Iustitia Europa, el partido político que ejerce la acusación popular en la causa de la Audiencia Nacional en la que se investiga la entrada masiva de inmigrantes los días 30 y 31 de julio en Ceuta, ha pedido a la jueza María Tardón investigar la entrada simultánea de buques de guerra marroquíes en aguas de la ciudad autónoma reconocida por Pedro Sánchez y calificada por el Gobierno de «hecho puntual».En un escrito remitido a la instructora, la acusación solicita que se investigue «el alcance de la incursión, las órdenes de la Armada, los registros de la Guardia Civil y los informes de inteligencia para esclarecer los hechos y las posibles responsabilidades». Iustitia Europa, el partido político que ejerce la acusación popular en la causa de la Audiencia Nacional en la que se investiga la entrada masiva de inmigrantes los días 30 y 31 de julio en Ceuta, ha pedido a la jueza María Tardón investigar la entrada simultánea de buques de guerra marroquíes en aguas de la ciudad autónoma reconocida por Pedro Sánchez y calificada por el Gobierno de «hecho puntual».En un escrito remitido a la instructora, la acusación solicita que se investigue «el alcance de la incursión, las órdenes de la Armada, los registros de la Guardia Civil y los informes de inteligencia para esclarecer los hechos y las posibles responsabilidades».
Iustitia Europa, el partido político que ejerce la acusación popular en la causa de la Audiencia Nacional en la que se investiga la entrada masiva de inmigrantes los días 30 y 31 de julio en Ceuta, ha pedido a la jueza María Tardón investigar la … entrada simultánea de buques de guerra marroquíes en aguas de la ciudad autónoma reconocida por Pedro Sánchez y calificada por el Gobierno de «hecho puntual».
En un escrito remitido a la instructora, la acusación solicita que se investigue «el alcance de la incursión, las órdenes de la Armada, los registros de la Guardia Civil y los informes de inteligencia para esclarecer los hechos y las posibles responsabilidades». Una petición a la que, según se expone también, se ha sumado el Partido Popular.
Tras reconocer la «amplia batería de diligencias» ordenadas por la magistrada para aclarar los hechos -quien aprecia indicios de que la avalancha supuso un delito contra integridad territorial de España, afectando a la paz o independencia del Estado- Iustitia Europa considera que «los hechos conocidos con posterioridad, relativos a la posible entrada y presencia de unidades navales militares del Reino de Marruecos en aguas sometidas a soberanía española, presentan una singularidad fáctica y una potencial trascendencia jurídico-penal que justifican su investigación específica, expresa y diferenciada. No se trataría únicamente de un episodio vinculado al control migratorio o a la vigilancia ordinaria de fronteras, sino de la eventual penetración de buques de guerra pertenecientes a las Fuerzas Armadas de un Estado extranjero en espacios marítimos sujetos a soberanía española, en coincidencia temporal con los acontecimientos que motivaron la incoación de esta causa. De confirmarse tales circunstancias, los hechos podrían presentar relevancia para la investigación de posibles conductas atentatorias contra la independencia, la integridad territorial y la seguridad exterior del Estado», expone.
Recuerda que el artículo 590 del Código Penal español «contempla la responsabilidad penal derivada de actos ilegales o no debidamente autorizados susceptibles de provocar un conflicto con una potencia extranjera o de exponer a los españoles a vejaciones o represalias». Por eso, el presidente del partido, Luis María Pardo, considera que «desde esta perspectiva, la eventual incursión de unidades militares extranjeras en aguas de soberanía española exige esclarecer no solo las circunstancias materiales de dicha presencia, sino también las actuaciones, decisiones y órdenes que pudieran haberse adoptado por las autoridades competentes, así como su eventual incidencia en la seguridad exterior del Estado y en la exposición de ciudadanos españoles a los riesgos específicamente contemplados en dicho precepto».
Para los solicitantes, la presencia de «unidades militares extranjeras en aguas españolas, en un escenario de excepcional tensión fronteriza» requieren que se practiquen diversas diligencias que solicitan para aclarar «qué unidades intervinieron, cuáles fueron sus posiciones y movimientos, bajo qué circunstancias se produjo su presencia, qué autoridades españolas tuvieron conocimiento de ella, qué comunicaciones se mantuvieron y qué decisiones operativas se adoptaron».
Así, entre las diligencias que requieren practicar, partiendo de un «requerimiento urgente para que se conserven los datos» en Defensa, piden a este y otros ministerios: la documentación operativa del despliegue naval español; las comunicaciones diplomáticas y gestiones con el Reino de Marruecos; los informes, valoraciones y actas de los órganos de gestión de crisis de Presidencia que se reunieran por estos hechos; los informes de inteligencia y relación completa de la documentación existente en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI); la información de la vigilancia marítima europea a la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex); la documentación operativa, actuaciones y cadena de mando del Servicio Marítimo de la Dirección General de la Guardia Civil. También la documentación operativa, actuaciones y cadena de mando del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, así como identificar a los mandos responsables del Servicio Marítimo de la Guardia Civil en Ceuta durante las fechas indicadas con el fin de «determinar si la Guardia Civil detectó la presencia de unidades navales marroquíes en aguas españolas, cuándo tuvo conocimiento de ella, qué actuaciones realizó, qué instrucciones recibió y qué autoridades civiles o militares fueron informadas».
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Igualmente requieren a la juez que pida al Centro de Operaciones y Vigilancia de Acción Marítima (COVAM) y al Mando Operativo Marítimo todos los registros, informes y antecedentes obren en su poder relativos a la presencia, identificación y seguimiento de unidades navales militares del Reino de Marruecos en las aguas próximas a Ceuta durante el periodo comprendido entre el 29 de julio y el 10 de agosto de 2026; requerir a la Dirección General de la Guardia Civil para que, a través del Centro de Coordinación de Vigilancia Marítima de Costas y Fronteras y del Centro Regional del Estrecho, con sede en Algeciras, aporte los informes de situación, registros de incidencias, comunicaciones y alertas que pudieran haberse generado durante los acontecimientos investigados y, por último, que por medio de la Armada se identifique «al órgano naval territorial que ejerció las funciones de enlace, vigilancia y coordinación marítima durante los días investigados, requiriéndole para la remisión de los partes de incidencias, comunicaciones con las unidades navales desplegadas, avisos recibidos de otros organismos y documentos relativos a las decisiones operativas adoptadas». También que se identifiquen los mandos responsables de las comunicaciones y actuaciones practicadas, para ver si deberían prestar declaración como testigos.
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