El coronel jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Huelva ha autorizado a los agentes de la Benemérita de parte de las patrullas y compañías de esta localidad a portar y utilizar fusiles de asalto en operaciones de lucha contra el narcotráfico. El aumento de la peligrosidad en las actuaciones para acabar con los grupos dedicados al tráfico de droga ha provocado que Interior permita al cuerpo a utilizar estas armas de guerra para compensar las actuaciones de los delincuentes en situaciones de peligro.Por desgracia, se han convertido en habituales las informaciones acerca de bandas armadas en las costas de Andalucía que hacen del tráfico de droga su estilo de vida. Además, la falta de medios que sufren y denuncian los agentes hace que los encuentros entre las fuerzas y cuerpos de seguridad y los traficantes acaben, en muchas ocasiones, en tragedia. El episodio más dramático fue el asesinato de dos agentes en Barbate (Cádiz) en febrero de 2024 tras ser arrollados por una narcolancha en plena persecución. Los agentes, desde hace años, se quejan ante el Gobierno por la falta de medios que sufren: hasta ahora, usaban su arma reglamentaria, la pistola, para pelear contra los armamentos propios de una guerra que utilizan los narcotraficantes. Las patrullas y compañías autorizadas podrán hacer uso de estas armas siempre que la vida del agente o de un tercero esté en peligro inminente. El objetivo primordial es defender la vida frente a una amenaza . En cualquier caso, deberán respetar los principios de congruencia, proporcionalidad y oportunidad al hacer uso de estas armas: la fuerza utilizada debe ser coherente con la situación, la intensidad debe ser proporcional a la amenaza o resistencia que enfrenten y solo podrán ser usadas en el momento más necesario y adecuado.Noticia Relacionada estandar No El Supremo estudia conceder a la Guardia Civil ser profesión de riesgo Carlos Mullor La asociación mayoritaria de la Benemérita, Jucil, ha celebrado esto como un «paso crucial para la jubilación anticipada»La Asociación Profesional Justicia Guardia Civil (Jucil), mayoritaria, ha exigido desde hace meses que se incluyese la presencia de, por lo menos, una patrulla equipada con armas largas en cada uno de los núcleos operativos más afectados, reforzando la respuesta inmediata en zonas costeras y rurales para evitar tragedias como la vivida en Barbate. La asociación celebra la decisión , aunque recuerda que la peligrosidad continúa en aumento debido a la normalización del uso de fusiles de asalto y armas automáticas por parte de las organizaciones criminales. Por ello, insisten en la necesidad de añadir también vehículos todoterreno y medios tecnológicos para paliar la falta de medios que sufren.Andalucía, capital española del narcotráfico El último informe publicado por al Fiscalía Antidroga expone que Andalucía es una de las comunidades autónomás afectadas por el fenómeno del narcotráfico. Esto se debe, principalmente, al «espectáculo lamentable» de las narcolanchas, que ya no temen abandonar el Estrecho de Gibraltar y adoptar nuevas rutas en aguas de Almería, Cádiz o Huelva, entrando incluso por el río Guadalquivir para continuar su travesía. Según denuncian, los asesinatos a los dos guardias civiles en Barbate en febrero de 2024, además de los fallecimientos de 5 ocupantes de narcolanchas el año pasado, se deben a un aumento de la violencia por parte de los criminales, que son conocedores de la falta de medios que muchas veces sufren los agentes. Por último, lamentan que se haya normalizado la introducción de cocaína mediante Andalucía: «Solo entre diciembre de 2024 y enero de 2025 fueron intervenidas 10 toneladas de cocaína en apenas dos semanas en zonas colindantes con el río Guadalquivir».Ernesto Vilariño, secretario general de Jucil, afirma que entienden que la decisión tomada por la comandancia de Huelva atiende a una «reivindicación legítima y fundada que refuerza tanto la protección de los guardias civiles como la eficacia de las operaciones policiales y que debe extenderse a otras comandancias». Recuerda, además, que desatender una necesidad de este calibre genera una alta inseguridad para los agentes de la Benemérita y manda un mensaje de impunidad a los narcotraficantes. Esta medida tomada por el mando provincial ha llegado tras reiteradas