Que el uso del poder corrompe es un mantra que se repite desde los orígenes mismos del poder político, pero en los últimos años la corrupción ha adquirido una presencia tan relevante en la vida política de este país que se ha instalado como un problema estructural en nuestro sistema democrático. No se trata sólo de las malas prácticas de un nutrido grupo de individuos de diferente signo político sino del modo de funcionamiento de un sistema que se ha normalizado en ciertos ámbitos de la vida pública, lo que ha erosionado de manera muy preocupante la confianza de los ciudadanos en las instituciones. ¿Qué ha ocurrido con los mecanismos de control y los organismos judiciales del Estado para que los casos de corrupción adquieran nuevas formas y se den con tan escandalosa frecuencia? Como no podía ser de otra manera, las causas son complejas . La falta de transparencia de la gestión pública, la opacidad de los partidos políticos y la ausencia de órganos de control independientes se encuentran detrás del deterioro democrático tan preocupante que padecemos, pero también la manera que se ha impuesto de gestionar con criterios empresariales los servicios públicos, lo que no ha hecho sino fomentar la debilidad de nuestras instituciones, considerando como demasiado anticuados y ‘burocráticos’ los principios de la meritocracia en el acceso al empleo público y despreciando la carrera administrativa estrictamente profesional, lo que ha dejado a la administración a merced de invasivos y voraces partidos políticos. ¿Qué se ha conseguido con ello? Como escribe Carles Ramió, catedrático de Ciencia Política y de la Administración den la UPF, «hundir los diques institucionales» que sujetaban a «los animales salvajes del clientelismo y la corrupción»«La falta de transparencia de la gestión pública, la opacidad de los partidos políticos y la ausencia de órganos de control independientes se encuentran detrás del deterioro democrático tan preocupante que padecemos, pero también la manera que se ha impuesto de gestionar con criterios empresariales los servicios públicos» Luis Peñalver AlhambraPero que nadie cometa el error de pensar que el amiguismo, la malversación, el tráfico de influencias, el cobro de comisiones y en general la captura del Estado por parte de las fuerzas políticas son patrimonio exclusivo del sistema democrático que se instauró en España tras la muerte del dictador Francisco Franco. Como ha mostrado Paul Preston en Un pueblo traicionado , un estudio bien documentado sobre el uso del poder en España durante los últimos 150 años, en el ranking de periodos corruptos de nuestra historia contemporánea se sitúa en primer lugar la dictadura del general Primo de Rivera (1923-1930), protagonizada por el clientelismo y la utilización del Estado en beneficio de la elite dominante, seguido muy de cerca por la dictadura de Franco (1939-1975), en la que la corrupción contaminaba los cimientos mismos de un régimen entregado al enriquecimiento de sus élites mediante el estraperlo, las continuas prebendas y la especulación. Luego vino un periodo de transición a la democracia que, como todos los periodos, tuvo sus luces y sus sombras. Fue una etapa afortunada porque evitó escenarios políticos en este país infinitamente peores, aunque nunca se llegó a desprender del todo de ciertas prácticas corruptas heredadas del franquismo, con una escasa renovación de las élites sociales, económicas y, en alguno caso también, políticas del periodo anterior.Creo firmemente que sólo existe un remedio que acabe o reduzca significativamente el miasma sistémico de la corrupción: educar a la ciudadanía para fortalecer a una sociedad civil que impida la existencia de esa forma silenciosa de poder que es la corrupción, estableciendo mecanismos para controlar a esas organizaciones de ciudadanos que se llaman partidos políticos y que no tienen otra razón de ser que el servicio público, de manera que en la práctica sea casi imposible que el interés partidista prevalezca sobre el bien general. Los ciudadanos, no los políticos ni los partidos, son los legítimos propietarios de las instituciones del Estado. La política, recordémoslo una vez más, no pertenece a los políticos . La corrupción no sólo es consecuencia de un grupo de tipos corruptos ni se lucha contra ella únicamente en los tribunales; la corrupción nace también de una falta de cultura ciudadana. La corrupción no sólo se combate con la independencia de los jueces (y con la independencia y responsabilidad de los medios de comunicación): se requiere asimismo la implicación constante de los ciudadanos; una implicación que debe comenzar en las aulas.