Los ciudadanos creen que las empresas tecnológicas son las responsables de la devaluación creativa y editorial . Eso se desprende del Tercer Observatorio de la Sostenibilidad de la Cultura Escrita, presentado por el Centro Español de Derechos Reprográficos ( CEDRO ).Según expresan los participantes, estas compañías contribuyen a democratizar el uso no autorizado de contenidos protegidos, ha indicado CEDRO en un comunicado. De hecho, para el 45,7% de las personas consultadas, cultura y tecnología tienen intereses contrapuestos . En ese punto, un 72,7% de los encuestados lamenta que el sector público prioriza los segundos sobre los primeros. Además, el 63% de los participantes afirman que las tecnológicas tendrían que tener el permiso del autor o del editor antes de usar los contenidos. El citado informe presentado esta semana también propone que se avance hacia un Pacto de Estado con el que se proteja el valor editorial. Para ello, el 52% de los encuestados piden involucrar «de forma transversal» los ámbitos «político, jurídico, económico y tecnológico» de gobiernos y administraciones.Noticia Relacionada estandar No La piratería se dispara, y sin contar aún el ‘expolio’ de la inteligencia artificial Jaime G. Mora Tras una década a la baja, el consumo de contenidos ilegales creció en 2024 entre un 9 y un 23 por ciento y siembra la inquietud en la industria culturalAsí, la ciudadanía asegura que es clave la ejemplaridad institucional . En este aspecto, un 95,8% manifiesta que el cumplimiento de los derechos de autor por parte de las Administraciones es igual o más importante que el de las empresas tecnológicas. También, un 88% de los participantes reclaman conectar las políticas públicas con las expectativas sociales en esta materia.Tal como ha subrayado la presidenta de CEDRO, Carme Riera, con este análisis queda confirmado que la cultura escrita es vista como «un bien de mérito» . «Debe ser entendida como una auténtica cuestión de Estado, ya que sin cultura escrita no hay democracia sólida, ni educación libre, ni desarrollo social sostenible», ha expresado Riera. Así, para el 83,7% de los encuestados respetar estos derechos de propiedad intelectural es una buena práctica social . Lo perciben como una fórmula de autocuidado. De hecho, para Riera esta sostenibilidad es imprescindible, ya que, si no la hay, «la libertad de crear y editar dejará de ser un derecho y volverá a ser un privilegio, obligándonos a depender de un mecenas, como ocurría en el Siglo de Oro». Respecto a esto, el 67,6% de los participantes lamentan la falta información sobre los derechos de autor, por lo que un 88,7% ha pedido «con urgencia» que se expliquen mejor «tanto los factores positivos asociados a la protección de la propiedad intelectual como los efectos negativos que la tecnología puede provocar sobre la creación cultural». También preocupan las prácticas que afectan a la sostenibilidad de esta cultura escrita. Entre ellas, se desprende de la nota de CEDRO, destacan el plagio o también la reutilización de contenidos editoriales sin autorización ni remuneración. Todo ello reduce el valor de las obras a la par que «genera incertidumbre sobre el futuro del sector editorial».Finalmente, respecto a la inteligencia artificial, despierta tanto interés como preocupación . Para más de la mitad de la población (51,4%), representa un «riesgo alto para la sociedad», sobre todo por la manipulación informativa y la pérdida de pensamiento crítico.Asimismo, en este campo, el informe desgrana cómo el 73% de los usuarios emplea contenidos preexistentes al utilizar la IA. Por tanto, el 89,7% piensa que es el Estado el que debe regular esta inteligencia artificial, sobre todo en lo cultural, y un 64,3% cree que esa regulación debería servir para garantizar que la tecnología esté al servicio de las personas y no al revés. «El Observatorio demuestra que la sociedad no se opone a la tecnología, pero sí exige equilibrio, transparencia y justicia», señalan desde CEDRO.Como soluciones para avanzar en la sostenibilidad de la cultura escrita, el Observatorio propone «impulsar una legislación clara que elimine las ambigüedades sobre el uso de contenidos editoriales en entornos digitales». También, piden «garantizar transparencia institucional en su utilización y distribución, fomentar la educación y formación sobre derechos de autor en todos los niveles educativos y en la Administración pública, y desarrollar campañas de sensibilización que destaquen el valor de los contenidos, promuevan el respeto a los autores y alerten sobre las consecuencias de la piratería». Los