Los contribuyentes van a estar menos solos en la Comunidad de Madrid cuando tengan que enfrentarse a la administración, un trámite que nunca es agradable y ante el que muchos pueden sentirse indefensos e impotentes. El Consejo de Gobierno regional, presidido por Isabel Díaz Ayuso, ha aprobado este miércoles la nueva ley de Defensa del Contribuyente, con el objetivo de garantizar la seguridad jurídica y facilitar las gestiones fiscales. Esta ley obligará a la administración a pedir disculpas formales al contribuyente cuando la Justicia le dé la razón. La norma se envía ahora a la Asamblea de Madrid para su tramitación parlamentaria y el Ejecutivo autonómico espera que pueda estar aprobada y en vigor este año 2026. El Consejo de Gobierno se ha reunido de manera extraordinaria en Colmenar de Oreja, con el alcalde del PP, Miguel Ángel Pulido, como anfitrión. Los populares ganaron las elecciones locales en 2023 y se hicieron con el bastón de mando con el apoyo de Vox. El consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García, ha destacado la aprobación de la ley de Defensa del Contribuyente, porque permitirá reforzar esa seguridad jurídica de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración tributaria. También se pretende facilitar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y simplificar los trámites asociados a ellas. Noticia relacionada general No No El Gobierno de Ayuso envía a la Asamblea la ley del Concebido no nacido Mariano CallejaLa nueva regulación será de aplicación exclusiva a los tributos cedidos por el Estado cuya gestión corresponde a la Comunidad de Madrid. Entre ellos se encuentran el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP y AJD), el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, el Impuesto sobre el Patrimonio y los Tributos sobre el Juego.La nueva ley incorpora el principio de buena administración como criterio inspirador de la actuación de la Administración tributaria regional, con el fin de garantizar una protección efectiva de los derechos de los contribuyentes. Para ello, establece un modelo de asistencia basado en la confidencialidad, la gratuidad de los servicios y una asistencia adaptada a las circunstancias y necesidades de cada ciudadano.En este sentido, el texto aprobado por el Consejo de Gobierno presta una especial atención a los principios de accesibilidad universal e implementa medidas específicas encaminadas a romper barreras para las personas mayores y madrileños con discapacidad.La norma también «potenciará las herramientas de garantía institucional», según destaca la Comunidad, mediante la creación de la Oficina de Defensa del Contribuyente, un órgano renovado que sustituirá al anterior Defensor del Contribuyente para dotar al sistema de una mayor robustez técnica. Este recurso se encargará de tramitar de manera ágil las quejas o sugerencias referidas a demoras indebidas, incidencias electrónicas o deficiencias en el trato.Una de las novedades más llamativas es la implementación de una carpeta tributaria individualizada con toda la información fiscal del ciudadano, donde podrá seguir en tiempo real sus expedientes. Además, se promoverá un lenguaje administrativo sencillo y formularios de fácil comprensión.Además, la norma introduce mecanismos pioneros de cortesía institucional, obligando a la Administración a pedir disculpas formales cuando una sentencia firme reconozca una vulneración de derechos, y a agradecer expresamente la colaboración ciudadana en los procesos de inspección que concluyan sin sanción. Los contribuyentes van a estar menos solos en la Comunidad de Madrid cuando tengan que enfrentarse a la administración, un trámite que nunca es agradable y ante el que muchos pueden sentirse indefensos e impotentes. El Consejo de Gobierno regional, presidido por Isabel Díaz Ayuso, ha aprobado este miércoles la nueva ley de Defensa del Contribuyente, con el objetivo de garantizar la seguridad jurídica y facilitar las gestiones fiscales. Esta ley obligará a la administración a pedir disculpas formales al contribuyente cuando la Justicia le dé la razón. La norma se envía ahora a la Asamblea de Madrid para su tramitación parlamentaria y el Ejecutivo autonómico espera que pueda estar aprobada y en vigor este año 2026. El Consejo de Gobierno se ha reunido de manera extraordinaria en Colmenar de Oreja, con el alcalde del PP, Miguel Ángel Pulido, como anfitrión. Los populares ganaron las elecciones locales en 2023 y se hicieron con el bastón de mando con el apoyo de Vox. El consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García, ha destacado la aprobación de la ley de Defensa del Contribuyente, porque permitirá reforzar esa seguridad jurídica de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración tributaria. También se pretende facilitar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y simplificar los trámites asociados a ellas. Noticia relacionada general No No El Gobierno de Ayuso envía a la Asamblea la ley del Concebido no nacido Mariano CallejaLa nueva regulación será de aplicación exclusiva a los tributos cedidos por el Estado cuya gestión corresponde a la Comunidad de Madrid. Entre ellos se encuentran el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP y AJD), el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, el Impuesto sobre el Patrimonio y los Tributos sobre el Juego.La nueva ley incorpora el principio de buena administración como criterio inspirador de la actuación de la Administración tributaria regional, con el fin de garantizar una protección efectiva de los derechos de los contribuyentes. Para ello, establece un modelo de asistencia basado en la confidencialidad, la gratuidad de los servicios y una asistencia adaptada a las circunstancias y necesidades de cada ciudadano.En este sentido, el texto aprobado por el Consejo de Gobierno presta una especial atención a los principios de accesibilidad universal e implementa medidas específicas encaminadas a romper barreras para las personas mayores y madrileños con discapacidad.La norma también «potenciará las herramientas de garantía institucional», según destaca la Comunidad, mediante la creación de la Oficina de Defensa del Contribuyente, un órgano renovado que sustituirá al anterior Defensor del Contribuyente para dotar al sistema de una mayor robustez técnica. Este recurso se encargará de tramitar de manera ágil las quejas o sugerencias referidas a demoras indebidas, incidencias electrónicas o deficiencias en el trato.Una de las novedades más llamativas es la implementación de una carpeta tributaria individualizada con toda la información fiscal del ciudadano, donde podrá seguir en tiempo real sus expedientes. Además, se promoverá un lenguaje administrativo sencillo y formularios de fácil comprensión.Además, la norma introduce mecanismos pioneros de cortesía institucional, obligando a la Administración a pedir disculpas formales cuando una sentencia firme reconozca una vulneración de derechos, y a agradecer expresamente la colaboración ciudadana en los procesos de inspección que concluyan sin sanción.
