«Llevo veinticinco años de carrera profesional, he participado en muchos levantamientos de cadáveres y es imposible que una sola persona participara en la operativa del cambiazo de ataúdes», es la afirmación categórica realizada este martes por un subinspector, exintegrante de la Brigada de Homicidios de Valladolid, durante su comparecencia en sede judicial en la que, con la misma convicción, ha sostenido que la documentación atesorada por Justo M, extrabajador ya fallecido de El Grupo El Salvador, vendría a «confirmar» la actividad delictiva de los veintitrés encausados.En una jornada muy técnica protagonizada por agentes de la Policía Nacional que participaron en la ‘Operación Ignis’ en 2019 tras destaparse que Grupo El Salvador-Funeraria Castellana podía haber reutilizado féretros y ornamentos florales en sucesivos sepelios, con beneficios generados de más de cuatro millones de euros y casi 6.000 perjudicados , el referido agente policial, en calidad de testigo perito, ha expuesto distintos informes elaborados en su día sobre la prolija documentación hallada a Justo Martín y sobre los consumos de gas en los hornos crematorios.A modo de conclusión, el agente ya jubilado, en declaraciones recogidas por Ep, ha venido a indicar que dicha documentación, compuesta fundamentalmente por veintiséis libretas, fotografías y catorce carretes no revelados que Justo M. reunió durante veinte años, entre 1995 y 2015, recibió en un principio la «presunción de verosimilitud» que más tarde, una vez cotejada, no ha hecho otra cosa que venir a ratificar una operativa que durante ese periodo rigió en el seno del grupo empresarial con participación de los empleados y siguiendo órdenes de la administración, compuesta por Ignacio Morchón Alonso, ya fallecido, su mujer y tres hijos.«La información analizada verifica ese cambiazo de ataúdes en el momento de la cremación, para lo cual los empleados, sin percibir beneficio alguno, seguían un ‘modus operandi’ consistente en simular la cremación del cadáver activando los ventiladores del horno», ha indicado el subinspector, quien ha apuntado que tal operativa se habría iniciado en el cementerio Parque el Salvador de Santovenia de Pisuerga y habría continuado tras la inauguración, el 19 de febrero de 2013, del nuevo tanatorio en el Camino del Cementerio de Valladolid, dotado también de horno.Noticia relacionada general No No «Me enseñaron una foto de mi bebé tirado en el suelo junto a unos palés», denuncia una víctima del ‘caso ataúdes’ ABC«Justo, una vez jubilado en febrero de 2015, hace constar un escrito recogido en un USB en el que habla de un trasiego de féretros en furgonetas hasta el cementerio de Santovenia», donde en realidad, en buena parte de las ocasiones, se practicaba la cremación sin presencia ya de los familiares de los difuntos con el fin de facilitar la recuperación de los ataúdes y poder revenderlos para otros servicios fúnebres, y ello a pesar de que a los afectados se les hacía creer que la incineración se realizaba en Valladolid.El agente ha subrayado que Justo M, con el paso de los años, se fue «especializando» poco a poco en la recopilación de todas esas pruebas incriminatorias, mediante la incorporación de fotografías y anotaciones con los códigos CSÍ y CNO, en alusión al primer caso de aquellos féretros que eran «sustraídos» y los que no, así como los motivos por los que estos últimos no eran reutilizados, junto con información sobre las coronas y otros motivos florales que también eran ‘reciclados’.Entre esa documentación, en la que figuran nombres de trabajadores que participaban en esta operativa sistematizada, consta incluso una referencia a que en 2007 se dieron indicaciones dentro de la empresa para cesar en la actividad por miedo tras un caso destapado en Málaga por hechos similares que concluyó en sentencia condenatoria para los acusados,ha recordado el testigo-perito, quien también ha apostillado que en ese dosier concienzudamente reunido por Justo M. a lo largo de dos décadas el autor muestra en distintas ocasiones su arrepentimiento pero justifica su participación y la del resto de compañeros en el miedo a perder su puesto de trabajo.Sobre la tesis de que la actividad ilícita objeto de juicio fuera conocida por toda la plantilla, el agente ha hecho alusión a un escrito hallado dentro de un dietario en el domicilio de Justo Morchón Vaquero, hijo del magnate funerario fallecido, en el que trabajadores del grupo amenazan a la familia con destapar lo que estaba ocurriendo si no se abonaban a la plantilla una serie de atrasos. A este respecto, el policía ha asegurado que dicho escrito no fue redactado por Justo M, pues sólo falta cotejar su texto con otros escritos del aludido plagados de «faltas de ortografía».Consumo de gasOtro de los informes