Año y medio después de que el lobo dejara de ser una especie protegida al norte del Duero por ley, el control cinegético de la especie no se ha normalizado todavía. Un intrincado entramado legislativo y judicial ha llevado a las comunidades loberas a elegir diferentes estrategias. Asturias y Cantabria han aprobado nuevos planes de gestión con cupos, que muy probablemente serán recurridos por organizaciones ecologistas, Galicia tiene las capturas paralizadas judicialmente, La Rioja ha declarado la especie como ‘cazable’ y Castilla y León sigue sin intentar si quiera extraer ningún ejemplar. En el aire está todavía una pieza clave: que la Comisión Europea reconozca el estado actual de la población como favorable o desfavorable. Sin embargo, el Gobierno se opone a mandar los datos aportados por las comunidades a Bruselas, que avalarían las extracciones. Transición Ecológica asegura que «no se ajustan a la realidad». Primero fue Europa, que en 2024 aprobó una flexibilización del régimen de protección del predador. Aunque seguía siendo una especie protegida, daba una mayor flexibilidad a los gobiernos nacionales para gestionar sus poblaciones locales de lobos. Después, a principios de 2025, una enmienda en la ley de desperdicio alimentario impulsada por el PP sacó al lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) al norte del Duero, el documento legal donde fue incluido en 2021 y que blindaba al lobo en todo el país. La idea era volver a la situación previa y permitir la gestión del depredador ante el aumento de ataques a la cabaña ganadera. Pero el texto aprobado no se ha traducido en un aumento automático de las capturas. Varias sentencias recientes del Tribunal Supremo y muy en especial del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) han mantenido un freno a las capturas. El Gobierno de Asturias ha reactivado ahora la polémica tras anunciar que prevé retomar a partir de septiembre la extracción de lobos. Ha fijado un cupo máximo de 67 capturas. Lo ha hecho después de que el año pasado no pudiera aplicar su plan de gestión debido a una sentencia del Tribunal Supremo, interpuesta sobre un plan elaborado cuando el lobo aún estaba blindado. También Cantabria prevé realizar hasta 35 capturas de lobos este año. Mientras, Castilla y León todavía no ha incluido al lobo en sus planes de gestión. Galicia sí incluyó la especie en sus órdenes de veda para 2025, pero sin fijar cupos: el ganadero debía solicitar una captura concreta en caso de que hubiera ataques recurrentes. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia paralizó esta decisión cautelarmente y Galicia no ha vuelto a incluir al lobo en sus planes de gestión por coherencia hasta que no se resuelva en los tribunales. «En Francia y Alemania se están abatiendo ejemplares con normalidad» Jorge Bernard Fundación Artemisan«Las comunidades autónomas, a partir del 2025, pueden autorizar los controles de población del lobo, es perfectamente legal», asegura Jorge Bernard, director del departamento jurídico de la Fundación Artemisan. La situación, sin embargo, no es exactamente la misma que antes de 2021, cuando el lobo al norte del Duero no había sido incluido en el Lespre. «Entre medias ha habido sentencias que dicen que se puede controlar, pero siempre que haya un estado favorable de conservación». Es decir, hay que tener censos actualizados y saber cuántos ejemplares hay, explica el experto, que recuerda que en países como Francia o Alemania se están abatiendo ejemplares con normalidad. «Estoy seguro de que los tribunales les van a dar la razón (a las comunidades), siempre que Asturias y Cantabria hayan hecho los deberes», dice Bernard.La batalla por el censoEn el corazón de la batalla hay un conjunto de sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Según estableció en 2024, no se pueden cazar lobos mientras la especie se encuentre en mal estado de conservación, aunque causen daños. Pero si el estado de conservación es favorable, el tribunal sí avala las capturas selectivas contra ejemplares que estén produciendo daños económicos imputables. La jurisprudencia ha desatado una batalla enconada entre las comunidades y el Gobierno en torno a los datos que se remiten a Bruselas dentro del llamado informe sexenal y que contienen el censo sobre el depredador. Este informe es el que interpreta si la población de lobos se encuentra en un estado favorable o desfavorable de conservación. El Ejecutivo lleva ya un año de retraso en su envío a la Comisión Europea, que ha abierto el correspondiente expediente de infracción. Fuentes ministeriales aseguran que el informe sexenal todavía está