El Congreso de los Diputados ha abierto este lunes sus puertas a la fundación Hay Derecho para la presentación del ‘Informe Parlamento’. La sala Constitucional de la Cámara Baja, presidida por los retratos de los ponentes de la Carta Magna, era en sí misma toda una declaración de intenciones. Casi tanto como el cuadro ‘El abrazo’, de Juan Genovés, que representa la reconciliación de los españoles en la Transición y cuelga de una de sus paredes. Esa nota de nostalgia servía como contraposición a la cruda realidad tras cotejar los datos: el parlamentarismo español no goza de su mejor momento de salud. No es solo una sensación.A lo largo de 128 páginas, Hay Derecho, fundación sin ánimo de lucro y con vocación de regeneración democrática, radiografía el actual desempeño de diputados y senadores. Ellos, o mejor dicho, sus grupos parlamentarios, no salen bien parados. Y es que poco se podía esperar de una XV Legislatura en la que el Gobierno de PSOE y Sumar ni siquiera ha sido capaz de presentar, como mandata la Constitución, ni un solo proyecto de presupuestos generales del Estado. Safira Cantos, directora general de la organización, ha resumido las líneas generales del documento antes de dar paso a dos mesas moderadas por la periodista Pilar Velasco.Una primera con el profesor de Derecho Constitucional Germán Teruel —codirector del informe junto a la abogada del Estado Elisa de la Nuez—, la politóloga Cristina Monje y el director de Political Watch, Javier Pérez, y una segunda en la que se ha dado voz a los grupos parlamentarios con Mirian Guardiola (PP), Irene Jódar (PSOE), Juanjo Aizcorbe (Vox) y Francisco Sierra (Sumar). Del informe se desprenden conclusiones nada alentadoras para los partidos que conforman el Gobierno: según el análisis de Hay Derecho, cada vez se presentan menos proyectos de ley —los que nacen directamente del Consejo de Ministros—, hay más iniciativas de la oposición bloqueadas en la Mesa del Congreso mediante la ampliación sistemática del plazo para registrar enmiendas y, por último, más se abusa de la figura del real decreto ley, prevista supuestamente para urgencias.Noticia relacionada No No El Gobierno acumula cinco decretos derogados en dos años: los mismos que en el resto de la democracia Juan Casillas BayoLa socialista Isaura Leal, primera diputada en tomar la palabra ante la ausencia de la presidenta de la Cámara Baja, su compañera Francina Armengol, ha reivindicado el fortalecimiento del Parlamento como «una tarea compartida». Pero precisamente una de las críticas más explícitas de esta primera edición de ‘Informe Parlamento’ se dirige a la Mesa del Congreso, de la que Leal también forma parte, por la práctica de prorrogar los plazos para introducir enmiendas como mecanismo de bloqueo. «Esta es una de las prácticas de filibusterismo parlamentario más preocupantes en la actualidad», subrayan sin paliativos desde Hay Derecho.El ‘congelador’ ArmengolHasta enero, según recaba el dosier, se habían registrado 41 proposiciones de ley y solo siete de ellas habían superado la fase para proponer cambios en el texto. Todas, con la firma del PSOE o su promoción directa por acuerdos con otros grupos parlamentarios. A esta cifra hay que sumar dieciséis leyes procedentes del Senado que también están «congeladas». Este lunes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que desclasificará los documentos del golpe de Estado del 23-F este martes en el Consejo de Ministros. Un anuncio que llama la atención teniendo en cuenta que una de las iniciativas paralizadas en el Congreso, precisamente, es la eterna propuesta del PNV de reformar la Ley sobre Secretos Oficiales, que acumula 72 prórrogas del plazo para registrar enmiendas.A esto se suma lo que Hay Derecho bautiza como ‘proyectos de ley encubiertos’, es decir, las proposiciones de ley que registran el PSOE o Sumar para evitar informes preceptivos de los órganos consultivos del Estado, algo que es obligatorio para los proyectos de ley del Gobierno, pero no para las proposiciones de ley de los grupos parlamentarios. El ejemplo más palmario fue la ley de amnistía que puso en marcha la legislatura. El PSOE y el Gobierno la habían