El rastro de daños dejado por el paso de los grandes fuegos declarados ya este verano en Castilla y León ya afecta a casi 150 pueblos de la Comunidad . Son a los que se dirigirán las ayudas «previstas» en el acuerdo del pasado 30 de julio dirigido a llevar a cabo actuaciones de recuperación en las zonas afectadas así como a las miles de personas que tuvieron que ser evacuadas de sus casas por la proximidad de las llamas y el humo. Una cifra que se alcanza después de que la Vicepresidencia Segunda haya firmado una resolución con la que se amplía el listado de términos municipales y localidades inicialmente incluidos, en los que se contabilizaban 46 núcleos desalojados en las provincias de Ávila, León y Segovia. Ahora, «resulta necesario ampliar» esa nómina, tal y como ya contemplaba el acuerdo inicial, adoptado «ante la situación extraordinaria y excepcional» por los incendios forestales de este verano. Así, suma 90 localidades más, de 23 municipios en las provincias también de Ávila, León y Segovia, a las que añade Zamora. En 34 casos por evacuaciones y en 56 por estar afectados por las llamas. . Entre los afectados, los del incendio declarado el 22 de julio en Burgohondo , que obligó a desalojar a unas 30.000 personas en la provincia de Ávila, además de confinar a cerca de 15.000, y que este miércoles seguía todavía sin darse por controlado. Siguen las reproducciones, dentro del extenso perímetro de cerca de 200 kilómetros y más de 50.000 hectáreas afectadas, sobre el que sigue trabajando un amplio dispositivo por tierra y también con apoyo aéreo. Otro de los grandes fuegos de este verano es el que comenzó a arder el 29 de julio en Fermoselle (Zamora) , que también precipitó la evacuación de más de una catorce pueblos y abrasó cerca de 11.000 hectáreas en el entorno del Parque Natural Arribes del Duero. Ya está estabilizado y sus causas, en investigación. El alcalde de esta localidad zamorana , José Manuel Pilo, incidía en lo «muy sospechoso» que se haya producido en la misma zona que el que calcinó más de 3.000 hectáreas en 2017, informa Ical.Además, reclamaba una «revisión» de la Ley de Montes y de las políticas de gestión del Parque Natural de los Arribes del Duero. «No puede ser que un parque protegido se convierta en una selva inaccesible», consideraba, entendiendo como «lógico» destinar fondos a la extinción, «pero -apostillaba- es mejor no esperar a eso e invertir en prevención de los incendios , con cortafuegos, desbroces y podas». «La percepción que casi todos tenemos en cuanto a la normativa propia del Parque es que es una losa insalvable en cuanto a medidas de protección. Más que de protección, habría que hablar de prevención», insistía Pilo.Mientras, desde la organización agraria La Alianza UPA-COAG enviaban un escrito a la Dirección General de Política Agraria Comunitaria de la Consejería de Agricultura para que se permita el pastoreo o «aprovechamiento a diente del ganado» en las comarcas de ‘no cosechado’ que se han visto afectadas esta campaña por «catástrofes naturales graves» o «fenómenos meteorológicos graves». El rastro de daños dejado por el paso de los grandes fuegos declarados ya este verano en Castilla y León ya afecta a casi 150 pueblos de la Comunidad . Son a los que se dirigirán las ayudas «previstas» en el acuerdo del pasado 30 de julio dirigido a llevar a cabo actuaciones de recuperación en las zonas afectadas así como a las miles de personas que tuvieron que ser evacuadas de sus casas por la proximidad de las llamas y el humo. Una cifra que se alcanza después de que la Vicepresidencia Segunda haya firmado una resolución con la que se amplía el listado de términos municipales y localidades inicialmente incluidos, en los que se contabilizaban 46 núcleos desalojados en las provincias de Ávila, León y Segovia. Ahora, «resulta necesario ampliar» esa nómina, tal y como ya contemplaba el acuerdo inicial, adoptado «ante la situación extraordinaria y excepcional» por los incendios forestales de este verano. Así, suma 90 localidades más, de 23 municipios en las provincias también de Ávila, León y Segovia, a las que añade Zamora. En 34 casos por evacuaciones y en 56 por estar afectados por las llamas. . Entre los afectados, los del incendio declarado el 22 de julio en Burgohondo , que obligó a desalojar a unas 30.000 personas en la provincia de Ávila, además de confinar a cerca de 15.000, y que este miércoles seguía todavía sin darse por controlado. Siguen las reproducciones, dentro del extenso perímetro de cerca de 200 kilómetros y más de 50.000 hectáreas afectadas, sobre el que sigue trabajando un amplio dispositivo por tierra y también con apoyo