La titular de la Plaza n.º 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander ha acordado dirigir acción penal como investigados contra dos funcionarios de la Demarcación de Costas en Cantabria, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) del Gobierno de España, al considerar que es la Administración central «la única responsable de garantizar la adecuada conservación y mantenimiento» de la pasarela de la playa de El Bocal siniestrada el pasado 3 de marzo. Seis personas fallecieron a causa del colapso de la infraestructura.En un auto hecho público este martes, se declara a Costas posible responsable civil dado que es la única encargada del mantenimiento de las unidades de obras ejecutadas dentro del proyecto al tratarse de obras no finalizadas, hallando «serios indicios de la existencia de un posible actuar negligente en el mantenimiento de la pasarela». Concretamente, la magistrada expone que la reparación llevada a cabo en el verano de 2024 se limitó a la estructura de madera pese a que, según el informe de la Policía Científica, todos los elementos metálicos estaban completamente oxidados. Así considera que la actuación pudo «resultar insuficiente concurriendo, por ello, serios indicios de negligencia» y apunta al jefe de Servicio de Proyectos y Obras de la Demarcación de Costas y al director de Obras del proyecto de la senda costera de 2014, jefe de la citada Demarcación. Aún no están citados a declarar y el auto no les atribuye, por ahora, un tipo delictivo. La decisión deriva del análisis de la documentación requerida hace dos semanas y aportada por la propia administración central y por el Ayuntamiento Santander, que permiten concluir que «las obras de ejecución de la senda peatonal en modo alguno han finalizado».Noticia relacionada general No No El legado de Ribera arruina el ministerio estrella de Pedro Sánchez Joan GuiradoLas obras iniciadas con el primer proyecto de 2012 se paralizaron porque Demarcación de Costas decidió resolver el contrato con la empresa adjudicataria por «desistimiento». El segundo proyecto de «Finalización» de 2016 ni siquiera llegó a aprobarse mientras que «el compromiso municipal asumido por el Ayuntamiento de Santander de hacerse cargo del mantenimiento de tales obras quedaba condicionado o supeditado, lógicamente, a que tales obras finalizaren».«Son obras no finalizadas ni, por ello, recepcionadas por el Ayuntamiento de Santander, de forma que era y es Demarcación de Costas en Santander la única responsable de garantizar la adecuada conservación y mantenimiento de tales unidades de obra, entre ellas, la pasarela objeto de autos, que, como tal, desde el año 2014 se ha hallado en todo momento abierta al público en general sin ningún tipo de restricción», señala la instructora. Además, indica que Costas «era muy consciente de tal deber de conservación y mantenimiento». Un informe de mayo de 2024 advertía al jefe de Servicio de Obras «del mal estado de ciertas maderas», por lo que en julio se llevó a cabo una reparación de las infraestructuras, entre ellas la siniestrada.Nuevas diligencias y precintoAhora, la juez ordena ampliar el informe pericial para aclarar si la reparación llevada a cabo «interviniendo exclusivamente sobre la estructura de madera fue suficiente». «Procede, pues, investigar la actuación de aquellas personas que, por el cargo que ostentaban y ostentan, pueden tener responsabilidad directa en su deber de garantizar la adecuada conservación y mantenimiento de la pasarela», concluye sobre los dos funcionarios de la Demarcación de Costas investigados.Además, advierte de que, aunque el mantenimiento corresponda a Costas, «el Ayuntamiento de Santander ostenta la llamada potestad de policía administrativa en materia de seguridad en espacios accesibles al público». En ese sentido, «detectado un riesgo debe proceder a acotar , señalizar o precintar el mismo, aunque la infraestructura afectada corresponda a otra administración, más aún en el supuesto de autos, donde el Ayuntamiento promovía o incluía la zona en rutas turísticas o senderos».Es por esto que ahora también quiere conocer si «en la fecha del siniestro, el deterioro de la pasarela era visible y en qué grado, es decir, si el riesgo de colapso podía ser perceptible ». A esta cuestión corresponde la petición al Grupo III UDEV de la Brigada Provincial de la Policía Judicial para que trate de recabar «material probatorio sobre el estado que presentaba para cualquier ciudadano la pasarela días o semanas antes del siniestro, en forma de fotografías anteriores al derrumbe y testimonios de personas que frecuentaran la misma».También quiere escuchar a una vecina miembro de la Asamblea en Defensa de la Senda y Costa Norte que fue identificada después de que la magistrada pidiera a la Policía Judicial recabar quejas sobre la pasarela. Comparecerá como testigo el próximo viernes 27 de marzo después de los ya citados: los dos ciclistas que avisaron del accidente, el vecino que llamó al 112 el día previo, la operadora que recibió su llamada, la policía local que a su vez recibió la comunicación del 112 y los agentes que realizaron la inspección ocular tras el accidente. La titular de la Plaza n.