«El Estado de derecho se caracteriza fundamentalmente por dos elementos: el sometimiento de todos los poderes públicos a la Constitución, que actúa como el faro que guía a la sociedad democrática, y el respeto a las minorías. Parafraseando a Kelsen,’la democracia no es solo la voluntad de la mayoría, sino también la protección de los derechos de las minorías’». Con estas palabras arrancó ayer su intervención el exmagistrado del Tribunal Constitucional y actual magistrado del Supremo Antonio Narváez en un intenso debate jurídico sobre la encrucijada en la que se encuentra el órgano de garantías, tanto en su relación con la justicia europea como con la sociedad, que no es ajena a la crisis reputacional que el TC atraviesa en los últimos tiempos.Noticia Relacionada estandar Si El Constitucional suprime cuatro párrafos que beneficiaban a Puigdemont con la amnistía Nati Villanueva Dos magistrados avisaron de que el borrador sobre el recurso de Aragón contradecía al Supremo y anticipaba la decisión sobre el amparo al prófugoEl Tribunal Constitucional tiene dos funciones esenciales: ser el máximo guardián de la Carta Magna y preservar el propio orden constitucional, recordó Narváez en las jornadas organizadas por Foro Judicial Independiente en el TSJ de Madrid. « Su legitimidad no proviene de una fuente política , sino única y exclusivamente de su respeto a la Constitución y al cumplimiento» de la ley que lo regula. En este sentido, subrayó que aunque sus funciones son obvias, «necesitan ser reafirmadas en los tiempos actuales», demostrando que la responsabilidad del cargo exige una «dedicación como servidor público por encima de afiliaciones políticas». No dudó Narváez en expresar su «incomprensión» ante recientes cambios de doctrina (‘overrulings’) del Tribunal Constitucional desde 2023, cambios que considera «cuestionables y poco fundamentados» en áreas como el derecho a la vida, el medio ambiente y la interpretación de la legalidad ordinaria, en referencia al caso ERE, que no nombró pero al que se refirió de forma explícita al abordar la «extralimitación» del TC respecto a la malversación confirmada por el Supremo. Defendió Narváez como el resto de ponentes el derecho de cualquier juez a elevar una cuestión prejudicial a Europa cuando aprecien cualquier contradicción con el derecho de la Unión, porque, como recordó el expresidente del TC Pedro Cruz Villalón , presente en el debate, los jueces nacionales lo son también europeos y eso exige asumir los estándares de la Unión en materia de independencia y organización judicial.En este sentido, Cruz Villalón defendió que la coordinación entre TC y TJUE debe desarrollarse «sin complejos», «respetando la primacía» del derecho de la Unión, algo que a los tribunales constitucionales, y no solo al nuestro, le cuesta, como si tuvieran que «pelear su subsistencia a base de una identidad propia» que sólo se puede conseguir «contemplando los problemas vitales con una riqueza argumental que haga que ante la opinión pública diga ‘este Tribunal Constitucional nos hace falta’. Lo único que puede salvar a un Tribunal Constitucional es la excelencia en su trabajo», insistió el expresidente del órgano de garantías.Cuestiones prejudicialesPor su parte, la exvicepresidenta del TJUE, la española Rosario Silva , recordó que la facultad de los jueces nacionales «no puede verse limitada por decisiones de órganos superiores, y eso incluye al TC». En este sentido aludió a las «amplísimas facultades» de los órganos jurisdiccionales nacionales para dirigirse al TJUE con el fin de garantizar la eficacia del derecho de la Unión: «Es una obligación». En el mismo sentido el catedrático de Constitucional Víctor Ferreres lamentó que el Tribunal Constitucional «no haya encontrado todavía su lugar» y le cueste tanto admitir la primacía del derecho comunitario. «Por razones de seguridad jurídica el Estado tiene obligación de eliminar las normas contrarias al derecho de la UE».El fallo sobre la amnistíaSobre la sala sobrevolaba la amnistía y el inminente pronunciamiento del Tribunal de Luxemburgo con motivo de la cuestión prejudicial presentada por el Tribunal de Cuentas a instancias de Sociedad Civil Catalana. Su vicepresidenta, la catedrática Teresa Freixes . también participó en el debate, en el que explicó la trascendencia del fallo del TJUE, que llegará dos meses después de las conclusiones del Abogado General, previstas para el 13 de noviembre. Por último, el magistrado del TSJ de Castilla-La Mancha Jaime Lozano criticó el papel del TC con la amnistía y llegó a decir que el tribunal es «una amenaza para la libertad, un peligro para los derechos de los españoles». Alertó, además, de que no hay marcha atrás desde el momento en que el Estado «ha dado la razón a quienes dieron un golpe de Estado». Se mostró convencido de que «si esta ley la hubiera hecho otro partido se habría declarado inconstitucional». «El