La deuda que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene con la Comunidad de Madrid sigue engordando sin freno y ahora mismo representaría nada menos que el 40 por ciento del presupuesto regional de 2026. Las cifras son impactantes: más de 12.300 millones de euros de deuda consolidada con la región, una subida de más de 1.800 millones solo desde octubre y en lo que llevamos de año la Comunidad de Madrid ha dejado de recibir otros 750 millones para servicios públicos esenciales por la ausencia de los Presupuestos Generales del Estado, según denuncian desde la Consejería de Economía.Ante esta situación crítica, la consejera de Economía, Rocío Albert, envió una carta a finales de abril al nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, en la que el Gobierno de Ayuso reclama que se actualicen las entregas a cuenta a las comunidades autónomas. Diez días después, no había respuesta por parte de este ministro, que se estrena así en el cargo en su relación con la Comunidad de Madrid.Pese a este agujero cada vez más grande que el Gobierno de Sánchez está produciendo en la Comunidad de Madrid, como en otras autonomías, desde el Ejecutivo regional se garantiza con rotundidad que no están comprometidos los servicios públicos, ni tampoco están en cuestión los planes pendientes que quedan por desarrollar en este último año de legislatura que hay por delante. Hasta ahora, según presumen en la Comunidad, el Gobierno de Ayuso «ha cumplido ya el 90 por ciento» del programa. Pero hay promesas pendientes, como la de rebajar otro medio punto el tramo autonómico del IRPF. Noticia relacionada general No No PP y Vox se unen por la prioridad nacional y la izquierda intensifica sus insultos contra Ayuso Mariano CallejaLa consejera de Economía, Rocío Albert, ha sido rotunda al asegurar que esa nueva rebaja de impuestos en la Comunidad de Madrid «se cumplirá», como ya ha dicho la presidenta regional. Ayuso había expresado sus dudas sobre el cumplimiento de ese punto del programa ante la situación económica, al estar la Comunidad «infrafinanciada» por el Gobierno de Sánchez. Pero el pasado mes de enero confirmó que la prometida rebaja de medio punto en el tramo autonómico del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas entrará en vigor en 2027. Esta medida se suma a la bajada de otro medio punto aplicada desde 2022 y tendrá un ahorro de cerca de 500 millones de euros para beneficiar a 2,9 millones de contribuyentes, según estimaciones del Gobierno regional. 1.867 millones de euros Según la Consejería de Economía, la deuda consolidada del Gobierno con la región por servicios públicos, prestaciones y compromisos legales no atendidos se eleva ya a 12.367 millones de euros. Desde octubre se han sumado otros 1.867 millones extra. A finales del año pasado, Isabel Díaz Ayuso denunció que el Gobierno de Sánchez estaba asfixiando a la Comunidad de Madrid al deber a la región más de 10.500 millones por servicios públicos prestados. Los datos se han actualizado y el resultado es peor todavía. Según la Consejería de Economía, la deuda consolidada del Gobierno con la región por servicios públicos, prestaciones y compromisos legales no atendidos se eleva ya a 12.367 millones de euros. Desde octubre se han sumado otros 1.867 millones extra. Esta comparación sirve para reflejar el impacto de la deuda: el impago del Gobierno de Sánchez representa cerca del presupuesto íntegro madrileño destinado para su sanidad pública en todo este año. La consejera de Economía madrileña ha denunciado la «quiebra de la lealtad institucional» que supone el incremento continuo de esta deuda acumulada, agravada, según ha subrayado, por la ausencia de Presupuestos Generales del Estado, con los tres últimos años en lo que ni siquiera se ha presentado el proyecto: «Es una anomalía democrática sin antecedentes», avisa Rocío Albert.2.668 millones de euros Asuntos Sociales acumula 2.668 millones desde 2019 por el incumplimiento de la ley de Dependencia, una norma que obliga al Estado a financiar el 50 por ciento del sistema y apenas cubre