aéreo. Otro de los grandes fuegos de este verano es el que comenzó a arder el 29 de julio en Fermoselle (Zamora) , que también precipitó la evacuación de más de una catorce pueblos y abrasó cerca de 11.000 hectáreas en el entorno del Parque Natural Arribes del Duero. Ya está estabilizado y sus causas, en investigación. El alcalde de esta localidad zamorana , José Manuel Pilo, incidía en lo «muy sospechoso» que se haya producido en la misma zona que el que calcinó más de 3.000 hectáreas en 2017, informa Ical.Además, reclamaba una «revisión» de la Ley de Montes y de las políticas de gestión del Parque Natural de los Arribes del Duero. «No puede ser que un parque protegido se convierta en una selva inaccesible», consideraba, entendiendo como «lógico» destinar fondos a la extinción, «pero -apostillaba- es mejor no esperar a eso e invertir en prevención de los incendios , con cortafuegos, desbroces y podas». «La percepción que casi todos tenemos en cuanto a la normativa propia del Parque es que es una losa insalvable en cuanto a medidas de protección. Más que de protección, habría que hablar de prevención», insistía Pilo.Mientras, desde la organización agraria La Alianza UPA-COAG enviaban un escrito a la Dirección General de Política Agraria Comunitaria de la Consejería de Agricultura para que se permita el pastoreo o «aprovechamiento a diente del ganado» en las comarcas de ‘no cosechado’ que se han visto afectadas esta campaña por «catástrofes naturales graves» o «fenómenos meteorológicos graves».
El rastro de daños dejado por el paso de los grandes fuegos declarados ya este verano en Castilla y León ya afecta a casi 150 pueblos de la Comunidad. Son a los que se dirigirán las ayudas «previstas» en el acuerdo del pasado 30 … de julio dirigido a llevar a cabo actuaciones de recuperación en las zonas afectadas así como a las miles de personas que tuvieron que ser evacuadas de sus casas por la proximidad de las llamas y el humo. Una cifra que se alcanza después de que la Vicepresidencia Segunda haya firmado una resolución con la que se amplía el listado de términos municipales y localidades inicialmente incluidos, en los que se contabilizaban 46 núcleos desalojados en las provincias de Ávila, León y Segovia.
Ahora, «resulta necesario ampliar» esa nómina, tal y como ya contemplaba el acuerdo inicial, adoptado «ante la situación extraordinaria y excepcional» por los incendios forestales de este verano. Así, suma 90 localidades más, de 23 municipios en las provincias también de Ávila, León y Segovia, a las que añade Zamora. En 34 casos por evacuaciones y en 56 por estar afectados por las llamas. .
Entre los afectados, los del incendio declarado el 22 de julio en Burgohondo, que obligó a desalojar a unas 30.000 personas en la provincia de Ávila, además de confinar a cerca de 15.000, y que este miércoles seguía todavía sin darse por controlado. Siguen las reproducciones, dentro del extenso perímetro de cerca de 200 kilómetros y más de 50.000 hectáreas afectadas, sobre el que sigue trabajando un amplio dispositivo por tierra y también con apoyo aéreo.
Noticia relacionada
Otro de los grandes fuegos de este verano es el que comenzó a arder el 29 de julio en Fermoselle (Zamora), que también precipitó la evacuación de más de una catorce pueblos y abrasó cerca de 11.000 hectáreas en el entorno del Parque Natural Arribes del Duero. Ya está estabilizado y sus causas, en investigación. El alcalde de esta localidad zamorana, José Manuel Pilo, incidía en lo «muy sospechoso» que se haya producido en la misma zona que el que calcinó más de 3.000 hectáreas en 2017, informa Ical.
Además, reclamaba una «revisión» de la Ley de Montes y de las políticas de gestión del Parque Natural de los Arribes del Duero. «No puede ser que un parque protegido se convierta en una selva inaccesible», consideraba, entendiendo como «lógico» destinar fondos a la extinción, «pero -apostillaba- es mejor no esperar a eso e invertir en prevención de los incendios, con cortafuegos, desbroces y podas». «La percepción que casi todos tenemos en cuanto a la normativa propia del Parque es que es una losa insalvable en cuanto a medidas de protección. Más que de protección, habría que hablar de prevención», insistía Pilo.
Mientras, desde la organización agraria La Alianza UPA-COAG enviaban un escrito a la Dirección General de Política Agraria Comunitaria de la Consejería de Agricultura para que se permita el pastoreo o «aprovechamiento a diente del ganado» en las comarcas de ‘no cosechado’ que se han visto afectadas esta campaña por «catástrofes naturales graves» o «fenómenos meteorológicos graves».
RSS de noticias de espana
