La juez del caso de la adjudicación de Viviendas Públicas Protegidas (VPP) en Alicante ha citado a declarar como testigos el próximo 15 de abril a tres responsables de la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda de la Generalitat Valenciana.Se trata del director territorial de la Conselleria en Alicante, la jefa del Servicio Territorial de Vivienda de Alicante y el secretario territorial adjunto de Vivienda, según una providencia dictada a instancias de la Fiscalía, tal como han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.Además, la instructora ha decidido librar un oficio a la Conselleria para que manifieste si unos informes aportados a la causa han sido elaborados exclusivamente por el secretario territorial adjunto de vivienda o si ha sido auxiliado para ello por otros empleados públicos.MÁS INFORMACIÓN noticia Si La Generalitat advierte a la juez de irregularidades en seis pisos protegidos de AlicanteEn este segundo supuesto, la Administración autonómica deberá identificar a esas personas y los cargos o puestos que ocupan en el organigrama institucional.En paralelo, el Ayuntamiento de Alicante ha constituido formalmente también este lunes la comisión no permanente o específica del Pleno tras la polémica del reparto de estos pisos de lujo del residencial Les Naus, de Playa de San Juan.Entre las propuestas de comparecencias que han hecho los grupos políticos municipales están la de Rocío Gómez, exconcejal de Urbanismo -dimitada del cargo a raíz de este escándalo, pero que sigue en nómina del Ayuntamiento- y quien, además, es adjudicataria de un piso en este complejo. En esta petición, han coincidido todas las formaciones.También se han planteado otras como la del alcalde de la ciudad, Luis Barcala (PP), y de otros miembros del actual equipo de gobierno como Antonio Peral, ahora responsable de Urbanismo, Nayma Beldjilali y Carlos de Juan, además de otros que lo integraron, como el exedil de Patrimonio Toni Gallego, que dimitió en junio del año pasado. Compromís ha abogado por la comparecencia igualmente del ‘expresident’ de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón y de la vicepresidenta primera del Consell y responsable de Vivienda, Susana Camarero, por la normativa autonómica sobre las VPP.Por su parte, Vox ha planteado que comparezcan representantes de la época del tripartito de izquierdas y, concretamente, el exalcalde socialista Gabriel Echávarri y los exconcejales Natxo Bellido y Sofía Morales. También ha solicitado que lo haga el exedil de Ciudadanos Adrián Santos, de la legislatura anterior a la actual, es decir, la del bipartito de su partido con los populares.También funcionariosAdemás, las formaciones políticas del Consistorio han puesto sobre la mesa que comparezcan funcionarios y responsables de la cooperativa de estos inmuebles. Desde la oposición, han solicitado diversa documentación relacionada con el caso judicial y los grupos han coincidido en parte de los nombres propuestos, pero no en todos.En la primera sesión de la comisión, que ha quedado constituida con la presencia de todos los grupos, que son PP, PSPV, Vox, Compromís y EU-Podem, el vicealcalde de la ciudad y presidente de este órgano, Manuel Villar, ha detallado que los ‘populares’, que ostentan el equipo de gobierno, se proponen que comparezcan, entre otros, la exedil Gómez, el alcalde Barcala y la exdirectora general y jefa de Contratación, María Pérez-Hickman, quien tiene familiares entre los beneficiarios de las VPP.Por parte del PP, también se han planteado las intervenciones del concejal presidente del Patronato Municipal de la Vivienda, Carlos de Juan, y de la edil de Patrimonio, Nayma Beldjilali, así como las de varios funcionarios.Antes de que Villar haya abordado el plan de trabajo de los ‘populares’, el vicealcalde ha recordado que hay un procedimiento abierto en un juzgado de Alicante, y que en Les Corts Valencianes también se ha constituido recientemente una comisión de investigación. «Podemos llegar hasta donde podemos llegar», ha aseverado respecto al papel del órgano municipal constituido este lunes.La propuesta del equipo de gobierno y, en definitiva, del PP, se divide en testificales y documentación sobre los expedientes de las VPP, si bien no sólo sobre la promoción de Les Naus, sino de otras que están proyectadas.Precisamente, esta es una comisión no permanente o específica