tachado de inconstitucional, de hecho la legislatura anterior ni siquiera fue calificada por la Mesa del Congreso, pero después del 23-J, al constatar su dependencia de los siete diputados de Junts per Catalunya para seguir en la Moncloa, cambiaron de opinión. En vez de registrar un proyecto de ley para un asunto tan sensible, ante el que deberían haberse posicionado el Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial, los socialistas vehicularon el olvido legal del ‘procés’ a través de una proposición de ley. De las 99 proposiciones de ley registradas en 2024, 34 llevaban la firma de al menos uno de los partidos del Ejecutivo.El número de los decretos convalidados en 2024 superó al de las leyes ordinarias y orgánicas aprobadasHay Derecho también pone el foco en el abuso de los reales decretos leyes, una herramienta planteada para casos de extraordinaria necesidad y urgencia, pero que cada vez se emplea más. En 2024, sin ir más lejos, el número de reales decretos leyes convalidados por el Congreso superó al de leyes ordinarias y al de leyes orgánicas. Algo que no sucedía desde el año 2019, en el que hubo dos elecciones generales, y el periodo 2020-2021, en el que estas normas se dispararon por la pandemia del Covid-19. Además, en los últimos años, para más inri, han proliferado los llamados decretos ómnibus, en los que se mezclan asuntos de lo más variopintos con temas que generan consenso para intentar lograr el aval a políticas que, en solitario, no contarían con un apoyo mayoritario. Los dos últimos meses de enero, de hecho, el hartazgo de esta práctica ha provocado que se derogase la revalorización de las pensiones —recuperada después por separado— por estar incluida en un batiburrillo de medidas. En palabras del profesor Teruel, la situación ha generado una «esclerosis parlamentaria» que requiere de soluciones. Él plantea una mayor autonomía del diputado individual y un cambio de la cultura política española para que los grupos parlamentarios no se conviertan en «auténticos agujeros negros». Monje ha apuntalado que la crisis actual deriva de «una falta de confianza en las instituciones». Mientras que Pérez ha animado a reforzar los mecanismos de participación ciudadana. «Puede ser tentador eludir al Congreso cuando surge un problema apremiante. Pero la naturaleza deliberativa del proceso legislativo fue la esencia de su diseño», ha leído Teruel de la sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos contra los aranceles de Donald Trump, en una moraleja que bien podría trasladarse a España y a otras democracias occidentales. «Hay una crisis parlamentaria indisolublemente unida a la crisis de la democracia», ha alertado al cierre del acto el presidente de Hay Derecho, Segismundo Álvarez. El Congreso de los Diputados ha abierto este lunes sus puertas a la fundación Hay Derecho para la presentación del ‘Informe Parlamento’. La sala Constitucional de la Cámara Baja, presidida por los retratos de los ponentes de la Carta Magna, era en sí misma toda una declaración de intenciones. Casi tanto como el cuadro ‘El abrazo’, de Juan Genovés, que representa la reconciliación de los españoles en la Transición y cuelga de una de sus paredes. Esa nota de nostalgia servía como contraposición a la cruda realidad tras cotejar los datos: el parlamentarismo español no goza de su mejor momento de salud. No es solo una sensación.A lo largo de 128 páginas, Hay Derecho, fundación sin ánimo de lucro y con vocación de regeneración democrática, radiografía el actual desempeño de diputados y senadores. Ellos, o mejor dicho, sus grupos parlamentarios, no salen bien parados. Y es que poco se podía esperar de una XV Legislatura en la que el Gobierno de PSOE y Sumar ni siquiera ha sido capaz de presentar, como mandata la Constitución, ni un solo proyecto de presupuestos generales del Estado. Safira Cantos, directora general de la organización, ha resumido las líneas generales del documento antes de dar paso a dos mesas moderadas por la periodista Pilar Velasco.Una primera con el profesor de Derecho Constitucional Germán Teruel —codirector del informe junto a la abogada del Estado Elisa de la Nuez—, la politóloga