La nueva Ley de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha obliga al Pleno del Ayuntamiento de Toledo a pronunciarse sobre varios proyectos cuya evaluación ambiental ya estaba en marcha para que puedan continuar su tramitación. Entre ellos se encuentran la ampliación del polígono industrial y la línea eléctrica destinada a abastecer al futuro PAU Palacio, que pasarán este martes 22 de septiembre por la Comisión de Empleo, Desarrollo Económico y Planeamiento.El origen de este nuevo trámite está en la modificación de la Ley de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha que entró en vigor el pasado 24 de julio. La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, comunicó posteriormente por carta al Ayuntamiento que los procedimientos de evaluación de impacto ambiental deben disponer de un certificado del acuerdo del Pleno en el que la Corporación muestre su conformidad con la tramitación. Ese pronunciamiento tiene carácter vinculante.La reforma alcanza también a los expedientes que ya estaban en marcha. En estos casos, la disposición transitoria establece la suspensión de los procedimientos de declaración de impacto ambiental hasta que se presente el certificado del acuerdo plenario , con un plazo máximo de doce meses.La propia Consejería advierte de las consecuencias de no completar este trámite. Si transcurren doce meses desde el 24 de julio de 2026 sin que se incorpore a cada expediente el acuerdo requerido, se dictará una resolución sobre la imposibilidad de continuar el procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria.Ampliación del polígono industrialUno de los principales expedientes afectados es la ampliación del polígono industrial de Toledo hacia el sureste de la ciudad, sobre unos terrenos próximos al arroyo Ramabujas y la línea de alta velocidad. La tramitación ambiental de esta actuación urbanística ya ha tenido que soportar varios contratiempos sobrevenidos, que han obligado a introducir cambios en la ordenación y retrasado el comienzo de las obras de urbanización. Inconvenientes que han supuesto diferir aún más la ampliación de la cárnica Osi Food Solutions, compañía que suministra a la cadena MacDonald’s.Concretamente, un informe del Servicio de Medio Natural de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible, fechado el 18 de mayo de este año, obligó a modificar todo el proyecto, que ya había completado toda su tramitación urbanística y contaba con aprobación definitiva. El citado documento constató a posteriori la existencia de comunidades vegetales de alto interés ecológico, concretamente pastizales psammófilos, en determinadas parcelas del proyecto. Entre ellas una finca de 8.324 metros cuadrados propiedad de la sociedad Viveros 02031924, vinculada al expresidente de Castilla-La Mancha y del Congreso de los Diputados y exministro de Defensa, José Bono .Estos hábitats naturales tienen reconocida una protección especial, por lo que el informe estableció que tres parcelas debían quedar excluidas de la urbanización. Ante esta situación, el Ayuntamiento requirió a Loncito Desarrollo, agente urbanizador de los terrenos, una nueva propuesta de ordenación adaptada a los condicionantes establecidos, lo que implicaba desclasificar los terrenos afectados por esas plantas y reordenar el sector.Para desbloquear el asunto, Loncito Desarrollo presentó un Plan Parcial de Mejora con un proyecto de urbanización, una propuesta de convenio y una proposición jurídico-económica actualizados. Toda esta documentación fue sometida a información pública por un plazo de 20 días concluyó el pasado 5 de agosto.Cinco días después, concretamente el 10 de agosto entró en el Ayuntamiento de Toledo la carta de la consejera en la que explica que la reforma de la ley ambiental obliga a que todos los proyectos sometidos a trámite medioambiental deban incorporar la conformidad del Pleno para poder continuar . Po este motivo, el informe de los técnicos municipales que llega este martes a la Comisión propone que la ampliación del suelo industrial de Toledo vuelva de nuevo al Pleno para que este órgano municipal otorgue expresamente la conformidad del Ayuntamiento a la tramitación del proyecto. Posteriormente, el certificado deberá remitirse al órgano ambiental junto con los informes técnicos relativos a la compatibilidad urbanística, la afección socioeconómica y los efectos sinérgicos.El segundo proyecto de especial relevancia afectado por el nuevo requisito es la infraestructura necesaria para proporcionar suministro eléctrico al nuevo PAU Palacio, donde se levantarán 700 viviendas entre los barrios de Buenavista y Valparaíso. Se trata de tender una línea subterránea de media tensión de 20 kilovoltios y simple circuito desde la subestación de Bargas. El proyecto, que afecta a los términos municipales de Bargas y Toledo, es considerado por el Ayuntamiento de la capital regional como una « actuación conveniente para los intereses generales de este Ayuntamiento y los desarrollos residenciales en proyección y la ejecución de las viviendas previstas».A la Comisión de Planeamiento del Ayuntamiento de Toledo llega una tercera conformidad. Se trata del proyecto de vallado, cambio de uso y transformación de secano a regadío de un cultivo de olivar en el paraje Casa de Aceituno. La