Mientras la inmensa mayoría de la judicatura protestaba ayer por las reformas judiciales del Gobierno de Pedro Sánchez y anunciaban más medidas, en Andalucía la Junta se posicionaba contra la puesta en marcha de la nueva ley de justicia , una norma que tendrán que aplicar a una velocidad express y sin la financiación necesaria para ello. Es decir, sin tiempo apenas y sin el dinero necesario para ello.Es una norma, la Ley Orgánica 1/2025 de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, conocida como ‘ley Bolaños’, cuya puesta en marcha supondrá un coste de 54,5 millones de euros. Nace sin consenso y sin la financiación estatal necesaria para ello. Por ello la Junta de Andalucía reclama ahora al ejecutivo de Pedro Sánchez el dinero que la Junta ha tenido que asumir como una «carga» y reorganizando partidas presupuestarias.Según el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, la ley se ha sacado adelante sin consenso de las comunidades autónomas ni los informes preceptivos. Por ello las comunidades se verán obligadas a asumir el proceso de transformación de la justicia sin tiempo y sin financiación. Una reforma que se llevará a cabo «en el periodo más corto» que ninguna otra norma y sin memoria económica.Pese a que se trata de una reforma que la Junta considera «necesaria», se ha llevado a cabo sin consenso político ni aportaciones jurídicas y técnicas para mejorar el sistema. Además, no cuenta con la financiación ni con el apoyo técnico del Ministerio de la Presidencia , Justicia y Relaciones con las Cortes a las comunidades con competencias en materia de justicia, a las que se les ha impuesto un plazo de solo un año para su implementación.¿Pero qué implica esta norma? Supone la transformación de 695 juzgados en 85 Tribunales de Instancia, 700 juzgados de paz en Oficinas de Justicia en el Municipio y 85 nuevas Oficinas del Registro Civil antes de finales de año. Esto requiere elaborar relaciones de puestos de trabajo que afectan a más de 9.000 funcionarios en menos de un año y obligará a modificar los espacios, sistemas informáticos y plantillas.Habrá que hacerla en tiempo récord. El calendario establece que el 1 de julio de 2025 deberán estar adaptados los partidos judiciales que tengan juzgados de Primera Instancia e Instrucción y de Violencia sobre la Mujer, que en Andalucía son 70 de los 85 partidos judiciales existentes, donde trabajan cerca de 4.000 funcionarios. En una segunda fase, prevista para el 1 de octubre de 2025, deberá implantarse en aquellos partidos judiciales que solo cuenten con juzgados de Primera Instancia, Instrucción y Violencia sobre la Mujer. En Andalucía, esto afecta a tres partidos judiciales (Fuengirola, Torremolinos y Marbella), con aproximadamente 250 trabajadores. A 31 de diciembre de 2025, la reforma llegará a las capitales y grandes ciudades, afectando a 5.000 profesionales.Sin ayudaSegún el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, la administración de la Junta de Andalucía tendrá que asumir los gastos sin ayuda estatal.Se trata de un gasto de 4.586.204,44 euros en materia de personal. En concreto 498.673,79 euros a una unidad administrativa de apoyo a la Consejería de Justicia formada por funcionarios judiciales; 3.649.712,37 euros a nuevas plazas y complementos para los nuevos puestos específicos con nuevas funciones previstos en las relaciones de puestos de trabajo para los partidos judiciales de la Fase I y 437.819,08 euros para los de la Fase II, así como también para apoyo técnico y formación del personal. 4.586.205,24 euros.Y aún se desconoce el coste que supondrá la Fase III, que afecta a los doce partidos judiciales más grandes. Junto al gasto en personal, la Junta destinará 19.837.655,70 euros a infraestructuras y equipamiento tecnológico como dispositivos y licencias digitales para tribunales de instancia y oficinas de justicia.En paralelo, la inclusión en la Ley Orgánica de los medios alternativos de solución de controversias (MASC) como requisito obligatorio antes de interponer una denuncia civil o mercantil, en vigor desde el 3 de abril, ha exigido ampliar en 1.156.549,12 euros el presupuesto destinado a compensar a los abogados de oficio por su asesoramiento en solución de conflictos.Además, la sustitución de los juzgados unipersonales por órganos colegiados requiere adaptar las sedes judiciales, unas obras que supondrán de 20.720.319,21 euros .Con todo la Junta estima que el «perjuicio económico» para la Junta asciende a 54.4 millones. Nieto recordó que no es la primera ley en materia de justicia que no se consensúa. Y se suma a las carencias de medios ya que pese a que Andalucía es la comunidad con mayor litigiosidad siguen sin llegar los órganos que reclama. En los últimos tiempos se han anunciado 63 juzgados nuevos para Cataluña y sólo diez para Andalucía. Mientras