en tramitación y que Transición Ecológica está trabajando sobre la información disponible antes de su remisión a la Comisión Europea. Pero no hay una fecha concreta de envío, ni una decisión cerrada sobre la versión definitiva del informe. Según las mismas fuentes, se han hecho varios intentos de volcado de los datos aportados por las comunidades autónomas, pero que el programa europeo «detecta errores o inconsistencias en la información volcada». «Transición Ecológica ya ha informado a Bruselas de esta contingencia, comprometiéndose a no remitir datos que no se ajusten a la realidad. Se ha pedido en varias ocasiones a las comunidades autónomas que revisen y corrijan esa información», apuntan desde el ministerio. 333 manadas Son las que hay en España, según el último censo correspondiente al periodo 2021-2024Porque entre las enmiendas incluidas en la ley de desperdicio alimentario había otra cláusula importante: todos los informes sexenales sobre la conservación de hábitats y especies deben ser aprobados por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, es decir, por el órgano que reúne a Gobierno y comunidades. Así, el informe con los datos sobre el lobo tiene que contar con el visto bueno de una mayoría de autonomías. Con esta legislación de fondo, el pasado mes de junio ocurrió algo inusual: se aprobó, con el único voto en contra del propio ministerio, un informe sexenal elaborado por las comunidades que considera que el estado de conservación del lobo es favorable. Ese informe cifra en 333 manadas las contabilizadas en el conjunto de España, un 12 por ciento más que en el anterior (297). Cifras que para los territorios loberos avalan la progresión del cánido, pero que para el Gobierno son insuficientes, al no alcanzar las 500 manadas que considera garantizarían la viabilidad genética de la especie. Y ese es el informe que el Gobierno se niega a remitir a Bruselas. «El estado de conservación no es cierto que sea desfavorable. En general es favorable. Los censos que se van haciendo demuestra que cada vez hay más lobos, y también los daños van a más», opina Bernard.Sin cuposLo contrario opina Ignacio Martínez, de la organización Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (Ascel), que fue la que impulsó el blindaje del lobo en 2021 y para quien la ley de desperdicio alimentario «está generando inseguridad jurídica, poniendo en riesgo el esquema de conservación en España, y demuestra que no se puede legislar con esta frivolidad y poner en juego intereses comunes», critica. Además de considerar al lobo en estado desfavorable de conservación, Martínez recuerda que varias sentencias en el Tribunal Supremo echaron abajo los planes previos para cazar al lobo en Cantabria y Asturias y avanza que acudirán de nuevo al Supremo para pedir la paralización cautelar de los planes de gestión de 2026-2027. «Lo que hay es rebeldía», asegura. En el marco jurídico actual, dice, «no caben los cupos». «Toda norma que diga que vamos a matar a ‘X’ lobos, es ilegal», zanja. Todo es, además, susceptible de cambiar en cualquier momento. El Defensor del Pueblo ha denunciado ante el Tribunal Constitucional las enmiendas de la ley del desperdicio alimentario, aunque el proceso probablemente se dilate en el tiempo. Año y medio después de que el lobo dejara de ser una especie protegida al norte del Duero por ley, el control cinegético de la especie no se ha normalizado todavía. Un intrincado entramado legislativo y judicial ha llevado a las comunidades loberas a elegir diferentes estrategias. Asturias y Cantabria han aprobado nuevos planes de gestión con cupos, que muy probablemente serán recurridos por organizaciones ecologistas, Galicia tiene las capturas paralizadas judicialmente, La Rioja ha declarado la especie como ‘cazable’ y Castilla y León sigue sin intentar si quiera extraer ningún ejemplar. En el aire está todavía una pieza clave: que la Comisión Europea reconozca el estado actual de la población como favorable o desfavorable. Sin embargo, el Gobierno se opone a mandar los datos aportados por las comunidades a Bruselas, que avalarían las extracciones. Transición Ecológica asegura que «no se ajustan a la realidad». Primero fue Europa, que en 2024 aprobó una flexibilización del régimen de protección del predador. Aunque seguía siendo una especie protegida, daba una mayor flexibilidad a los gobiernos nacionales para gestionar sus poblaciones locales de lobos. Después, a principios de 2025, una enmienda en la ley de desperdicio alimentario impulsada por el PP sacó al lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) al norte del Duero, el documento