ciudadanos creen que las empresas tecnológicas son las responsables de la devaluación creativa y editorial . Eso se desprende del Tercer Observatorio de la Sostenibilidad de la Cultura Escrita, presentado por el Centro Español de Derechos Reprográficos ( CEDRO ).Según expresan los participantes, estas compañías contribuyen a democratizar el uso no autorizado de contenidos protegidos, ha indicado CEDRO en un comunicado. De hecho, para el 45,7% de las personas consultadas, cultura y tecnología tienen intereses contrapuestos . En ese punto, un 72,7% de los encuestados lamenta que el sector público prioriza los segundos sobre los primeros. Además, el 63% de los participantes afirman que las tecnológicas tendrían que tener el permiso del autor o del editor antes de usar los contenidos. El citado informe presentado esta semana también propone que se avance hacia un Pacto de Estado con el que se proteja el valor editorial. Para ello, el 52% de los encuestados piden involucrar «de forma transversal» los ámbitos «político, jurídico, económico y tecnológico» de gobiernos y administraciones.Noticia Relacionada estandar No La piratería se dispara, y sin contar aún el ‘expolio’ de la inteligencia artificial Jaime G. Mora Tras una década a la baja, el consumo de contenidos ilegales creció en 2024 entre un 9 y un 23 por ciento y siembra la inquietud en la industria culturalAsí, la ciudadanía asegura que es clave la ejemplaridad institucional . En este aspecto, un 95,8% manifiesta que el cumplimiento de los derechos de autor por parte de las Administraciones es igual o más importante que el de las empresas tecnológicas. También, un 88% de los participantes reclaman conectar las políticas públicas con las expectativas sociales en esta materia.Tal como ha subrayado la presidenta de CEDRO, Carme Riera, con este análisis queda confirmado que la cultura escrita es vista como «un bien de mérito» . «Debe ser entendida como una auténtica cuestión de Estado, ya que sin cultura escrita no hay democracia sólida, ni educación libre, ni desarrollo social sostenible», ha expresado Riera. Así, para el 83,7% de los encuestados respetar estos derechos de propiedad intelectural es una buena práctica social . Lo perciben como una fórmula de autocuidado. De hecho, para Riera esta sostenibilidad es imprescindible, ya que, si no la hay, «la libertad de crear y editar dejará de ser un derecho y volverá a ser un privilegio, obligándonos a depender de un mecenas, como ocurría en el Siglo de Oro». Respecto a esto, el 67,6% de los participantes lamentan la falta información sobre los derechos de autor, por lo que un 88,7% ha pedido «con urgencia» que se expliquen mejor «tanto los factores positivos asociados a la protección de la propiedad intelectual como los efectos negativos que la tecnología puede provocar sobre la creación cultural». También preocupan las prácticas que afectan a la sostenibilidad de esta cultura escrita. Entre ellas, se desprende de la nota de CEDRO, destacan el plagio o también la reutilización de contenidos editoriales sin autorización ni remuneración. Todo ello reduce el valor de las obras a la par que «genera incertidumbre sobre el futuro del sector editorial».Finalmente, respecto a la inteligencia artificial, despierta tanto interés como preocupación . Para más de la mitad de la población (51,4%), representa un «riesgo alto para la sociedad», sobre todo por la manipulación informativa y la pérdida de pensamiento crítico.Asimismo, en este campo, el informe desgrana cómo el 73% de los usuarios emplea contenidos preexistentes al utilizar la IA. Por tanto, el 89,7% piensa que es el Estado el que debe regular esta inteligencia artificial, sobre todo en lo cultural, y un 64,3% cree que esa regulación debería servir para garantizar que la tecnología esté al servicio de las personas y no al revés. «El Observatorio demuestra que la sociedad no se opone a la tecnología, pero sí exige equilibrio, transparencia y justicia», señalan desde CEDRO.Como soluciones para avanzar en la sostenibilidad de la cultura escrita, el Observatorio propone «impulsar una legislación clara que elimine las ambigüedades sobre el uso de contenidos editoriales en entornos digitales». También, piden «garantizar transparencia institucional en su utilización y distribución, fomentar la educación y formación sobre derechos de autor en todos los niveles educativos y en la Administración pública, y desarrollar campañas de sensibilización que destaquen el valor de los contenidos, promuevan el respeto a los autores y alerten sobre las consecuencias de la piratería».
