La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado al Ministerio de Igualdad que bloquee en España el acceso a trece webs extranjeras , establecidas en estados no pertenecientes a la Unión Europea, que ofrecen y realizan prácticas comerciales ilegales relativas a la gestación subrogada. Así consta en un informe elaborado por el fiscal de lo Contencioso-Administrativo Manuel Campoy, recogido por ABC, en coordinación con las fiscalías provinciales de Madrid y Barcelona en virtud de denuncias presentadas por entidades privadas y públicas, y en las que ha intervenido el Defensor del Pueblo.Las entidades a las que apunta Fiscalía son Success Maternidad Subrogada -con oficinas en EEUU e Israel-, Go4Baby -con servicio en Ucrania, México y Colombia-, Tammuz Family, Circle Surrogacy, Growing Generation, New Life Global Network, Surrogacy Beyond Borders, Surrogacy4All, Family Source Consultants, Surrogacy Network, Betaplus Fertility, Miracle Surrogacy e Invest Medical LLC. El Ministerio Público recuerda que, de acuerdo con la ley orgánica 1/2023 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, este tipo de práctica se reconoce como « una forma grave de violencia reproductiva« que debe ser prevenida y perseguida en atención a lo dispuesto por el Convenio del Consejo de Europa. Cita también la ley 14/2006 sobre técnicas de reproducción humana asistida que dispone que será «nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación, con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna en favor del contratante o de un tercero». Fiscalía relaciona esta normativa con la ley general de publicidad -que prohíbe que se promueva con anuncios este tipo de práctica- y con la ley de servicios de la sociedad de la información que también protege a los consumidores en este sentido, permitiendo que se acuerde interrupción de la prestación de un servicio o la retirada de contenidos procedentes de prestadores que no pertenezcan a la UE. Así, y tras recordar que la norma permite el «secuestro» de webs, explica que hay jurisprudencia del Supremo que da luz verde a la Administración para acordar por sí sola la interrupción de un sitio web, siempre que no contenga información. Y añade que, en el caso del Ministerio de Igualdad, a quien le corresponde este tipo de acciones es a la Secretaría de Estado de Igualdad. Las intermediariasPor último, el Ministerio Público detalla que está legitimado para realizar esta petición de bloqueo de webs porque el asunto «contiene un interés social relevante» dado que «concierne al derecho fundamental de igualdad efectiva entre hombres y mujeres, y a la protección de los derechos de los consumidores».Y así, no solo pide a Igualdad bloquear esas webs, sino que se dirige a los intermediarios de servicios de Internet (Telefónica, Vodafone, Masorange, Adamo Telecomm Iberia y Digi Spain Telecom) para que suspendan el acceso desde España a esos portales o entidades e incluso a cualquier dominio al que migren esas páginas. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado al Ministerio de Igualdad que bloquee en España el acceso a trece webs extranjeras , establecidas en estados no pertenecientes a la Unión Europea, que ofrecen y realizan prácticas comerciales ilegales relativas a la gestación subrogada. Así consta en un informe elaborado por el fiscal de lo Contencioso-Administrativo Manuel Campoy, recogido por ABC, en coordinación con las fiscalías provinciales de Madrid y Barcelona en virtud de denuncias presentadas por entidades privadas y públicas, y en las que ha intervenido el Defensor del Pueblo.Las entidades a las que apunta Fiscalía son Success Maternidad Subrogada -con oficinas en EEUU e Israel-, Go4Baby -con servicio en Ucrania, México y Colombia-, Tammuz Family, Circle Surrogacy, Growing Generation, New Life Global Network, Surrogacy Beyond Borders, Surrogacy4All, Family Source Consultants, Surrogacy Network, Betaplus Fertility, Miracle Surrogacy e Invest Medical LLC. El Ministerio Público recuerda que, de acuerdo con la ley orgánica 1/2023 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, este tipo de práctica se reconoce como « una forma grave de violencia reproductiva« que debe ser prevenida y perseguida en atención a lo dispuesto por el Convenio del Consejo de Europa. Cita también la ley 14/2006 sobre técnicas de reproducción humana asistida que dispone que será «nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación, con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna en favor del contratante o de un tercero». Fiscalía relaciona esta normativa con la ley general de publicidad -que prohíbe que se promueva con anuncios este tipo de práctica- y con la ley de servicios de la sociedad de la información que también protege a los consumidores en este sentido, permitiendo que se acuerde interrupción de la prestación de un servicio o la retirada de contenidos procedentes de prestadores que no pertenezcan a la UE. Así, y tras recordar que la norma permite el «secuestro» de webs, explica que hay jurisprudencia del Supremo que da luz verde a la Administración para acordar por sí sola la interrupción de un sitio web, siempre que no contenga información. Y añade que, en el caso del Ministerio de Igualdad, a quien le corresponde este tipo de acciones es a la Secretaría de Estado de Igualdad. Las intermediariasPor último, el Ministerio Público detalla que está legitimado para realizar esta petición de bloqueo de webs porque el asunto «contiene un interés social relevante» dado que «concierne al derecho fundamental de igualdad efectiva entre hombres y mujeres, y a la protección de los derechos de los consumidores».Y así, no solo pide a Igualdad bloquear esas webs, sino que se dirige a los intermediarios de servicios de Internet (Telefónica, Vodafone, Masorange, Adamo Telecomm Iberia y Digi Spain Telecom) para que suspendan el acceso desde España a esos portales o entidades e incluso a cualquier dominio al que migren esas páginas.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado al Ministerio de Igualdad que bloquee en España el acceso a trece webs extranjeras, establecidas en estados no pertenecientes a la Unión Europea, que ofrecen y realizan prácticas comerciales ilegales relativas a la gestación subrogada.
Así … consta en un informe elaborado por el fiscal de lo Contencioso-Administrativo Manuel Campoy, recogido por ABC, en coordinación con las fiscalías provinciales de Madrid y Barcelona en virtud de denuncias presentadas por entidades privadas y públicas, y en las que ha intervenido el Defensor del Pueblo.
Las entidades a las que apunta Fiscalía son Success Maternidad Subrogada -con oficinas en EEUU e Israel-, Go4Baby -con servicio en Ucrania, México y Colombia-, Tammuz Family, Circle Surrogacy, Growing Generation, New Life Global Network, Surrogacy Beyond Borders, Surrogacy4All, Family Source Consultants, Surrogacy Network, Betaplus Fertility, Miracle Surrogacy e Invest Medical LLC.
El Ministerio Público recuerda que, de acuerdo con la ley orgánica 1/2023 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, este tipo de práctica se reconoce como «una forma grave de violencia reproductiva« que debe ser prevenida y perseguida en atención a lo dispuesto por el Convenio del Consejo de Europa. Cita también la ley 14/2006 sobre técnicas de reproducción humana asistida que dispone que será «nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación, con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna en favor del contratante o de un tercero».
Fiscalía relaciona esta normativa con la ley general de publicidad -que prohíbe que se promueva con anuncios este tipo de práctica- y con la ley de servicios de la sociedad de la información que también protege a los consumidores en este sentido, permitiendo que se acuerde interrupción de la prestación de un servicio o la retirada de contenidos procedentes de prestadores que no pertenezcan a la UE.
Así, y tras recordar que la norma permite el «secuestro» de webs, explica que hay jurisprudencia del Supremo que da luz verde a la Administración para acordar por sí sola la interrupción de un sitio web, siempre que no contenga información. Y añade que, en el caso del Ministerio de Igualdad, a quien le corresponde este tipo de acciones es a la Secretaría de Estado de Igualdad.
Las intermediarias
Por último, el Ministerio Público detalla que está legitimado para realizar esta petición de bloqueo de webs porque el asunto «contiene un interés social relevante» dado que «concierne al derecho fundamental de igualdad efectiva entre hombres y mujeres, y a la protección de los derechos de los consumidores».
Y así, no solo pide a Igualdad bloquear esas webs, sino que se dirige a los intermediarios de servicios de Internet (Telefónica, Vodafone, Masorange, Adamo Telecomm Iberia y Digi Spain Telecom) para que suspendan el acceso desde España a esos portales o entidades e incluso a cualquier dominio al que migren esas páginas.
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