Cristina Monje y el director de Political Watch, Javier Pérez, y una segunda en la que se ha dado voz a los grupos parlamentarios con Mirian Guardiola (PP), Irene Jódar (PSOE), Juanjo Aizcorbe (Vox) y Francisco Sierra (Sumar). Del informe se desprenden conclusiones nada alentadoras para los partidos que conforman el Gobierno: según el análisis de Hay Derecho, cada vez se presentan menos proyectos de ley —los que nacen directamente del Consejo de Ministros—, hay más iniciativas de la oposición bloqueadas en la Mesa del Congreso mediante la ampliación sistemática del plazo para registrar enmiendas y, por último, más se abusa de la figura del real decreto ley, prevista supuestamente para urgencias.Noticia relacionada No No El Gobierno acumula cinco decretos derogados en dos años: los mismos que en el resto de la democracia Juan Casillas BayoLa socialista Isaura Leal, primera diputada en tomar la palabra ante la ausencia de la presidenta de la Cámara Baja, su compañera Francina Armengol, ha reivindicado el fortalecimiento del Parlamento como «una tarea compartida». Pero precisamente una de las críticas más explícitas de esta primera edición de ‘Informe Parlamento’ se dirige a la Mesa del Congreso, de la que Leal también forma parte, por la práctica de prorrogar los plazos para introducir enmiendas como mecanismo de bloqueo. «Esta es una de las prácticas de filibusterismo parlamentario más preocupantes en la actualidad», subrayan sin paliativos desde Hay Derecho.El ‘congelador’ ArmengolHasta enero, según recaba el dosier, se habían registrado 41 proposiciones de ley y solo siete de ellas habían superado la fase para proponer cambios en el texto. Todas, con la firma del PSOE o su promoción directa por acuerdos con otros grupos parlamentarios. A esta cifra hay que sumar dieciséis leyes procedentes del Senado que también están «congeladas». Este lunes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que desclasificará los documentos del golpe de Estado del 23-F este martes en el Consejo de Ministros. Un anuncio que llama la atención teniendo en cuenta que una de las iniciativas paralizadas en el Congreso, precisamente, es la eterna propuesta del PNV de reformar la Ley sobre Secretos Oficiales, que acumula 72 prórrogas del plazo para registrar enmiendas.A esto se suma lo que Hay Derecho bautiza como ‘proyectos de ley encubiertos’, es decir, las proposiciones de ley que registran el PSOE o Sumar para evitar informes preceptivos de los órganos consultivos del Estado, algo que es obligatorio para los proyectos de ley del Gobierno, pero no para las proposiciones de ley de los grupos parlamentarios. El ejemplo más palmario fue la ley de amnistía que puso en marcha la legislatura. El PSOE y el Gobierno la habían tachado de inconstitucional, de hecho la legislatura anterior ni siquiera fue calificada por la Mesa del Congreso, pero después del 23-J, al constatar su dependencia de los siete diputados de Junts per Catalunya para seguir en la Moncloa, cambiaron de opinión. En vez de registrar un proyecto de ley para un asunto tan sensible, ante el que deberían haberse posicionado el Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial, los socialistas vehicularon el olvido legal del ‘procés’ a través de una proposición de ley. De las 99 proposiciones de ley registradas en 2024, 34 llevaban la firma de al menos uno de los partidos del Ejecutivo.El número de los decretos convalidados en 2024 superó al de las leyes ordinarias y orgánicas aprobadasHay Derecho también pone el foco en el abuso de los reales decretos leyes, una herramienta planteada para casos de extraordinaria necesidad y urgencia, pero que cada vez se emplea más. En 2024, sin ir más lejos, el número de reales decretos leyes convalidados por el Congreso superó al de leyes ordinarias y al de leyes orgánicas. Algo que no sucedía desde el año 2019, en el que hubo dos elecciones generales, y el periodo 2020-2021, en el que estas normas se dispararon por la pandemia del Covid-19. Además, en los últimos años, para más inri, han proliferado los llamados decretos ómnibus, en los que se mezclan asuntos de lo más variopintos con temas que generan consenso