elaborados por este mismo agente, en este caso sobre el consumo de gas tanto en el horno del nuevo tanatorio inaugurado en 2013 y en el cementerio de Santovenia vendría a confirmar el supuesto ‘paripé’ que se realizaba en la primera instalación, donde, presuntamente, se simulaba la cremación que luego se efectuaba en el segundo de los escenarios. Aunque figura que en el tanatorio se habrían incinerado 714, 623 y 512 fallecidos durante los ejercicios de 2015, 2014 y 2013, respectivamente, el análisis detecta un descuadre entre esas supuestas cremaciones y los consumos que habrían sido necesarios para su realización, muy bajos, mientras que en Santovenia la gráfica de consumos se mantuvo prácticamente invariable.Por su parte, una inspectora ha comparecido también para exponer un complejo informe sobre el aprovisionamiento de féretros realizado por parte de El Salvador y que, tal y como ha apuntado la perito, muestra un caso de fraude a la Agencia Tributaria ya que se habría simulado la adquisición de más de 500 cajas a Industrias Santa María, cuando en realidad tan sólo se compraron 48.Tal afirmación la ha realizado la funcionaria tras el cotejo de algunas «facturas fantasma» entre los ejercicios de 2001 y 2004 en el que se constata que los acusados realizaron mayoritariamente pagos en concepto de IVA, simulando la adquisición de buena parte de los féretros. Esa circunstancia, a su juicio, no certifica un «mínimo aprovisionamiento» de cajas para mantener la actividad declarada. «Llevo veinticinco años de carrera profesional, he participado en muchos levantamientos de cadáveres y es imposible que una sola persona participara en la operativa del cambiazo de ataúdes», es la afirmación categórica realizada este martes por un subinspector, exintegrante de la Brigada de Homicidios de Valladolid, durante su comparecencia en sede judicial en la que, con la misma convicción, ha sostenido que la documentación atesorada por Justo M, extrabajador ya fallecido de El Grupo El Salvador, vendría a «confirmar» la actividad delictiva de los veintitrés encausados.En una jornada muy técnica protagonizada por agentes de la Policía Nacional que participaron en la ‘Operación Ignis’ en 2019 tras destaparse que Grupo El Salvador-Funeraria Castellana podía haber reutilizado féretros y ornamentos florales en sucesivos sepelios, con beneficios generados de más de cuatro millones de euros y casi 6.000 perjudicados , el referido agente policial, en calidad de testigo perito, ha expuesto distintos informes elaborados en su día sobre la prolija documentación hallada a Justo Martín y sobre los consumos de gas en los hornos crematorios.A modo de conclusión, el agente ya jubilado, en declaraciones recogidas por Ep, ha venido a indicar que dicha documentación, compuesta fundamentalmente por veintiséis libretas, fotografías y catorce carretes no revelados que Justo M. reunió durante veinte años, entre 1995 y 2015, recibió en un principio la «presunción de verosimilitud» que más tarde, una vez cotejada, no ha hecho otra cosa que venir a ratificar una operativa que durante ese periodo rigió en el seno del grupo empresarial con participación de los empleados y siguiendo órdenes de la administración, compuesta por Ignacio Morchón Alonso, ya fallecido, su mujer y tres hijos.«La información analizada verifica ese cambiazo de ataúdes en el momento de la cremación, para lo cual los empleados, sin percibir beneficio alguno, seguían un ‘modus operandi’ consistente en simular la cremación del cadáver activando los ventiladores del horno», ha indicado el subinspector, quien ha apuntado que tal operativa se habría iniciado en el cementerio Parque el Salvador de Santovenia de Pisuerga y habría continuado tras la inauguración, el 19 de febrero de 2013, del nuevo tanatorio en el Camino del Cementerio de Valladolid, dotado también de horno.Noticia relacionada general No No «Me enseñaron una foto de mi bebé tirado en el suelo junto a unos palés», denuncia una víctima del ‘caso ataúdes’ ABC«Justo, una vez jubilado en febrero de 2015, hace constar un escrito recogido en un USB en el que habla de un trasiego de féretros en furgonetas hasta el cementerio de Santovenia», donde en realidad, en buena parte de las ocasiones, se practicaba la cremación sin presencia ya de los familiares de los difuntos con el fin de facilitar la recuperación de los ataúdes y poder revenderlos para otros servicios fúnebres, y ello a pesar de que a los afectados se les hacía creer que la incineración se realizaba en Valladolid.El agente ha subrayado que Justo M, con el paso de los años, se fue «especializando» poco a poco en la recopilación de todas esas pruebas incriminatorias, mediante la incorporación de fotografías y anotaciones con los códigos CSÍ y CNO, en alusión al primer caso de