La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) presentó ayer un escrito ante la Inspección Fiscal en el que denuncia la presunta irregularidad en la que la Fiscalía General del Estado habría incurrido al designar a un representante del Ministerio Público para que acompañe a la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, número dos de Álvaro García Ortiz, al juicio contra su jefe por presunta revelación de secretos. Se trata del fiscal superior de Extremadura, Francisco Javier Montero Juanes, con quien Sánchez Conde ya contó hace año y medio para sustituir a la fiscal del TSJ de Madrid María de la Ó Silva tras mostrarse esta partidaria, en contra del criterio de su jefa, de admitir la querella del novio de Ayuso e investigar la filtración de datos reservados que éste denunciaba.En su escrito, al que ha tenido acceso ABC, la APIF –acusación popular en la causa del fiscal general– denuncia que el procedimiento por el que se ha designado a este fiscal «ni cumple las normas estatutarias ni con el principio de transparencia en la actuación de la Fiscalía». Señala que la decisión se ha tomado al margen de lo dispuesto en el artículo 26 de la ley que regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que prevé que sea el fiscal general del Estado la autoridad que puede designar a cualquier miembro del Ministerio Fiscal para que «actúe en un asunto determinado ante cualquiera de los órganos jurisdiccionales en que el Ministerio Fiscal está legitimado para intervenir, oído el Consejo Fiscal».«No consta que el nombramiento para intervenir en el procedimiento ante el Tribunal Supremo lo haya hecho el fiscal general del Estado y nos preguntamos cual ha sido la intervención del Consejo Fiscal» en este asunto, apunta la APIF en su queja. «De la lectura del Estatuto se desprende que solo el fiscal general del Estado puede designar a un fiscal para intervenir ante un Tribunal ante el que su nombramiento publicado en el BOE no le habilita a intervenir», como es este caso, en el que el elegido ejerce en Extremadura. «Desconocemos la razón por la que la intervención ante el Tribunal Supremo no se hace en favor de un fiscal destinado en la Sección Penal de dicho Tribunal», denuncia.Los dos representantes de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) en el Consejo Fiscal, por su parte, niegan que exista tal irregularidad. «Todo destacamento temporal se comunica a través de la Comisión Permanente, recibiendo todos los vocales el correspondiente correo electrónico donde se nos indica que, de no contestar en el plazo establecido, se entenderá que no se formula objeción a la autorización. E idéntica dinámica se ha seguido en este supuesto», apuntan en una nota en la que desmienten a la APIF.Aseguran que el 16 de septiembre recibieron copia íntegra del expediente en el que se les comunicaba que el 12 de septiembre la teniente fiscal «solicitó la previsión (…) de un segundo fiscal para intervenir en la sesiones del juicio». En él se explicaba, dicen, que dado que Montero fue anteriormente designado para intervenir en el TSJM «se acordaba por la Teniente Fiscal su designación a tal efecto».De la mayoritaria AFTanto la teniente fiscal del Supremo, que ha llevado la instrucción de García Ortiz durante todos estos meses en el Alto Tribunal, como el fiscal superior de Extremadura, de la Asociación de Fiscales, de perfil conservador defenderán la inocencia de su jefe, que seguirá como fiscal general mientras el juicio se desarrolla pese a la anomalía de la situación, pues varios fiscales están llamados como testigos a ese juicio. Montero confiaba en la inocencia de García Ortiz incluso después de que el Supremo aceptara la exposición razonada del TSJM y abriera una investigación a su jefe. Sería semanas después cuando trascendería que el fiscal general borró mensajes, cuentas de correo y cambió de móvil eliminando cualquier pista que le vinculara con las horas clave de la filtración.En declaraciones a los medios en Badajoz, recogidas por Ep, el 18 de octubre de 2024, dos días después de que el Supremo decidiera investigar a García Ortiz, Montero discrepaba con la tesis de la Sala Penal: «Yo estoy completamente seguro que no va a pasar nada, porque no hay ni siquiera indicios, no se va a poder demostrar su responsabilidad, y espero que en su momento la respuesta del Tribunal Supremo sea en ese