«No me cabe duda de que el sistema democrático sería mucho más democrático y menos corrupto con un sistema electoral de listas abiertas en el que una ciudadanía informada y formada éticamente pudiera elegir libremente a sus representantes» Luis Peñalver AlhambraNo podemos caer en el peligroso estereotipo (peligroso porque atrae como un imán a los populismos más radicales) según el cual todos los políticos son corruptos, porque no se corresponde con la realidad. Pero tal como funcionan hoy los partidos, le es muy difícil a un político actuar honestamente, pues no es inmune al efecto contagio que existe dentro de este dispositivo de poder; además, una actuación ética a menudo le pondría en desventaja para prosperar dentro del partido e incluso para sobrevivir políticamente. No me cabe duda de que el sistema democrático sería mucho más democrático y menos corrupto con un sistema electoral de listas abiertas en el que una ciudadanía informada y formada éticamente pudiera elegir libremente a sus representantes; una ciudadanía más consciente , menos vulnerable a la manipulación y, por consiguiente, más exigente con aquellos a quienes ha dado su voto de confianza.La sociedad no puede acostumbrarse a convivir con la corrupción sin exigir responsabilidades y castigos ejemplares a esos políticos que han hecho uso del poder que le han otorgado los ciudadanos en su propio beneficio, pues la resignación colectiva ante estos abusos puede llegar a ser más peligrosa que los propios actos corruptos. La corrupción no es inevitable, como piensan algunos fatalistas. Es un fenómeno que hay que atajar judicial y jurídicamente, con instituciones transparentes e independientes, pero que debe abordarse sobre todo desde la educación y la cultura, una cultura democrática basada en los valores ciudadanos. Que el uso del poder corrompe es un mantra que se repite desde los orígenes mismos del poder político, pero en los últimos años la corrupción ha adquirido una presencia tan relevante en la vida política de este país que se ha instalado como un problema estructural en nuestro sistema democrático. No se trata sólo de las malas prácticas de un nutrido grupo de individuos de diferente signo político sino del modo de funcionamiento de un sistema que se ha normalizado en ciertos ámbitos de la vida pública, lo que ha erosionado de manera muy preocupante la confianza de los ciudadanos en las instituciones. ¿Qué ha ocurrido con los mecanismos de control y los organismos judiciales del Estado para que los casos de corrupción adquieran nuevas formas y se den con tan escandalosa frecuencia? Como no podía ser de otra manera, las causas son complejas . La falta de transparencia de la gestión pública, la opacidad de los partidos políticos y la ausencia de órganos de control independientes se encuentran detrás del deterioro democrático tan preocupante que padecemos, pero también la manera que se ha impuesto de gestionar con criterios empresariales los servicios públicos, lo que no ha hecho sino fomentar la debilidad de nuestras instituciones, considerando como demasiado anticuados y ‘burocráticos’ los principios de la meritocracia en el acceso al empleo público y despreciando la carrera administrativa estrictamente profesional, lo que ha dejado a la administración a merced de invasivos y voraces partidos políticos. ¿Qué se ha conseguido con ello? Como escribe Carles Ramió, catedrático de Ciencia Política y de la Administración den la UPF, «hundir los diques institucionales» que sujetaban a «los animales salvajes del clientelismo y la corrupción»«La falta de transparencia de la gestión pública, la opacidad de los partidos políticos y la ausencia de órganos de control independientes se encuentran detrás del deterioro democrático tan preocupante que padecemos, pero también la manera que se ha impuesto de gestionar con criterios empresariales los servicios públicos» Luis Peñalver AlhambraPero que nadie cometa el error de pensar que el amiguismo, la malversación, el tráfico de influencias, el cobro de comisiones y en general la captura del Estado por parte de las fuerzas políticas son patrimonio exclusivo del sistema democrático que se instauró en España tras la muerte del dictador Francisco Franco. Como ha mostrado Paul Preston en Un pueblo traicionado , un estudio bien documentado sobre el uso del poder en España durante los últimos 150 años, en el ranking de periodos corruptos de nuestra historia contemporánea se sitúa en primer lugar la dictadura del general Primo de Rivera (1923-1930), protagonizada por el clientelismo y la utilización del Estado en beneficio de la elite dominante, seguido muy de cerca por la dictadura de Franco (1939-1975), en la que la corrupción contaminaba los cimientos mismos de un régimen entregado al enriquecimiento de sus élites mediante el estraperlo, las continuas prebendas y la especulación. Luego vino un periodo de transición a la democracia que, como todos los periodos, tuvo sus luces y sus sombras. Fue una etapa afortunada porque evitó escenarios políticos en este país infinitamente peores, aunque nunca se llegó a desprender del todo de ciertas prácticas corruptas heredadas del franquismo, con una escasa renovación de las élites sociales, económicas y, en alguno caso también, políticas del periodo anterior.Creo firmemente que sólo existe un remedio que acabe o reduzca significativamente el miasma sistémico de la corrupción: educar a la ciudadanía para fortalecer a una sociedad civil que impida la existencia de esa forma silenciosa de poder que es la corrupción, estableciendo mecanismos para controlar a esas organizaciones de ciudadanos que se llaman partidos políticos y que no tienen otra razón de ser que el servicio público, de manera que en la práctica sea casi imposible que el interés partidista prevalezca sobre el bien general. Los ciudadanos, no los políticos ni los partidos, son los legítimos propietarios de las instituciones del Estado. La política, recordémoslo una vez más, no pertenece a los políticos . La corrupción no sólo es consecuencia de un grupo de tipos corruptos ni se lucha contra ella únicamente en los tribunales; la corrupción nace también de una falta de cultura ciudadana. La corrupción no sólo se combate con la independencia de los jueces (y con la independencia y responsabilidad de los medios de comunicación): se requiere asimismo la implicación constante de los ciudadanos; una implicación que debe comenzar en las aulas.«No me cabe duda de que el sistema democrático sería mucho más democrático y menos corrupto con un sistema electoral de listas abiertas en el que una ciudadanía informada y formada éticamente pudiera elegir libremente a sus representantes» Luis Peñalver AlhambraNo podemos caer en el peligroso estereotipo (peligroso porque atrae como un imán a los populismos más radicales) según el cual todos los políticos son corruptos, porque no se corresponde con la realidad. Pero tal como funcionan hoy los partidos, le es muy difícil a un político actuar honestamente, pues no es inmune al efecto contagio que existe dentro de este dispositivo de poder; además, una actuación ética a menudo le pondría en desventaja para prosperar dentro del partido e incluso para sobrevivir políticamente. No me cabe duda de que el sistema democrático sería mucho más democrático y menos corrupto con un sistema electoral de listas abiertas en el que una ciudadanía informada y formada éticamente pudiera elegir libremente a sus representantes; una ciudadanía más consciente , menos vulnerable a la manipulación y, por consiguiente, más exigente con aquellos a quienes ha dado su voto de confianza.La sociedad no puede acostumbrarse a convivir con la corrupción sin exigir responsabilidades y castigos ejemplares a esos políticos que han hecho uso del poder que le han otorgado los ciudadanos en su propio beneficio, pues la resignación colectiva ante estos abusos puede llegar a ser más peligrosa que los propios actos corruptos. La corrupción no es inevitable, como piensan algunos fatalistas. Es un fenómeno que hay que atajar judicial y jurídicamente, con instituciones transparentes e independientes, pero que debe abordarse sobre todo desde la educación y la cultura, una cultura democrática basada en los valores ciudadanos.
Que el uso del poder corrompe es un mantra que se repite desde los orígenes mismos del poder político, pero en los últimos años la corrupción ha adquirido una presencia tan relevante en la vida política de este país que se ha instalado … como un problema estructural en nuestro sistema democrático. No se trata sólo de las malas prácticas de un nutrido grupo de individuos de diferente signo político sino del modo de funcionamiento de un sistema que se ha normalizado en ciertos ámbitos de la vida pública, lo que ha erosionado de manera muy preocupante la confianza de los ciudadanos en las instituciones.
¿Qué ha ocurrido con los mecanismos de control y los organismos judiciales del Estado para que los casos de corrupción adquieran nuevas formas y se den con tan escandalosa frecuencia? Como no podía ser de otra manera, las causas son complejas.