legal donde fue incluido en 2021 y que blindaba al lobo en todo el país. La idea era volver a la situación previa y permitir la gestión del depredador ante el aumento de ataques a la cabaña ganadera. Pero el texto aprobado no se ha traducido en un aumento automático de las capturas. Varias sentencias recientes del Tribunal Supremo y muy en especial del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) han mantenido un freno a las capturas. El Gobierno de Asturias ha reactivado ahora la polémica tras anunciar que prevé retomar a partir de septiembre la extracción de lobos. Ha fijado un cupo máximo de 67 capturas. Lo ha hecho después de que el año pasado no pudiera aplicar su plan de gestión debido a una sentencia del Tribunal Supremo, interpuesta sobre un plan elaborado cuando el lobo aún estaba blindado. También Cantabria prevé realizar hasta 35 capturas de lobos este año. Mientras, Castilla y León todavía no ha incluido al lobo en sus planes de gestión. Galicia sí incluyó la especie en sus órdenes de veda para 2025, pero sin fijar cupos: el ganadero debía solicitar una captura concreta en caso de que hubiera ataques recurrentes. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia paralizó esta decisión cautelarmente y Galicia no ha vuelto a incluir al lobo en sus planes de gestión por coherencia hasta que no se resuelva en los tribunales. «En Francia y Alemania se están abatiendo ejemplares con normalidad» Jorge Bernard Fundación Artemisan«Las comunidades autónomas, a partir del 2025, pueden autorizar los controles de población del lobo, es perfectamente legal», asegura Jorge Bernard, director del departamento jurídico de la Fundación Artemisan. La situación, sin embargo, no es exactamente la misma que antes de 2021, cuando el lobo al norte del Duero no había sido incluido en el Lespre. «Entre medias ha habido sentencias que dicen que se puede controlar, pero siempre que haya un estado favorable de conservación». Es decir, hay que tener censos actualizados y saber cuántos ejemplares hay, explica el experto, que recuerda que en países como Francia o Alemania se están abatiendo ejemplares con normalidad. «Estoy seguro de que los tribunales les van a dar la razón (a las comunidades), siempre que Asturias y Cantabria hayan hecho los deberes», dice Bernard.La batalla por el censoEn el corazón de la batalla hay un conjunto de sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Según estableció en 2024, no se pueden cazar lobos mientras la especie se encuentre en mal estado de conservación, aunque causen daños. Pero si el estado de conservación es favorable, el tribunal sí avala las capturas selectivas contra ejemplares que estén produciendo daños económicos imputables. La jurisprudencia ha desatado una batalla enconada entre las comunidades y el Gobierno en torno a los datos que se remiten a Bruselas dentro del llamado informe sexenal y que contienen el censo sobre el depredador. Este informe es el que interpreta si la población de lobos se encuentra en un estado favorable o desfavorable de conservación. El Ejecutivo lleva ya un año de retraso en su envío a la Comisión Europea, que ha abierto el correspondiente expediente de infracción. Fuentes ministeriales aseguran que el informe sexenal todavía está en tramitación y que Transición Ecológica está trabajando sobre la información disponible antes de su remisión a la Comisión Europea. Pero no hay una fecha concreta de envío, ni una decisión cerrada sobre la versión definitiva del informe. Según las mismas fuentes, se han hecho varios intentos de volcado de los datos aportados por las comunidades autónomas, pero que el programa europeo «detecta errores o inconsistencias en la información volcada». «Transición Ecológica ya ha informado a Bruselas de esta contingencia, comprometiéndose a no remitir datos que no se ajusten a la realidad. Se ha pedido en varias ocasiones a las comunidades autónomas que revisen y corrijan esa información», apuntan desde el ministerio. 