El beneficio de la duda y su declaración de intenciones en el primer discurso como fiscal general del Estado, cuando se propuso cerrar la herida abierta en la Fiscalía tras la condena a su predecesor , jugaban a su favor. Sin embargo, las sospechas que albergaba una parte de la carrera sobre que su mandato iba a ser continuista respecto al de García Ortiz y Dolores Delgado se han cumplido. En su primer Consejo Fiscal de nombramientos, Teresa Peramato ha premiado este viernes al entorno del fiscal inhabilitado con dos plazas en el Tribunal Supremo. Para una de las jefaturas ha propuesto a Ana Isabel García León, hasta la llegada de Peramato jefa de la Secretaría Técnica, puesto de la máxima confianza de García Ortiz, y al número dos de esta, Diego Villafañe, quien llegó a estar imputado por revelación de secretos como miembro del conocido como «equipo Fortuny» en los informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. No ha tenido la misma suerte la fiscal cuyo testimonio, al contrario del de Villafañe, resultó crucial para la condena del fiscal general: Almudena Lastra . Peramato no ha contado con ella para ninguna de las plazas en la sección Penal de la Fiscalía del Supremo. Lastra, fiscal superior de Madrid, fue quien aconsejó a su compañera Pilar Rodríguez que no enviara los correos reservados de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, a García Ortiz, convencida de que los iba a filtrar. Al materializarse su sospecha, no dudó en echar en cara su actuación al propio ex fiscal general. Quienes también se han quedado fuera de las jefaturas del Supremo a las que aspiraban, al no haber sido propuestos por Peramato, son la ex fiscal general del Estado Consuelo Madrigal y Jaime Moreno, ambos fiscales del ‘procés’ y contrarios al indulto, primero, y a la aplicación de la amnistía, después, a los líderes independentistas del 1-O. Siendo García Ortiz fiscal general, y al rechazar ellos doblegarse a un criterio que no compartían, acabó encargando el informe favorable a la amnistía a la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde. Tampoco ha obtenido plaza la también veterana Ángeles Garrido, pues al margen de la de García León, las otras dos jefaturas de la Sección Penal han ido a parar a Javier Huete, que volvía a concurrir a una plaza en la que, por su jubilación, no podrá terminar su mandato, y a María Farnés, desde 2022 fiscal superior de Canarias. De ella Peramato destaca su «bagaje profesional, visión territorial e insular y un plan inspirado en la unidad de actuación, eficacia organizativa, modernización tecnológica y excelencia jurídica».«Sin bagaje»Se da la circunstancia de que, pese a tener la Asociación de Fiscales seis de los nueve vocales del Consejo Fiscal que son elegidos por la carrera, ninguno de sus candidatos han sido propuestos por la nueva fiscal general para esta plaza clave del Supremo, pues la opinión del Consejo Fiscal no es vinculante. En declaraciones a ABC fuentes fiscales lamentan que «en las plazas más relevantes, de mayor interés para la carrera y donde debería primar la excelencia jurídica acreditada, Peramato ha nombrado a fiscales que no tienen ni la experiencia, ni el bagaje, ni la trayectoria profesional, ni los conocimientos jurídicos, antigüedad y autoritas de otros peticionarios de reconocidísimo prestigio, como Consuelo Madrigal, Jaime Moreno o Ángeles Garrido».Los mencionados son solo una parte de los 86 candidatos que han concurrido a las 19 plazas de la Fiscalía que, como informó ABC, salieron a concurso en enero. De ellas Peramato ha propuesto 17 porque las otras dos (las jefaturas de la Fiscalías Provinciales de Cuenca y de Lugo) no han recibido candidaturas y tendrán que ser convocadas de nuevo. Javier Rufino será el nuevo fiscal de Sala contra los delitos relativos a la Ordenación del territorio, Patrimonio, Medio ambiente e Incendios; mientras que María José Segarra seguirá al frente de la Fiscalía de Sala de Personas con Discapacidad y Mayores. Según ha informado Fiscalía General, Peramato ha basado su elección en criterios de mérito y capacidad de los aspirantes, en su amplio currículum y experiencia y en las propuestas de los respectivos Planes de Actuación presentados, que se alinean especialmente con el proyecto de política criminal que defiende la Fiscalía. La polémica está servida. El