el 27,9 por ciento«Con la excusa de la falta de presupuestos», advierte la consejera de Economía, el Gobierno no ha actualizado las entregas a cuenta, los anticipos mensuales que el Estado transfiere a las comunidades autónomas de régimen común para financiar sus servicios públicos, y que suponen el 77 por ciento de los ingresos autonómicos. Así, este año la Comunidad está recibiendo una cantidad «sensiblemente inferior a la que le corresponde», según fuentes de la Consejería. Serían 129 millones menos al mes entre enero y marzo y 376 millones a partir de abril. La merma acumulada supera los 750 millones, a los que se añaden otros 4,7 entre intereses pagados por esa financiación de emergencia y la rentabilidad perdida. 2.785 Millones de euros Medio Ambiente eleva la cifra a 2.785 millones: 1.580 del tercer ciclo del Plan Hidrológico del Tajo y 1.200 de las obras pendientes en las Estaciones Regeneradoras de Aguas Residuales de La China, Butarque y SurDe los 12.367 millones que el Estado adeuda a la Comunidad de Madrid, la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo concentra 6.276. De ellos, 4.513 corresponden al tope del Fondo de Competitividad acumulado entre 2019 y 2023; 765 al retraso en las entregas a cuenta de 2026, y 993 a la infrafinanciación de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Por su parte, Asuntos Sociales acumula 2.668 millones desde 2019 por el incumplimiento de la ley de Dependencia, una norma que obliga al Estado a financiar el 50 por ciento del sistema y apenas cubre el 27,9 por ciento; Medio Ambiente eleva la cifra a 2.785 millones: 1.580 del tercer ciclo del Plan Hidrológico del Tajo y 1.200 de las obras pendientes en las Estaciones Regeneradoras de Aguas Residuales de La China, Butarque y Sur. Y la deuda se completa con 417 millones del Consorcio Regional de Transportes, 149 en Sanidad, 61 en Justicia y 10 en Educación.Carta al ministroAnte esta situación, la consejera Albert envió una carta al nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, para reclamar la aprobación de un real decreto ley «urgente y específico, no mezclado con desahucios, vivienda, fiscalidad y un largo etcétera», con el fin de «actualizar las entregas a cuenta» a las comunidades autónomas.«No existe ningún impedimento jurídico para que el Gobierno apruebe de inmediato un real decreto ley cuyo único objeto sea la actualización de las entregas a cuenta a las cantidades comunicadas para 2026» Rocío Albert Consejera de Economía«No existe ningún impedimento jurídico para que el Gobierno apruebe de inmediato un real decreto ley cuyo único objeto sea la actualización de las entregas a cuenta a las cantidades comunicadas para 2026», subraya la consejera en la misiva al ministro. «Es lo que, de acuerdo con el Sistema de Financiación Autonómica vigente, se debiera transferir a las comunidades autónomas y, por tanto, no cabe ampararse en ninguna otra cuestión política o presupuestaria para continuar reteniéndolo», advierte. Por eso, Albert pide al ministro de Hacienda que, en consecuencia, en esta primera etapa al frente del Ministerio dé los pasos necesarios para resolver esa situación a la mayor brevedad. La carta, firmada por la consejera, se envió el pasado 29 de abril. Hasta el viernes pasado, diez días después, el ministro no había contestado. El silencio del Gobierno no es nuevo. La consejera de Economía ya planteó en sucesivas ocasiones a la predecesora del actual ministro, María Jesús Montero, esta situación «sin obtener respuesta objetiva», a pesar de que el problema «se agrava cada mes que pasa».