aquellos féretros que eran «sustraídos» y los que no, así como los motivos por los que estos últimos no eran reutilizados, junto con información sobre las coronas y otros motivos florales que también eran ‘reciclados’.Entre esa documentación, en la que figuran nombres de trabajadores que participaban en esta operativa sistematizada, consta incluso una referencia a que en 2007 se dieron indicaciones dentro de la empresa para cesar en la actividad por miedo tras un caso destapado en Málaga por hechos similares que concluyó en sentencia condenatoria para los acusados,ha recordado el testigo-perito, quien también ha apostillado que en ese dosier concienzudamente reunido por Justo M. a lo largo de dos décadas el autor muestra en distintas ocasiones su arrepentimiento pero justifica su participación y la del resto de compañeros en el miedo a perder su puesto de trabajo.Sobre la tesis de que la actividad ilícita objeto de juicio fuera conocida por toda la plantilla, el agente ha hecho alusión a un escrito hallado dentro de un dietario en el domicilio de Justo Morchón Vaquero, hijo del magnate funerario fallecido, en el que trabajadores del grupo amenazan a la familia con destapar lo que estaba ocurriendo si no se abonaban a la plantilla una serie de atrasos. A este respecto, el policía ha asegurado que dicho escrito no fue redactado por Justo M, pues sólo falta cotejar su texto con otros escritos del aludido plagados de «faltas de ortografía».Consumo de gasOtro de los informes elaborados por este mismo agente, en este caso sobre el consumo de gas tanto en el horno del nuevo tanatorio inaugurado en 2013 y en el cementerio de Santovenia vendría a confirmar el supuesto ‘paripé’ que se realizaba en la primera instalación, donde, presuntamente, se simulaba la cremación que luego se efectuaba en el segundo de los escenarios. Aunque figura que en el tanatorio se habrían incinerado 714, 623 y 512 fallecidos durante los ejercicios de 2015, 2014 y 2013, respectivamente, el análisis detecta un descuadre entre esas supuestas cremaciones y los consumos que habrían sido necesarios para su realización, muy bajos, mientras que en Santovenia la gráfica de consumos se mantuvo prácticamente invariable.Por su parte, una inspectora ha comparecido también para exponer un complejo informe sobre el aprovisionamiento de féretros realizado por parte de El Salvador y que, tal y como ha apuntado la perito, muestra un caso de fraude a la Agencia Tributaria ya que se habría simulado la adquisición de más de 500 cajas a Industrias Santa María, cuando en realidad tan sólo se compraron 48.Tal afirmación la ha realizado la funcionaria tras el cotejo de algunas «facturas fantasma» entre los ejercicios de 2001 y 2004 en el que se constata que los acusados realizaron mayoritariamente pagos en concepto de IVA, simulando la adquisición de buena parte de los féretros. Esa circunstancia, a su juicio, no certifica un «mínimo aprovisionamiento» de cajas para mantener la actividad declarada.
«Llevo veinticinco años de carrera profesional, he participado en muchos levantamientos de cadáveres y es imposible que una sola persona participara en la operativa del cambiazo de ataúdes», es la afirmación categórica realizada este martes por un subinspector, exintegrante de la Brigada de … Homicidios de Valladolid, durante su comparecencia en sede judicial en la que, con la misma convicción, ha sostenido que la documentación atesorada por Justo M, extrabajador ya fallecido de El Grupo El Salvador, vendría a «confirmar» la actividad delictiva de los veintitrés encausados.
En una jornada muy técnica protagonizada por agentes de la Policía Nacional que participaron en la ‘Operación Ignis’ en 2019 tras destaparse que Grupo El Salvador-Funeraria Castellana podía haber reutilizado féretros y ornamentos florales en sucesivos sepelios, con beneficios generados de más de cuatro millones de euros y casi 6.000 perjudicados, el referido agente policial, en calidad de testigo perito, ha expuesto distintos informes elaborados en su día sobre la prolija documentación hallada a Justo Martín y sobre los consumos de gas en los hornos crematorios.
A modo de conclusión, el agente ya jubilado, en declaraciones recogidas por Ep, ha venido a indicar que dicha documentación, compuesta fundamentalmente por veintiséis libretas, fotografías y catorce carretes no revelados que Justo M. reunió durante veinte años, entre 1995 y 2015, recibió en un principio la «presunción de verosimilitud» que más tarde, una vez cotejada, no ha hecho otra cosa que venir a ratificar una operativa que durante ese periodo rigió en el seno del grupo empresarial con participación de los empleados y siguiendo órdenes de la administración, compuesta por Ignacio Morchón Alonso, ya fallecido, su mujer y tres hijos.
