El indulto del Gobierno a la independentista Laura Borràs y a otros dos condenados por corrupción reabre el debate sobre la conveniencia de motivar al máximo esta medida de gracia, especialmente cuando parece responder más a conveniencias políticas o partidistas que a razones de justicia y utilidad pública. Este es el sentir mayoritario de las asociaciones de jueces y fiscales sobre el indulto concedido a la expresidenta del Parlament en el último Consejo de Ministros celebrado antes del verano. Si bien consideran que el indulto es una herramienta legal que resulta necesaria para el sistema, creen que requiere de una revisión profunda y un uso más riguroso. Para la mayoría de los consultados, los delitos de corrupción y contra la Administración Pública representan una línea roja que socava la confianza ciudadana en el Estado de derecho.Desde la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) Alejandro Mariscal recuerda que no corresponde a los jueces «valorar la oportunidad de una decisión concreta». Sin embargo, pone el foco en el daño estructural que ciertos indultos causan al sistema: «Los delitos de corrupción afectan directamente a la confianza de los ciudadanos en las instituciones», dice. Por este motivo, cualquier intromisión del Gobierno en el Poder Judicial «debe estar especialmente motivada y explicada».Mariscal ve «razonable abrir un debate» sobre si la regulación actual del indulto necesita una actualización que refuerce la transparencia y la motivación, «especialmente cuando afecta a delitos contra la Administración Pública». Se trataría, dice, de encontrar «un equilibrio adecuado» entre el mantenimiento de una institución histórica y el fortalecimiento de la credibilidad del sistema.Por su parte, Marien Ortega, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, suscribe la necesidad de proteger la imagen de la Justicia frente a la injerencia política. Al igual que Mariscal, opina que «los delitos de corrupción afectan directamente a la confianza de los ciudadanos en las instituciones» y que cualquier decisión que incida sobre las sentencias firmes «debe estar especialmente motivada y explicada». Una reforma legislativa debería buscar «un adecuado equilibrio» que preserve la institución y a la vez blinde la «credibilidad del sistema de Justicia». Para el portavoz de Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD ), el verdadero valor del indulto radica en su capacidad para limar las asperezas de un Código Penal que a veces resulta inflexible. «Los indultos que piden los propios tribunales revelan el enorme rigor punitivo de nuestro Código Penal, que constatan incluso quienes condenan aplicando estrictamente sus previsiones», explica Rodríguez, En este sentido recuerda que «estas peticiones son habituales en casos de delitos contra la salud pública». A su juicio, el marco legal actual es suficiente si el Ejecutivo actúa con responsabilidad. «No hace falta reforma legal sino un uso prudente del derecho de gracia, como ocurre cuando, como acaba de suceder (en el caso de Laura Borràs), es el propio tribunal que condena quien solicita al Gobierno un indulto parcial». Quien sí aboga por una modificación legal es Fernando Portillo, de Foro Judicial Independiente (FJI) . En su opinión, el indulto tiene «poco encaje en un sistema constitucional como el nuestro», pues es una figura que viene del feudalismo. No obstante, reconoce que «puede ser útil para corregir eternas injusticias que resultan de una aplicación exhaustiva de la ley». En su opinión el problema es que se está haciendo un uso excesivo de una medida que debería ser excepcional, y esto a ojos de la sociedad, se percibe como «un recurso del poderoso» para lograr influencias políticas, consiguiendo en los despachos «lo que sus abogados no pueden conseguir en los tribunales».Para remediarlo, Portillo aboga por una reforma urgente de la ley de 1870 que además de establecer la necesidad legal de motivar «exhaustivamente» el indulto, excluya los delitos de corrupción para evitar que sea «una herramienta para lograr su propia impunidad». Por último, insta a que se dé voz a las víctimas, limitar las peticiones de terceros afines a partidos políticos y exigir que los informes de los tribunales sentenciadores y de la Fiscalía tengan carácter vinculante.Desde el Ministerio Público, Cristina Dexeus, presidenta de la mayoritaria Asociación de Fiscales (AF) , recuerda que aunque el indulto tiene utilidad práctica para paliar «injusticias que resultan de una aplicación exhaustiva» de las normas penales, su uso actual desvirtúa la justicia, pues hay muchos indultos cuestionables. Dexeus propone también que se obligue a motivarlos de forma «exhaustiva» y no con referencias genéricas a la utilidad pública o la justicia, de forma que los jueces puedan fiscalizar la realidad de dicha medida. Además, es partidaria de que se excluyan los delitos de corrupción. Finalmente, respalda la necesidad de que sea «necesaria siempre la participación favorable del Ministerio Fiscal» y del tribunal sentenciador. El