La instrucción con la que el Ministerio de Justicia amplió masivamente el número de personas que podían solicitar nacionalidad española por la Ley de Memoria Democrática o ‘ley de nietos’ ha provocado un colapso en los consulados que está perjudicando precisamente a quienes la norma tenía el objetivo de beneficiar y proteger: los descendientes de exiliados por la Guerra Civil y la dictadura.La avalancha de solicitudes de nacionalidad presentadas por descendientes de todo tipo de emigrantes españoles está retrasando enormemente la resolución de los expedientes y, por tanto, el ejercicio del derecho reconocido por la ley a los nietos de exiliados . La situación de estos, pese a tener cobertura legal expresa, ha quedado equiparada a la de quienes solicitan la nacionalidad por una interpretación administrativa que distintos juristas consultados por este periódico vienen considerando «ilegal».Noticia relacionada general No No «Acá estamos en PSOE Argentina para acompañarte y ayudarte a ejercer tu voto» Ana Sánchez Así, los descendientes de exiliados y los de emigrantes que no sufrieron persecución o que salieron de nuestro país en fechas distintas de la guerra civil y la dictadura han acabado en el mismo proceso administrativo y recibiendo el mismo orden de tramitación. Un documento informativo del Consulado General de España en Buenos Aires fechado el 19 de agosto de 2025 —al que ha tenido acceso ABC— acredita oficialmente este perjuicio, que se concreta en padecer años de retraso en la obtención de la nacionalidad, el pasaporte español, el acceso al voto, la residencia en nuestro país y la transmisión de la ciudadanía española a sus descendientes. El citado documento (ver imagen) advierte que «los plazos para la resolución de los expedientes son extremadamente largos debido al ingente número de solicitudes recibidas». Además, confirma que «se empezarán a tramitar por riguroso orden de fecha de presentación». Es decir, sin distinguir entre los expedientes de descendientes de exiliados por sufrir persecución del resto. El Consulado también subrayaba que el número de solicitudes de cita registradas era de 553.293 a esa fecha, con 184.293 expedientes recibidos. El sistema siguió dando citas para solicitar la nacionalidad española por la Ley de Memoria hasta el 21 de octubre incluido, y aún se añadieron otras 91.759, hasta cerrarse el plazo con 645.052 peticiones en ese consulado, el que más solicitudes ha registrado. De todas ellas, solo se habían resuelto unas 30.000 hasta el pasado mes de junio.El Gobierno rechazó, en la Memoria del anteproyecto, ampliar la opción a nacionalidad como luego hizo la instrucción ‘El País’ recogía recientemente, citando fuentes de este consulado, que solo el proceso de recogida de documentación no terminaría hasta el año 2030 o 2031; casi diez años después de que entrara en vigor la ley. Los expedientes terminarán de resolverse después, ya que, una vez completada la recepción de la documentación, los consulados deben verificar los documentos, analizarlos y, finalmente, resolverlos. Según los juristas consultados por ABC, este atasco abre la puerta a que los descendientes de exiliados reclamen por el perjuicio sufrido ya que la resolución de sus expedientes se está demorando por el colapso provocado por la instrucción. Un atasco, además, que tachan de «injustificado y carente de cobertura legal», dado que una instrucción no puede ampliar el contenido de una ley.Por ello, los mismos juristas explican que los descendientes de exiliados que acrediten esta condición podrían solicitar ante el consulado la tramitación prioritaria de su expediente, al tener cobertura legal expresa, frente a solicitantes cuya cobertura legal depende de la instrucción. En el caso de que la respuesta fuera negativa, o de que no hubiera respuesta en plazo, podrían impugnarla como acto administrativo.Al fraude de que una instrucción se use para modificar el alcance de una ley, se une que, previamente, tanto el propio Gobierno como las Cortes rechazaron conceder la nacionalidad española más allá de los supuestos previstos en la ley.ABC ha tenido acceso a la Memoria del Análisis de Impacto Normativo de este anteproyecto de ley, que elaboró el entonces Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. El apartado 5.2 recoge que se produjo «una enorme cantidad de peticiones» para que se diera una nueva redacción a la disposición que regula el derecho a adquirir la nacionalidad, y extenderlo a quienes se exiliaran con independencia de la causa. Este cambio habría permitido incluir en la ley a los que abandonaron España por causas económicas. Presidencia también recibió solicitudes para que se concediera la nacionalidad española en otros muchos supuestos que han quedado englobados en el alcance que acabó teniendo