«Yo decido, tú pagas»La consejera de Economía ha criticado el modelo del Gobierno de Sánchez, que resume en un «yo decido, tú pagas». El método, denuncia la Comunidad de Madrid, se repite con cada norma aprobada por el Ejecutivo nacional: son decisiones aprobadas en Consejo de Ministros, se llevan a las conferencias sectoriales «para informar, no para negociar», y en «la inmensa mayoría de los casos no incluyen memoria económica que cuantifique su impacto sobre las arcas autonómicas». Un ejemplo reciente sería el plan integral de respuesta a la crisis en Oriente Próximo, que rebaja temporalmente, hasta el 30 de junio, el IVA de la electricidad y los carburantes, y los impuestos especiales sobre electricidad e hidrocarburos, todos ellos cedidos total o parcialmente a las comunidades autónomas. En este caso, el impacto en Madrid, según ha detallado la Comunidad, llega a 206 millones de euros. El Gobierno está tramitando otras medidas sin cuantificar su coste, como la rebaja de la jornada laboral a 35 horasOtra denuncia que hace la Comunidad de Madrid: el Gobierno está tramitando, advierte, otras medidas con elevado impacto presupuestario para las comunidades, sin acompañar memoria económica ni cuantificar su coste. Sería el caso de la rebaja de la jornada laboral a 35 horas en la Administración o la imposición del calendario de reducción de horas lectivas en los centros escolares y ratios para docentes.Además, la subida retributiva pactada por el Ejecutivo nacional para los empleados públicos, sin participación de las comunidades autónomas, supone 888 millones de euros para la Comunidad de Madrid en 2025 y 2026, y se eleva a cerca de 2.000 millones hasta 2028, según la Consejería de Economía. La deuda que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene con la Comunidad de Madrid sigue engordando sin freno y ahora mismo representaría nada menos que el 40 por ciento del presupuesto regional de 2026. Las cifras son impactantes: más de 12.300 millones de euros de deuda consolidada con la región, una subida de más de 1.800 millones solo desde octubre y en lo que llevamos de año la Comunidad de Madrid ha dejado de recibir otros 750 millones para servicios públicos esenciales por la ausencia de los Presupuestos Generales del Estado, según denuncian desde la Consejería de Economía.Ante esta situación crítica, la consejera de Economía, Rocío Albert, envió una carta a finales de abril al nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, en la que el Gobierno de Ayuso reclama que se actualicen las entregas a cuenta a las comunidades autónomas. Diez días después, no había respuesta por parte de este ministro, que se estrena así en el cargo en su relación con la Comunidad de Madrid.Pese a este agujero cada vez más grande que el Gobierno de Sánchez está produciendo en la Comunidad de Madrid, como en otras autonomías, desde el Ejecutivo regional se garantiza con rotundidad que no están comprometidos los servicios públicos, ni tampoco están en cuestión los planes pendientes que quedan por desarrollar en este último año de legislatura que hay por delante. Hasta ahora, según presumen en la Comunidad, el Gobierno de Ayuso «ha cumplido ya el 90 por ciento» del programa. Pero hay promesas pendientes, como la de rebajar otro medio punto el tramo autonómico del IRPF. Noticia relacionada general No No PP y Vox se unen por la prioridad nacional y la izquierda intensifica sus insultos contra Ayuso Mariano CallejaLa consejera de Economía, Rocío Albert, ha sido rotunda al asegurar que esa nueva rebaja de impuestos en la Comunidad de Madrid «se cumplirá», como ya ha dicho la presidenta regional. Ayuso había expresado sus dudas sobre el cumplimiento de ese punto del programa ante la situación económica, al estar la Comunidad «infrafinanciada» por el Gobierno de Sánchez. Pero el pasado mes de enero confirmó que la prometida rebaja de medio punto en el tramo autonómico del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas entrará en vigor en 2027. Esta medida se suma a la bajada de otro medio punto aplicada desde 2022 y tendrá un ahorro de cerca de 500 millones de euros para beneficiar a 2,9 millones de contribuyentes, según estimaciones del Gobierno regional. 