del pleno para «evaluar los procedimientos seguidos y las garantías de imparcialidad en las promociones de vivienda pública sobre suelo municipal que, o bien se hayan licitado, o bien se vaya a licitar, por el Ayuntamiento o en el proceso del Plan Vive de la Generalitat Valenciana», han detallado.Desde el PSPV, su portavoz, Ana Barceló, ha celebrado durante su intervención que «por fin» se haya constituido la comisión. Según ha aseverado, ha de servir como un «instrumento de control» sobre cómo se ha gestionado el suelo público y sobre si se ha garantizado o no el acceso a vivienda pública en la capital alicantina.El grupo socialista ha planteado «una primera fase de análisis documental para garantizar el acceso a toda la documentación del expediente de Les Naus, incluidas las decisiones políticas y técnicas adoptadas en cada momento del procedimiento».De igual modo, cree que es «esencial» una segunda «con una serie de comparecencias técnicas y políticas para esclarecer qué ha ocurrido y por qué han fallado todos los controles necesarios para evitar el pelotazo registrado en Alicante».Su propuesta pretende ir «más allá de la polémica adjudicación de pisos en el residenciales Les Naus» para «ampliar el foco a todas las promociones de vivienda desde 2018, incluyendo actuaciones como la prevista en la calle Ceuta y el desarrollo del Plan Vive impulsado por Mazón» y «asumido» por el actual ‘president’ de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha subrayado el PSPV.La portavoz voxista en el Consistorio, Carmen Robledillo, ha abundado, además, en pedir la comparecencia del administrador único de Fraorgi, entidad gestora de la cooperativa de viviendas de Les Naus, y ha solicitado expedientes informativos abiertos a funcionarios.Desde Compromís, Rafa Mas ha reclamado que los informes que nazcan de este órgano se remitan a la Fiscalía, y ha planteado, entre otras, las comparecencias de Mazón, Camarero, representantes de la cooperativa y funcionarios, además de familiares de Gómez y de Pérez-Hickman.Desde EU-Podem, Manolo Copé, ha destacado la importancia de que comparezcan técnicos, además de responsables políticos y representantes externos no sólo de la cooperativa, sino también de Provia (asociación provincial de promotores de viviendas), que, según ha recalcado, cuestionó el pliego sobre la enajenación de la parcela donde se construyeron las VPP.El portavoz de la coalición también ha sugerido que asistan a la comisión «profesionales independientes» del ámbito jurídico para que aporten una «valoración experta» y que comparezcan entidades sociales que defienden el derecho a la vivienda.Antes de finalizar la reunión constitutiva, se ha acordado que la comisión de las VPP se vuelva a reunir este viernes, con el objetivo de poder concretar un calendario de sesiones, y Villar (PP) ha dicho que toda la documentación que se pueda entregar a los grupos se trasladará hasta el miércoles. La juez del caso de la adjudicación de Viviendas Públicas Protegidas (VPP) en Alicante ha citado a declarar como testigos el próximo 15 de abril a tres responsables de la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda de la Generalitat Valenciana.Se trata del director territorial de la Conselleria en Alicante, la jefa del Servicio Territorial de Vivienda de Alicante y el secretario territorial adjunto de Vivienda, según una providencia dictada a instancias de la Fiscalía, tal como han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.Además, la instructora ha decidido librar un oficio a la Conselleria para que manifieste si unos informes aportados a la causa han sido elaborados exclusivamente por el secretario territorial adjunto de vivienda o si ha sido auxiliado para ello por otros empleados públicos.MÁS INFORMACIÓN noticia Si La Generalitat advierte a la juez de irregularidades en seis pisos protegidos de AlicanteEn este segundo supuesto, la Administración autonómica deberá identificar a esas personas y los cargos o puestos que ocupan en el organigrama institucional.En paralelo, el Ayuntamiento de Alicante ha constituido formalmente también este lunes la comisión no permanente o específica del Pleno tras la polémica del reparto de estos pisos de lujo del residencial Les Naus, de Playa de San Juan.Entre las propuestas de comparecencias que han hecho los grupos políticos municipales están la de Rocío Gómez, exconcejal