la instrucción. Sofía Puente, secretaria general para la innovación y calidad del servicio público de Justicia y hermana del ministro Óscar Puente. JusticiaEl Gobierno rechazó de plano esas ampliaciones, cuyo alcance conjunto hubiera sido menor que el que tiene la instrucción. «Hay que reseñar que el alcance de las modificaciones que se solicitan desborda el objeto de este anteproyecto de ley, en el que no tiene cabida la regulación general de la nacionalidad, que se contiene en el Código Civil», subraya la memoria. A partir de aquí, añade que «lo que cabe es atender parcialmente estas alegaciones, incluyendo los dos supuestos que se pueden enmarcar coherentemente dentro del objeto de esta ley». Estos dos casos fueron el de «los hijos e hijas nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros, antes de la entrada en vigor de la Constitución» y el de los hijos mayores de edad de aquellos españoles que se nacionalizaron gracias a la Ley de Memoria Histórica aprobada por José Luis Rodríguez Zapatero. Coherente con ello, el PSOE votó en contra tanto en el Congreso como en el Senado de sendas enmiendas que presentó Ciudadanos al proyecto de ley para que se ampliara y se concediera la nacionalidad a todos los descendientes de emigrantes españoles. Esta propuesta fue tumbada por mayoría absoluta en ambas Cámaras, aunque la autora de la instrucción, la exdirectora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente -hermana del ministro de Transportes, Óscar Puente- argumentaría después que la «verdadera voluntad del legislador» era aprobar ese mismo contenido. La instrucción con la que el Ministerio de Justicia amplió masivamente el número de personas que podían solicitar nacionalidad española por la Ley de Memoria Democrática o ‘ley de nietos’ ha provocado un colapso en los consulados que está perjudicando precisamente a quienes la norma tenía el objetivo de beneficiar y proteger: los descendientes de exiliados por la Guerra Civil y la dictadura.La avalancha de solicitudes de nacionalidad presentadas por descendientes de todo tipo de emigrantes españoles está retrasando enormemente la resolución de los expedientes y, por tanto, el ejercicio del derecho reconocido por la ley a los nietos de exiliados . La situación de estos, pese a tener cobertura legal expresa, ha quedado equiparada a la de quienes solicitan la nacionalidad por una interpretación administrativa que distintos juristas consultados por este periódico vienen considerando «ilegal».Noticia relacionada general No No «Acá estamos en PSOE Argentina para acompañarte y ayudarte a ejercer tu voto» Ana Sánchez Así, los descendientes de exiliados y los de emigrantes que no sufrieron persecución o que salieron de nuestro país en fechas distintas de la guerra civil y la dictadura han acabado en el mismo proceso administrativo y recibiendo el mismo orden de tramitación. Un documento informativo del Consulado General de España en Buenos Aires fechado el 19 de agosto de 2025 —al que ha tenido acceso ABC— acredita oficialmente este perjuicio, que se concreta en padecer años de retraso en la obtención de la nacionalidad, el pasaporte español, el acceso al voto, la residencia en nuestro país y la transmisión de la ciudadanía española a sus descendientes. El citado documento (ver imagen) advierte que «los plazos para la resolución de los expedientes son extremadamente largos debido al ingente número de solicitudes recibidas». Además, confirma que «se empezarán a tramitar por riguroso orden de fecha de presentación». Es decir, sin distinguir entre los expedientes de descendientes de exiliados por sufrir persecución del resto. El Consulado también subrayaba que el número de solicitudes de cita registradas era de 553.293 a esa fecha, con 184.293 expedientes recibidos. El sistema siguió dando citas para solicitar la nacionalidad española por la Ley de Memoria hasta el 21 de octubre incluido, y aún se añadieron otras 91.759, hasta cerrarse el plazo con 645.052 peticiones en ese consulado, el que más solicitudes ha registrado. De todas ellas, solo se habían resuelto unas 30.000 hasta el pasado mes de junio.El Gobierno rechazó, en la Memoria del anteproyecto, ampliar la opción a nacionalidad como luego hizo la instrucción ‘El País’ recogía recientemente, citando fuentes de este consulado, que solo el proceso de recogida de documentación no terminaría hasta el año 2030 o 2031; casi diez años después de que entrara en vigor la ley. Los expedientes terminarán de resolverse después, ya que, una vez completada la recepción de la documentación, los consulados deben verificar los documentos, analizarlos y, finalmente, resolverlos. Según los juristas consultados por ABC, este atasco abre la puerta a que los descendientes de exiliados reclamen por el perjuicio sufrido