la inmensa mayoría de la judicatura protestaba ayer por las reformas judiciales del Gobierno de Pedro Sánchez y anunciaban más medidas, en Andalucía la Junta se posicionaba contra la puesta en marcha de la nueva ley de justicia , una norma que tendrán que aplicar a una velocidad express y sin la financiación necesaria para ello. Es decir, sin tiempo apenas y sin el dinero necesario para ello.Es una norma, la Ley Orgánica 1/2025 de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, conocida como ‘ley Bolaños’, cuya puesta en marcha supondrá un coste de 54,5 millones de euros. Nace sin consenso y sin la financiación estatal necesaria para ello. Por ello la Junta de Andalucía reclama ahora al ejecutivo de Pedro Sánchez el dinero que la Junta ha tenido que asumir como una «carga» y reorganizando partidas presupuestarias.Según el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, la ley se ha sacado adelante sin consenso de las comunidades autónomas ni los informes preceptivos. Por ello las comunidades se verán obligadas a asumir el proceso de transformación de la justicia sin tiempo y sin financiación. Una reforma que se llevará a cabo «en el periodo más corto» que ninguna otra norma y sin memoria económica.Pese a que se trata de una reforma que la Junta considera «necesaria», se ha llevado a cabo sin consenso político ni aportaciones jurídicas y técnicas para mejorar el sistema. Además, no cuenta con la financiación ni con el apoyo técnico del Ministerio de la Presidencia , Justicia y Relaciones con las Cortes a las comunidades con competencias en materia de justicia, a las que se les ha impuesto un plazo de solo un año para su implementación.¿Pero qué implica esta norma? Supone la transformación de 695 juzgados en 85 Tribunales de Instancia, 700 juzgados de paz en Oficinas de Justicia en el Municipio y 85 nuevas Oficinas del Registro Civil antes de finales de año. Esto requiere elaborar relaciones de puestos de trabajo que afectan a más de 9.000 funcionarios en menos de un año y obligará a modificar los espacios, sistemas informáticos y plantillas.Habrá que hacerla en tiempo récord. El calendario establece que el 1 de julio de 2025 deberán estar adaptados los partidos judiciales que tengan juzgados de Primera Instancia e Instrucción y de Violencia sobre la Mujer, que en Andalucía son 70 de los 85 partidos judiciales existentes, donde trabajan cerca de 4.000 funcionarios. En una segunda fase, prevista para el 1 de octubre de 2025, deberá implantarse en aquellos partidos judiciales que solo cuenten con juzgados de Primera Instancia, Instrucción y Violencia sobre la Mujer. En Andalucía, esto afecta a tres partidos judiciales (Fuengirola, Torremolinos y Marbella), con aproximadamente 250 trabajadores. A 31 de diciembre de 2025, la reforma llegará a las capitales y grandes ciudades, afectando a 5.000 profesionales.Sin ayudaSegún el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, la administración de la Junta de Andalucía tendrá que asumir los gastos sin ayuda estatal.Se trata de un gasto de 4.586.204,44 euros en materia de personal. En concreto 498.673,79 euros a una unidad administrativa de apoyo a la Consejería de Justicia formada por funcionarios judiciales; 3.649.712,37 euros a nuevas plazas y complementos para los nuevos puestos específicos con nuevas funciones previstos en las relaciones de puestos de trabajo para los partidos judiciales de la Fase I y 437.819,08 euros para los de la Fase II, así como también para apoyo técnico y formación del personal. 4.586.205,24 euros.Y aún se desconoce el coste que supondrá la Fase III, que afecta a los doce partidos judiciales más grandes. Junto al gasto en personal, la Junta destinará 19.837.655,70 euros a infraestructuras y equipamiento tecnológico como dispositivos y licencias digitales para tribunales de instancia y oficinas de justicia.En paralelo, la inclusión en la Ley Orgánica de los medios alternativos de solución de controversias (MASC) como requisito obligatorio antes de interponer una denuncia civil o mercantil, en vigor desde el 3 de abril, ha exigido ampliar en 1.156.549,12 euros el presupuesto destinado a compensar a los abogados de oficio por su asesoramiento en solución de conflictos.Además, la sustitución de los juzgados unipersonales por órganos colegiados requiere adaptar las sedes judiciales, unas obras que supondrán de 20.720.319,21 euros .Con todo la Junta estima que el «perjuicio económico» para la Junta asciende a 54.4 millones. Nieto recordó que no es la primera ley en materia de justicia que no se consensúa. Y se suma a las carencias de medios ya que pese a que Andalucía es la comunidad con mayor litigiosidad siguen sin llegar los órganos que reclama. En los últimos tiempos se han anunciado 63 juzgados nuevos para Cataluña y sólo diez para Andalucía.