de Urbanismo -dimitada del cargo a raíz de este escándalo, pero que sigue en nómina del Ayuntamiento- y quien, además, es adjudicataria de un piso en este complejo. En esta petición, han coincidido todas las formaciones.También se han planteado otras como la del alcalde de la ciudad, Luis Barcala (PP), y de otros miembros del actual equipo de gobierno como Antonio Peral, ahora responsable de Urbanismo, Nayma Beldjilali y Carlos de Juan, además de otros que lo integraron, como el exedil de Patrimonio Toni Gallego, que dimitió en junio del año pasado. Compromís ha abogado por la comparecencia igualmente del ‘expresident’ de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón y de la vicepresidenta primera del Consell y responsable de Vivienda, Susana Camarero, por la normativa autonómica sobre las VPP.Por su parte, Vox ha planteado que comparezcan representantes de la época del tripartito de izquierdas y, concretamente, el exalcalde socialista Gabriel Echávarri y los exconcejales Natxo Bellido y Sofía Morales. También ha solicitado que lo haga el exedil de Ciudadanos Adrián Santos, de la legislatura anterior a la actual, es decir, la del bipartito de su partido con los populares.También funcionariosAdemás, las formaciones políticas del Consistorio han puesto sobre la mesa que comparezcan funcionarios y responsables de la cooperativa de estos inmuebles. Desde la oposición, han solicitado diversa documentación relacionada con el caso judicial y los grupos han coincidido en parte de los nombres propuestos, pero no en todos.En la primera sesión de la comisión, que ha quedado constituida con la presencia de todos los grupos, que son PP, PSPV, Vox, Compromís y EU-Podem, el vicealcalde de la ciudad y presidente de este órgano, Manuel Villar, ha detallado que los ‘populares’, que ostentan el equipo de gobierno, se proponen que comparezcan, entre otros, la exedil Gómez, el alcalde Barcala y la exdirectora general y jefa de Contratación, María Pérez-Hickman, quien tiene familiares entre los beneficiarios de las VPP.Por parte del PP, también se han planteado las intervenciones del concejal presidente del Patronato Municipal de la Vivienda, Carlos de Juan, y de la edil de Patrimonio, Nayma Beldjilali, así como las de varios funcionarios.Antes de que Villar haya abordado el plan de trabajo de los ‘populares’, el vicealcalde ha recordado que hay un procedimiento abierto en un juzgado de Alicante, y que en Les Corts Valencianes también se ha constituido recientemente una comisión de investigación. «Podemos llegar hasta donde podemos llegar», ha aseverado respecto al papel del órgano municipal constituido este lunes.La propuesta del equipo de gobierno y, en definitiva, del PP, se divide en testificales y documentación sobre los expedientes de las VPP, si bien no sólo sobre la promoción de Les Naus, sino de otras que están proyectadas.Precisamente, esta es una comisión no permanente o específica del pleno para «evaluar los procedimientos seguidos y las garantías de imparcialidad en las promociones de vivienda pública sobre suelo municipal que, o bien se hayan licitado, o bien se vaya a licitar, por el Ayuntamiento o en el proceso del Plan Vive de la Generalitat Valenciana», han detallado.Desde el PSPV, su portavoz, Ana Barceló, ha celebrado durante su intervención que «por fin» se haya constituido la comisión. Según ha aseverado, ha de servir como un «instrumento de control» sobre cómo se ha gestionado el suelo público y sobre si se ha garantizado o no el acceso a vivienda pública en la capital alicantina.El grupo socialista ha planteado «una primera fase de análisis documental para garantizar el acceso a toda la documentación del expediente de Les Naus, incluidas las decisiones políticas y técnicas adoptadas en cada momento del procedimiento».De igual modo, cree que es «esencial» una segunda «con una serie de comparecencias técnicas y políticas para esclarecer qué ha ocurrido y por qué han fallado todos los controles necesarios para evitar el pelotazo registrado en Alicante».Su propuesta pretende ir «más allá de la polémica adjudicación de pisos en el residenciales Les Naus» para «ampliar el foco a todas las promociones de vivienda desde 2018, incluyendo actuaciones como la prevista en la calle Ceuta y el desarrollo del Plan Vive impulsado por Mazón» y «asumido» por el actual ‘president’ de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha subrayado el PSPV.La portavoz voxista en el Consistorio, Carmen Robledillo, ha abundado, además, en pedir la comparecencia del administrador único de Fraorgi, entidad gestora de la cooperativa de viviendas de Les Naus, y ha solicitado expedientes informativos abiertos a funcionarios.Desde Compromís, Rafa Mas ha reclamado que los informes que nazcan de este órgano se remitan a la Fiscalía, y ha planteado, entre otras, las comparecencias de Mazón, Camarero, representantes de la cooperativa y funcionarios, además de familiares de Gómez y de Pérez-Hickman.Desde EU-Podem, Manolo Copé, ha destacado la importancia de que comparezcan técnicos, además de responsables políticos y representantes externos no sólo de la cooperativa, sino también de Provia (asociación provincial de promotores de viviendas), que, según ha recalcado, cuestionó el pliego sobre la enajenación de la parcela donde se construyeron las VPP.El portavoz de la coalición también ha sugerido que asistan a la comisión «profesionales independientes» del ámbito jurídico para que aporten una «valoración experta» y que comparezcan entidades sociales que defienden el derecho a la vivienda.Antes de finalizar la reunión constitutiva, se ha acordado que la comisión de las VPP se vuelva a reunir este viernes, con el objetivo de poder concretar un calendario de sesiones, y Villar (PP) ha dicho que toda la documentación que se pueda entregar a los grupos se trasladará hasta el miércoles.
La juez del caso de la adjudicación de Viviendas Públicas Protegidas (VPP) en Alicante ha citado a declarar como testigos el próximo 15 de abril a tres responsables de la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda de la Generalitat Valenciana.
Se trata del … director territorial de la Conselleria en Alicante, la jefa del Servicio Territorial de Vivienda de Alicante y el secretario territorial adjunto de Vivienda, según una providencia dictada a instancias de la Fiscalía, tal como han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
Además, la instructora ha decidido librar un oficio a la Conselleria para que manifieste si unos informes aportados a la causa han sido elaborados exclusivamente por el secretario territorial adjunto de vivienda o si ha sido auxiliado para ello por otros empleados públicos.
En este segundo supuesto, la Administración autonómica deberá identificar a esas personas y los cargos o puestos que ocupan en el organigrama institucional.
En paralelo, el Ayuntamiento de Alicante ha constituido formalmente también este lunes la comisión no permanente o específica del Pleno tras la polémica del reparto de estos pisos de lujo del residencial Les Naus, de Playa de San Juan.
Entre las propuestas de comparecencias que han hecho los grupos políticos municipales están la de Rocío Gómez, exconcejal de Urbanismo -dimitada del cargo a raíz de este escándalo, pero que sigue en nómina del Ayuntamiento- y quien, además, es adjudicataria de un piso en este complejo. En esta petición, han coincidido todas las formaciones.
También se han planteado otras como la del alcalde de la ciudad, Luis Barcala (PP), y de otros miembros del actual equipo de gobierno como Antonio Peral, ahora responsable de Urbanismo, Nayma Beldjilali y Carlos de Juan, además de otros que lo integraron, como el exedil de Patrimonio Toni Gallego, que dimitió en junio del año pasado.
Compromís ha abogado por la comparecencia igualmente del ‘expresident’ de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón y de la vicepresidenta primera del Consell y responsable de Vivienda, Susana Camarero, por la normativa autonómica sobre las VPP.
Por su parte, Vox ha planteado que comparezcan representantes de la época del tripartito de izquierdas y, concretamente, el exalcalde socialista Gabriel Echávarri y los exconcejales Natxo Bellido y Sofía Morales. También ha solicitado que lo haga el exedil de Ciudadanos Adrián Santos, de la legislatura anterior a la actual, es decir, la del bipartito de su partido con los populares.
También funcionarios
Además, las formaciones políticas del Consistorio han puesto sobre la mesa que comparezcan funcionarios y responsables de la cooperativa de estos inmuebles. Desde la oposición, han solicitado diversa documentación relacionada con el caso judicial y los grupos han coincidido en parte de los nombres propuestos, pero no en todos.