nueva Ley de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha obliga al Pleno del Ayuntamiento de Toledo a pronunciarse sobre varios proyectos cuya evaluación ambiental ya estaba en marcha para que puedan continuar su tramitación. Entre ellos se encuentran la ampliación del polígono industrial y la línea eléctrica destinada a abastecer al futuro PAU Palacio, que pasarán este martes 22 de septiembre por la Comisión de Empleo, Desarrollo Económico y Planeamiento.El origen de este nuevo trámite está en la modificación de la Ley de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha que entró en vigor el pasado 24 de julio. La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, comunicó posteriormente por carta al Ayuntamiento que los procedimientos de evaluación de impacto ambiental deben disponer de un certificado del acuerdo del Pleno en el que la Corporación muestre su conformidad con la tramitación. Ese pronunciamiento tiene carácter vinculante.La reforma alcanza también a los expedientes que ya estaban en marcha. En estos casos, la disposición transitoria establece la suspensión de los procedimientos de declaración de impacto ambiental hasta que se presente el certificado del acuerdo plenario , con un plazo máximo de doce meses.La propia Consejería advierte de las consecuencias de no completar este trámite. Si transcurren doce meses desde el 24 de julio de 2026 sin que se incorpore a cada expediente el acuerdo requerido, se dictará una resolución sobre la imposibilidad de continuar el procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria.Ampliación del polígono industrialUno de los principales expedientes afectados es la ampliación del polígono industrial de Toledo hacia el sureste de la ciudad, sobre unos terrenos próximos al arroyo Ramabujas y la línea de alta velocidad. La tramitación ambiental de esta actuación urbanística ya ha tenido que soportar varios contratiempos sobrevenidos, que han obligado a introducir cambios en la ordenación y retrasado el comienzo de las obras de urbanización. Inconvenientes que han supuesto diferir aún más la ampliación de la cárnica Osi Food Solutions, compañía que suministra a la cadena MacDonald’s.Concretamente, un informe del Servicio de Medio Natural de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible, fechado el 18 de mayo de este año, obligó a modificar todo el proyecto, que ya había completado toda su tramitación urbanística y contaba con aprobación definitiva. El citado documento constató a posteriori la existencia de comunidades vegetales de alto interés ecológico, concretamente pastizales psammófilos, en determinadas parcelas del proyecto. Entre ellas una finca de 8.324 metros cuadrados propiedad de la sociedad Viveros 02031924, vinculada al expresidente de Castilla-La Mancha y del Congreso de los Diputados y exministro de Defensa, José Bono .Estos hábitats naturales tienen reconocida una protección especial, por lo que el informe estableció que tres parcelas debían quedar excluidas de la urbanización. Ante esta situación, el Ayuntamiento requirió a Loncito Desarrollo, agente urbanizador de los terrenos, una nueva propuesta de ordenación adaptada a los condicionantes establecidos, lo que implicaba desclasificar los terrenos afectados por esas plantas y reordenar el sector.Para desbloquear el asunto, Loncito Desarrollo presentó un Plan Parcial de Mejora con un proyecto de urbanización, una propuesta de convenio y una proposición jurídico-económica actualizados. Toda esta documentación fue sometida a información pública por un plazo de 20 días concluyó el pasado 5 de agosto.Cinco días después, concretamente el 10 de agosto entró en el Ayuntamiento de Toledo la carta de la consejera en la que explica que la reforma de la ley ambiental obliga a que todos los proyectos sometidos a trámite medioambiental deban incorporar la conformidad del Pleno para poder continuar . Po este motivo, el informe de los técnicos municipales que llega este martes a la Comisión propone que la ampliación del suelo industrial de Toledo vuelva de nuevo al Pleno para que este órgano municipal otorgue expresamente la conformidad del Ayuntamiento a la tramitación del proyecto. Posteriormente, el certificado deberá remitirse al órgano ambiental junto con los informes técnicos relativos a la compatibilidad urbanística, la afección socioeconómica y los efectos sinérgicos.El segundo proyecto de especial relevancia afectado por el nuevo requisito es la infraestructura necesaria para proporcionar suministro eléctrico al nuevo PAU Palacio, donde se levantarán 700 viviendas entre los barrios de Buenavista y Valparaíso. Se trata de tender una línea subterránea de media tensión de 20 kilovoltios y simple circuito desde la subestación de Bargas. El proyecto, que afecta a los términos municipales de Bargas y Toledo, es considerado por el Ayuntamiento de la capital regional como una « actuación conveniente para los intereses generales de este Ayuntamiento y los desarrollos residenciales en proyección y la ejecución de las viviendas previstas».A la Comisión de Planeamiento del Ayuntamiento de Toledo llega una tercera conformidad. Se trata del proyecto de vallado, cambio de uso y transformación de secano a regadío de un cultivo de olivar en el paraje Casa de Aceituno.
