El personal docente investigador de las universidades lleva años quejándose de las diferencias en las retribuciones que perciben según la comunidad autónoma en la que trabajen. Así, Csif, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, prevé mandar una carta al Ministerio de Universidades demandando una nueva ley que termine con lo que juzgan una «discriminación» entre profesorado permanente y temporal o profesorado a tiempo completo y tiempo parcial. Unas diferencias que se acrecientan según la región y han provocado un «auténtico caos retributivo». Por ejemplo, un profesor ayudante doctor (PAD) en Castilla y León percibe al año, y según datos de 2024, 31.226,64 euros, mientras que en Cataluña esta misma figura ingresa anualmente 38.318,84 euros. Es decir, entre la comunidad en la que más cobran y la que menos existe una diferencia de 9.082,2 euros al año. Según calculan desde Csif, la desigualdad entre autonomías puede alcanzar hasta los 800 euros en los sueldos mensuales. Castilla y León es la que menos paga, seguida de Asturias. En Cataluña, por el contrario, perciben los sueldos más altosEsta petición sindical que parte del cuerpo docente coincide con una sentencia del Tribunal Supremo que reconoció la semana pasada el derecho del profesorado universitario a tiempo parcial que ejerce en la Comunidad de Madrid a percibir sexenios por investigación. En concreto, fue un profesor quien, a título personal, llevó el problema ante la Justicia después de años padeciendo estas desigualdades. El personal docente investigador de la Comunidad de Madrid era de los más precarios, después del de Asturias y el Castilla y León, por ese orden. « Estamos a expensas de lo que decidan tribunales de toda España en varias instancias. El problema es que el ministerio lleva mucho tiempo haciendo oídos sordos . No tiene demasiado sentido que tengamos que esperar a que la Justicia nos vaya dando la razón, habría que atajar el problema de raíz con una ley justa para todos», asegura Ramón Caballero, que es el responsable del área de Universidad de Csif. La sentencia del Alto Tribunal, además de acabar con la discriminación en el futuro, ordena que los sexenios de investigación vuelvan a abonarse en los casos en que dicho mérito haya sido acreditado y reconoce el derecho de los docentes a percibir dicho complemento con hasta cuatro años de retroactividad. Hay que decir que el real decreto que fija las retribuciones de los profesores de universidad es de 1989 , por lo que «resulta evidente que está desfasado» , argumenta Caballero. Caos retributivo Desde Csif recuerdan que las retribuciones básicas que reciben los docentes en los campus se completan con un sistema de complementos adiciones ( quinquenios, sexenios o complementos autonómicos como la insularidad ), pero el problema, apuntan, es que los criterios para aplicarlos varían en función de la comunidad autónoma y también de la propia universidad. A esta desigualdad entre docentes en función de la autonomía en la que se encuentren y el campus del que formen parte se suma una elevada precariedad: la temporalidad de los docentes e investigadores universitarios es del 49% , mientras que en el resto de administraciones públicas es del 28%. «En torno a 55.000 profesionales en España no pueden acceder a sexenios de investigación o a los quinquenios docentes. Es el cuerpo de funcionarios más precario. De media, hasta los 48 años un docente no accede a una plaza fija o permanente en la universidad», remata Caballero. El sector también reclama que el Gobierno ha estado retrasando la negociación del Estatuto del Personal Docente e Investigador (PDI) con la excusa de la « situación de prórroga de los presupuestos» , obviando que la Ley Universitaria establece que seis meses después de su entrada en vigor (la ley empezó a aplicarse en abril de 2023) «el Gobierno presentará al Congreso de los Diputados un proyecto de Ley del Estatuto de Personal Docente Investigador Universitario». Esto es: el estatuto lleva más de dos años de retraso y la última reunión se produjo el verano pasado, el 24 de julio de 2024. El personal docente investigador de las universidades lleva años quejándose de las diferencias en las retribuciones que perciben según la comunidad autónoma en la que trabajen. Así, Csif, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, prevé mandar una carta al Ministerio de Universidades demandando una nueva ley que termine con lo que juzgan una «discriminación» entre profesorado permanente y temporal o profesorado a tiempo completo y tiempo parcial. Unas diferencias que se acrecientan según la región y han provocado un «auténtico caos retributivo». Por ejemplo, un profesor ayudante doctor (PAD) en Castilla y León percibe al año, y según datos de 2024, 31.226,64 euros, mientras que en Cataluña esta misma figura ingresa anualmente 38.318,84 euros. Es decir, entre la comunidad en la que más cobran y la que menos existe una diferencia de 9.082,2 euros al año. Según calculan desde Csif, la desigualdad entre autonomías puede alcanzar hasta los 800 euros en los sueldos mensuales. Castilla y León es la que menos paga, seguida de Asturias. En Cataluña, por el contrario, perciben los sueldos más altosEsta petición sindical que parte del cuerpo docente coincide con una sentencia del Tribunal Supremo que reconoció la semana pasada el derecho del profesorado universitario a tiempo parcial que ejerce en la Comunidad de Madrid a percibir sexenios por investigación. En concreto, fue un profesor quien, a título personal, llevó el problema ante la Justicia después de años padeciendo estas desigualdades. El personal docente investigador de la Comunidad de Madrid era de los más precarios, después del de Asturias y el Castilla y León, por ese orden. « Estamos a expensas de lo que decidan tribunales de toda España en varias instancias. El problema es que el ministerio lleva mucho tiempo haciendo oídos sordos . No tiene demasiado sentido que tengamos que esperar a que la Justicia nos vaya dando la razón, habría que atajar el problema de raíz con una ley justa para todos», asegura Ramón Caballero, que es el responsable del área de Universidad de Csif. La sentencia del Alto Tribunal, además de acabar con la discriminación