º 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander ha acordado dirigir acción penal como investigados contra dos funcionarios de la Demarcación de Costas en Cantabria, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) del Gobierno de España, al considerar que es la Administración central «la única responsable de garantizar la adecuada conservación y mantenimiento» de la pasarela de la playa de El Bocal siniestrada el pasado 3 de marzo. Seis personas fallecieron a causa del colapso de la infraestructura.En un auto hecho público este martes, se declara a Costas posible responsable civil dado que es la única encargada del mantenimiento de las unidades de obras ejecutadas dentro del proyecto al tratarse de obras no finalizadas, hallando «serios indicios de la existencia de un posible actuar negligente en el mantenimiento de la pasarela». Concretamente, la magistrada expone que la reparación llevada a cabo en el verano de 2024 se limitó a la estructura de madera pese a que, según el informe de la Policía Científica, todos los elementos metálicos estaban completamente oxidados. Así considera que la actuación pudo «resultar insuficiente concurriendo, por ello, serios indicios de negligencia» y apunta al jefe de Servicio de Proyectos y Obras de la Demarcación de Costas y al director de Obras del proyecto de la senda costera de 2014, jefe de la citada Demarcación. Aún no están citados a declarar y el auto no les atribuye, por ahora, un tipo delictivo. La decisión deriva del análisis de la documentación requerida hace dos semanas y aportada por la propia administración central y por el Ayuntamiento Santander, que permiten concluir que «las obras de ejecución de la senda peatonal en modo alguno han finalizado».Noticia relacionada general No No El legado de Ribera arruina el ministerio estrella de Pedro Sánchez Joan GuiradoLas obras iniciadas con el primer proyecto de 2012 se paralizaron porque Demarcación de Costas decidió resolver el contrato con la empresa adjudicataria por «desistimiento». El segundo proyecto de «Finalización» de 2016 ni siquiera llegó a aprobarse mientras que «el compromiso municipal asumido por el Ayuntamiento de Santander de hacerse cargo del mantenimiento de tales obras quedaba condicionado o supeditado, lógicamente, a que tales obras finalizaren».«Son obras no finalizadas ni, por ello, recepcionadas por el Ayuntamiento de Santander, de forma que era y es Demarcación de Costas en Santander la única responsable de garantizar la adecuada conservación y mantenimiento de tales unidades de obra, entre ellas, la pasarela objeto de autos, que, como tal, desde el año 2014 se ha hallado en todo momento abierta al público en general sin ningún tipo de restricción», señala la instructora. Además, indica que Costas «era muy consciente de tal deber de conservación y mantenimiento». Un informe de mayo de 2024 advertía al jefe de Servicio de Obras «del mal estado de ciertas maderas», por lo que en julio se llevó a cabo una reparación de las infraestructuras, entre ellas la siniestrada.Nuevas diligencias y precintoAhora, la juez ordena ampliar el informe pericial para aclarar si la reparación llevada a cabo «interviniendo exclusivamente sobre la estructura de madera fue suficiente». «Procede, pues, investigar la actuación de aquellas personas que, por el cargo que ostentaban y ostentan, pueden tener responsabilidad directa en su deber de garantizar la adecuada conservación y mantenimiento de la pasarela», concluye sobre los dos funcionarios de la Demarcación de Costas investigados.Además, advierte de que, aunque el mantenimiento corresponda a Costas, «el Ayuntamiento de Santander ostenta la llamada potestad de policía administrativa en materia de seguridad en espacios accesibles al público». En ese sentido, «detectado un riesgo debe proceder a acotar , señalizar o precintar el mismo, aunque la infraestructura afectada corresponda a otra administración, más aún en el supuesto de autos, donde el Ayuntamiento promovía o incluía la zona en rutas turísticas o senderos».Es por esto que ahora también quiere conocer si «en la fecha del siniestro, el deterioro de la pasarela era visible y en qué grado, es decir, si el riesgo de colapso podía ser perceptible ». A esta cuestión corresponde la petición al Grupo III UDEV de la Brigada Provincial de la Policía Judicial para que trate de recabar «material probatorio sobre el estado que presentaba para cualquier ciudadano la pasarela días o semanas antes del siniestro, en forma de fotografías anteriores al derrumbe y testimonios de personas que frecuentaran la misma».También quiere escuchar a una vecina miembro de la Asamblea en Defensa de la Senda y Costa Norte que fue identificada después de que la magistrada pidiera a la Policía Judicial recabar quejas sobre la pasarela. Comparecerá como testigo el próximo viernes 27 de marzo después de los ya citados: los dos ciclistas que avisaron del accidente, el vecino que llamó al 112 el día previo, la operadora que recibió su llamada, la policía local que a su vez recibió la comunicación del 112 y los agentes que realizaron la inspección ocular tras el accidente.