1.867 millones de euros Según la Consejería de Economía, la deuda consolidada del Gobierno con la región por servicios públicos, prestaciones y compromisos legales no atendidos se eleva ya a 12.367 millones de euros. Desde octubre se han sumado otros 1.867 millones extra. A finales del año pasado, Isabel Díaz Ayuso denunció que el Gobierno de Sánchez estaba asfixiando a la Comunidad de Madrid al deber a la región más de 10.500 millones por servicios públicos prestados. Los datos se han actualizado y el resultado es peor todavía. Según la Consejería de Economía, la deuda consolidada del Gobierno con la región por servicios públicos, prestaciones y compromisos legales no atendidos se eleva ya a 12.367 millones de euros. Desde octubre se han sumado otros 1.867 millones extra. Esta comparación sirve para reflejar el impacto de la deuda: el impago del Gobierno de Sánchez representa cerca del presupuesto íntegro madrileño destinado para su sanidad pública en todo este año. La consejera de Economía madrileña ha denunciado la «quiebra de la lealtad institucional» que supone el incremento continuo de esta deuda acumulada, agravada, según ha subrayado, por la ausencia de Presupuestos Generales del Estado, con los tres últimos años en lo que ni siquiera se ha presentado el proyecto: «Es una anomalía democrática sin antecedentes», avisa Rocío Albert.2.668 millones de euros Asuntos Sociales acumula 2.668 millones desde 2019 por el incumplimiento de la ley de Dependencia, una norma que obliga al Estado a financiar el 50 por ciento del sistema y apenas cubre el 27,9 por ciento«Con la excusa de la falta de presupuestos», advierte la consejera de Economía, el Gobierno no ha actualizado las entregas a cuenta, los anticipos mensuales que el Estado transfiere a las comunidades autónomas de régimen común para financiar sus servicios públicos, y que suponen el 77 por ciento de los ingresos autonómicos. Así, este año la Comunidad está recibiendo una cantidad «sensiblemente inferior a la que le corresponde», según fuentes de la Consejería. Serían 129 millones menos al mes entre enero y marzo y 376 millones a partir de abril. La merma acumulada supera los 750 millones, a los que se añaden otros 4,7 entre intereses pagados por esa financiación de emergencia y la rentabilidad perdida. 2.785 Millones de euros Medio Ambiente eleva la cifra a 2.785 millones: 1.580 del tercer ciclo del Plan Hidrológico del Tajo y 1.200 de las obras pendientes en las Estaciones Regeneradoras de Aguas Residuales de La China, Butarque y SurDe los 12.367 millones que el Estado adeuda a la Comunidad de Madrid, la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo concentra 6.276. De ellos, 4.513 corresponden al tope del Fondo de Competitividad acumulado entre 2019 y 2023; 765 al retraso en las entregas a cuenta de 2026, y 993 a la infrafinanciación de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Por su parte, Asuntos Sociales acumula 2.668 millones desde 2019 por el incumplimiento de la ley de Dependencia, una norma que obliga al Estado a financiar el 50 por ciento del sistema y apenas cubre el 27,9 por ciento; Medio Ambiente eleva la cifra a 2.785 millones: 1.580 del tercer ciclo del Plan Hidrológico del Tajo y 1.200 de las obras pendientes en las Estaciones Regeneradoras de Aguas Residuales de La China, Butarque y Sur. Y la deuda se completa con 417 millones del Consorcio Regional de Transportes, 149 en Sanidad, 61 en Justicia y 10 en Educación.Carta al ministroAnte esta situación, la consejera Albert envió una carta al nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, para reclamar la aprobación de un real decreto ley «urgente y específico, no mezclado con desahucios, vivienda, fiscalidad y un largo etcétera», con el fin de «actualizar las entregas a cuenta» a las comunidades autónomas.