La Junta Electoral obedece al Supremo y pide el «desglose» de los nacionalizados por la ‘ley de nietos’

La Junta Electoral Central (JEC) ha empezado a dar cumplimiento este lunes a la orden dictada por el Tribunal Supremo en el auto en el que suspendió las altas censales derivadas de la ley de nietos. En una reunión de urgencia, este órgano ha encargado informes a la Oficina del Censo Electoral y a los registros consulares para verifiquen la vinculación con el exilio de las personas que se han acogido a la nacionalización gracias a la que pueden votar en los próximos comicios. Sobre la mesa, dos grupos de beneficiados: los que han conseguido la nacionalidad o pretenden hacerlo conforme a los criterios establecidos en la disposición octava de la ley de Memoria Democrática (esa disposición es la que se conoce como ley de nietos) y los que lo han hecho o quieren hacerlo en virtud de la instrucción de Justicia de 2022 que amplió los criterios de esa ley para que pudieran acogerse a ella el descendiente del exiliado por cualquier motivo y no solo por las «razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación de identidad sexual» o la pérdida o renuncia a la nacionalidad establecidas originariamente en la ley. En el acuerdo, al que ha tenido acceso ABC, la Junta se ciñe a la parte dispositiva del auto del Supremo, y, tras requerir a la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares para que ordene que los Encargados de los Registros Consulares expidan la correspondiente certificación acreditativa de los nacionalizados, ordena a la Oficina del Censo Electoral que «proceda al desglose ordenado » por el auto del Supremo diferenciando a los que cumplen los requisitos de la ley de nietos de los de la instrucción de la entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente (hermana del ministro de Transportes). De los efectos electorales derivados de esta instrucción es de lo que duda la Sala Tercera del Supremo hasta el punto de asegurar que seguir adelante con las altas censales supone «un peligro serio y real» para la transparencia de las elecciones. En el último punto de su acuerdo, la JEC comunica que en los próximos días estudiará el informe complementario de la Oficina del Censo Electoral, a la que ya emplazó el pasado julio para que le informase de la aplicación de la norma que rige para la actualización del censo, especialmente sobre el hecho de si se examinan las declaraciones explicativas de los electores que solicitan la inscripción en un municipio distinto del de su última residencia en España. Además, según ha podido saber ABC, la JEC volverá a reunirse el jueves 24 de septiembre una vez que haya estudiado ese informe y elaborado el texto de la Instrucción que el Supremo le ha ordenado dirigir a las oficinas consulares para determinar cómo tiene que asignarse cada elector a una circunscripción concreta. Una reunión tensa Fuentes de la JEC no ocultan la tensión que se ha vivido en la reunión extraordinaria convocada este lunes, la primera desde los autos de suspensión del Supremo, tras cuestionar al menos cinco vocales que no se hubiera dado audiencia a las personas afectadas antes de suspender o condicionar su derecho fundamental al voto. No obstante estas fuentes precisan que ese aspecto no fue objeto de votación ni de acuerdo formal sino «una crítica expresada por algunos miembros». Una de ellos fue Pilar Teso, magistrada de la misma Sala de la que forma parte el tribunal que decidió suspender el censo. Precisamente por esta circunstancia sorprendió la dureza de su intervención. El también magistrado del Supremo Javier Hernández, en este caso de la Sala Segunda, fue otro de los criticaron los autos, no tanto por la decisión en sí como por su fundamentación, al no verlos suficientemente motivados.Por la parte académica (la JEC la componen 8 magistrados del Supremo y cinco catedráticos), Javier García Roca y Mariluz Martínez Alarcón también se mostraron críticos.Siempre según fuentes presentes, en la reunión Alba Nogueira, de la facultad de Derecho de Santiago, fue la más extrema en su planteamiento, hasta el punto de sugerir prácticamente que la Junta no debería cumplir el auto para no incurrir en incoherencia con lo decidido por la mayoría en julio. Ante este planteamiento Teso recordó que, aunque pueda no compartirse el criterio del Supremo, la Junta debe acatar lo que este ordene. La Junta Electoral Central (JEC) ha empezado a dar cumplimiento este lunes a la orden dictada por el Tribunal Supremo en el auto en el que suspendió las altas censales derivadas de la ley de nietos. En una reunión de urgencia, este órgano ha encargado informes a la Oficina del Censo Electoral y a los registros consulares para verifiquen la vinculación con el exilio de las personas que se han acogido a la nacionalización gracias a la que pueden votar en los próximos comicios. Sobre la mesa, dos grupos de beneficiados: los que han conseguido