Estado de derecho se caracteriza fundamentalmente por dos elementos: el sometimiento de todos los poderes públicos a la Constitución, que actúa como el faro que guía a la sociedad democrática, y el respeto a las minorías. Parafraseando a Kelsen,’la democracia no es solo la voluntad de la mayoría, sino también la protección de los derechos de las minorías’». Con estas palabras arrancó ayer su intervención el exmagistrado del Tribunal Constitucional y actual magistrado del Supremo Antonio Narváez en un intenso debate jurídico sobre la encrucijada en la que se encuentra el órgano de garantías, tanto en su relación con la justicia europea como con la sociedad, que no es ajena a la crisis reputacional que el TC atraviesa en los últimos tiempos.Noticia Relacionada estandar Si El Constitucional suprime cuatro párrafos que beneficiaban a Puigdemont con la amnistía Nati Villanueva Dos magistrados avisaron de que el borrador sobre el recurso de Aragón contradecía al Supremo y anticipaba la decisión sobre el amparo al prófugoEl Tribunal Constitucional tiene dos funciones esenciales: ser el máximo guardián de la Carta Magna y preservar el propio orden constitucional, recordó Narváez en las jornadas organizadas por Foro Judicial Independiente en el TSJ de Madrid. « Su legitimidad no proviene de una fuente política , sino única y exclusivamente de su respeto a la Constitución y al cumplimiento» de la ley que lo regula. En este sentido, subrayó que aunque sus funciones son obvias, «necesitan ser reafirmadas en los tiempos actuales», demostrando que la responsabilidad del cargo exige una «dedicación como servidor público por encima de afiliaciones políticas». No dudó Narváez en expresar su «incomprensión» ante recientes cambios de doctrina (‘overrulings’) del Tribunal Constitucional desde 2023, cambios que considera «cuestionables y poco fundamentados» en áreas como el derecho a la vida, el medio ambiente y la interpretación de la legalidad ordinaria, en referencia al caso ERE, que no nombró pero al que se refirió de forma explícita al abordar la «extralimitación» del TC respecto a la malversación confirmada por el Supremo. Defendió Narváez como el resto de ponentes el derecho de cualquier juez a elevar una cuestión prejudicial a Europa cuando aprecien cualquier contradicción con el derecho de la Unión, porque, como recordó el expresidente del TC Pedro Cruz Villalón , presente en el debate, los jueces nacionales lo son también europeos y eso exige asumir los estándares de la Unión en materia de independencia y organización judicial.En este sentido, Cruz Villalón defendió que la coordinación entre TC y TJUE debe desarrollarse «sin complejos», «respetando la primacía» del derecho de la Unión, algo que a los tribunales constitucionales, y no solo al nuestro, le cuesta, como si tuvieran que «pelear su subsistencia a base de una identidad propia» que sólo se puede conseguir «contemplando los problemas vitales con una riqueza argumental que haga que ante la opinión pública diga ‘este Tribunal Constitucional nos hace falta’. Lo único que puede salvar a un Tribunal Constitucional es la excelencia en su trabajo», insistió el expresidente del órgano de garantías.Cuestiones prejudicialesPor su parte, la exvicepresidenta del TJUE, la española Rosario Silva , recordó que la facultad de los jueces nacionales «no puede verse limitada por decisiones de órganos superiores, y eso incluye al TC». En este sentido aludió a las «amplísimas facultades» de los órganos jurisdiccionales nacionales para dirigirse al TJUE con el fin de garantizar la eficacia del derecho de la Unión: «Es una obligación». En el mismo sentido el catedrático de Constitucional Víctor Ferreres lamentó que el Tribunal Constitucional «no haya encontrado todavía su lugar» y le cueste tanto admitir la primacía del derecho comunitario. «Por razones de seguridad jurídica el Estado tiene obligación de eliminar las normas contrarias al derecho de la UE».El fallo sobre la amnistíaSobre la sala sobrevolaba la amnistía y el inminente pronunciamiento del Tribunal de Luxemburgo con motivo de la cuestión prejudicial presentada por el Tribunal de Cuentas a instancias de Sociedad Civil Catalana. Su vicepresidenta, la catedrática Teresa Freixes . también participó en el debate, en el que explicó la trascendencia del fallo del TJUE, que llegará dos meses después de las conclusiones del Abogado General, previstas para el 13 de noviembre. Por último, el magistrado del TSJ de Castilla-La Mancha Jaime Lozano criticó el papel del TC con la amnistía y llegó a decir que el tribunal es «una amenaza para la libertad, un peligro para los derechos de los españoles». Alertó, además, de que no hay marcha atrás desde el momento en que el Estado «ha dado la razón a quienes dieron un golpe de Estado». Se mostró convencido de que «si esta ley la hubiera hecho otro partido se habría declarado inconstitucional».