en el futuro, ordena que los sexenios de investigación vuelvan a abonarse en los casos en que dicho mérito haya sido acreditado y reconoce el derecho de los docentes a percibir dicho complemento con hasta cuatro años de retroactividad. Hay que decir que el real decreto que fija las retribuciones de los profesores de universidad es de 1989 , por lo que «resulta evidente que está desfasado» , argumenta Caballero. Caos retributivo Desde Csif recuerdan que las retribuciones básicas que reciben los docentes en los campus se completan con un sistema de complementos adiciones ( quinquenios, sexenios o complementos autonómicos como la insularidad ), pero el problema, apuntan, es que los criterios para aplicarlos varían en función de la comunidad autónoma y también de la propia universidad. A esta desigualdad entre docentes en función de la autonomía en la que se encuentren y el campus del que formen parte se suma una elevada precariedad: la temporalidad de los docentes e investigadores universitarios es del 49% , mientras que en el resto de administraciones públicas es del 28%. «En torno a 55.000 profesionales en España no pueden acceder a sexenios de investigación o a los quinquenios docentes. Es el cuerpo de funcionarios más precario. De media, hasta los 48 años un docente no accede a una plaza fija o permanente en la universidad», remata Caballero. El sector también reclama que el Gobierno ha estado retrasando la negociación del Estatuto del Personal Docente e Investigador (PDI) con la excusa de la « situación de prórroga de los presupuestos» , obviando que la Ley Universitaria establece que seis meses después de su entrada en vigor (la ley empezó a aplicarse en abril de 2023) «el Gobierno presentará al Congreso de los Diputados un proyecto de Ley del Estatuto de Personal Docente Investigador Universitario». Esto es: el estatuto lleva más de dos años de retraso y la última reunión se produjo el verano pasado, el 24 de julio de 2024.
Los sindicatos demandan al Ministerio de Universidades una ley que acabe con las desigualdades salariales entre comunidades autónomas
El personal docente investigador de las universidades lleva años quejándose de las diferencias en las retribuciones que perciben según la comunidad autónoma en la que trabajen. Así, Csif, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, prevé mandar una carta al Ministerio de Universidades demandando … una nueva ley que termine con lo que juzgan una «discriminación» entre profesorado permanente y temporal o profesorado a tiempo completo y tiempo parcial. Unas diferencias que se acrecientan según la región y han provocado un «auténtico caos retributivo». Por ejemplo, un profesor ayudante doctor (PAD) en Castilla y León percibe al año, y según datos de 2024, 31.226,64 euros, mientras que en Cataluña esta misma figura ingresa anualmente 38.318,84 euros. Es decir, entre la comunidad en la que más cobran y la que menos existe una diferencia de 9.082,2 euros al año. Según calculan desde Csif, la desigualdad entre autonomías puede alcanzar hasta los 800 euros en los sueldos mensuales.
Castilla y León es la que menos paga, seguida de Asturias. En Cataluña, por el contrario, perciben los sueldos más altos
Esta petición sindical que parte del cuerpo docente coincide con una sentencia del Tribunal Supremo que reconoció la semana pasada el derecho del profesorado universitario a tiempo parcial que ejerce en la Comunidad de Madrid a percibir sexenios por investigación. En concreto, fue un profesor quien, a título personal, llevó el problema ante la Justicia después de años padeciendo estas desigualdades. El personal docente investigador de la Comunidad de Madrid era de los más precarios, después del de Asturias y el Castilla y León, por ese orden. «Estamos a expensas de lo que decidan tribunales de toda España en varias instancias. El problema es que el ministerio lleva mucho tiempo haciendo oídos sordos. No tiene demasiado sentido que tengamos que esperar a que la Justicia nos vaya dando la razón, habría que atajar el problema de raíz con una ley justa para todos», asegura Ramón Caballero, que es el responsable del área de Universidad de Csif.
La sentencia del Alto Tribunal, además de acabar con la discriminación en el futuro, ordena que los sexenios de investigación vuelvan a abonarse en los casos en que dicho mérito haya sido acreditado y reconoce el derecho de los docentes a percibir dicho complemento con hasta cuatro años de retroactividad. Hay que decir que el real decreto que fija las retribuciones de los profesores de universidad es de 1989, por lo que «resulta evidente que está desfasado», argumenta Caballero.
Caos retributivo
Desde Csif recuerdan que las retribuciones básicas que reciben los docentes en los campus se completan con un sistema de complementos adiciones (quinquenios, sexenios o complementos autonómicos como la insularidad), pero el problema, apuntan, es que los criterios para aplicarlos varían en función de la comunidad autónoma y también de la propia universidad. A esta desigualdad entre docentes en función de la autonomía en la que se encuentren y el campus del que formen parte se suma una elevada precariedad: la temporalidad de los docentes e investigadores universitarios es del 49%, mientras que en el resto de administraciones públicas es del 28%. «En torno a 55.000 profesionales en España no pueden acceder a sexenios de investigación o a los quinquenios docentes. Es el cuerpo de funcionarios más precario. De media, hasta los 48 años un docente no accede a una plaza fija o permanente en la universidad», remata Caballero.
El sector también reclama que el Gobierno ha estado retrasando la negociación del Estatuto del Personal Docente e Investigador (PDI) con la excusa de la «situación de prórroga de los presupuestos», obviando que la Ley Universitaria establece que seis meses después de su entrada en vigor (la ley empezó a aplicarse en abril de 2023) «el Gobierno presentará al Congreso de los Diputados un proyecto de Ley del Estatuto de Personal Docente Investigador Universitario». Esto es: el estatuto lleva más de dos años de retraso y la última reunión se produjo el verano pasado, el 24 de julio de 2024.
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