333 manadas Son las que hay en España, según el último censo correspondiente al periodo 2021-2024Porque entre las enmiendas incluidas en la ley de desperdicio alimentario había otra cláusula importante: todos los informes sexenales sobre la conservación de hábitats y especies deben ser aprobados por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, es decir, por el órgano que reúne a Gobierno y comunidades. Así, el informe con los datos sobre el lobo tiene que contar con el visto bueno de una mayoría de autonomías. Con esta legislación de fondo, el pasado mes de junio ocurrió algo inusual: se aprobó, con el único voto en contra del propio ministerio, un informe sexenal elaborado por las comunidades que considera que el estado de conservación del lobo es favorable. Ese informe cifra en 333 manadas las contabilizadas en el conjunto de España, un 12 por ciento más que en el anterior (297). Cifras que para los territorios loberos avalan la progresión del cánido, pero que para el Gobierno son insuficientes, al no alcanzar las 500 manadas que considera garantizarían la viabilidad genética de la especie. Y ese es el informe que el Gobierno se niega a remitir a Bruselas. «El estado de conservación no es cierto que sea desfavorable. En general es favorable. Los censos que se van haciendo demuestra que cada vez hay más lobos, y también los daños van a más», opina Bernard.Sin cuposLo contrario opina Ignacio Martínez, de la organización Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (Ascel), que fue la que impulsó el blindaje del lobo en 2021 y para quien la ley de desperdicio alimentario «está generando inseguridad jurídica, poniendo en riesgo el esquema de conservación en España, y demuestra que no se puede legislar con esta frivolidad y poner en juego intereses comunes», critica. Además de considerar al lobo en estado desfavorable de conservación, Martínez recuerda que varias sentencias en el Tribunal Supremo echaron abajo los planes previos para cazar al lobo en Cantabria y Asturias y avanza que acudirán de nuevo al Supremo para pedir la paralización cautelar de los planes de gestión de 2026-2027. «Lo que hay es rebeldía», asegura. En el marco jurídico actual, dice, «no caben los cupos». «Toda norma que diga que vamos a matar a ‘X’ lobos, es ilegal», zanja. Todo es, además, susceptible de cambiar en cualquier momento. El Defensor del Pueblo ha denunciado ante el Tribunal Constitucional las enmiendas de la ley del desperdicio alimentario, aunque el proceso probablemente se dilate en el tiempo.
Año y medio después de que el lobo dejara de ser una especie protegida al norte del Duero por ley, el control cinegético de la especie no se ha normalizado todavía. Un intrincado entramado legislativo y judicial ha llevado a las comunidades loberas a elegir … diferentes estrategias. Asturias y Cantabria han aprobado nuevos planes de gestión con cupos, que muy probablemente serán recurridos por organizaciones ecologistas, Galicia tiene las capturas paralizadas judicialmente, La Rioja ha declarado la especie como ‘cazable’ y Castilla y León sigue sin intentar si quiera extraer ningún ejemplar.
En el aire está todavía una pieza clave: que la Comisión Europea reconozca el estado actual de la población como favorable o desfavorable. Sin embargo, el Gobierno se opone a mandar los datos aportados por las comunidades a Bruselas, que avalarían las extracciones. Transición Ecológica asegura que «no se ajustan a la realidad».
Primero fue Europa, que en 2024 aprobó una flexibilización del régimen de protección del predador. Aunque seguía siendo una especie protegida, daba una mayor flexibilidad a los gobiernos nacionales para gestionar sus poblaciones locales de lobos. Después, a principios de 2025, una enmienda en la ley de desperdicio alimentario impulsada por el PP sacó al lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) al norte del Duero, el documento legal donde fue incluido en 2021 y que blindaba al lobo en todo el país. La idea era volver a la situación previa y permitir la gestión del depredador ante el aumento de ataques a la cabaña ganadera. Pero el texto aprobado no se ha traducido en un aumento automático de las capturas. Varias sentencias recientes del Tribunal Supremo y muy en especial del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) han mantenido un freno a las capturas.
El Gobierno de Asturias ha reactivado ahora la polémica tras anunciar que prevé retomar a partir de septiembre la extracción de lobos. Ha fijado un cupo máximo de 67 capturas. Lo ha hecho después de que el año pasado no pudiera aplicar su plan de gestión debido a una sentencia del Tribunal Supremo, interpuesta sobre un plan elaborado cuando el lobo aún estaba blindado. También Cantabria prevé realizar hasta 35 capturas de lobos este año. Mientras, Castilla y León todavía no ha incluido al lobo en sus planes de gestión. Galicia sí incluyó la especie en sus órdenes de veda para 2025, pero sin fijar cupos: el ganadero debía solicitar una captura concreta en caso de que hubiera ataques recurrentes. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia paralizó esta decisión cautelarmente y Galicia no ha vuelto a incluir al lobo en sus planes de gestión por coherencia hasta que no se resuelva en los tribunales.
