El Juzgado de Instrucción número 1 de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) ha citado a declarar en calidad de investigados a nueve altos cargos de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), el ente público gestor de TV3 y Catalunya Ràdio, principalmente, tras la denuncia presentada por Societat Civil Catalana (SCC) el 29 de abril. La base de la denuncia y por la que la juez ha imputado a los cargos del ente son los hechos descritos en el Informe 2/2025 de la Sindicatura de Cuentas sobre la gestión de la CCMA.Noticia Relacionada estandar No Dos consejeros de Junts en la CCMA piden una reunión extraordinaria a la presidenta sobre «la deriva» de TV3 ABC Los de Puigdemont aseguran que TV3 se está «desnacionalizando» en los contenidos informativos y de entretenimientoLa juez, que inició la investigación de los hechos al considerar que «pueden ser constitutivos de un delito de los comprendidos en el ámbito del artículo 757 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal», ha dictado una providencia, según ha informado SCC este jueves, acordando recibir declaración como investigados a nueve miembros de la actual dirección de la CCMA. Para SCC, estos habrían cometido los delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, omisión del deber de perseguir delitos y los vinculados a la gestión ilícita de recursos públicos.Según ha sabido ABC, las comparecencias de los investigados (los siete miembros del consejo de gobierno, el director de la Marató y otro directivo más) están programadas para llevarse a cabo durante el segundo semestre de 2026. En la denuncia, tal y como publicó este diario en abril, la entidad cívica recupera las irregularidades señaladas en el informe citado de la Sindicatura de Cuentas para los ejercicios de 2021 y 2022. Para SCC, estos hechos podrían no ser casos aislados, sino parte de un patrón sistemático de gestión irregular con relevante impacto económico y posible trascendencia penal.Puestos de trabajo sin «requisitos mínimos»En relación a las deficiencias detectadas por la Sindicatura, ente autonómico que fiscaliza el gasto de dinero público, la cúpula del ente público habría actuado como «poder adjudicador no administración pública», a pesar de que para la institución fiscalizadora, la CCMA tiene «naturaleza» de poder adjudicador de administración pública y la relación de los puestos de trabajo de la entidad «no reunía los requisitos mínimos exigibles» al no detallar «ni las características de los lugares de trabajo, ni las retribuciones complementarias, ni los sistemas de previsión de puestos de trabajo».La Sindicatura observó «deficiencias en las bases de la convocatoria del procedimiento de selección de los directores» de TV3 y Catalunya Ràdio, Vicent Sanchis y Sigfrid Gras, por un lado, y Saül Gordillo y Jordi Borda, respectivamente, en relación a «los méritos objeto de valoración y a la comisión de valoración». Igualmente, la CCMA abonó «el 88% y el 120% de la retribución de objetivos comerciales a algunos directivos, por encima del límite del 25% establecido en la Ley de Presupuestos de la Generalitat», en relación al cobro de retribuciones variables vinculadas al cumplimiento de objetivos definidos en 2020.La fiscalización pública, recogida en el informe 2/2025, apuntó también a que en el ejercicio de 2021, «las retribuciones íntegras anuales de cuatro directivos corporativos superaron la retribución de consejero de la Generalitat, contrariamente a lo que establece la normativa» y la retribución íntegra del director de la Fundación de La Marató de TV3 de 2023 «superó la retribución de secretario general, y no consta la aprobación preceptiva por acuerdo del Govern».Entre las irregularidades también se dejó constancia de que la jornada laboral de la CCMA era de 35 horas semanales en 2021 y 2022, pero «no se cumplían los requisitos legales necesarios para fijar esta jornada». Los nombres de la cúpula de la CCMA, afectados por la denuncia de la entidad cívica y que tendrán que declarar ante la juez que investiga el caso, son: Rosa Romà i Monfà (presidenta), Àngels Ponsa i Roca (vicepresidenta), Lluís Garriga Paituví (secretario) y Carme Figueras Siñol, Lluís Noguera i Jordana, Gemma Ribas Maspoch y Josep Riera i Font, como consejeros; y Lluís Bernabé y Andreu J. Martínez. El Juzgado de Instrucción número 1 de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) ha