«No existe ningún impedimento jurídico para que el Gobierno apruebe de inmediato un real decreto ley cuyo único objeto sea la actualización de las entregas a cuenta a las cantidades comunicadas para 2026» Rocío Albert Consejera de Economía«No existe ningún impedimento jurídico para que el Gobierno apruebe de inmediato un real decreto ley cuyo único objeto sea la actualización de las entregas a cuenta a las cantidades comunicadas para 2026», subraya la consejera en la misiva al ministro. «Es lo que, de acuerdo con el Sistema de Financiación Autonómica vigente, se debiera transferir a las comunidades autónomas y, por tanto, no cabe ampararse en ninguna otra cuestión política o presupuestaria para continuar reteniéndolo», advierte. Por eso, Albert pide al ministro de Hacienda que, en consecuencia, en esta primera etapa al frente del Ministerio dé los pasos necesarios para resolver esa situación a la mayor brevedad. La carta, firmada por la consejera, se envió el pasado 29 de abril. Hasta el viernes pasado, diez días después, el ministro no había contestado. El silencio del Gobierno no es nuevo. La consejera de Economía ya planteó en sucesivas ocasiones a la predecesora del actual ministro, María Jesús Montero, esta situación «sin obtener respuesta objetiva», a pesar de que el problema «se agrava cada mes que pasa».«Yo decido, tú pagas»La consejera de Economía ha criticado el modelo del Gobierno de Sánchez, que resume en un «yo decido, tú pagas». El método, denuncia la Comunidad de Madrid, se repite con cada norma aprobada por el Ejecutivo nacional: son decisiones aprobadas en Consejo de Ministros, se llevan a las conferencias sectoriales «para informar, no para negociar», y en «la inmensa mayoría de los casos no incluyen memoria económica que cuantifique su impacto sobre las arcas autonómicas». Un ejemplo reciente sería el plan integral de respuesta a la crisis en Oriente Próximo, que rebaja temporalmente, hasta el 30 de junio, el IVA de la electricidad y los carburantes, y los impuestos especiales sobre electricidad e hidrocarburos, todos ellos cedidos total o parcialmente a las comunidades autónomas. En este caso, el impacto en Madrid, según ha detallado la Comunidad, llega a 206 millones de euros. El Gobierno está tramitando otras medidas sin cuantificar su coste, como la rebaja de la jornada laboral a 35 horasOtra denuncia que hace la Comunidad de Madrid: el Gobierno está tramitando, advierte, otras medidas con elevado impacto presupuestario para las comunidades, sin acompañar memoria económica ni cuantificar su coste. Sería el caso de la rebaja de la jornada laboral a 35 horas en la Administración o la imposición del calendario de reducción de horas lectivas en los centros escolares y ratios para docentes.Además, la subida retributiva pactada por el Ejecutivo nacional para los empleados públicos, sin participación de las comunidades autónomas, supone 888 millones de euros para la Comunidad de Madrid en 2025 y 2026, y se eleva a cerca de 2.000 millones hasta 2028, según la Consejería de Economía.
La deuda que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene con la Comunidad de Madrid sigue engordando sin freno y ahora mismo representaría nada menos que el 40 por ciento del presupuesto regional de 2026. Las cifras son impactantes: más de 12.300 millones de … euros de deuda consolidada con la región, una subida de más de 1.800 millones solo desde octubre y en lo que llevamos de año la Comunidad de Madrid ha dejado de recibir otros 750 millones para servicios públicos esenciales por la ausencia de los Presupuestos Generales del Estado, según denuncian desde la Consejería de Economía.
Ante esta situación crítica, la consejera de Economía, Rocío Albert, envió una carta a finales de abril al nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, en la que el Gobierno de Ayuso reclama que se actualicen las entregas a cuenta a las comunidades autónomas. Diez días después, no había respuesta por parte de este ministro, que se estrena así en el cargo en su relación con la Comunidad de Madrid.
Pese a este agujero cada vez más grande que el Gobierno de Sánchez está produciendo en la Comunidad de Madrid, como en otras autonomías, desde el Ejecutivo regional se garantiza con rotundidad que no están comprometidos los servicios públicos, ni tampoco están en cuestión los planes pendientes que quedan por desarrollar en este último año de legislatura que hay por delante. Hasta ahora, según presumen en la Comunidad, el Gobierno de Ayuso «ha cumplido ya el 90 por ciento» del programa. Pero hay promesas pendientes, como la de rebajar otro medio punto el tramo autonómico del IRPF.