La titular de la Plaza n.º 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander ha acordado dirigir acción penal como investigados contra dos funcionarios de la Demarcación de Costas en Cantabria, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) del … Gobierno de España, al considerar que es la Administración central «la única responsable de garantizar la adecuada conservación y mantenimiento» de la pasarela de la playa de El Bocal siniestrada el pasado 3 de marzo. Seis personas fallecieron a causa del colapso de la infraestructura.
En un auto hecho público este martes, se declara a Costas posible responsable civil dado que es la única encargada del mantenimiento de las unidades de obras ejecutadas dentro del proyecto al tratarse de obras no finalizadas, hallando «serios indicios de la existencia de un posible actuar negligente en el mantenimiento de la pasarela». Concretamente, la magistrada expone que la reparación llevada a cabo en el verano de 2024 se limitó a la estructura de madera pese a que, según el informe de la Policía Científica, todos los elementos metálicos estaban completamente oxidados.
Así considera que la actuación pudo «resultar insuficiente concurriendo, por ello, serios indicios de negligencia» y apunta al jefe de Servicio de Proyectos y Obras de la Demarcación de Costas y al director de Obras del proyecto de la senda costera de 2014, jefe de la citada Demarcación. Aún no están citados a declarar y el auto no les atribuye, por ahora, un tipo delictivo. La decisión deriva del análisis de la documentación requerida hace dos semanas y aportada por la propia administración central y por el Ayuntamiento Santander, que permiten concluir que «las obras de ejecución de la senda peatonal en modo alguno han finalizado».
Las obras iniciadas con el primer proyecto de 2012 se paralizaron porque Demarcación de Costas decidió resolver el contrato con la empresa adjudicataria por «desistimiento». El segundo proyecto de «Finalización» de 2016 ni siquiera llegó a aprobarse mientras que «el compromiso municipal asumido por el Ayuntamiento de Santander de hacerse cargo del mantenimiento de tales obras quedaba condicionado o supeditado, lógicamente, a que tales obras finalizaren».
«Son obras no finalizadas ni, por ello, recepcionadas por el Ayuntamiento de Santander, de forma que era y es Demarcación de Costas en Santander la única responsable de garantizar la adecuada conservación y mantenimiento de tales unidades de obra, entre ellas, la pasarela objeto de autos, que, como tal, desde el año 2014 se ha hallado en todo momento abierta al público en general sin ningún tipo de restricción», señala la instructora. Además, indica que Costas «era muy consciente de tal deber de conservación y mantenimiento». Un informe de mayo de 2024 advertía al jefe de Servicio de Obras «del mal estado de ciertas maderas», por lo que en julio se llevó a cabo una reparación de las infraestructuras, entre ellas la siniestrada.
Nuevas diligencias y precinto
Ahora, la juez ordena ampliar el informe pericial para aclarar si la reparación llevada a cabo «interviniendo exclusivamente sobre la estructura de madera fue suficiente». «Procede, pues, investigar la actuación de aquellas personas que, por el cargo que ostentaban y ostentan, pueden tener responsabilidad directa en su deber de garantizar la adecuada conservación y mantenimiento de la pasarela», concluye sobre los dos funcionarios de la Demarcación de Costas investigados.
Además, advierte de que, aunque el mantenimiento corresponda a Costas, «el Ayuntamiento de Santander ostenta la llamada potestad de policía administrativa en materia de seguridad en espacios accesibles al público». En ese sentido, «detectado un riesgo debe proceder a acotar, señalizar o precintar el mismo, aunque la infraestructura afectada corresponda a otra administración, más aún en el supuesto de autos, donde el Ayuntamiento promovía o incluía la zona en rutas turísticas o senderos».
Es por esto que ahora también quiere conocer si «en la fecha del siniestro, el deterioro de la pasarela era visible y en qué grado, es decir, si el riesgo de colapso podía ser perceptible». A esta cuestión corresponde la petición al Grupo III UDEV de la Brigada Provincial de la Policía Judicial para que trate de recabar «material probatorio sobre el estado que presentaba para cualquier ciudadano la pasarela días o semanas antes del siniestro, en forma de fotografías anteriores al derrumbe y testimonios de personas que frecuentaran la misma».
También quiere escuchar a una vecina miembro de la Asamblea en Defensa de la Senda y Costa Norte que fue identificada después de que la magistrada pidiera a la Policía Judicial recabar quejas sobre la pasarela. Comparecerá como testigo el próximo viernes 27 de marzo después de los ya citados: los dos ciclistas que avisaron del accidente, el vecino que llamó al 112 el día previo, la operadora que recibió su llamada, la policía local que a su vez recibió la comunicación del 112 y los agentes que realizaron la inspección ocular tras el accidente.
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