«En Francia y Alemania se están abatiendo ejemplares con normalidad»
Jorge Bernard
Fundación Artemisan
«Las comunidades autónomas, a partir del 2025, pueden autorizar los controles de población del lobo, es perfectamente legal», asegura Jorge Bernard, director del departamento jurídico de la Fundación Artemisan. La situación, sin embargo, no es exactamente la misma que antes de 2021, cuando el lobo al norte del Duero no había sido incluido en el Lespre. «Entre medias ha habido sentencias que dicen que se puede controlar, pero siempre que haya un estado favorable de conservación». Es decir, hay que tener censos actualizados y saber cuántos ejemplares hay, explica el experto, que recuerda que en países como Francia o Alemania se están abatiendo ejemplares con normalidad. «Estoy seguro de que los tribunales les van a dar la razón (a las comunidades), siempre que Asturias y Cantabria hayan hecho los deberes», dice Bernard.
La batalla por el censo
En el corazón de la batalla hay un conjunto de sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Según estableció en 2024, no se pueden cazar lobos mientras la especie se encuentre en mal estado de conservación, aunque causen daños. Pero si el estado de conservación es favorable, el tribunal sí avala las capturas selectivas contra ejemplares que estén produciendo daños económicos imputables. La jurisprudencia ha desatado una batalla enconada entre las comunidades y el Gobierno en torno a los datos que se remiten a Bruselas dentro del llamado informe sexenal y que contienen el censo sobre el depredador. Este informe es el que interpreta si la población de lobos se encuentra en un estado favorable o desfavorable de conservación. El Ejecutivo lleva ya un año de retraso en su envío a la Comisión Europea, que ha abierto el correspondiente expediente de infracción.
Fuentes ministeriales aseguran que el informe sexenal todavía está en tramitación y que Transición Ecológica está trabajando sobre la información disponible antes de su remisión a la Comisión Europea. Pero no hay una fecha concreta de envío, ni una decisión cerrada sobre la versión definitiva del informe. Según las mismas fuentes, se han hecho varios intentos de volcado de los datos aportados por las comunidades autónomas, pero que el programa europeo «detecta errores o inconsistencias en la información volcada». «Transición Ecológica ya ha informado a Bruselas de esta contingencia, comprometiéndose a no remitir datos que no se ajusten a la realidad. Se ha pedido en varias ocasiones a las comunidades autónomas que revisen y corrijan esa información», apuntan desde el ministerio.
333
manadas
Son las que hay en España, según el último censo correspondiente al periodo 2021-2024
Porque entre las enmiendas incluidas en la ley de desperdicio alimentario había otra cláusula importante: todos los informes sexenales sobre la conservación de hábitats y especies deben ser aprobados por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, es decir, por el órgano que reúne a Gobierno y comunidades. Así, el informe con los datos sobre el lobo tiene que contar con el visto bueno de una mayoría de autonomías. Con esta legislación de fondo, el pasado mes de junio ocurrió algo inusual: se aprobó, con el único voto en contra del propio ministerio, un informe sexenal elaborado por las comunidades que considera que el estado de conservación del lobo es favorable. Ese informe cifra en 333 manadas las contabilizadas en el conjunto de España, un 12 por ciento más que en el anterior (297). Cifras que para los territorios loberos avalan la progresión del cánido, pero que para el Gobierno son insuficientes, al no alcanzar las 500 manadas que considera garantizarían la viabilidad genética de la especie. Y ese es el informe que el Gobierno se niega a remitir a Bruselas.
«El estado de conservación no es cierto que sea desfavorable. En general es favorable. Los censos que se van haciendo demuestra que cada vez hay más lobos, y también los daños van a más», opina Bernard.
Sin cupos
Lo contrario opina Ignacio Martínez, de la organización Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (Ascel), que fue la que impulsó el blindaje del lobo en 2021 y para quien la ley de desperdicio alimentario «está generando inseguridad jurídica, poniendo en riesgo el esquema de conservación en España, y demuestra que no se puede legislar con esta frivolidad y poner en juego intereses comunes», critica. Además de considerar al lobo en estado desfavorable de conservación, Martínez recuerda que varias sentencias en el Tribunal Supremo echaron abajo los planes previos para cazar al lobo en Cantabria y Asturias y avanza que acudirán de nuevo al Supremo para pedir la paralización cautelar de los planes de gestión de 2026-2027. «Lo que hay es rebeldía», asegura. En el marco jurídico actual, dice, «no caben los cupos». «Toda norma que diga que vamos a matar a ‘X’ lobos, es ilegal», zanja.
Todo es, además, susceptible de cambiar en cualquier momento. El Defensor del Pueblo ha denunciado ante el Tribunal Constitucional las enmiendas de la ley del desperdicio alimentario, aunque el proceso probablemente se dilate en el tiempo.
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