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La consejera de Economía, Rocío Albert, ha sido rotunda al asegurar que esa nueva rebaja de impuestos en la Comunidad de Madrid «se cumplirá», como ya ha dicho la presidenta regional. Ayuso había expresado sus dudas sobre el cumplimiento de ese punto del programa ante la situación económica, al estar la Comunidad «infrafinanciada» por el Gobierno de Sánchez. Pero el pasado mes de enero confirmó que la prometida rebaja de medio punto en el tramo autonómico del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas entrará en vigor en 2027. Esta medida se suma a la bajada de otro medio punto aplicada desde 2022 y tendrá un ahorro de cerca de 500 millones de euros para beneficiar a 2,9 millones de contribuyentes, según estimaciones del Gobierno regional.
1.867
millones de euros
Según la Consejería de Economía, la deuda consolidada del Gobierno con la región por servicios públicos, prestaciones y compromisos legales no atendidos se eleva ya a 12.367 millones de euros. Desde octubre se han sumado otros 1.867 millones extra.
A finales del año pasado, Isabel Díaz Ayuso denunció que el Gobierno de Sánchez estaba asfixiando a la Comunidad de Madrid al deber a la región más de 10.500 millones por servicios públicos prestados. Los datos se han actualizado y el resultado es peor todavía. Según la Consejería de Economía, la deuda consolidada del Gobierno con la región por servicios públicos, prestaciones y compromisos legales no atendidos se eleva ya a 12.367 millones de euros. Desde octubre se han sumado otros 1.867 millones extra. Esta comparación sirve para reflejar el impacto de la deuda: el impago del Gobierno de Sánchez representa cerca del presupuesto íntegro madrileño destinado para su sanidad pública en todo este año.
La consejera de Economía madrileña ha denunciado la «quiebra de la lealtad institucional» que supone el incremento continuo de esta deuda acumulada, agravada, según ha subrayado, por la ausencia de Presupuestos Generales del Estado, con los tres últimos años en lo que ni siquiera se ha presentado el proyecto: «Es una anomalía democrática sin antecedentes», avisa Rocío Albert.
2.668
millones de euros
Asuntos Sociales acumula 2.668 millones desde 2019 por el incumplimiento de la ley de Dependencia, una norma que obliga al Estado a financiar el 50 por ciento del sistema y apenas cubre el 27,9 por ciento
«Con la excusa de la falta de presupuestos», advierte la consejera de Economía, el Gobierno no ha actualizado las entregas a cuenta, los anticipos mensuales que el Estado transfiere a las comunidades autónomas de régimen común para financiar sus servicios públicos, y que suponen el 77 por ciento de los ingresos autonómicos. Así, este año la Comunidad está recibiendo una cantidad «sensiblemente inferior a la que le corresponde», según fuentes de la Consejería. Serían 129 millones menos al mes entre enero y marzo y 376 millones a partir de abril. La merma acumulada supera los 750 millones, a los que se añaden otros 4,7 entre intereses pagados por esa financiación de emergencia y la rentabilidad perdida.
2.785
Millones de euros
Medio Ambiente eleva la cifra a 2.785 millones: 1.580 del tercer ciclo del Plan Hidrológico del Tajo y 1.200 de las obras pendientes en las Estaciones Regeneradoras de Aguas Residuales de La China, Butarque y Sur
De los 12.367 millones que el Estado adeuda a la Comunidad de Madrid, la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo concentra 6.276. De ellos, 4.513 corresponden al tope del Fondo de Competitividad acumulado entre 2019 y 2023; 765 al retraso en las entregas a cuenta de 2026, y 993 a la infrafinanciación de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
Por su parte, Asuntos Sociales acumula 2.668 millones desde 2019 por el incumplimiento de la ley de Dependencia, una norma que obliga al Estado a financiar el 50 por ciento del sistema y apenas cubre el 27,9 por ciento; Medio Ambiente eleva la cifra a 2.785 millones: 1.580 del tercer ciclo del Plan Hidrológico del Tajo y 1.200 de las obras pendientes en las Estaciones Regeneradoras de Aguas Residuales de La China, Butarque y Sur. Y la deuda se completa con 417 millones del Consorcio Regional de Transportes, 149 en Sanidad, 61 en Justicia y 10 en Educación.