indulto del Gobierno a la independentista Laura Borràs y a otros dos condenados por corrupción reabre el debate sobre la conveniencia de motivar al máximo esta medida de gracia, especialmente cuando parece responder más a conveniencias políticas o partidistas que a razones de justicia y utilidad pública. Este es el sentir mayoritario de las asociaciones de jueces y fiscales sobre el indulto concedido a la expresidenta del Parlament en el último Consejo de Ministros celebrado antes del verano. Si bien consideran que el indulto es una herramienta legal que resulta necesaria para el sistema, creen que requiere de una revisión profunda y un uso más riguroso. Para la mayoría de los consultados, los delitos de corrupción y contra la Administración Pública representan una línea roja que socava la confianza ciudadana en el Estado de derecho.Desde la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) Alejandro Mariscal recuerda que no corresponde a los jueces «valorar la oportunidad de una decisión concreta». Sin embargo, pone el foco en el daño estructural que ciertos indultos causan al sistema: «Los delitos de corrupción afectan directamente a la confianza de los ciudadanos en las instituciones», dice. Por este motivo, cualquier intromisión del Gobierno en el Poder Judicial «debe estar especialmente motivada y explicada».Mariscal ve «razonable abrir un debate» sobre si la regulación actual del indulto necesita una actualización que refuerce la transparencia y la motivación, «especialmente cuando afecta a delitos contra la Administración Pública». Se trataría, dice, de encontrar «un equilibrio adecuado» entre el mantenimiento de una institución histórica y el fortalecimiento de la credibilidad del sistema.Por su parte, Marien Ortega, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, suscribe la necesidad de proteger la imagen de la Justicia frente a la injerencia política. Al igual que Mariscal, opina que «los delitos de corrupción afectan directamente a la confianza de los ciudadanos en las instituciones» y que cualquier decisión que incida sobre las sentencias firmes «debe estar especialmente motivada y explicada». Una reforma legislativa debería buscar «un adecuado equilibrio» que preserve la institución y a la vez blinde la «credibilidad del sistema de Justicia». Para el portavoz de Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD ), el verdadero valor del indulto radica en su capacidad para limar las asperezas de un Código Penal que a veces resulta inflexible. «Los indultos que piden los propios tribunales revelan el enorme rigor punitivo de nuestro Código Penal, que constatan incluso quienes condenan aplicando estrictamente sus previsiones», explica Rodríguez, En este sentido recuerda que «estas peticiones son habituales en casos de delitos contra la salud pública». A su juicio, el marco legal actual es suficiente si el Ejecutivo actúa con responsabilidad. «No hace falta reforma legal sino un uso prudente del derecho de gracia, como ocurre cuando, como acaba de suceder (en el caso de Laura Borràs), es el propio tribunal que condena quien solicita al Gobierno un indulto parcial». Quien sí aboga por una modificación legal es Fernando Portillo, de Foro Judicial Independiente (FJI) . En su opinión, el indulto tiene «poco encaje en un sistema constitucional como el nuestro», pues es una figura que viene del feudalismo. No obstante, reconoce que «puede ser útil para corregir eternas injusticias que resultan de una aplicación exhaustiva de la ley». En su opinión el problema es que se está haciendo un uso excesivo de una medida que debería ser excepcional, y esto a ojos de la sociedad, se percibe como «un recurso del poderoso» para lograr influencias políticas, consiguiendo en los despachos «lo que sus abogados no pueden conseguir en los tribunales».Para remediarlo, Portillo aboga por una reforma urgente de la ley de 1870 que además de establecer la necesidad legal de motivar «exhaustivamente» el indulto, excluya los delitos de corrupción para evitar que sea «una herramienta para lograr su propia impunidad». Por último, insta a que se dé voz a las víctimas, limitar las peticiones de terceros afines a partidos políticos y exigir que los informes de los tribunales sentenciadores y de la Fiscalía tengan carácter vinculante.Desde el Ministerio Público, Cristina Dexeus, presidenta de la mayoritaria Asociación de Fiscales (AF) , recuerda que aunque el indulto tiene utilidad práctica para paliar «injusticias que resultan de una aplicación exhaustiva» de las normas penales, su uso actual desvirtúa la justicia, pues hay muchos indultos cuestionables. Dexeus propone también que se obligue a motivarlos de forma «exhaustiva» y no con referencias genéricas a la utilidad pública o la justicia, de forma que los jueces puedan fiscalizar la realidad de dicha medida. Además, es partidaria de que se excluyan los delitos de corrupción. Finalmente, respalda la necesidad de que sea «necesaria siempre la participación favorable del Ministerio Fiscal» y del tribunal sentenciador.
