La Puerta del Sol comienza a recuperar poco a poco su imagen habitual. Los operarios y efectivos desplegados trabajan desde la madrugada de este martes en la retirada de las tiendas de campaña de la ‘Acampada 26S’, cuyo desalojo se ha saldado, por el momento, con dos detenidos. Son varones españoles de 31 años, engrilletados por desobediencia y resistencia, y uno de ellos, además, por atentado a agente de la autoridad. Hay 335 personas identificadas y desalojadas. El dispositivo ha estado integrado por 220 agentes de la Policía Nacional y 180 de la Policía Municipal, además de bomberos y servicios sociales. La intervención se ha iniciado a las 3 de la madrugada y las detenciones se han practicado a las 3.30. A las 4, el Selur ya estaba limpiando la plaza. La organización de la protesta ha denunciado como «violenta», con supuestos episodios de uso de gas pimienta y varios heridos, ha sido defendida por la Delegación del Gobierno en Madrid como una medida de «último recurso». La institución, dirigida desde hace una semana por Pilar Trinidad, sostiene que la actuación ha sido el desenlace de un «proceso de actuación gradual» y que se ha desarrollado «sin disturbios ni episodios de violencia». También ha agradecido la profesionalidad de los efectivos desplegados y ha reivindicado que el desalojo se ha ejecutado conforme a los principios de «oportunidad, congruencia y proporcionalidad».En un comunicado difundido después de la operación, la Delegación argumenta que la acampada había dejado de responder a la finalidad reivindicativa que justificó inicialmente su permanencia en la plaza. El derecho fundamental de reunión, recuerda, fue protegido mientras existió una «finalidad reivindicativa común», pero «no es ilimitado» y puede verse condicionado cuando cambian las circunstancias que motivaron su ejercicio.Según la versión de la institución, después de más de un mes de protesta, las principales organizaciones participantes se habían retirado y buena parte de quienes permanecían pernoctando en Sol eran ya personas sin hogar y miembros de colectivos vulnerables. A esta situación se sumaron, según los informes de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, diversos hechos presuntamente delictivos e incidentes tanto en el interior como en el entorno inmediato de la acampada. Un conjunto de circunstancias que, a juicio de Delegación, terminó generando un «peligro concreto para personas y bienes».La institución insiste en que la intervención policial no fue una decisión repentina, sino el último paso de varias semanas de contactos y advertencias. El 26 de octubre, el entonces delegado del Gobierno, Francisco Martín, remitió un escrito a los acampados en el que consideraba que había transcurrido un tiempo «razonable» para trasladar sus reivindicaciones a la sociedad y planteaba la necesidad de poner fin a la protesta. Tres días después, el 29 de octubre, ante la ausencia de respuesta, se envió un segundo requerimiento en el que se reclamaba el «desmantelamiento de la acampada a la mayor brevedad».La situación dio un nuevo giro el 30 de octubre, cuando los propios interlocutores de la protesta comunicaron la disolución de todas las comisiones organizativas y el abandono de la reivindicación inicial. Pese a ello, un grupo «residual» decidió continuar en la plaza y se negó a marcharse. Fue entonces cuando, a partir de los informes policiales sobre los incidentes registrados en la zona, la delegada del Gobierno emitió un oficio para solicitar el restablecimiento de la normalidad y autorizar las actuaciones necesarias. La instrucción, según recalca la institución, establecía que cualquier intervención debía ajustarse a criterios de proporcionalidad y oportunidad, con especial atención a las personas en situación de vulnerabilidad.No obstante, la cuenta oficial de la acampada ha denunciado el desalojo «mediante una intervención policial violenta» de la Policía Nacional que habría dejado heridas a varias personas a causa de «golpes y del uso de gas pimienta». Así lo ha comunicado la organización en una publicación en la red social Instagram, donde afirma que la expulsión ha sido «ejecutada por unidades antidisturbios bajo las órdenes de la delegación del Gobierno». «En estos momentos estamos trabajando para comprobar el estado y la integridad de todas las compañeras», ha manifestado.El referido texto ha venido acompañado de varios vídeos en los que