La nueva Ley de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha obliga al Pleno del Ayuntamiento de Toledo a pronunciarse sobre varios proyectos cuya evaluación ambiental ya estaba en marcha para que puedan continuar su tramitación. Entre ellos se encuentran la ampliación del polígono industrial y … la línea eléctrica destinada a abastecer al futuro PAU Palacio, que pasarán este martes 22 de septiembre por la Comisión de Empleo, Desarrollo Económico y Planeamiento.
El origen de este nuevo trámite está en la modificación de la Ley de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha que entró en vigor el pasado 24 de julio. La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, comunicó posteriormente por carta al Ayuntamiento que los procedimientos de evaluación de impacto ambiental deben disponer de un certificado del acuerdo del Pleno en el que la Corporación muestre su conformidad con la tramitación. Ese pronunciamiento tiene carácter vinculante.
La reforma alcanza también a los expedientes que ya estaban en marcha. En estos casos, la disposición transitoria establece la suspensión de los procedimientos de declaración de impacto ambiental hasta que se presente el certificado del acuerdo plenario, con un plazo máximo de doce meses.
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Fernando Franco
La propia Consejería advierte de las consecuencias de no completar este trámite. Si transcurren doce meses desde el 24 de julio de 2026 sin que se incorpore a cada expediente el acuerdo requerido, se dictará una resolución sobre la imposibilidad de continuar el procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria.
Ampliación del polígono industrial
Uno de los principales expedientes afectados es la ampliación del polígono industrial de Toledo hacia el sureste de la ciudad, sobre unos terrenos próximos al arroyo Ramabujas y la línea de alta velocidad. La tramitación ambiental de esta actuación urbanística ya ha tenido que soportar varios contratiempos sobrevenidos, que han obligado a introducir cambios en la ordenación y retrasado el comienzo de las obras de urbanización. Inconvenientes que han supuesto diferir aún más la ampliación de la cárnica Osi Food Solutions, compañía que suministra a la cadena MacDonald’s.
Concretamente, un informe del Servicio de Medio Natural de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible, fechado el 18 de mayo de este año, obligó a modificar todo el proyecto, que ya había completado toda su tramitación urbanística y contaba con aprobación definitiva. El citado documento constató a posteriori la existencia de comunidades vegetales de alto interés ecológico, concretamente pastizales psammófilos, en determinadas parcelas del proyecto. Entre ellas una finca de 8.324 metros cuadrados propiedad de la sociedad Viveros 02031924, vinculada al expresidente de Castilla-La Mancha y del Congreso de los Diputados y exministro de Defensa, José Bono.
Estos hábitats naturales tienen reconocida una protección especial, por lo que el informe estableció que tres parcelas debían quedar excluidas de la urbanización. Ante esta situación, el Ayuntamiento requirió a Loncito Desarrollo, agente urbanizador de los terrenos, una nueva propuesta de ordenación adaptada a los condicionantes establecidos, lo que implicaba desclasificar los terrenos afectados por esas plantas y reordenar el sector.
Para desbloquear el asunto, Loncito Desarrollo presentó un Plan Parcial de Mejora con un proyecto de urbanización, una propuesta de convenio y una proposición jurídico-económica actualizados. Toda esta documentación fue sometida a información pública por un plazo de 20 días concluyó el pasado 5 de agosto.
Cinco días después, concretamente el 10 de agosto entró en el Ayuntamiento de Toledo la carta de la consejera en la que explica que la reforma de la ley ambiental obliga a que todos los proyectos sometidos a trámite medioambiental deban incorporar la conformidad del Pleno para poder continuar.
Po este motivo, el informe de los técnicos municipales que llega este martes a la Comisión propone que la ampliación del suelo industrial de Toledo vuelva de nuevo al Pleno para que este órgano municipal otorgue expresamente la conformidad del Ayuntamiento a la tramitación del proyecto. Posteriormente, el certificado deberá remitirse al órgano ambiental junto con los informes técnicos relativos a la compatibilidad urbanística, la afección socioeconómica y los efectos sinérgicos.
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El segundo proyecto de especial relevancia afectado por el nuevo requisito es la infraestructura necesaria para proporcionar suministro eléctrico al nuevo PAU Palacio, donde se levantarán 700 viviendas entre los barrios de Buenavista y Valparaíso.
Se trata de tender una línea subterránea de media tensión de 20 kilovoltios y simple circuito desde la subestación de Bargas. El proyecto, que afecta a los términos municipales de Bargas y Toledo, es considerado por el Ayuntamiento de la capital regional como una «actuación conveniente para los intereses generales de este Ayuntamiento y los desarrollos residenciales en proyección y la ejecución de las viviendas previstas».
A la Comisión de Planeamiento del Ayuntamiento de Toledo llega una tercera conformidad. Se trata del proyecto de vallado, cambio de uso y transformación de secano a regadío de un cultivo de olivar en el paraje Casa de Aceituno.
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