La Plataforma Cívica por la Independencia (PCI), que ha llevado a las instancias europeas cuestiones como la politización del sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), exige al Gobierno que dé marcha atrás en la composición del comité que tiene que elegir al juez español en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) al entender que su composición atenta contra la independencia judicial. Amenazan con llevar esta nueva injerencia a Europa. Tras la publicación en el BOE, el pasado 12 de marzo de 2026, de la convocatoria para cubrir esta plaza, la asociación ha emitido un comunicado en el que denuncia que el actual sistema de elección está diseñado para asegurar el control gubernamental sobre la terna de candidatos, como ha informado ABC. El centro de las críticas se sitúa en el Real Decreto 972/2020 , una norma que todavía rige el procedimiento y que configura un comité de selección donde la representación judicial es meramente testimonial. Según advierte la PCIJ, este órgano está integrado mayoritariamente por altos cargos del Gobierno: los secretarios de Estado de Exteriores, Justicia y Presidencia. Frente a este despliegue del poder político, solo se permite un vocal propuesto por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Esta composición, a juicio de la Plataforma, no es solo una cuestión estética, sino una violación directa de los estándares internacionales. El comunicado recuerda que tanto las Recomendaciones del Comité de Ministros del Consejo de Europa de 2012 como el más reciente Memorándum de la Asamblea Parlamentaria de 2025 exigen un órgano de selección «equilibrado, transparente e independiente» del poder político.«Atentado sistemático» Para la PCIJ, no se trata de un episodio aislado, sino de un «atentado sistemático contra la separación de poderes» que ya ha sido denunciado en informes anteriores ante la Comisión Europea. La asociación sostiene que permitir que el Gobierno configure una terna con perfiles «afines» daña gravemente la imagen de España y vulnera el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que garantiza el derecho a un tribunal independiente e imparcial. «Este método genera una imagen de politización que daña gravemente la credibilidad de España ante las instituciones europeas», reza el comunicado. Ante este escenario, la Plataforma ha planteado un ultimátum para evitar que el proceso nazca viciado de nulidad: exigen una reforma inmediata para que el comité de selección sea integrado mayoritariamente por jueces y académicos elegidos bajo criterios de mérito y capacidad. Además, solicitan la publicación íntegra de los currículos de los candidatos y la celebración de audiencias públicas obligatorias antes de decidir los nombres que viajarán a Estrasburgo. Y piden, ademas, un sistema de incompatibilidades riguroso que impida cualquier «apariencia de afinidad política». Los juristas que conforman la plataforma aseguran que mantendrán una «vigilancia estrecha» sobre este proceso y que si persiste la vulneración de los estándares de independencia, no dudará en elevar su denuncia ante «las instancias europeas competentes». En virtud del citado Real Decreto 972/2020, el comité que se encargará de seleccionar la terna de candidatos del que saldrá el nuevo juez español en Estrasburgo está formada por el secretario de Estado de Asuntos Exteriores (Diego Martínez Belío), el de Justicia (Manuel Olmedo), el subsecretario de la Presidencia (Alberto Herrera). Lo completarán dos juristas: la vocal del CGPJ (y juez) Gema Espinosa y la consejera permanente del Consejo de Estado Paz Andrés. La Plataforma Cívica por la Independencia (PCI), que ha llevado a las instancias europeas cuestiones como la politización del sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), exige al Gobierno que dé marcha atrás en la composición del comité que tiene que elegir al juez español en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) al entender que su composición atenta contra la independencia judicial. Amenazan con llevar esta nueva injerencia a Europa. Tras la publicación en el BOE, el pasado 12 de marzo de 2026, de la convocatoria para cubrir esta plaza, la asociación ha emitido un comunicado en el que denuncia que el actual sistema de elección está diseñado para asegurar el control gubernamental sobre la terna de candidatos, como ha informado ABC. El centro de las críticas se sitúa en el Real Decreto 972/2020 , una norma que todavía rige el procedimiento y que configura un comité de selección donde la representación judicial es meramente testimonial. Según advierte la PCIJ, este órgano está integrado mayoritariamente por altos cargos del Gobierno: los secretarios de Estado de Exteriores, Justicia y Presidencia. Frente a este despliegue del poder político, solo se permite un vocal propuesto por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Esta composición, a juicio de la Plataforma, no es solo una cuestión estética, sino una violación directa de los estándares internacionales. El comunicado recuerda que tanto las Recomendaciones del Comité de Ministros del Consejo de Europa de 2012 como el más reciente Memorándum de la Asamblea Parlamentaria de 2025 exigen un órgano de selección «equilibrado, transparente e independiente» del poder político.