nuestro país las decisiones de los jueces están por encima de las decisiones de los políticos», ha añadido.Construido en 1948El Monumento a las Víctimas del ‘Crucero Baleares’,situado en el parque de Sa Feixina de Palma, fue construido en plena dictadura franquista (1948) para homenajear a los casi ochocientos combatientes sublevados que murieron en el hundimiento del ‘Crucero Baleares’, ocurrido en la madrugada del 5 al 6 de marzo de 1938. El hundimiento se produjo como consecuencia del ataque de la flota republicana durante la Batalla del Cabo de Palos (Murcia), el mayor combate naval de la Guerra de España.Según la Resolución emitida hoy desde la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, el monumento «debe entenderse como parte y ejemplo del culto a los caídos desarrollado por el régimen franquista; un culto que constituyó una de las políticas simbólicas más importantes y persistentes de la dictadura que estuvo destinada a recordar -de forma excluyente y sin ninguna intención de reconciliación ni de mención a los muertos del bando republicano- a los fallecidos franquistas».El pulso institucional está servido. Mientras el Gobierno central exige la retirada del monolito por considerarlo contrario a la memoria democrática, Palma lo blinda y el futuro de este monumento vuelve, una vez más, a quedar en manos de los tribunales.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha dado un nuevo paso en la aplicación de la Ley de Memoria Democrática al incluir el monolito de Sa Feixina, en Palma, en el Catálogo de Símbolos y Elementos Contrarios a la Memoria Democrática, lo que implica la exigencia … de su retirada. La decisión, adoptada a partir de un informe de la Comisión Técnica, ya ha sido trasladada al Ayuntamiento para que proceda a eliminar el monumento.
El monumento, erigido en 1948 durante la dictadura franquista en homenaje a los fallecidos del crucero Baleares, es considerado por el Ejecutivo como un exponente del «culto a los caídos» promovido por el régimen, una política simbólica que —según la resolución— exaltaba exclusivamente a los combatientes del bando sublevado sin ánimo de reconciliación.
La decisión del Gobierno reabre así un debate que en Palma parecía encauzado tras años de polémica política y judicial. Durante el mandato de la socialista Aina Calvo, en 2010, el monolito fue despojado de su simbología franquista y resignificado como espacio de homenaje a todas las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura. Una decisión aprobada por unanimidad por todos los partidos con representación municipal. Posteriormente, una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) en 2021 avaló su permanencia al considerar que el conjunto, ya sin elementos de exaltación, poseía valores patrimoniales.
En virtud de esta sentencia, el Ayuntamiento ha aprobado una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para otorgarle el máximo grado de protección patrimonial. Sin embargo, el nuevo movimiento del Ejecutivo central sitúa de nuevo el foco sobre el monumento, ubicado en un parque en el centro de Palma y muy conocido por los ciudadanos de la capital balear.
Desde Cort, el equipo de gobierno ha defendido su posición apoyándose en la citada sentencia judicial del TSJB. El regidor de Urbanismo, Óscar Fidalgo, ha asegurado que el Consistorio «no ha hecho otra cosa que cumplir la ley y la sentencia firme de 2021 del TSJIB», subrayando que el monolito está «despojado de todos los elementos que podrían hacer inviable su catalogación».
En este contexto, el Ayuntamiento ha criticado la actuación del Gobierno al considerar que supone un intento de sortear resoluciones judiciales firmes. «Deberán ser los tribunales los que se pronuncien», sostienen desde el equipo municipal, que insiste en que defenderá su postura en base a criterios jurídicos y no políticos. «Afortunadamente y gracias a Dios, todavía en nuestro país las decisiones de los jueces están por encima de las decisiones de los políticos», ha añadido.
Construido en 1948
El Monumento a las Víctimas del ‘Crucero Baleares’,situado en el parque de Sa Feixina de Palma, fue construido en plena dictadura franquista (1948) para homenajear a los casi ochocientos combatientes sublevados que murieron en el hundimiento del ‘Crucero Baleares’, ocurrido en la madrugada del 5 al 6 de marzo de 1938. El hundimiento se produjo como consecuencia del ataque de la flota republicana durante la Batalla del Cabo de Palos (Murcia), el mayor combate naval de la Guerra de España.
Según la Resolución emitida hoy desde la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, el monumento «debe entenderse como parte y ejemplo del culto a los caídos desarrollado por el régimen franquista; un culto que constituyó una de las políticas simbólicas más importantes y persistentes de la dictadura que estuvo destinada a recordar -de forma excluyente y sin ninguna intención de reconciliación ni de mención a los muertos del bando republicano- a los fallecidos franquistas».
El pulso institucional está servido. Mientras el Gobierno central exige la retirada del monolito por considerarlo contrario a la memoria democrática, Palma lo blinda y el futuro de este monumento vuelve, una vez más, a quedar en manos de los tribunales.
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