En la primera sesión de la comisión, que ha quedado constituida con la presencia de todos los grupos, que son PP, PSPV, Vox, Compromís y EU-Podem, el vicealcalde de la ciudad y presidente de este órgano, Manuel Villar, ha detallado que los ‘populares’, que ostentan el equipo de gobierno, se proponen que comparezcan, entre otros, la exedil Gómez, el alcalde Barcala y la exdirectora general y jefa de Contratación, María Pérez-Hickman, quien tiene familiares entre los beneficiarios de las VPP.
Por parte del PP, también se han planteado las intervenciones del concejal presidente del Patronato Municipal de la Vivienda, Carlos de Juan, y de la edil de Patrimonio, Nayma Beldjilali, así como las de varios funcionarios.
Antes de que Villar haya abordado el plan de trabajo de los ‘populares’, el vicealcalde ha recordado que hay un procedimiento abierto en un juzgado de Alicante, y que en Les Corts Valencianes también se ha constituido recientemente una comisión de investigación. «Podemos llegar hasta donde podemos llegar», ha aseverado respecto al papel del órgano municipal constituido este lunes.
La propuesta del equipo de gobierno y, en definitiva, del PP, se divide en testificales y documentación sobre los expedientes de las VPP, si bien no sólo sobre la promoción de Les Naus, sino de otras que están proyectadas.
Precisamente, esta es una comisión no permanente o específica del pleno para «evaluar los procedimientos seguidos y las garantías de imparcialidad en las promociones de vivienda pública sobre suelo municipal que, o bien se hayan licitado, o bien se vaya a licitar, por el Ayuntamiento o en el proceso del Plan Vive de la Generalitat Valenciana», han detallado.
Desde el PSPV, su portavoz, Ana Barceló, ha celebrado durante su intervención que «por fin» se haya constituido la comisión. Según ha aseverado, ha de servir como un «instrumento de control» sobre cómo se ha gestionado el suelo público y sobre si se ha garantizado o no el acceso a vivienda pública en la capital alicantina.
El grupo socialista ha planteado «una primera fase de análisis documental para garantizar el acceso a toda la documentación del expediente de Les Naus, incluidas las decisiones políticas y técnicas adoptadas en cada momento del procedimiento».
De igual modo, cree que es «esencial» una segunda «con una serie de comparecencias técnicas y políticas para esclarecer qué ha ocurrido y por qué han fallado todos los controles necesarios para evitar el pelotazo registrado en Alicante».
Su propuesta pretende ir «más allá de la polémica adjudicación de pisos en el residenciales Les Naus» para «ampliar el foco a todas las promociones de vivienda desde 2018, incluyendo actuaciones como la prevista en la calle Ceuta y el desarrollo del Plan Vive impulsado por Mazón» y «asumido» por el actual ‘president’ de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha subrayado el PSPV.
La portavoz voxista en el Consistorio, Carmen Robledillo, ha abundado, además, en pedir la comparecencia del administrador único de Fraorgi, entidad gestora de la cooperativa de viviendas de Les Naus, y ha solicitado expedientes informativos abiertos a funcionarios.
Desde Compromís, Rafa Mas ha reclamado que los informes que nazcan de este órgano se remitan a la Fiscalía, y ha planteado, entre otras, las comparecencias de Mazón, Camarero, representantes de la cooperativa y funcionarios, además de familiares de Gómez y de Pérez-Hickman.
Desde EU-Podem, Manolo Copé, ha destacado la importancia de que comparezcan técnicos, además de responsables políticos y representantes externos no sólo de la cooperativa, sino también de Provia (asociación provincial de promotores de viviendas), que, según ha recalcado, cuestionó el pliego sobre la enajenación de la parcela donde se construyeron las VPP.
El portavoz de la coalición también ha sugerido que asistan a la comisión «profesionales independientes» del ámbito jurídico para que aporten una «valoración experta» y que comparezcan entidades sociales que defienden el derecho a la vivienda.
Antes de finalizar la reunión constitutiva, se ha acordado que la comisión de las VPP se vuelva a reunir este viernes, con el objetivo de poder concretar un calendario de sesiones, y Villar (PP) ha dicho que toda la documentación que se pueda entregar a los grupos se trasladará hasta el miércoles.
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