para intentar lograr el aval a políticas que, en solitario, no contarían con un apoyo mayoritario. Los dos últimos meses de enero, de hecho, el hartazgo de esta práctica ha provocado que se derogase la revalorización de las pensiones —recuperada después por separado— por estar incluida en un batiburrillo de medidas. En palabras del profesor Teruel, la situación ha generado una «esclerosis parlamentaria» que requiere de soluciones. Él plantea una mayor autonomía del diputado individual y un cambio de la cultura política española para que los grupos parlamentarios no se conviertan en «auténticos agujeros negros». Monje ha apuntalado que la crisis actual deriva de «una falta de confianza en las instituciones». Mientras que Pérez ha animado a reforzar los mecanismos de participación ciudadana. «Puede ser tentador eludir al Congreso cuando surge un problema apremiante. Pero la naturaleza deliberativa del proceso legislativo fue la esencia de su diseño», ha leído Teruel de la sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos contra los aranceles de Donald Trump, en una moraleja que bien podría trasladarse a España y a otras democracias occidentales. «Hay una crisis parlamentaria indisolublemente unida a la crisis de la democracia», ha alertado al cierre del acto el presidente de Hay Derecho, Segismundo Álvarez.
El Congreso de los Diputados ha abierto este lunes sus puertas a la fundación Hay Derecho para la presentación del ‘Informe Parlamento’. La sala Constitucional de la Cámara Baja, presidida por los retratos de los ponentes de la Carta Magna, era en sí misma … toda una declaración de intenciones. Casi tanto como el cuadro ‘El abrazo’, de Juan Genovés, que representa la reconciliación de los españoles en la Transición y cuelga de una de sus paredes. Esa nota de nostalgia servía como contraposición a la cruda realidad tras cotejar los datos: el parlamentarismo español no goza de su mejor momento de salud. No es solo una sensación.
A lo largo de 128 páginas, Hay Derecho, fundación sin ánimo de lucro y con vocación de regeneración democrática, radiografía el actual desempeño de diputados y senadores. Ellos, o mejor dicho, sus grupos parlamentarios, no salen bien parados. Y es que poco se podía esperar de una XV Legislatura en la que el Gobierno de PSOE y Sumar ni siquiera ha sido capaz de presentar, como mandata la Constitución, ni un solo proyecto de presupuestos generales del Estado. Safira Cantos, directora general de la organización, ha resumido las líneas generales del documento antes de dar paso a dos mesas moderadas por la periodista Pilar Velasco.
Una primera con el profesor de Derecho Constitucional Germán Teruel —codirector del informe junto a la abogada del Estado Elisa de la Nuez—, la politóloga Cristina Monje y el director de Political Watch, Javier Pérez, y una segunda en la que se ha dado voz a los grupos parlamentarios con Mirian Guardiola (PP), Irene Jódar (PSOE), Juanjo Aizcorbe (Vox) y Francisco Sierra (Sumar). Del informe se desprenden conclusiones nada alentadoras para los partidos que conforman el Gobierno: según el análisis de Hay Derecho, cada vez se presentan menos proyectos de ley —los que nacen directamente del Consejo de Ministros—, hay más iniciativas de la oposición bloqueadas en la Mesa del Congreso mediante la ampliación sistemática del plazo para registrar enmiendas y, por último, más se abusa de la figura del real decreto ley, prevista supuestamente para urgencias.
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Juan Casillas Bayo
La socialista Isaura Leal, primera diputada en tomar la palabra ante la ausencia de la presidenta de la Cámara Baja, su compañera Francina Armengol, ha reivindicado el fortalecimiento del Parlamento como «una tarea compartida». Pero precisamente una de las críticas más explícitas de esta primera edición de ‘Informe Parlamento’ se dirige a la Mesa del Congreso, de la que Leal también forma parte, por la práctica de prorrogar los plazos para introducir enmiendas como mecanismo de bloqueo. «Esta es una de las prácticas de filibusterismo parlamentario más preocupantes en la actualidad», subrayan sin paliativos desde Hay Derecho.