Los ciudadanos creen que las empresas tecnológicas son las responsables de la devaluación creativa y editorial. Eso se desprende del Tercer Observatorio de la Sostenibilidad de la Cultura Escrita, presentado por el Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO).
Según expresan los participantes, estas … compañías contribuyen a democratizar el uso no autorizado de contenidos protegidos, ha indicado CEDRO en un comunicado. De hecho, para el 45,7% de las personas consultadas, cultura y tecnología tienen intereses contrapuestos. En ese punto, un 72,7% de los encuestados lamenta que el sector público prioriza los segundos sobre los primeros. Además, el 63% de los participantes afirman que las tecnológicas tendrían que tener el permiso del autor o del editor antes de usar los contenidos.
El citado informe presentado esta semana también propone que se avance hacia un Pacto de Estado con el que se proteja el valor editorial. Para ello, el 52% de los encuestados piden involucrar «de forma transversal» los ámbitos «político, jurídico, económico y tecnológico» de gobiernos y administraciones.
Así, la ciudadanía asegura que es clave la ejemplaridad institucional. En este aspecto, un 95,8% manifiesta que el cumplimiento de los derechos de autor por parte de las Administraciones es igual o más importante que el de las empresas tecnológicas. También, un 88% de los participantes reclaman conectar las políticas públicas con las expectativas sociales en esta materia.
Tal como ha subrayado la presidenta de CEDRO, Carme Riera, con este análisis queda confirmado que la cultura escrita es vista como «un bien de mérito». «Debe ser entendida como una auténtica cuestión de Estado, ya que sin cultura escrita no hay democracia sólida, ni educación libre, ni desarrollo social sostenible», ha expresado Riera.
Así, para el 83,7% de los encuestados respetar estos derechos de propiedad intelectural es una buena práctica social. Lo perciben como una fórmula de autocuidado. De hecho, para Riera esta sostenibilidad es imprescindible, ya que, si no la hay, «la libertad de crear y editar dejará de ser un derecho y volverá a ser un privilegio, obligándonos a depender de un mecenas, como ocurría en el Siglo de Oro».
Respecto a esto, el 67,6% de los participantes lamentan la falta información sobre los derechos de autor, por lo que un 88,7% ha pedido «con urgencia» que se expliquen mejor «tanto los factores positivos asociados a la protección de la propiedad intelectual como los efectos negativos que la tecnología puede provocar sobre la creación cultural».
También preocupan las prácticas que afectan a la sostenibilidad de esta cultura escrita. Entre ellas, se desprende de la nota de CEDRO, destacan el plagio o también la reutilización de contenidos editoriales sin autorización ni remuneración. Todo ello reduce el valor de las obras a la par que «genera incertidumbre sobre el futuro del sector editorial».
Finalmente, respecto a la inteligencia artificial, despierta tanto interés como preocupación. Para más de la mitad de la población (51,4%), representa un «riesgo alto para la sociedad», sobre todo por la manipulación informativa y la pérdida de pensamiento crítico.
Asimismo, en este campo, el informe desgrana cómo el 73% de los usuarios emplea contenidos preexistentes al utilizar la IA. Por tanto, el 89,7% piensa que es el Estado el que debe regular esta inteligencia artificial, sobre todo en lo cultural, y un 64,3% cree que esa regulación debería servir para garantizar que la tecnología esté al servicio de las personas y no al revés. «El Observatorio demuestra que la sociedad no se opone a la tecnología, pero sí exige equilibrio, transparencia y justicia», señalan desde CEDRO.
Como soluciones para avanzar en la sostenibilidad de la cultura escrita, el Observatorio propone «impulsar una legislación clara que elimine las ambigüedades sobre el uso de contenidos editoriales en entornos digitales». También, piden «garantizar transparencia institucional en su utilización y distribución, fomentar la educación y formación sobre derechos de autor en todos los niveles educativos y en la Administración pública, y desarrollar campañas de sensibilización que destaquen el valor de los contenidos, promuevan el respeto a los autores y alerten sobre las consecuencias de la piratería».
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