El indulto del Gobierno a la independentista Laura Borràs y a otros dos condenados por corrupción reabre el debate sobre la conveniencia de motivar al máximo esta medida de gracia, especialmente cuando parece responder más a conveniencias políticas o partidistas que a razones de justicia … y utilidad pública. Este es el sentir mayoritario de las asociaciones de jueces y fiscales sobre el indulto concedido a la expresidenta del Parlament en el último Consejo de Ministros celebrado antes del verano. Si bien consideran que el indulto es una herramienta legal que resulta necesaria para el sistema, creen que requiere de una revisión profunda y un uso más riguroso. Para la mayoría de los consultados, los delitos de corrupción y contra la Administración Pública representan una línea roja que socava la confianza ciudadana en el Estado de derecho.
Desde la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) Alejandro Mariscal recuerda que no corresponde a los jueces «valorar la oportunidad de una decisión concreta». Sin embargo, pone el foco en el daño estructural que ciertos indultos causan al sistema: «Los delitos de corrupción afectan directamente a la confianza de los ciudadanos en las instituciones», dice. Por este motivo, cualquier intromisión del Gobierno en el Poder Judicial «debe estar especialmente motivada y explicada».
Mariscal ve «razonable abrir un debate» sobre si la regulación actual del indulto necesita una actualización que refuerce la transparencia y la motivación, «especialmente cuando afecta a delitos contra la Administración Pública». Se trataría, dice, de encontrar «un equilibrio adecuado» entre el mantenimiento de una institución histórica y el fortalecimiento de la credibilidad del sistema.
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Por su parte, Marien Ortega, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, suscribe la necesidad de proteger la imagen de la Justicia frente a la injerencia política. Al igual que Mariscal, opina que «los delitos de corrupción afectan directamente a la confianza de los ciudadanos en las instituciones» y que cualquier decisión que incida sobre las sentencias firmes «debe estar especialmente motivada y explicada». Una reforma legislativa debería buscar «un adecuado equilibrio» que preserve la institución y a la vez blinde la «credibilidad del sistema de Justicia».
Para el portavoz de Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD), el verdadero valor del indulto radica en su capacidad para limar las asperezas de un Código Penal que a veces resulta inflexible. «Los indultos que piden los propios tribunales revelan el enorme rigor punitivo de nuestro Código Penal, que constatan incluso quienes condenan aplicando estrictamente sus previsiones», explica Rodríguez, En este sentido recuerda que «estas peticiones son habituales en casos de delitos contra la salud pública». A su juicio, el marco legal actual es suficiente si el Ejecutivo actúa con responsabilidad. «No hace falta reforma legal sino un uso prudente del derecho de gracia, como ocurre cuando, como acaba de suceder (en el caso de Laura Borràs), es el propio tribunal que condena quien solicita al Gobierno un indulto parcial».
Quien sí aboga por una modificación legal es Fernando Portillo, de Foro Judicial Independiente (FJI). En su opinión, el indulto tiene «poco encaje en un sistema constitucional como el nuestro», pues es una figura que viene del feudalismo. No obstante, reconoce que «puede ser útil para corregir eternas injusticias que resultan de una aplicación exhaustiva de la ley». En su opinión el problema es que se está haciendo un uso excesivo de una medida que debería ser excepcional, y esto a ojos de la sociedad, se percibe como «un recurso del poderoso» para lograr influencias políticas, consiguiendo en los despachos «lo que sus abogados no pueden conseguir en los tribunales».
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Para remediarlo, Portillo aboga por una reforma urgente de la ley de 1870 que además de establecer la necesidad legal de motivar «exhaustivamente» el indulto, excluya los delitos de corrupción para evitar que sea «una herramienta para lograr su propia impunidad». Por último, insta a que se dé voz a las víctimas, limitar las peticiones de terceros afines a partidos políticos y exigir que los informes de los tribunales sentenciadores y de la Fiscalía tengan carácter vinculante.
Desde el Ministerio Público, Cristina Dexeus, presidenta de la mayoritaria Asociación de Fiscales (AF), recuerda que aunque el indulto tiene utilidad práctica para paliar «injusticias que resultan de una aplicación exhaustiva» de las normas penales, su uso actual desvirtúa la justicia, pues hay muchos indultos cuestionables. Dexeus propone también que se obligue a motivarlos de forma «exhaustiva» y no con referencias genéricas a la utilidad pública o la justicia, de forma que los jueces puedan fiscalizar la realidad de dicha medida. Además, es partidaria de que se excluyan los delitos de corrupción. Finalmente, respalda la necesidad de que sea «necesaria siempre la participación favorable del Ministerio Fiscal» y del tribunal sentenciador.
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