El ‘congelador’ Armengol
Hasta enero, según recaba el dosier, se habían registrado 41 proposiciones de ley y solo siete de ellas habían superado la fase para proponer cambios en el texto. Todas, con la firma del PSOE o su promoción directa por acuerdos con otros grupos parlamentarios. A esta cifra hay que sumar dieciséis leyes procedentes del Senado que también están «congeladas». Este lunes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que desclasificará los documentos del golpe de Estado del 23-F este martes en el Consejo de Ministros. Un anuncio que llama la atención teniendo en cuenta que una de las iniciativas paralizadas en el Congreso, precisamente, es la eterna propuesta del PNV de reformar la Ley sobre Secretos Oficiales, que acumula 72 prórrogas del plazo para registrar enmiendas.
A esto se suma lo que Hay Derecho bautiza como ‘proyectos de ley encubiertos’, es decir, las proposiciones de ley que registran el PSOE o Sumar para evitar informes preceptivos de los órganos consultivos del Estado, algo que es obligatorio para los proyectos de ley del Gobierno, pero no para las proposiciones de ley de los grupos parlamentarios. El ejemplo más palmario fue la ley de amnistía que puso en marcha la legislatura. El PSOE y el Gobierno la habían tachado de inconstitucional, de hecho la legislatura anterior ni siquiera fue calificada por la Mesa del Congreso, pero después del 23-J, al constatar su dependencia de los siete diputados de Junts per Catalunya para seguir en la Moncloa, cambiaron de opinión. En vez de registrar un proyecto de ley para un asunto tan sensible, ante el que deberían haberse posicionado el Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial, los socialistas vehicularon el olvido legal del ‘procés’ a través de una proposición de ley. De las 99 proposiciones de ley registradas en 2024, 34 llevaban la firma de al menos uno de los partidos del Ejecutivo.
El número de los decretos convalidados en 2024 superó al de las leyes ordinarias y orgánicas aprobadas
Hay Derecho también pone el foco en el abuso de los reales decretos leyes, una herramienta planteada para casos de extraordinaria necesidad y urgencia, pero que cada vez se emplea más. En 2024, sin ir más lejos, el número de reales decretos leyes convalidados por el Congreso superó al de leyes ordinarias y al de leyes orgánicas. Algo que no sucedía desde el año 2019, en el que hubo dos elecciones generales, y el periodo 2020-2021, en el que estas normas se dispararon por la pandemia del Covid-19. Además, en los últimos años, para más inri, han proliferado los llamados decretos ómnibus, en los que se mezclan asuntos de lo más variopintos con temas que generan consenso para intentar lograr el aval a políticas que, en solitario, no contarían con un apoyo mayoritario. Los dos últimos meses de enero, de hecho, el hartazgo de esta práctica ha provocado que se derogase la revalorización de las pensiones —recuperada después por separado— por estar incluida en un batiburrillo de medidas.
En palabras del profesor Teruel, la situación ha generado una «esclerosis parlamentaria» que requiere de soluciones. Él plantea una mayor autonomía del diputado individual y un cambio de la cultura política española para que los grupos parlamentarios no se conviertan en «auténticos agujeros negros». Monje ha apuntalado que la crisis actual deriva de «una falta de confianza en las instituciones». Mientras que Pérez ha animado a reforzar los mecanismos de participación ciudadana. «Puede ser tentador eludir al Congreso cuando surge un problema apremiante. Pero la naturaleza deliberativa del proceso legislativo fue la esencia de su diseño», ha leído Teruel de la sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos contra los aranceles de Donald Trump, en una moraleja que bien podría trasladarse a España y a otras democracias occidentales. «Hay una crisis parlamentaria indisolublemente unida a la crisis de la democracia», ha alertado al cierre del acto el presidente de Hay Derecho, Segismundo Álvarez.
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