La Administración de Donald Trump ha abierto un nuevo choque diplomático con España a cuenta de la muerte por eutanasia de Noelia Castillo , una joven de 25 años cuya historia ha sacudido el debate público dentro y fuera del país. Un cable interno del Departamento de Estado, filtrado y publicado este martes por el diario The New York Post, ordena a la embajada de Estados Unidos en Madrid que investigue la actuación de las autoridades españolas en torno a las agresiones sexuales que sufrió la joven y las circunstancias en que se autorizó y ejecutó su muerte asistida. El documento instruye además a los diplomáticos a trasladar al Gobierno español la «seria preocupación» de Washington por lo que considera «muchos fallos sistémicos de derechos humanos» en este caso.El cable pone el foco en dos frentes. Por un lado, en la respuesta policial y judicial a las agresiones denunciadas por Castillo, sobre las que, según el texto, no se habría depurado responsabilidad penal. Por otro, en la aplicación de la ley española de eutanasia, en vigor desde 2021. Noticia relacionada general No No Médicos, sobre el caso de Noelia: «Es un fracaso de la sociedad y de la medicina» Esther ArmoraEl Departamento de Estado sostiene que tiene conocimiento de informaciones según las cuales la joven mostró vacilaciones en sus últimas horas, pero el procedimiento siguió adelante. También reclama a la embajada que recabe datos sobre los presuntos autores de las agresiones, incluido su origen y su posible situación migratoria, en línea con el discurso de la Casa Blanca sobre inmigración y seguridad. Castillo murió el 26 de marzo tras un largo pulso judicial impulsado por su padre para frenar la eutanasia. Esa batalla terminó cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazó sus últimos recursos de urgencia. La joven había quedado parapléjica tras un intento de suicidio y su caso se convirtió en uno de los más controvertidos desde la aprobación de la ley, por cruzar violencia sexual, sufrimiento psicológico, discapacidad y derecho a morir. La embajada estadounidense tiene de plazo hasta el 3 de abril para trasladar estas inquietudes al Ejecutivo de Pedro Sánchez. El movimiento convierte un caso estrictamente español en un asunto bilateral y sitúa a Madrid bajo escrutinio directo de Washington en una cuestión de máxima sensibilidad política, jurídica y moral. Este nuevo episodio se suma a la escalada abierta entre ambos gobiernos por la guerra de Irán. España ya había vetado el uso de Rota y Morón para operaciones ligadas a ese conflicto y después cerró su espacio aéreo a aviones de Estados Unidos implicados en los ataques, una decisión confirmada públicamente por Margarita Robles. Trump respondió con críticas a varios aliados europeos y la tensión con Madrid fue una de las más visibles de esa crisis. Ahora, la Casa Blanca añade otro frente de presión sobre Sánchez, esta vez no por la guerra, sino por derechos humanos, inmigración y eutanasia. La Administración de Donald Trump ha abierto un nuevo choque diplomático con España a cuenta de la muerte por eutanasia de Noelia Castillo , una joven de 25 años cuya historia ha sacudido el debate público dentro y fuera del país. Un cable interno del Departamento de Estado, filtrado y publicado este martes por el diario The New York Post, ordena a la embajada de Estados Unidos en Madrid que investigue la actuación de las autoridades españolas en torno a las agresiones sexuales que sufrió la joven y las circunstancias en que se autorizó y ejecutó su muerte asistida. El documento instruye además a los diplomáticos a trasladar al Gobierno español la «seria preocupación» de Washington por lo que considera «muchos fallos sistémicos de derechos humanos» en este caso.El cable pone el foco en dos frentes. Por un lado, en la respuesta policial y judicial a las agresiones denunciadas por Castillo, sobre las que, según el texto, no se habría depurado responsabilidad penal. Por otro, en la aplicación de la ley española de eutanasia, en vigor desde 2021. Noticia relacionada general No No Médicos, sobre el caso de Noelia: «Es un fracaso de la sociedad y de la medicina» Esther ArmoraEl Departamento de Estado sostiene que tiene conocimiento de informaciones según las cuales la joven mostró vacilaciones en sus últimas horas, pero el procedimiento siguió adelante. También reclama a la embajada que recabe datos sobre los presuntos autores de las agresiones, incluido