beneficio de la duda y su declaración de intenciones en el primer discurso como fiscal general del Estado, cuando se propuso cerrar la herida abierta en la Fiscalía tras la condena a su predecesor , jugaban a su favor. Sin embargo, las sospechas que albergaba una parte de la carrera sobre que su mandato iba a ser continuista respecto al de García Ortiz y Dolores Delgado se han cumplido. En su primer Consejo Fiscal de nombramientos, Teresa Peramato ha premiado este viernes al entorno del fiscal inhabilitado con dos plazas en el Tribunal Supremo. Para una de las jefaturas ha propuesto a Ana Isabel García León, hasta la llegada de Peramato jefa de la Secretaría Técnica, puesto de la máxima confianza de García Ortiz, y al número dos de esta, Diego Villafañe, quien llegó a estar imputado por revelación de secretos como miembro del conocido como «equipo Fortuny» en los informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. No ha tenido la misma suerte la fiscal cuyo testimonio, al contrario del de Villafañe, resultó crucial para la condena del fiscal general: Almudena Lastra . Peramato no ha contado con ella para ninguna de las plazas en la sección Penal de la Fiscalía del Supremo. Lastra, fiscal superior de Madrid, fue quien aconsejó a su compañera Pilar Rodríguez que no enviara los correos reservados de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, a García Ortiz, convencida de que los iba a filtrar. Al materializarse su sospecha, no dudó en echar en cara su actuación al propio ex fiscal general. Quienes también se han quedado fuera de las jefaturas del Supremo a las que aspiraban, al no haber sido propuestos por Peramato, son la ex fiscal general del Estado Consuelo Madrigal y Jaime Moreno, ambos fiscales del ‘procés’ y contrarios al indulto, primero, y a la aplicación de la amnistía, después, a los líderes independentistas del 1-O. Siendo García Ortiz fiscal general, y al rechazar ellos doblegarse a un criterio que no compartían, acabó encargando el informe favorable a la amnistía a la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde. Tampoco ha obtenido plaza la también veterana Ángeles Garrido, pues al margen de la de García León, las otras dos jefaturas de la Sección Penal han ido a parar a Javier Huete, que volvía a concurrir a una plaza en la que, por su jubilación, no podrá terminar su mandato, y a María Farnés, desde 2022 fiscal superior de Canarias. De ella Peramato destaca su «bagaje profesional, visión territorial e insular y un plan inspirado en la unidad de actuación, eficacia organizativa, modernización tecnológica y excelencia jurídica».«Sin bagaje»Se da la circunstancia de que, pese a tener la Asociación de Fiscales seis de los nueve vocales del Consejo Fiscal que son elegidos por la carrera, ninguno de sus candidatos han sido propuestos por la nueva fiscal general para esta plaza clave del Supremo, pues la opinión del Consejo Fiscal no es vinculante. En declaraciones a ABC fuentes fiscales lamentan que «en las plazas más relevantes, de mayor interés para la carrera y donde debería primar la excelencia jurídica acreditada, Peramato ha nombrado a fiscales que no tienen ni la experiencia, ni el bagaje, ni la trayectoria profesional, ni los conocimientos jurídicos, antigüedad y autoritas de otros peticionarios de reconocidísimo prestigio, como Consuelo Madrigal, Jaime Moreno o Ángeles Garrido».Los mencionados son solo una parte de los 86 candidatos que han concurrido a las 19 plazas de la Fiscalía que, como informó ABC, salieron a concurso en enero. De ellas Peramato ha propuesto 17 porque las otras dos (las jefaturas de la Fiscalías Provinciales de Cuenca y de Lugo) no han recibido candidaturas y tendrán que ser convocadas de nuevo. Javier Rufino será el nuevo fiscal de Sala contra los delitos relativos a la Ordenación del territorio, Patrimonio, Medio ambiente e Incendios; mientras que María José Segarra seguirá al frente de la Fiscalía de Sala de Personas con Discapacidad y Mayores. Según ha informado Fiscalía General, Peramato ha basado su elección en criterios de mérito y capacidad de los aspirantes, en su amplio currículum y experiencia y en las propuestas de los respectivos Planes de Actuación presentados, que se alinean especialmente con el proyecto de política criminal que defiende la Fiscalía. La polémica está servida.