peticiones de las asociaciones de la Guardia Civil, que lamentan cómo la falta de medios provoca agresiones diarias a los agentes del cuerpo. Para Jucil, sin recursos « no se pueden exigir resultados frente a organizaciones que se equipan mejor que las propias fuerzas de seguridad». Según comunican, esta medida constituye un paso firme en la lucha contra el narcotráfico y en defensa de la seguridad de los agentes y los ciudadanos de las zonas mas afectadas por la lacra del tráfico de drogas.Aumento de peligrosidadEl último informe de la Fiscalía Antidroga 2025 confirma la gravedad de la situación en Huelva. En 2024 se incautaron 2.972 kilos de cocaína, un 600% mas que el año anterior, y en febrero de este año un solo alijo de más de 1.600 kilos. Este informe alerta de la extrema violencia de las organizaciones criminales que emplean fusiles de asalto ‘kalashnikov’ y armamento de guerra contra los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad. A nivel autonómico, el Ministerio del Interior reconoce que la presión policial en Andalucía aumentó un 43% en 2024, con más de 12.000 operaciones y 5.900 detenciones.A pesar de la peligrosidad y violencia que sufren los guardias civiles durante sus jornadas, aún no han sido reconocidos como profesión de riesgo por parte del Gobierno. A pesar de que el Tribunal Supremo dio la razón a Jupol, sindicato mayoritario de la Policía Nacional, y aceptó reconocer a más de 30.000 agentes de la Benemérita no goza aún de los beneficios como la jubilación anticipada -por ello aún hay agentes de 65 años en actividades de calle- o el aumento de pensión que obtienen los Mossos d’Esquadra o la Ertzaintza. El Alto Tribunal aceptó el pasado 6 de octubre admitir a trámite la petición de la extensión del reconocimiento de profesión de riesgo, pero el colectivo sigue esperando la resolución de la que sería la mayor reivindicación del Cuerpo. El coronel jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Huelva ha autorizado a los agentes de la Benemérita de parte de las patrullas y compañías de esta localidad a portar y utilizar fusiles de asalto en operaciones de lucha contra el narcotráfico. El aumento de la peligrosidad en las actuaciones para acabar con los grupos dedicados al tráfico de droga ha provocado que Interior permita al cuerpo a utilizar estas armas de guerra para compensar las actuaciones de los delincuentes en situaciones de peligro.Por desgracia, se han convertido en habituales las informaciones acerca de bandas armadas en las costas de Andalucía que hacen del tráfico de droga su estilo de vida. Además, la falta de medios que sufren y denuncian los agentes hace que los encuentros entre las fuerzas y cuerpos de seguridad y los traficantes acaben, en muchas ocasiones, en tragedia. El episodio más dramático fue el asesinato de dos agentes en Barbate (Cádiz) en febrero de 2024 tras ser arrollados por una narcolancha en plena persecución. Los agentes, desde hace años, se quejan ante el Gobierno por la falta de medios que sufren: hasta ahora, usaban su arma reglamentaria, la pistola, para pelear contra los armamentos propios de una guerra que utilizan los narcotraficantes. Las patrullas y compañías autorizadas podrán hacer uso de estas armas siempre que la vida del agente o de un tercero esté en peligro inminente. El objetivo primordial es defender la vida frente a una amenaza . En cualquier caso, deberán respetar los principios de congruencia, proporcionalidad y oportunidad al hacer uso de estas armas: la fuerza utilizada debe ser coherente con la situación, la intensidad debe ser proporcional a la amenaza o resistencia que enfrenten y solo podrán ser usadas en el momento más necesario y adecuado.Noticia Relacionada estandar No El Supremo estudia conceder a la Guardia Civil ser profesión de riesgo Carlos Mullor La asociación mayoritaria de la Benemérita, Jucil, ha celebrado esto como un «paso crucial para la jubilación anticipada»La Asociación Profesional Justicia Guardia Civil (Jucil), mayoritaria, ha exigido desde hace meses que se incluyese la presencia de, por lo menos, una patrulla equipada con armas largas en cada uno de los núcleos operativos más afectados, reforzando la respuesta inmediata en zonas costeras y rurales para evitar tragedias como la vivida en Barbate. La asociación celebra la decisión , aunque recuerda que la peligrosidad continúa en aumento debido a la normalización del uso de fusiles de asalto y armas automáticas por parte de las organizaciones criminales. Por ello, insisten en la necesidad de añadir también vehículos todoterreno y medios tecnológicos para paliar la falta de medios que sufren.Andalucía, capital española del narcotráfico El último informe publicado por al Fiscalía Antidroga expone que Andalucía es una de las comunidades autónomás afectadas por el fenómeno del narcotráfico. Esto se debe, principalmente, al «espectáculo lamentable» de las narcolanchas, que ya no temen abandonar el Estrecho de Gibraltar y adoptar nuevas rutas en aguas de Almería, Cádiz o Huelva, entrando incluso por el río Guadalquivir para continuar su travesía. Según denuncian, los asesinatos a los dos guardias civiles en Barbate en febrero de 2024, además de los fallecimientos de 5 ocupantes de narcolanchas el año pasado, se deben a un aumento de la violencia por parte de los criminales, que son conocedores de la falta de medios que muchas veces sufren los agentes. Por último, lamentan que se haya normalizado la introducción de cocaína mediante Andalucía: «Solo entre diciembre de 2024 y enero de 2025 fueron intervenidas 10 toneladas de cocaína en apenas dos semanas en zonas colindantes con el río Guadalquivir».Ernesto Vilariño, secretario general de Jucil, afirma que entienden que la decisión tomada por la comandancia de Huelva atiende a una «reivindicación legítima y fundada que refuerza tanto la protección de los guardias civiles como la eficacia de las operaciones policiales y que debe extenderse a otras comandancias». Recuerda, además, que desatender una necesidad de este calibre genera una alta inseguridad para los agentes de la Benemérita y manda un mensaje de impunidad a los narcotraficantes. Esta medida tomada por el mando provincial ha llegado tras reiteradas peticiones de las asociaciones de la Guardia Civil, que lamentan cómo la falta de medios provoca agresiones diarias a los agentes del cuerpo. Para Jucil, sin recursos « no se pueden exigir resultados frente a organizaciones que se equipan mejor que las propias fuerzas de seguridad». Según comunican, esta medida constituye un paso firme en la lucha contra el narcotráfico y en defensa de la seguridad de los agentes y los ciudadanos de las zonas mas afectadas por la lacra del tráfico de drogas.Aumento de peligrosidadEl último informe de la Fiscalía Antidroga 2025 confirma la gravedad de la situación en Huelva. En 2024 se incautaron 2.972 kilos de cocaína, un 600% mas que el año anterior, y en febrero de este año un solo alijo de más de 1.600 kilos. Este informe alerta de la extrema violencia de las organizaciones criminales que emplean fusiles de asalto ‘kalashnikov’ y armamento de guerra contra los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad. A nivel autonómico, el Ministerio del Interior reconoce que la presión policial en Andalucía aumentó un 43% en 2024, con más de 12.000 operaciones y 5.900 detenciones.A pesar de la peligrosidad y violencia que sufren los guardias civiles durante sus jornadas, aún no han sido reconocidos como profesión de riesgo por parte del Gobierno. A pesar de que el Tribunal Supremo dio la razón a Jupol, sindicato mayoritario de la Policía Nacional, y aceptó reconocer a más de 30.000 agentes de la Benemérita no goza aún de los beneficios como la jubilación anticipada -por ello aún hay agentes de 65 años en actividades de calle- o el aumento de pensión que obtienen los Mossos d’Esquadra o la Ertzaintza. El Alto Tribunal aceptó el pasado 6 de octubre admitir a trámite la petición de la extensión del reconocimiento de profesión de riesgo, pero el colectivo sigue esperando la resolución de la que sería la mayor reivindicación del Cuerpo.
El coronel jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Huelva ha autorizado a los agentes de la Benemérita de parte de las patrullas y compañías de esta localidad a portar y utilizar fusiles de asalto en operaciones de lucha contra el narcotráfico. … El aumento de la peligrosidad en las actuaciones para acabar con los grupos dedicados al tráfico de droga ha provocado que Interior permita al cuerpo a utilizar estas armas de guerra para compensar las actuaciones de los delincuentes en situaciones de peligro.