«El Estado de derecho se caracteriza fundamentalmente por dos elementos: el sometimiento de todos los poderes públicos a la Constitución, que actúa como el faro que guía a la sociedad democrática, y el respeto a las minorías. Parafraseando a Kelsen,’la democracia no es … solo la voluntad de la mayoría, sino también la protección de los derechos de las minorías’». Con estas palabras arrancó ayer su intervención el exmagistrado del Tribunal Constitucional y actual magistrado del Supremo Antonio Narváez en un intenso debate jurídico sobre la encrucijada en la que se encuentra el órgano de garantías, tanto en su relación con la justicia europea como con la sociedad, que no es ajena a la crisis reputacional que el TC atraviesa en los últimos tiempos.
El Tribunal Constitucional tiene dos funciones esenciales: ser el máximo guardián de la Carta Magna y preservar el propio orden constitucional, recordó Narváez en las jornadas organizadas por Foro Judicial Independiente en el TSJ de Madrid. «Su legitimidad no proviene de una fuente política, sino única y exclusivamente de su respeto a la Constitución y al cumplimiento» de la ley que lo regula. En este sentido, subrayó que aunque sus funciones son obvias, «necesitan ser reafirmadas en los tiempos actuales», demostrando que la responsabilidad del cargo exige una «dedicación como servidor público por encima de afiliaciones políticas».
No dudó Narváez en expresar su «incomprensión» ante recientes cambios de doctrina (‘overrulings’) del Tribunal Constitucional desde 2023, cambios que considera «cuestionables y poco fundamentados» en áreas como el derecho a la vida, el medio ambiente y la interpretación de la legalidad ordinaria, en referencia al caso ERE, que no nombró pero al que se refirió de forma explícita al abordar la «extralimitación» del TC respecto a la malversación confirmada por el Supremo.
Defendió Narváez como el resto de ponentes el derecho de cualquier juez a elevar una cuestión prejudicial a Europa cuando aprecien cualquier contradicción con el derecho de la Unión, porque, como recordó el expresidente del TC Pedro Cruz Villalón, presente en el debate, los jueces nacionales lo son también europeos y eso exige asumir los estándares de la Unión en materia de independencia y organización judicial.
En este sentido, Cruz Villalón defendió que la coordinación entre TC y TJUE debe desarrollarse «sin complejos», «respetando la primacía» del derecho de la Unión, algo que a los tribunales constitucionales, y no solo al nuestro, le cuesta, como si tuvieran que «pelear su subsistencia a base de una identidad propia» que sólo se puede conseguir «contemplando los problemas vitales con una riqueza argumental que haga que ante la opinión pública diga ‘este Tribunal Constitucional nos hace falta’. Lo único que puede salvar a un Tribunal Constitucional es la excelencia en su trabajo», insistió el expresidente del órgano de garantías.
Cuestiones prejudiciales
Por su parte, la exvicepresidenta del TJUE, la española Rosario Silva, recordó que la facultad de los jueces nacionales «no puede verse limitada por decisiones de órganos superiores, y eso incluye al TC». En este sentido aludió a las «amplísimas facultades» de los órganos jurisdiccionales nacionales para dirigirse al TJUE con el fin de garantizar la eficacia del derecho de la Unión: «Es una obligación».
En el mismo sentido el catedrático de Constitucional Víctor Ferreres lamentó que el Tribunal Constitucional «no haya encontrado todavía su lugar» y le cueste tanto admitir la primacía del derecho comunitario. «Por razones de seguridad jurídica el Estado tiene obligación de eliminar las normas contrarias al derecho de la UE».
El fallo sobre la amnistía
Sobre la sala sobrevolaba la amnistía y el inminente pronunciamiento del Tribunal de Luxemburgo con motivo de la cuestión prejudicial presentada por el Tribunal de Cuentas a instancias de Sociedad Civil Catalana. Su vicepresidenta, la catedrática Teresa Freixes. también participó en el debate, en el que explicó la trascendencia del fallo del TJUE, que llegará dos meses después de las conclusiones del Abogado General, previstas para el 13 de noviembre.
Por último, el magistrado del TSJ de Castilla-La Mancha Jaime Lozano criticó el papel del TC con la amnistía y llegó a decir que el tribunal es «una amenaza para la libertad, un peligro para los derechos de los españoles». Alertó, además, de que no hay marcha atrás desde el momento en que el Estado «ha dado la razón a quienes dieron un golpe de Estado». Se mostró convencido de que «si esta ley la hubiera hecho otro partido se habría declarado inconstitucional».
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