Carta al ministro
Ante esta situación, la consejera Albert envió una carta al nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, para reclamar la aprobación de un real decreto ley «urgente y específico, no mezclado con desahucios, vivienda, fiscalidad y un largo etcétera», con el fin de «actualizar las entregas a cuenta» a las comunidades autónomas.
«No existe ningún impedimento jurídico para que el Gobierno apruebe de inmediato un real decreto ley cuyo único objeto sea la actualización de las entregas a cuenta a las cantidades comunicadas para 2026»
Rocío Albert
Consejera de Economía
«No existe ningún impedimento jurídico para que el Gobierno apruebe de inmediato un real decreto ley cuyo único objeto sea la actualización de las entregas a cuenta a las cantidades comunicadas para 2026», subraya la consejera en la misiva al ministro. «Es lo que, de acuerdo con el Sistema de Financiación Autonómica vigente, se debiera transferir a las comunidades autónomas y, por tanto, no cabe ampararse en ninguna otra cuestión política o presupuestaria para continuar reteniéndolo», advierte.
Por eso, Albert pide al ministro de Hacienda que, en consecuencia, en esta primera etapa al frente del Ministerio dé los pasos necesarios para resolver esa situación a la mayor brevedad. La carta, firmada por la consejera, se envió el pasado 29 de abril. Hasta el viernes pasado, diez días después, el ministro no había contestado. El silencio del Gobierno no es nuevo. La consejera de Economía ya planteó en sucesivas ocasiones a la predecesora del actual ministro, María Jesús Montero, esta situación «sin obtener respuesta objetiva», a pesar de que el problema «se agrava cada mes que pasa».
«Yo decido, tú pagas»
La consejera de Economía ha criticado el modelo del Gobierno de Sánchez, que resume en un «yo decido, tú pagas». El método, denuncia la Comunidad de Madrid, se repite con cada norma aprobada por el Ejecutivo nacional: son decisiones aprobadas en Consejo de Ministros, se llevan a las conferencias sectoriales «para informar, no para negociar», y en «la inmensa mayoría de los casos no incluyen memoria económica que cuantifique su impacto sobre las arcas autonómicas».
Un ejemplo reciente sería el plan integral de respuesta a la crisis en Oriente Próximo, que rebaja temporalmente, hasta el 30 de junio, el IVA de la electricidad y los carburantes, y los impuestos especiales sobre electricidad e hidrocarburos, todos ellos cedidos total o parcialmente a las comunidades autónomas. En este caso, el impacto en Madrid, según ha detallado la Comunidad, llega a 206 millones de euros.
El Gobierno está tramitando otras medidas sin cuantificar su coste, como la rebaja de la jornada laboral a 35 horas
Otra denuncia que hace la Comunidad de Madrid: el Gobierno está tramitando, advierte, otras medidas con elevado impacto presupuestario para las comunidades, sin acompañar memoria económica ni cuantificar su coste. Sería el caso de la rebaja de la jornada laboral a 35 horas en la Administración o la imposición del calendario de reducción de horas lectivas en los centros escolares y ratios para docentes.
Además, la subida retributiva pactada por el Ejecutivo nacional para los empleados públicos, sin participación de las comunidades autónomas, supone 888 millones de euros para la Comunidad de Madrid en 2025 y 2026, y se eleva a cerca de 2.000 millones hasta 2028, según la Consejería de Economía.
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