ya que la resolución de sus expedientes se está demorando por el colapso provocado por la instrucción. Un atasco, además, que tachan de «injustificado y carente de cobertura legal», dado que una instrucción no puede ampliar el contenido de una ley.Por ello, los mismos juristas explican que los descendientes de exiliados que acrediten esta condición podrían solicitar ante el consulado la tramitación prioritaria de su expediente, al tener cobertura legal expresa, frente a solicitantes cuya cobertura legal depende de la instrucción. En el caso de que la respuesta fuera negativa, o de que no hubiera respuesta en plazo, podrían impugnarla como acto administrativo.Al fraude de que una instrucción se use para modificar el alcance de una ley, se une que, previamente, tanto el propio Gobierno como las Cortes rechazaron conceder la nacionalidad española más allá de los supuestos previstos en la ley.ABC ha tenido acceso a la Memoria del Análisis de Impacto Normativo de este anteproyecto de ley, que elaboró el entonces Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. El apartado 5.2 recoge que se produjo «una enorme cantidad de peticiones» para que se diera una nueva redacción a la disposición que regula el derecho a adquirir la nacionalidad, y extenderlo a quienes se exiliaran con independencia de la causa. Este cambio habría permitido incluir en la ley a los que abandonaron España por causas económicas. Presidencia también recibió solicitudes para que se concediera la nacionalidad española en otros muchos supuestos que han quedado englobados en el alcance que acabó teniendo la instrucción. Sofía Puente, secretaria general para la innovación y calidad del servicio público de Justicia y hermana del ministro Óscar Puente. JusticiaEl Gobierno rechazó de plano esas ampliaciones, cuyo alcance conjunto hubiera sido menor que el que tiene la instrucción. «Hay que reseñar que el alcance de las modificaciones que se solicitan desborda el objeto de este anteproyecto de ley, en el que no tiene cabida la regulación general de la nacionalidad, que se contiene en el Código Civil», subraya la memoria. A partir de aquí, añade que «lo que cabe es atender parcialmente estas alegaciones, incluyendo los dos supuestos que se pueden enmarcar coherentemente dentro del objeto de esta ley». Estos dos casos fueron el de «los hijos e hijas nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros, antes de la entrada en vigor de la Constitución» y el de los hijos mayores de edad de aquellos españoles que se nacionalizaron gracias a la Ley de Memoria Histórica aprobada por José Luis Rodríguez Zapatero. Coherente con ello, el PSOE votó en contra tanto en el Congreso como en el Senado de sendas enmiendas que presentó Ciudadanos al proyecto de ley para que se ampliara y se concediera la nacionalidad a todos los descendientes de emigrantes españoles. Esta propuesta fue tumbada por mayoría absoluta en ambas Cámaras, aunque la autora de la instrucción, la exdirectora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente -hermana del ministro de Transportes, Óscar Puente- argumentaría después que la «verdadera voluntad del legislador» era aprobar ese mismo contenido.
La instrucción con la que el Ministerio de Justicia amplió masivamente el número de personas que podían solicitar nacionalidad española por la Ley de Memoria Democrática o ‘ley de nietos’ ha provocado un colapso en los consulados que está perjudicando precisamente a quienes la norma … tenía el objetivo de beneficiar y proteger: los descendientes de exiliados por la Guerra Civil y la dictadura.
La avalancha de solicitudes de nacionalidad presentadas por descendientes de todo tipo de emigrantes españoles está retrasando enormemente la resolución de los expedientes y, por tanto, el ejercicio del derecho reconocido por la ley a los nietos de exiliados.
La situación de estos, pese a tener cobertura legal expresa, ha quedado equiparada a la de quienes solicitan la nacionalidad por una interpretación administrativa que distintos juristas consultados por este periódico vienen considerando «ilegal».
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Así, los descendientes de exiliados y los de emigrantes que no sufrieron persecución o que salieron de nuestro país en fechas distintas de la guerra civil y la dictadura han acabado en el mismo proceso administrativo y recibiendo el mismo orden de tramitación.
Un documento informativo del Consulado General de España en Buenos Aires fechado el 19 de agosto de 2025 —al que ha tenido acceso ABC— acredita oficialmente este perjuicio, que se concreta en padecer años de retraso en la obtención de la nacionalidad, el pasaporte español, el acceso al voto, la residencia en nuestro país y la transmisión de la ciudadanía española a sus descendientes.