Mientras la inmensa mayoría de la judicatura protestaba ayer por las reformas judiciales del Gobierno de Pedro Sánchez y anunciaban más medidas, en Andalucía la Junta se posicionaba contra la puesta en marcha de la nueva ley de justicia, una norma que tendrán que … aplicar a una velocidad express y sin la financiación necesaria para ello. Es decir, sin tiempo apenas y sin el dinero necesario para ello.
Es una norma, la Ley Orgánica 1/2025 de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, conocida como ‘ley Bolaños’, cuya puesta en marcha supondrá un coste de 54,5 millones de euros.
Nace sin consenso y sin la financiación estatal necesaria para ello. Por ello la Junta de Andalucía reclama ahora al ejecutivo de Pedro Sánchez el dinero que la Junta ha tenido que asumir como una «carga» y reorganizando partidas presupuestarias.
Según el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, la ley se ha sacado adelante sin consenso de las comunidades autónomas ni los informes preceptivos. Por ello las comunidades se verán obligadas a asumir el proceso de transformación de la justicia sin tiempo y sin financiación. Una reforma que se llevará a cabo «en el periodo más corto» que ninguna otra norma y sin memoria económica.
Pese a que se trata de una reforma que la Junta considera «necesaria», se ha llevado a cabo sin consenso político ni aportaciones jurídicas y técnicas para mejorar el sistema. Además, no cuenta con la financiación ni con el apoyo técnico del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes a las comunidades con competencias en materia de justicia, a las que se les ha impuesto un plazo de solo un año para su implementación.
¿Pero qué implica esta norma? Supone la transformación de 695 juzgados en 85 Tribunales de Instancia, 700 juzgados de paz en Oficinas de Justicia en el Municipio y 85 nuevas Oficinas del Registro Civil antes de finales de año. Esto requiere elaborar relaciones de puestos de trabajo que afectan a más de 9.000 funcionarios en menos de un año y obligará a modificar los espacios, sistemas informáticos y plantillas.
Habrá que hacerla en tiempo récord. El calendario establece que el 1 de julio de 2025 deberán estar adaptados los partidos judiciales que tengan juzgados de Primera Instancia e Instrucción y de Violencia sobre la Mujer, que en Andalucía son 70 de los 85 partidos judiciales existentes, donde trabajan cerca de 4.000 funcionarios. En una segunda fase, prevista para el 1 de octubre de 2025, deberá implantarse en aquellos partidos judiciales que solo cuenten con juzgados de Primera Instancia, Instrucción y Violencia sobre la Mujer. En Andalucía, esto afecta a tres partidos judiciales (Fuengirola, Torremolinos y Marbella), con aproximadamente 250 trabajadores. A 31 de diciembre de 2025, la reforma llegará a las capitales y grandes ciudades, afectando a 5.000 profesionales.
Sin ayuda
Según el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, la administración de la Junta de Andalucía tendrá que asumir los gastos sin ayuda estatal.
Se trata de un gasto de 4.586.204,44 euros en materia de personal. En concreto 498.673,79 euros a una unidad administrativa de apoyo a la Consejería de Justicia formada por funcionarios judiciales; 3.649.712,37 euros a nuevas plazas y complementos para los nuevos puestos específicos con nuevas funciones previstos en las relaciones de puestos de trabajo para los partidos judiciales de la Fase I y 437.819,08 euros para los de la Fase II, así como también para apoyo técnico y formación del personal. 4.586.205,24 euros.
Y aún se desconoce el coste que supondrá la Fase III, que afecta a los doce partidos judiciales más grandes. Junto al gasto en personal, la Junta destinará 19.837.655,70 euros a infraestructuras y equipamiento tecnológico como dispositivos y licencias digitales para tribunales de instancia y oficinas de justicia.
En paralelo, la inclusión en la Ley Orgánica de los medios alternativos de solución de controversias (MASC) como requisito obligatorio antes de interponer una denuncia civil o mercantil, en vigor desde el 3 de abril, ha exigido ampliar en 1.156.549,12 euros el presupuesto destinado a compensar a los abogados de oficio por su asesoramiento en solución de conflictos.
Además, la sustitución de los juzgados unipersonales por órganos colegiados requiere adaptar las sedes judiciales, unas obras que supondrán de 20.720.319,21 euros .
Con todo la Junta estima que el «perjuicio económico» para la Junta asciende a 54.4 millones.
Nieto recordó que no es la primera ley en materia de justicia que no se consensúa. Y se suma a las carencias de medios ya que pese a que Andalucía es la comunidad con mayor litigiosidad siguen sin llegar los órganos que reclama. En los últimos tiempos se han anunciado 63 juzgados nuevos para Cataluña y sólo diez para Andalucía.
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