la nacionalidad o pretenden hacerlo conforme a los criterios establecidos en la disposición octava de la ley de Memoria Democrática (esa disposición es la que se conoce como ley de nietos) y los que lo han hecho o quieren hacerlo en virtud de la instrucción de Justicia de 2022 que amplió los criterios de esa ley para que pudieran acogerse a ella el descendiente del exiliado por cualquier motivo y no solo por las «razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación de identidad sexual» o la pérdida o renuncia a la nacionalidad establecidas originariamente en la ley. En el acuerdo, al que ha tenido acceso ABC, la Junta se ciñe a la parte dispositiva del auto del Supremo, y, tras requerir a la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares para que ordene que los Encargados de los Registros Consulares expidan la correspondiente certificación acreditativa de los nacionalizados, ordena a la Oficina del Censo Electoral que «proceda al desglose ordenado » por el auto del Supremo diferenciando a los que cumplen los requisitos de la ley de nietos de los de la instrucción de la entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente (hermana del ministro de Transportes). De los efectos electorales derivados de esta instrucción es de lo que duda la Sala Tercera del Supremo hasta el punto de asegurar que seguir adelante con las altas censales supone «un peligro serio y real» para la transparencia de las elecciones. En el último punto de su acuerdo, la JEC comunica que en los próximos días estudiará el informe complementario de la Oficina del Censo Electoral, a la que ya emplazó el pasado julio para que le informase de la aplicación de la norma que rige para la actualización del censo, especialmente sobre el hecho de si se examinan las declaraciones explicativas de los electores que solicitan la inscripción en un municipio distinto del de su última residencia en España. Además, según ha podido saber ABC, la JEC volverá a reunirse el jueves 24 de septiembre una vez que haya estudiado ese informe y elaborado el texto de la Instrucción que el Supremo le ha ordenado dirigir a las oficinas consulares para determinar cómo tiene que asignarse cada elector a una circunscripción concreta. Una reunión tensa Fuentes de la JEC no ocultan la tensión que se ha vivido en la reunión extraordinaria convocada este lunes, la primera desde los autos de suspensión del Supremo, tras cuestionar al menos cinco vocales que no se hubiera dado audiencia a las personas afectadas antes de suspender o condicionar su derecho fundamental al voto. No obstante estas fuentes precisan que ese aspecto no fue objeto de votación ni de acuerdo formal sino «una crítica expresada por algunos miembros». Una de ellos fue Pilar Teso, magistrada de la misma Sala de la que forma parte el tribunal que decidió suspender el censo. Precisamente por esta circunstancia sorprendió la dureza de su intervención. El también magistrado del Supremo Javier Hernández, en este caso de la Sala Segunda, fue otro de los criticaron los autos, no tanto por la decisión en sí como por su fundamentación, al no verlos suficientemente motivados.Por la parte académica (la JEC la componen 8 magistrados del Supremo y cinco catedráticos), Javier García Roca y Mariluz Martínez Alarcón también se mostraron críticos.Siempre según fuentes presentes, en la reunión Alba Nogueira, de la facultad de Derecho de Santiago, fue la más extrema en su planteamiento, hasta el punto de sugerir prácticamente que la Junta no debería cumplir el auto para no incurrir en incoherencia con lo decidido por la mayoría en julio. Ante este planteamiento Teso recordó que, aunque pueda no compartirse el criterio del Supremo, la Junta debe acatar lo que este ordene.  

La Junta Electoral Central (JEC) ha empezado a dar cumplimiento este lunes a la orden dictada por el Tribunal Supremo en el auto en el que suspendió las altas censales derivadas de la ley de nietos.

En una reunión de urgencia, este órgano ha … encargado informes a la Oficina del Censo Electoral y a los registros consulares para verifiquen la vinculación con el exilio de las personas que se han acogido a la nacionalización gracias a la que pueden votar en los próximos comicios. Sobre la mesa, dos grupos de beneficiados: los que han conseguido la nacionalidad o pretenden hacerlo conforme a los criterios establecidos en la disposición octava de la ley de Memoria Democrática (esa disposición es la que se conoce como ley de nietos) y los que lo han hecho o quieren hacerlo en virtud de la instrucción de Justicia de 2022 que amplió los criterios de esa ley para que pudieran acogerse a ella el descendiente del exiliado por cualquier motivo y no solo por las «razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación de identidad sexual» o la pérdida o renuncia a la nacionalidad establecidas originariamente en la ley.

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