El citado documento (ver imagen) advierte que «los plazos para la resolución de los expedientes son extremadamente largos debido al ingente número de solicitudes recibidas». Además, confirma que «se empezarán a tramitar por riguroso orden de fecha de presentación». Es decir, sin distinguir entre los expedientes de descendientes de exiliados por sufrir persecución del resto.
El Consulado también subrayaba que el número de solicitudes de cita registradas era de 553.293 a esa fecha, con 184.293 expedientes recibidos. El sistema siguió dando citas para solicitar la nacionalidad española por la Ley de Memoria hasta el 21 de octubre incluido, y aún se añadieron otras 91.759, hasta cerrarse el plazo con 645.052 peticiones en ese consulado, el que más solicitudes ha registrado. De todas ellas, solo se habían resuelto unas 30.000 hasta el pasado mes de junio.
El Gobierno rechazó, en la Memoria del anteproyecto, ampliar la opción a nacionalidad como luego hizo la instrucción
‘El País’ recogía recientemente, citando fuentes de este consulado, que solo el proceso de recogida de documentación no terminaría hasta el año 2030 o 2031; casi diez años después de que entrara en vigor la ley. Los expedientes terminarán de resolverse después, ya que, una vez completada la recepción de la documentación, los consulados deben verificar los documentos, analizarlos y, finalmente, resolverlos.
Según los juristas consultados por ABC, este atasco abre la puerta a que los descendientes de exiliados reclamen por el perjuicio sufrido ya que la resolución de sus expedientes se está demorando por el colapso provocado por la instrucción. Un atasco, además, que tachan de «injustificado y carente de cobertura legal», dado que una instrucción no puede ampliar el contenido de una ley.
Por ello, los mismos juristas explican que los descendientes de exiliados que acrediten esta condición podrían solicitar ante el consulado la tramitación prioritaria de su expediente, al tener cobertura legal expresa, frente a solicitantes cuya cobertura legal depende de la instrucción. En el caso de que la respuesta fuera negativa, o de que no hubiera respuesta en plazo, podrían impugnarla como acto administrativo.
Al fraude de que una instrucción se use para modificar el alcance de una ley, se une que, previamente, tanto el propio Gobierno como las Cortes rechazaron conceder la nacionalidad española más allá de los supuestos previstos en la ley.
ABC ha tenido acceso a la Memoria del Análisis de Impacto Normativo de este anteproyecto de ley, que elaboró el entonces Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. El apartado 5.2 recoge que se produjo «una enorme cantidad de peticiones» para que se diera una nueva redacción a la disposición que regula el derecho a adquirir la nacionalidad, y extenderlo a quienes se exiliaran con independencia de la causa.
Este cambio habría permitido incluir en la ley a los que abandonaron España por causas económicas. Presidencia también recibió solicitudes para que se concediera la nacionalidad española en otros muchos supuestos que han quedado englobados en el alcance que acabó teniendo la instrucción.
(Justicia)
El Gobierno rechazó de plano esas ampliaciones, cuyo alcance conjunto hubiera sido menor que el que tiene la instrucción. «Hay que reseñar que el alcance de las modificaciones que se solicitan desborda el objeto de este anteproyecto de ley, en el que no tiene cabida la regulación general de la nacionalidad, que se contiene en el Código Civil», subraya la memoria.
A partir de aquí, añade que «lo que cabe es atender parcialmente estas alegaciones, incluyendo los dos supuestos que se pueden enmarcar coherentemente dentro del objeto de esta ley».
Estos dos casos fueron el de «los hijos e hijas nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros, antes de la entrada en vigor de la Constitución» y el de los hijos mayores de edad de aquellos españoles que se nacionalizaron gracias a la Ley de Memoria Histórica aprobada por José Luis Rodríguez Zapatero.
Coherente con ello, el PSOE votó en contra tanto en el Congreso como en el Senado de sendas enmiendas que presentó Ciudadanos al proyecto de ley para que se ampliara y se concediera la nacionalidad a todos los descendientes de emigrantes españoles.
Esta propuesta fue tumbada por mayoría absoluta en ambas Cámaras, aunque la autora de la instrucción, la exdirectora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente -hermana del ministro de Transportes, Óscar Puente- argumentaría después que la «verdadera voluntad del legislador» era aprobar ese mismo contenido.
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