La Fiscalía Europea (EPPO) ha anunciado este jueves que está llevando una investigación en las sedes del Ministerio de Igualdad y del Tribunal de Cuentas de España por un presunto fraude relacionado con fondos europeos destinados a la adquisición de pulseras telemáticas para controlar el cumplimiento de medidas cautelares y condenas por delitos de violencia de género.Así lo ha comunicado la Fiscalía Europea en un comunicado publicado este jueves desde Luxemburgo, en el que ha precisado que las actuaciones están siendo dirigidas por su oficina en Madrid y cuentan con el apoyo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.«Estas medidas se han adoptado en una investigación por un presunto delito de fraude que afecta a fondos europeos destinados a la adquisición de pulseras telemáticas para asegurar tanto el cumplimiento de medias cautelares como las condenas dictadas en delitos de violencia de género», se lee en el escrito.La investigación, iniciada el pasado año, se centra en un posible uso fraudulento de fondos de la Unión Europea destinados a financiar estos dispositivos electrónicos, utilizados para vigilar el cumplimiento de las órdenes judiciales de alejamiento y otras medidas de protección de las víctimas de violencia de género.Por el momento, la Fiscalía Europea no ha facilitado información sobre las posibles personas investigadas, el importe de los fondos afectados ni el alcance de las diligencias que se están practicando en ambas instituciones. La Fiscalía Europea (EPPO) ha anunciado este jueves que está llevando una investigación en las sedes del Ministerio de Igualdad y del Tribunal de Cuentas de España por un presunto fraude relacionado con fondos europeos destinados a la adquisición de pulseras telemáticas para controlar el cumplimiento de medidas cautelares y condenas por delitos de violencia de género.Así lo ha comunicado la Fiscalía Europea en un comunicado publicado este jueves desde Luxemburgo, en el que ha precisado que las actuaciones están siendo dirigidas por su oficina en Madrid y cuentan con el apoyo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.«Estas medidas se han adoptado en una investigación por un presunto delito de fraude que afecta a fondos europeos destinados a la adquisición de pulseras telemáticas para asegurar tanto el cumplimiento de medias cautelares como las condenas dictadas en delitos de violencia de género», se lee en el escrito.La investigación, iniciada el pasado año, se centra en un posible uso fraudulento de fondos de la Unión Europea destinados a financiar estos dispositivos electrónicos, utilizados para vigilar el cumplimiento de las órdenes judiciales de alejamiento y otras medidas de protección de las víctimas de violencia de género.Por el momento, la Fiscalía Europea no ha facilitado información sobre las posibles personas investigadas, el importe de los fondos afectados ni el alcance de las diligencias que se están practicando en ambas instituciones.
La Fiscalía Europea (EPPO) ha anunciado este jueves que está llevando una investigación en las sedes del Ministerio de Igualdad y del Tribunal de Cuentas de España por un presunto fraude relacionado con fondos europeos destinados a la adquisición de pulseras telemáticas para controlar el cumplimiento de medidas cautelares y condenas por delitos de violencia de género.
Así lo ha comunicado la Fiscalía Europea en un comunicado publicado este jueves desde Luxemburgo, en el que ha precisado que las actuaciones están siendo dirigidas por su oficina en Madrid y cuentan con el apoyo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
«Estas medidas se han adoptado en una investigación por un presunto delito de fraude que afecta a fondos europeos destinados a la adquisición de pulseras telemáticas para asegurar tanto el cumplimiento de medias cautelares como las condenas dictadas en delitos de violencia de género», se lee en el escrito.
La investigación, iniciada el pasado año, se centra en un posible uso fraudulento de fondos de la Unión Europea destinados a financiar estos dispositivos electrónicos, utilizados para vigilar el cumplimiento de las órdenes judiciales de alejamiento y otras medidas de protección de las víctimas de violencia de género.
Por el momento, la Fiscalía Europea no ha facilitado información sobre las posibles personas investigadas, el importe de los fondos afectados ni el alcance de las diligencias que se están practicando en ambas instituciones.
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