La falta de transparencia de la gestión pública, la opacidad de los partidos políticos y la ausencia de órganos de control independientes se encuentran detrás del deterioro democrático tan preocupante que padecemos, pero también la manera que se ha impuesto de gestionar con criterios empresariales los servicios públicos, lo que no ha hecho sino fomentar la debilidad de nuestras instituciones, considerando como demasiado anticuados y ‘burocráticos’ los principios de la meritocracia en el acceso al empleo público y despreciando la carrera administrativa estrictamente profesional, lo que ha dejado a la administración a merced de invasivos y voraces partidos políticos. ¿Qué se ha conseguido con ello? Como escribe Carles Ramió, catedrático de Ciencia Política y de la Administración den la UPF, «hundir los diques institucionales» que sujetaban a «los animales salvajes del clientelismo y la corrupción»
«La falta de transparencia de la gestión pública, la opacidad de los partidos políticos y la ausencia de órganos de control independientes se encuentran detrás del deterioro democrático tan preocupante que padecemos, pero también la manera que se ha impuesto de gestionar con criterios empresariales los servicios públicos»
Luis Peñalver Alhambra
Pero que nadie cometa el error de pensar que el amiguismo, la malversación, el tráfico de influencias, el cobro de comisiones y en general la captura del Estado por parte de las fuerzas políticas son patrimonio exclusivo del sistema democrático que se instauró en España tras la muerte del dictador Francisco Franco. Como ha mostrado Paul Preston en Un pueblo traicionado, un estudio bien documentado sobre el uso del poder en España durante los últimos 150 años, en el ranking de periodos corruptos de nuestra historia contemporánea se sitúa en primer lugar la dictadura del general Primo de Rivera (1923-1930), protagonizada por el clientelismo y la utilización del Estado en beneficio de la elite dominante, seguido muy de cerca por la dictadura de Franco (1939-1975), en la que la corrupción contaminaba los cimientos mismos de un régimen entregado al enriquecimiento de sus élites mediante el estraperlo, las continuas prebendas y la especulación. Luego vino un periodo de transición a la democracia que, como todos los periodos, tuvo sus luces y sus sombras. Fue una etapa afortunada porque evitó escenarios políticos en este país infinitamente peores, aunque nunca se llegó a desprender del todo de ciertas prácticas corruptas heredadas del franquismo, con una escasa renovación de las élites sociales, económicas y, en alguno caso también, políticas del periodo anterior.
Creo firmemente que sólo existe un remedio que acabe o reduzca significativamente el miasma sistémico de la corrupción: educar a la ciudadanía para fortalecer a una sociedad civil que impida la existencia de esa forma silenciosa de poder que es la corrupción, estableciendo mecanismos para controlar a esas organizaciones de ciudadanos que se llaman partidos políticos y que no tienen otra razón de ser que el servicio público, de manera que en la práctica sea casi imposible que el interés partidista prevalezca sobre el bien general.
Los ciudadanos, no los políticos ni los partidos, son los legítimos propietarios de las instituciones del Estado. La política, recordémoslo una vez más, no pertenece a los políticos. La corrupción no sólo es consecuencia de un grupo de tipos corruptos ni se lucha contra ella únicamente en los tribunales; la corrupción nace también de una falta de cultura ciudadana. La corrupción no sólo se combate con la independencia de los jueces (y con la independencia y responsabilidad de los medios de comunicación): se requiere asimismo la implicación constante de los ciudadanos; una implicación que debe comenzar en las aulas.
«No me cabe duda de que el sistema democrático sería mucho más democrático y menos corrupto con un sistema electoral de listas abiertas en el que una ciudadanía informada y formada éticamente pudiera elegir libremente a sus representantes»
Luis Peñalver Alhambra
No podemos caer en el peligroso estereotipo (peligroso porque atrae como un imán a los populismos más radicales) según el cual todos los políticos son corruptos, porque no se corresponde con la realidad. Pero tal como funcionan hoy los partidos, le es muy difícil a un político actuar honestamente, pues no es inmune al efecto contagio que existe dentro de este dispositivo de poder; además, una actuación ética a menudo le pondría en desventaja para prosperar dentro del partido e incluso para sobrevivir políticamente. No me cabe duda de que el sistema democrático sería mucho más democrático y menos corrupto con un sistema electoral de listas abiertas en el que una ciudadanía informada y formada éticamente pudiera elegir libremente a sus representantes; una ciudadanía más consciente, menos vulnerable a la manipulación y, por consiguiente, más exigente con aquellos a quienes ha dado su voto de confianza.
La sociedad no puede acostumbrarse a convivir con la corrupción sin exigir responsabilidades y castigos ejemplares a esos políticos que han hecho uso del poder que le han otorgado los ciudadanos en su propio beneficio, pues la resignación colectiva ante estos abusos puede llegar a ser más peligrosa que los propios actos corruptos. La corrupción no es inevitable, como piensan algunos fatalistas. Es un fenómeno que hay que atajar judicial y jurídicamente, con instituciones transparentes e independientes, pero que debe abordarse sobre todo desde la educación y la cultura, una cultura democrática basada en los valores ciudadanos.
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