«La información analizada verifica ese cambiazo de ataúdes en el momento de la cremación, para lo cual los empleados, sin percibir beneficio alguno, seguían un ‘modus operandi’ consistente en simular la cremación del cadáver activando los ventiladores del horno», ha indicado el subinspector, quien ha apuntado que tal operativa se habría iniciado en el cementerio Parque el Salvador de Santovenia de Pisuerga y habría continuado tras la inauguración, el 19 de febrero de 2013, del nuevo tanatorio en el Camino del Cementerio de Valladolid, dotado también de horno.
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«Justo, una vez jubilado en febrero de 2015, hace constar un escrito recogido en un USB en el que habla de un trasiego de féretros en furgonetas hasta el cementerio de Santovenia», donde en realidad, en buena parte de las ocasiones, se practicaba la cremación sin presencia ya de los familiares de los difuntos con el fin de facilitar la recuperación de los ataúdes y poder revenderlos para otros servicios fúnebres, y ello a pesar de que a los afectados se les hacía creer que la incineración se realizaba en Valladolid.
El agente ha subrayado que Justo M, con el paso de los años, se fue «especializando» poco a poco en la recopilación de todas esas pruebas incriminatorias, mediante la incorporación de fotografías y anotaciones con los códigos CSÍ y CNO, en alusión al primer caso de aquellos féretros que eran «sustraídos» y los que no, así como los motivos por los que estos últimos no eran reutilizados, junto con información sobre las coronas y otros motivos florales que también eran ‘reciclados’.
Entre esa documentación, en la que figuran nombres de trabajadores que participaban en esta operativa sistematizada, consta incluso una referencia a que en 2007 se dieron indicaciones dentro de la empresa para cesar en la actividad por miedo tras un caso destapado en Málaga por hechos similares que concluyó en sentencia condenatoria para los acusados,ha recordado el testigo-perito, quien también ha apostillado que en ese dosier concienzudamente reunido por Justo M. a lo largo de dos décadas el autor muestra en distintas ocasiones su arrepentimiento pero justifica su participación y la del resto de compañeros en el miedo a perder su puesto de trabajo.
Sobre la tesis de que la actividad ilícita objeto de juicio fuera conocida por toda la plantilla, el agente ha hecho alusión a un escrito hallado dentro de un dietario en el domicilio de Justo Morchón Vaquero, hijo del magnate funerario fallecido, en el que trabajadores del grupo amenazan a la familia con destapar lo que estaba ocurriendo si no se abonaban a la plantilla una serie de atrasos. A este respecto, el policía ha asegurado que dicho escrito no fue redactado por Justo M, pues sólo falta cotejar su texto con otros escritos del aludido plagados de «faltas de ortografía».
Consumo de gas
Otro de los informes elaborados por este mismo agente, en este caso sobre el consumo de gas tanto en el horno del nuevo tanatorio inaugurado en 2013 y en el cementerio de Santovenia vendría a confirmar el supuesto ‘paripé’ que se realizaba en la primera instalación, donde, presuntamente, se simulaba la cremación que luego se efectuaba en el segundo de los escenarios. Aunque figura que en el tanatorio se habrían incinerado 714, 623 y 512 fallecidos durante los ejercicios de 2015, 2014 y 2013, respectivamente, el análisis detecta un descuadre entre esas supuestas cremaciones y los consumos que habrían sido necesarios para su realización, muy bajos, mientras que en Santovenia la gráfica de consumos se mantuvo prácticamente invariable.
Por su parte, una inspectora ha comparecido también para exponer un complejo informe sobre el aprovisionamiento de féretros realizado por parte de El Salvador y que, tal y como ha apuntado la perito, muestra un caso de fraude a la Agencia Tributaria ya que se habría simulado la adquisición de más de 500 cajas a Industrias Santa María, cuando en realidad tan sólo se compraron 48.
Tal afirmación la ha realizado la funcionaria tras el cotejo de algunas «facturas fantasma» entre los ejercicios de 2001 y 2004 en el que se constata que los acusados realizaron mayoritariamente pagos en concepto de IVA, simulando la adquisición de buena parte de los féretros. Esa circunstancia, a su juicio, no certifica un «mínimo aprovisionamiento» de cajas para mantener la actividad declarada.
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