Por desgracia, se han convertido en habituales las informaciones acerca de bandas armadas en las costas de Andalucía que hacen del tráfico de droga su estilo de vida. Además, la falta de medios que sufren y denuncian los agentes hace que los encuentros entre las fuerzas y cuerpos de seguridad y los traficantes acaben, en muchas ocasiones, en tragedia. El episodio más dramático fue el asesinato de dos agentes en Barbate (Cádiz) en febrero de 2024 tras ser arrollados por una narcolancha en plena persecución. Los agentes, desde hace años, se quejan ante el Gobierno por la falta de medios que sufren: hasta ahora, usaban su arma reglamentaria, la pistola, para pelear contra los armamentos propios de una guerra que utilizan los narcotraficantes.
Las patrullas y compañías autorizadas podrán hacer uso de estas armas siempre que la vida del agente o de un tercero esté en peligro inminente. El objetivo primordial es defender la vida frente a una amenaza. En cualquier caso, deberán respetar los principios de congruencia, proporcionalidad y oportunidad al hacer uso de estas armas: la fuerza utilizada debe ser coherente con la situación, la intensidad debe ser proporcional a la amenaza o resistencia que enfrenten y solo podrán ser usadas en el momento más necesario y adecuado.
La Asociación Profesional Justicia Guardia Civil (Jucil), mayoritaria, ha exigido desde hace meses que se incluyese la presencia de, por lo menos, una patrulla equipada con armas largas en cada uno de los núcleos operativos más afectados, reforzando la respuesta inmediata en zonas costeras y rurales para evitar tragedias como la vivida en Barbate. La asociación celebra la decisión, aunque recuerda que la peligrosidad continúa en aumento debido a la normalización del uso de fusiles de asalto y armas automáticas por parte de las organizaciones criminales. Por ello, insisten en la necesidad de añadir también vehículos todoterreno y medios tecnológicos para paliar la falta de medios que sufren.
Ernesto Vilariño, secretario general de Jucil, afirma que entienden que la decisión tomada por la comandancia de Huelva atiende a una «reivindicación legítima y fundada que refuerza tanto la protección de los guardias civiles como la eficacia de las operaciones policiales y que debe extenderse a otras comandancias». Recuerda, además, que desatender una necesidad de este calibre genera una alta inseguridad para los agentes de la Benemérita y manda un mensaje de impunidad a los narcotraficantes.
Esta medida tomada por el mando provincial ha llegado tras reiteradas peticiones de las asociaciones de la Guardia Civil, que lamentan cómo la falta de medios provoca agresiones diarias a los agentes del cuerpo. Para Jucil, sin recursos «no se pueden exigir resultados frente a organizaciones que se equipan mejor que las propias fuerzas de seguridad». Según comunican, esta medida constituye un paso firme en la lucha contra el narcotráfico y en defensa de la seguridad de los agentes y los ciudadanos de las zonas mas afectadas por la lacra del tráfico de drogas.
Aumento de peligrosidad
El último informe de la Fiscalía Antidroga 2025 confirma la gravedad de la situación en Huelva. En 2024 se incautaron 2.972 kilos de cocaína, un 600% mas que el año anterior, y en febrero de este año un solo alijo de más de 1.600 kilos. Este informe alerta de la extrema violencia de las organizaciones criminales que emplean fusiles de asalto ‘kalashnikov’ y armamento de guerra contra los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad. A nivel autonómico, el Ministerio del Interior reconoce que la presión policial en Andalucía aumentó un 43% en 2024, con más de 12.000 operaciones y 5.900 detenciones.
A pesar de la peligrosidad y violencia que sufren los guardias civiles durante sus jornadas, aún no han sido reconocidos como profesión de riesgo por parte del Gobierno. A pesar de que el Tribunal Supremo dio la razón a Jupol, sindicato mayoritario de la Policía Nacional, y aceptó reconocer a más de 30.000 agentes de la Benemérita no goza aún de los beneficios como la jubilación anticipada -por ello aún hay agentes de 65 años en actividades de calle- o el aumento de pensión que obtienen los Mossos d’Esquadra o la Ertzaintza. El Alto Tribunal aceptó el pasado 6 de octubre admitir a trámite la petición de la extensión del reconocimiento de profesión de riesgo, pero el colectivo sigue esperando la resolución de la que sería la mayor reivindicación del Cuerpo.
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