citado a declarar en calidad de investigados a nueve altos cargos de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), el ente público gestor de TV3 y Catalunya Ràdio, principalmente, tras la denuncia presentada por Societat Civil Catalana (SCC) el 29 de abril. La base de la denuncia y por la que la juez ha imputado a los cargos del ente son los hechos descritos en el Informe 2/2025 de la Sindicatura de Cuentas sobre la gestión de la CCMA.Noticia Relacionada estandar No Dos consejeros de Junts en la CCMA piden una reunión extraordinaria a la presidenta sobre «la deriva» de TV3 ABC Los de Puigdemont aseguran que TV3 se está «desnacionalizando» en los contenidos informativos y de entretenimientoLa juez, que inició la investigación de los hechos al considerar que «pueden ser constitutivos de un delito de los comprendidos en el ámbito del artículo 757 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal», ha dictado una providencia, según ha informado SCC este jueves, acordando recibir declaración como investigados a nueve miembros de la actual dirección de la CCMA. Para SCC, estos habrían cometido los delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, omisión del deber de perseguir delitos y los vinculados a la gestión ilícita de recursos públicos.Según ha sabido ABC, las comparecencias de los investigados (los siete miembros del consejo de gobierno, el director de la Marató y otro directivo más) están programadas para llevarse a cabo durante el segundo semestre de 2026. En la denuncia, tal y como publicó este diario en abril, la entidad cívica recupera las irregularidades señaladas en el informe citado de la Sindicatura de Cuentas para los ejercicios de 2021 y 2022. Para SCC, estos hechos podrían no ser casos aislados, sino parte de un patrón sistemático de gestión irregular con relevante impacto económico y posible trascendencia penal.Puestos de trabajo sin «requisitos mínimos»En relación a las deficiencias detectadas por la Sindicatura, ente autonómico que fiscaliza el gasto de dinero público, la cúpula del ente público habría actuado como «poder adjudicador no administración pública», a pesar de que para la institución fiscalizadora, la CCMA tiene «naturaleza» de poder adjudicador de administración pública y la relación de los puestos de trabajo de la entidad «no reunía los requisitos mínimos exigibles» al no detallar «ni las características de los lugares de trabajo, ni las retribuciones complementarias, ni los sistemas de previsión de puestos de trabajo».La Sindicatura observó «deficiencias en las bases de la convocatoria del procedimiento de selección de los directores» de TV3 y Catalunya Ràdio, Vicent Sanchis y Sigfrid Gras, por un lado, y Saül Gordillo y Jordi Borda, respectivamente, en relación a «los méritos objeto de valoración y a la comisión de valoración». Igualmente, la CCMA abonó «el 88% y el 120% de la retribución de objetivos comerciales a algunos directivos, por encima del límite del 25% establecido en la Ley de Presupuestos de la Generalitat», en relación al cobro de retribuciones variables vinculadas al cumplimiento de objetivos definidos en 2020.La fiscalización pública, recogida en el informe 2/2025, apuntó también a que en el ejercicio de 2021, «las retribuciones íntegras anuales de cuatro directivos corporativos superaron la retribución de consejero de la Generalitat, contrariamente a lo que establece la normativa» y la retribución íntegra del director de la Fundación de La Marató de TV3 de 2023 «superó la retribución de secretario general, y no consta la aprobación preceptiva por acuerdo del Govern».Entre las irregularidades también se dejó constancia de que la jornada laboral de la CCMA era de 35 horas semanales en 2021 y 2022, pero «no se cumplían los requisitos legales necesarios para fijar esta jornada». Los nombres de la cúpula de la CCMA, afectados por la denuncia de la entidad cívica y que tendrán que declarar ante la juez que investiga el caso, son: Rosa Romà i Monfà (presidenta), Àngels Ponsa i Roca (vicepresidenta), Lluís Garriga Paituví (secretario) y Carme Figueras Siñol, Lluís Noguera i Jordana, Gemma Ribas Maspoch y Josep Riera i Font, como consejeros; y Lluís Bernabé y Andreu J. Martínez.
Declararán durante el segundo trimestre de 2026, tras una denuncia de Societat Civil Catalana
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