Los contribuyentes van a estar menos solos en la Comunidad de Madrid cuando tengan que enfrentarse a la administración, un trámite que nunca es agradable y ante el que muchos pueden sentirse indefensos e impotentes. El Consejo de Gobierno regional, presidido por Isabel Díaz Ayuso, … ha aprobado este miércoles la nueva ley de Defensa del Contribuyente, con el objetivo de garantizar la seguridad jurídica y facilitar las gestiones fiscales. Esta ley obligará a la administración a pedir disculpas formales al contribuyente cuando la Justicia le dé la razón. La norma se envía ahora a la Asamblea de Madrid para su tramitación parlamentaria y el Ejecutivo autonómico espera que pueda estar aprobada y en vigor este año 2026.
El Consejo de Gobierno se ha reunido de manera extraordinaria en Colmenar de Oreja, con el alcalde del PP, Miguel Ángel Pulido, como anfitrión. Los populares ganaron las elecciones locales en 2023 y se hicieron con el bastón de mando con el apoyo de Vox.
El consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García, ha destacado la aprobación de la ley de Defensa del Contribuyente, porque permitirá reforzar esa seguridad jurídica de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración tributaria. También se pretende facilitar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y simplificar los trámites asociados a ellas.
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La nueva regulación será de aplicación exclusiva a los tributos cedidos por el Estado cuya gestión corresponde a la Comunidad de Madrid. Entre ellos se encuentran el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP y AJD), el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, el Impuesto sobre el Patrimonio y los Tributos sobre el Juego.
La nueva ley incorpora el principio de buena administración como criterio inspirador de la actuación de la Administración tributaria regional, con el fin de garantizar una protección efectiva de los derechos de los contribuyentes. Para ello, establece un modelo de asistencia basado en la confidencialidad, la gratuidad de los servicios y una asistencia adaptada a las circunstancias y necesidades de cada ciudadano.
En este sentido, el texto aprobado por el Consejo de Gobierno presta una especial atención a los principios de accesibilidad universal e implementa medidas específicas encaminadas a romper barreras para las personas mayores y madrileños con discapacidad.
La norma también «potenciará las herramientas de garantía institucional», según destaca la Comunidad, mediante la creación de la Oficina de Defensa del Contribuyente, un órgano renovado que sustituirá al anterior Defensor del Contribuyente para dotar al sistema de una mayor robustez técnica. Este recurso se encargará de tramitar de manera ágil las quejas o sugerencias referidas a demoras indebidas, incidencias electrónicas o deficiencias en el trato.
Una de las novedades más llamativas es la implementación de una carpeta tributaria individualizada con toda la información fiscal del ciudadano, donde podrá seguir en tiempo real sus expedientes. Además, se promoverá un lenguaje administrativo sencillo y formularios de fácil comprensión.
Además, la norma introduce mecanismos pioneros de cortesía institucional, obligando a la Administración a pedir disculpas formales cuando una sentencia firme reconozca una vulneración de derechos, y a agradecer expresamente la colaboración ciudadana en los procesos de inspección que concluyan sin sanción.
Evaluación de normas cada cuatro años
En el mismo Consejo de Gobierno se ha aprobado el proyecto de decreto que establecerá una fecha de caducidad en los reglamentos autonómicos de carácter organizativo, así como la obligación de evaluar todas las normas cada cuatro años para comprobar su eficacia. Con esta medida, el Gobierno regional quiere que los madrileños dispongan de un marco jurídico actualizado, adaptado a sus necesidades y que les aporte mayor seguridad. Esta medida estaba incluida en el programa electoral del PP de Ayuso y fue anunciada por la presidenta en el último Debate sobre el estado de la región, el pasado mes de septiembre.
La principal novedad del decreto es la incorporación del criterio de caducidad automática para las normas de carácter organizativo, es decir, aquellas que regulan la estructura interna de la administración autonómica, sus órganos, competencias, procedimientos internos y funcionamiento. Estas disposiciones dejarán de estar vigentes una vez transcurridos cinco años desde su entrada en vigor, salvo que, tras el correspondiente análisis, se determine la conveniencia de mantenerlas. Quedan excluidos de esta medida los decretos de estructura orgánica y los órganos colegiados cuya creación venga establecida por una ley.
Además, habrá un sistema de evaluación permanente del ordenamiento jurídico autonómico con el objetivo de detectar y suprimir disposiciones que hayan quedado desfasadas o hayan perdido su utilidad. Con carácter general, todo el ordenamiento jurídico regional deberá someterse a una revisión periódica, al menos cada cuatro años salvo que una ley establezca un plazo diferente.
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