El Tribunal Superior de Bogotá absolvió este martes en segunda instancia al expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) del delito de fraude procesal, como ya lo había hecho por el de soborno en actuación penal, al fallar la apelación de su defensa por una condena a 12 años de cárcel que le fue impuesta en agosto pasado.
Sigue siendo una figura clave en la oposición de derecha desde que Gustavo Petro, asumió el cargo en 2022
Los tribunales colombianos han anulado este martes la condena del expresidente Álvaro Uribe por presionar a los paramilitares para que negaran sus vínculos con él.
Uribe, de 73 años, se convirtió en agosto en el primer expresidente de Colombia en ser condenado penalmente y privado de su libertad por manipulación de testigos y fraude procesal. Concretamente, fue acusado de sobornar a testigos para evitar ser vinculado con las milicias de extrema derecha que libraron una sangrienta guerra contra la guerrilla en Colombia. El tribunal decidió levantar su arresto domiciliario a la espera de su apelación.
Por otra parte, el juez del tribunal de Bogotá aún no se ha pronunciado sobre la pena de doce años de arresto domiciliario asociada a esta condena.
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El expresidente sigue siendo una figura clave en la escena política colombiana, donde ha ejercido una influencia considerable en la oposición de derecha desde que el primer presidente de izquierda del país, Gustavo Petro, asumió el cargo en 2022.
El caso comenzó en 2018, cuando la Corte Suprema abrió una investigación sobre los presuntos vínculos de Álvaro Uribe con paramilitares tras las acusaciones del senador de izquierda y candidato presidencial Iván Cepeda.
El exparamilitar Juan Guillermo Monsalve ha surgido como un testigo clave, afirmando que el abogado de Uribe intentó sobornarlo.
Álvaro Uribe sostiene que el caso es una persecución de la izquierda
El expresidente siempre ha negado cualquier vínculo con los paramilitares y sostiene que el caso es una persecución política de la izquierda.
Su nombre también aparece en al menos otras tres investigaciones sobre la creación y financiación de un grupo paramilitar, varios asesinatos y el asesinato de un defensor de derechos humanos. Todas están en manos de la Fiscalía colombiana.
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