sentido». La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) presentó ayer un escrito ante la Inspección Fiscal en el que denuncia la presunta irregularidad en la que la Fiscalía General del Estado habría incurrido al designar a un representante del Ministerio Público para que acompañe a la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, número dos de Álvaro García Ortiz, al juicio contra su jefe por presunta revelación de secretos. Se trata del fiscal superior de Extremadura, Francisco Javier Montero Juanes, con quien Sánchez Conde ya contó hace año y medio para sustituir a la fiscal del TSJ de Madrid María de la Ó Silva tras mostrarse esta partidaria, en contra del criterio de su jefa, de admitir la querella del novio de Ayuso e investigar la filtración de datos reservados que éste denunciaba.En su escrito, al que ha tenido acceso ABC, la APIF –acusación popular en la causa del fiscal general– denuncia que el procedimiento por el que se ha designado a este fiscal «ni cumple las normas estatutarias ni con el principio de transparencia en la actuación de la Fiscalía». Señala que la decisión se ha tomado al margen de lo dispuesto en el artículo 26 de la ley que regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que prevé que sea el fiscal general del Estado la autoridad que puede designar a cualquier miembro del Ministerio Fiscal para que «actúe en un asunto determinado ante cualquiera de los órganos jurisdiccionales en que el Ministerio Fiscal está legitimado para intervenir, oído el Consejo Fiscal».«No consta que el nombramiento para intervenir en el procedimiento ante el Tribunal Supremo lo haya hecho el fiscal general del Estado y nos preguntamos cual ha sido la intervención del Consejo Fiscal» en este asunto, apunta la APIF en su queja. «De la lectura del Estatuto se desprende que solo el fiscal general del Estado puede designar a un fiscal para intervenir ante un Tribunal ante el que su nombramiento publicado en el BOE no le habilita a intervenir», como es este caso, en el que el elegido ejerce en Extremadura. «Desconocemos la razón por la que la intervención ante el Tribunal Supremo no se hace en favor de un fiscal destinado en la Sección Penal de dicho Tribunal», denuncia.Los dos representantes de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) en el Consejo Fiscal, por su parte, niegan que exista tal irregularidad. «Todo destacamento temporal se comunica a través de la Comisión Permanente, recibiendo todos los vocales el correspondiente correo electrónico donde se nos indica que, de no contestar en el plazo establecido, se entenderá que no se formula objeción a la autorización. E idéntica dinámica se ha seguido en este supuesto», apuntan en una nota en la que desmienten a la APIF.Aseguran que el 16 de septiembre recibieron copia íntegra del expediente en el que se les comunicaba que el 12 de septiembre la teniente fiscal «solicitó la previsión (…) de un segundo fiscal para intervenir en la sesiones del juicio». En él se explicaba, dicen, que dado que Montero fue anteriormente designado para intervenir en el TSJM «se acordaba por la Teniente Fiscal su designación a tal efecto».De la mayoritaria AFTanto la teniente fiscal del Supremo, que ha llevado la instrucción de García Ortiz durante todos estos meses en el Alto Tribunal, como el fiscal superior de Extremadura, de la Asociación de Fiscales, de perfil conservador defenderán la inocencia de su jefe, que seguirá como fiscal general mientras el juicio se desarrolla pese a la anomalía de la situación, pues varios fiscales están llamados como testigos a ese juicio. Montero confiaba en la inocencia de García Ortiz incluso después de que el Supremo aceptara la exposición razonada del TSJM y abriera una investigación a su jefe. Sería semanas después cuando trascendería que el fiscal general borró mensajes, cuentas de correo y cambió de móvil eliminando cualquier pista que le vinculara con las horas clave de la filtración.En declaraciones a los medios en Badajoz, recogidas por Ep, el 18 de octubre de 2024, dos días después de que el Supremo decidiera investigar a García Ortiz, Montero discrepaba con la tesis de la Sala Penal: «Yo estoy completamente seguro que no va a pasar nada, porque no hay ni siquiera indicios, no se va a poder demostrar su responsabilidad, y espero que en su momento la respuesta del Tribunal Supremo sea en ese sentido».