«Atentado sistemático» Para la PCIJ, no se trata de un episodio aislado, sino de un «atentado sistemático contra la separación de poderes» que ya ha sido denunciado en informes anteriores ante la Comisión Europea. La asociación sostiene que permitir que el Gobierno configure una terna con perfiles «afines» daña gravemente la imagen de España y vulnera el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que garantiza el derecho a un tribunal independiente e imparcial. «Este método genera una imagen de politización que daña gravemente la credibilidad de España ante las instituciones europeas», reza el comunicado. Ante este escenario, la Plataforma ha planteado un ultimátum para evitar que el proceso nazca viciado de nulidad: exigen una reforma inmediata para que el comité de selección sea integrado mayoritariamente por jueces y académicos elegidos bajo criterios de mérito y capacidad. Además, solicitan la publicación íntegra de los currículos de los candidatos y la celebración de audiencias públicas obligatorias antes de decidir los nombres que viajarán a Estrasburgo. Y piden, ademas, un sistema de incompatibilidades riguroso que impida cualquier «apariencia de afinidad política». Los juristas que conforman la plataforma aseguran que mantendrán una «vigilancia estrecha» sobre este proceso y que si persiste la vulneración de los estándares de independencia, no dudará en elevar su denuncia ante «las instancias europeas competentes». En virtud del citado Real Decreto 972/2020, el comité que se encargará de seleccionar la terna de candidatos del que saldrá el nuevo juez español en Estrasburgo está formada por el secretario de Estado de Asuntos Exteriores (Diego Martínez Belío), el de Justicia (Manuel Olmedo), el subsecretario de la Presidencia (Alberto Herrera). Lo completarán dos juristas: la vocal del CGPJ (y juez) Gema Espinosa y la consejera permanente del Consejo de Estado Paz Andrés.
La Plataforma Cívica por la Independencia (PCI), que ha llevado a las instancias europeas cuestiones como la politización del sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), exige al Gobierno que dé marcha atrás en la composición del comité que tiene … que elegir al juez español en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) al entender que su composición atenta contra la independencia judicial. Amenazan con llevar esta nueva injerencia a Europa.
Tras la publicación en el BOE, el pasado 12 de marzo de 2026, de la convocatoria para cubrir esta plaza, la asociación ha emitido un comunicado en el que denuncia que el actual sistema de elección está diseñado para asegurar el control gubernamental sobre la terna de candidatos, como ha informado ABC.
El centro de las críticas se sitúa en el Real Decreto 972/2020, una norma que todavía rige el procedimiento y que configura un comité de selección donde la representación judicial es meramente testimonial. Según advierte la PCIJ, este órgano está integrado mayoritariamente por altos cargos del Gobierno: los secretarios de Estado de Exteriores, Justicia y Presidencia. Frente a este despliegue del poder político, solo se permite un vocal propuesto por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Esta composición, a juicio de la Plataforma, no es solo una cuestión estética, sino una violación directa de los estándares internacionales.
El comunicado recuerda que tanto las Recomendaciones del Comité de Ministros del Consejo de Europa de 2012 como el más reciente Memorándum de la Asamblea Parlamentaria de 2025 exigen un órgano de selección «equilibrado, transparente e independiente» del poder político.
«Atentado sistemático»
Para la PCIJ, no se trata de un episodio aislado, sino de un «atentado sistemático contra la separación de poderes» que ya ha sido denunciado en informes anteriores ante la Comisión Europea. La asociación sostiene que permitir que el Gobierno configure una terna con perfiles «afines» daña gravemente la imagen de España y vulnera el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que garantiza el derecho a un tribunal independiente e imparcial.
«Este método genera una imagen de politización que daña gravemente la credibilidad de España ante las instituciones europeas», reza el comunicado. Ante este escenario, la Plataforma ha planteado un ultimátum para evitar que el proceso nazca viciado de nulidad: exigen una reforma inmediata para que el comité de selección sea integrado mayoritariamente por jueces y académicos elegidos bajo criterios de mérito y capacidad. Además, solicitan la publicación íntegra de los currículos de los candidatos y la celebración de audiencias públicas obligatorias antes de decidir los nombres que viajarán a Estrasburgo. Y piden, ademas, un sistema de incompatibilidades riguroso que impida cualquier «apariencia de afinidad política».
Los juristas que conforman la plataforma aseguran que mantendrán una «vigilancia estrecha» sobre este proceso y que si persiste la vulneración de los estándares de independencia, no dudará en elevar su denuncia ante «las instancias europeas competentes».
En virtud del citado Real Decreto 972/2020, el comité que se encargará de seleccionar la terna de candidatos del que saldrá el nuevo juez español en Estrasburgo está formada por el secretario de Estado de Asuntos Exteriores (Diego Martínez Belío), el de Justicia (Manuel Olmedo), el subsecretario de la Presidencia (Alberto Herrera). Lo completarán dos juristas: la vocal del CGPJ (y juez) Gema Espinosa y la consejera permanente del Consejo de Estado Paz Andrés.
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