su origen y su posible situación migratoria, en línea con el discurso de la Casa Blanca sobre inmigración y seguridad. Castillo murió el 26 de marzo tras un largo pulso judicial impulsado por su padre para frenar la eutanasia. Esa batalla terminó cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazó sus últimos recursos de urgencia. La joven había quedado parapléjica tras un intento de suicidio y su caso se convirtió en uno de los más controvertidos desde la aprobación de la ley, por cruzar violencia sexual, sufrimiento psicológico, discapacidad y derecho a morir. La embajada estadounidense tiene de plazo hasta el 3 de abril para trasladar estas inquietudes al Ejecutivo de Pedro Sánchez. El movimiento convierte un caso estrictamente español en un asunto bilateral y sitúa a Madrid bajo escrutinio directo de Washington en una cuestión de máxima sensibilidad política, jurídica y moral. Este nuevo episodio se suma a la escalada abierta entre ambos gobiernos por la guerra de Irán. España ya había vetado el uso de Rota y Morón para operaciones ligadas a ese conflicto y después cerró su espacio aéreo a aviones de Estados Unidos implicados en los ataques, una decisión confirmada públicamente por Margarita Robles. Trump respondió con críticas a varios aliados europeos y la tensión con Madrid fue una de las más visibles de esa crisis. Ahora, la Casa Blanca añade otro frente de presión sobre Sánchez, esta vez no por la guerra, sino por derechos humanos, inmigración y eutanasia.
La Administración de Donald Trump ha abierto un nuevo choque diplomático con España a cuenta de la muerte por eutanasia de Noelia Castillo, una joven de 25 años cuya historia ha sacudido el debate público dentro y fuera del país. Un cable interno del … Departamento de Estado, filtrado y publicado este martes por el diario The New York Post, ordena a la embajada de Estados Unidos en Madrid que investigue la actuación de las autoridades españolas en torno a las agresiones sexuales que sufrió la joven y las circunstancias en que se autorizó y ejecutó su muerte asistida.
El documento instruye además a los diplomáticos a trasladar al Gobierno español la «seria preocupación» de Washington por lo que considera «muchos fallos sistémicos de derechos humanos» en este caso.
El cable pone el foco en dos frentes. Por un lado, en la respuesta policial y judicial a las agresiones denunciadas por Castillo, sobre las que, según el texto, no se habría depurado responsabilidad penal. Por otro, en la aplicación de la ley española de eutanasia, en vigor desde 2021.
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El Departamento de Estado sostiene que tiene conocimiento de informaciones según las cuales la joven mostró vacilaciones en sus últimas horas, pero el procedimiento siguió adelante. También reclama a la embajada que recabe datos sobre los presuntos autores de las agresiones, incluido su origen y su posible situación migratoria, en línea con el discurso de la Casa Blanca sobre inmigración y seguridad.
Castillo murió el 26 de marzo tras un largo pulso judicial impulsado por su padre para frenar la eutanasia. Esa batalla terminó cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazó sus últimos recursos de urgencia. La joven había quedado parapléjica tras un intento de suicidio y su caso se convirtió en uno de los más controvertidos desde la aprobación de la ley, por cruzar violencia sexual, sufrimiento psicológico, discapacidad y derecho a morir.
La embajada estadounidense tiene de plazo hasta el 3 de abril para trasladar estas inquietudes al Ejecutivo de Pedro Sánchez. El movimiento convierte un caso estrictamente español en un asunto bilateral y sitúa a Madrid bajo escrutinio directo de Washington en una cuestión de máxima sensibilidad política, jurídica y moral.
Este nuevo episodio se suma a la escalada abierta entre ambos gobiernos por la guerra de Irán. España ya había vetado el uso de Rota y Morón para operaciones ligadas a ese conflicto y después cerró su espacio aéreo a aviones de Estados Unidos implicados en los ataques, una decisión confirmada públicamente por Margarita Robles. Trump respondió con críticas a varios aliados europeos y la tensión con Madrid fue una de las más visibles de esa crisis. Ahora, la Casa Blanca añade otro frente de presión sobre Sánchez, esta vez no por la guerra, sino por derechos humanos, inmigración y eutanasia.
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