La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) presentó ayer un escrito ante la Inspección Fiscal en el que denuncia la presunta irregularidad en la que la Fiscalía General del Estado habría incurrido al designar a un representante del Ministerio Público para que acompañe a … la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, número dos de Álvaro García Ortiz, al juicio contra su jefe por presunta revelación de secretos. Se trata del fiscal superior de Extremadura, Francisco Javier Montero Juanes, con quien Sánchez Conde ya contó hace año y medio para sustituir a la fiscal del TSJ de Madrid María de la Ó Silva tras mostrarse esta partidaria, en contra del criterio de su jefa, de admitir la querella del novio de Ayuso e investigar la filtración de datos reservados que éste denunciaba.
En su escrito, al que ha tenido acceso ABC, la APIF –acusación popular en la causa del fiscal general– denuncia que el procedimiento por el que se ha designado a este fiscal «ni cumple las normas estatutarias ni con el principio de transparencia en la actuación de la Fiscalía». Señala que la decisión se ha tomado al margen de lo dispuesto en el artículo 26 de la ley que regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que prevé que sea el fiscal general del Estado la autoridad que puede designar a cualquier miembro del Ministerio Fiscal para que «actúe en un asunto determinado ante cualquiera de los órganos jurisdiccionales en que el Ministerio Fiscal está legitimado para intervenir, oído el Consejo Fiscal».
«No consta que el nombramiento para intervenir en el procedimiento ante el Tribunal Supremo lo haya hecho el fiscal general del Estado y nos preguntamos cual ha sido la intervención del Consejo Fiscal» en este asunto, apunta la APIF en su queja. «De la lectura del Estatuto se desprende que solo el fiscal general del Estado puede designar a un fiscal para intervenir ante un Tribunal ante el que su nombramiento publicado en el BOE no le habilita a intervenir», como es este caso, en el que el elegido ejerce en Extremadura. «Desconocemos la razón por la que la intervención ante el Tribunal Supremo no se hace en favor de un fiscal destinado en la Sección Penal de dicho Tribunal», denuncia.
Los dos representantes de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) en el Consejo Fiscal, por su parte, niegan que exista tal irregularidad. «Todo destacamento temporal se comunica a través de la Comisión Permanente, recibiendo todos los vocales el correspondiente correo electrónico donde se nos indica que, de no contestar en el plazo establecido, se entenderá que no se formula objeción a la autorización. E idéntica dinámica se ha seguido en este supuesto», apuntan en una nota en la que desmienten a la APIF.
Aseguran que el 16 de septiembre recibieron copia íntegra del expediente en el que se les comunicaba que el 12 de septiembre la teniente fiscal «solicitó la previsión (…) de un segundo fiscal para intervenir en la sesiones del juicio». En él se explicaba, dicen, que dado que Montero fue anteriormente designado para intervenir en el TSJM «se acordaba por la Teniente Fiscal su designación a tal efecto».
De la mayoritaria AF
Tanto la teniente fiscal del Supremo, que ha llevado la instrucción de García Ortiz durante todos estos meses en el Alto Tribunal, como el fiscal superior de Extremadura, de la Asociación de Fiscales, de perfil conservador defenderán la inocencia de su jefe, que seguirá como fiscal general mientras el juicio se desarrolla pese a la anomalía de la situación, pues varios fiscales están llamados como testigos a ese juicio.
Montero confiaba en la inocencia de García Ortiz incluso después de que el Supremo aceptara la exposición razonada del TSJM y abriera una investigación a su jefe. Sería semanas después cuando trascendería que el fiscal general borró mensajes, cuentas de correo y cambió de móvil eliminando cualquier pista que le vinculara con las horas clave de la filtración.
En declaraciones a los medios en Badajoz, recogidas por Ep, el 18 de octubre de 2024, dos días después de que el Supremo decidiera investigar a García Ortiz, Montero discrepaba con la tesis de la Sala Penal: «Yo estoy completamente seguro que no va a pasar nada, porque no hay ni siquiera indicios, no se va a poder demostrar su responsabilidad, y espero que en su momento la respuesta del Tribunal Supremo sea en ese sentido».
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