El beneficio de la duda y su declaración de intenciones en el primer discurso como fiscal general del Estado, cuando se propuso cerrar la herida abierta en la Fiscalía tras la condena a su predecesor, jugaban a su favor. Sin embargo, las sospechas que … albergaba una parte de la carrera sobre que su mandato iba a ser continuista respecto al de García Ortiz y Dolores Delgado se han cumplido. En su primer Consejo Fiscal de nombramientos, Teresa Peramato ha premiado este viernes al entorno del fiscal inhabilitado con dos plazas en el Tribunal Supremo. Para una de las jefaturas ha propuesto a Ana Isabel García León, hasta la llegada de Peramato jefa de la Secretaría Técnica, puesto de la máxima confianza de García Ortiz, y al número dos de esta, Diego Villafañe, quien llegó a estar imputado por revelación de secretos como miembro del conocido como «equipo Fortuny» en los informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.
No ha tenido la misma suerte la fiscal cuyo testimonio, al contrario del de Villafañe, resultó crucial para la condena del fiscal general: Almudena Lastra. Peramato no ha contado con ella para ninguna de las plazas en la sección Penal de la Fiscalía del Supremo. Lastra, fiscal superior de Madrid, fue quien aconsejó a su compañera Pilar Rodríguez que no enviara los correos reservados de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, a García Ortiz, convencida de que los iba a filtrar. Al materializarse su sospecha, no dudó en echar en cara su actuación al propio ex fiscal general.
Quienes también se han quedado fuera de las jefaturas del Supremo a las que aspiraban, al no haber sido propuestos por Peramato, son la ex fiscal general del Estado Consuelo Madrigal y Jaime Moreno, ambos fiscales del ‘procés’ y contrarios al indulto, primero, y a la aplicación de la amnistía, después, a los líderes independentistas del 1-O. Siendo García Ortiz fiscal general, y al rechazar ellos doblegarse a un criterio que no compartían, acabó encargando el informe favorable a la amnistía a la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde. Tampoco ha obtenido plaza la también veterana Ángeles Garrido, pues al margen de la de García León, las otras dos jefaturas de la Sección Penal han ido a parar a Javier Huete, que volvía a concurrir a una plaza en la que, por su jubilación, no podrá terminar su mandato, y a María Farnés, desde 2022 fiscal superior de Canarias. De ella Peramato destaca su «bagaje profesional, visión territorial e insular y un plan inspirado en la unidad de actuación, eficacia organizativa, modernización tecnológica y excelencia jurídica».
«Sin bagaje»
Se da la circunstancia de que, pese a tener la Asociación de Fiscales seis de los nueve vocales del Consejo Fiscal que son elegidos por la carrera, ninguno de sus candidatos han sido propuestos por la nueva fiscal general para esta plaza clave del Supremo, pues la opinión del Consejo Fiscal no es vinculante. En declaraciones a ABC fuentes fiscales lamentan que «en las plazas más relevantes, de mayor interés para la carrera y donde debería primar la excelencia jurídica acreditada, Peramato ha nombrado a fiscales que no tienen ni la experiencia, ni el bagaje, ni la trayectoria profesional, ni los conocimientos jurídicos, antigüedad y autoritas de otros peticionarios de reconocidísimo prestigio, como Consuelo Madrigal, Jaime Moreno o Ángeles Garrido».
Los mencionados son solo una parte de los 86 candidatos que han concurrido a las 19 plazas de la Fiscalía que, como informó ABC, salieron a concurso en enero. De ellas Peramato ha propuesto 17 porque las otras dos (las jefaturas de la Fiscalías Provinciales de Cuenca y de Lugo) no han recibido candidaturas y tendrán que ser convocadas de nuevo. Javier Rufino será el nuevo fiscal de Sala contra los delitos relativos a la Ordenación del territorio, Patrimonio, Medio ambiente e Incendios; mientras que María José Segarra seguirá al frente de la Fiscalía de Sala de Personas con Discapacidad y Mayores.
Según ha informado Fiscalía General, Peramato ha basado su elección en criterios de mérito y capacidad de los aspirantes, en su amplio currículum y experiencia y en las propuestas de los respectivos Planes de Actuación presentados, que se alinean especialmente con el proyecto de política criminal que defiende la Fiscalía. La polémica está servida.
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