se puede observar a agentes antidisturbios de la Policía Nacional escoltando a varias personas desde el seno de la acampada hacia el exterior. La denuncia ha llegado después de que este mismo lunes los integrantes de la protesta que aún permanecían en la Puerta del Sol anunciaran su permanencia en la céntrica plaza hasta la huelga general del 11 de noviembre, después de que la mayoría de las comisiones que han organizado durante más de un mes la concentración en Sol anunciaran este fin de semana su disolución y el traslado de su actividad a los barrios. La Puerta del Sol comienza a recuperar poco a poco su imagen habitual. Los operarios y efectivos desplegados trabajan desde la madrugada de este martes en la retirada de las tiendas de campaña de la ‘Acampada 26S’, cuyo desalojo se ha saldado, por el momento, con dos detenidos. Son varones españoles de 31 años, engrilletados por desobediencia y resistencia, y uno de ellos, además, por atentado a agente de la autoridad. Hay 335 personas identificadas y desalojadas. El dispositivo ha estado integrado por 220 agentes de la Policía Nacional y 180 de la Policía Municipal, además de bomberos y servicios sociales. La intervención se ha iniciado a las 3 de la madrugada y las detenciones se han practicado a las 3.30. A las 4, el Selur ya estaba limpiando la plaza. La organización de la protesta ha denunciado como «violenta», con supuestos episodios de uso de gas pimienta y varios heridos, ha sido defendida por la Delegación del Gobierno en Madrid como una medida de «último recurso». La institución, dirigida desde hace una semana por Pilar Trinidad, sostiene que la actuación ha sido el desenlace de un «proceso de actuación gradual» y que se ha desarrollado «sin disturbios ni episodios de violencia». También ha agradecido la profesionalidad de los efectivos desplegados y ha reivindicado que el desalojo se ha ejecutado conforme a los principios de «oportunidad, congruencia y proporcionalidad».En un comunicado difundido después de la operación, la Delegación argumenta que la acampada había dejado de responder a la finalidad reivindicativa que justificó inicialmente su permanencia en la plaza. El derecho fundamental de reunión, recuerda, fue protegido mientras existió una «finalidad reivindicativa común», pero «no es ilimitado» y puede verse condicionado cuando cambian las circunstancias que motivaron su ejercicio.Según la versión de la institución, después de más de un mes de protesta, las principales organizaciones participantes se habían retirado y buena parte de quienes permanecían pernoctando en Sol eran ya personas sin hogar y miembros de colectivos vulnerables. A esta situación se sumaron, según los informes de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, diversos hechos presuntamente delictivos e incidentes tanto en el interior como en el entorno inmediato de la acampada. Un conjunto de circunstancias que, a juicio de Delegación, terminó generando un «peligro concreto para personas y bienes».La institución insiste en que la intervención policial no fue una decisión repentina, sino el último paso de varias semanas de contactos y advertencias. El 26 de octubre, el entonces delegado del Gobierno, Francisco Martín, remitió un escrito a los acampados en el que consideraba que había transcurrido un tiempo «razonable» para trasladar sus reivindicaciones a la sociedad y planteaba la necesidad de poner fin a la protesta. Tres días después, el 29 de octubre, ante la ausencia de respuesta, se envió un segundo requerimiento en el que se reclamaba el «desmantelamiento de la acampada a la mayor brevedad».La situación dio un nuevo giro el 30 de octubre, cuando los propios interlocutores de la protesta comunicaron la disolución de todas las comisiones organizativas y el abandono de la reivindicación inicial. Pese a ello, un grupo «residual» decidió continuar en la plaza y se negó a marcharse. Fue entonces cuando, a partir de los informes policiales sobre los incidentes registrados en la zona, la delegada del Gobierno emitió un oficio para solicitar el restablecimiento de la normalidad y autorizar las actuaciones necesarias. La instrucción, según recalca la institución, establecía que cualquier intervención debía ajustarse a criterios de proporcionalidad y oportunidad, con especial atención a las personas en situación de vulnerabilidad.No obstante, la cuenta oficial de la acampada ha denunciado el desalojo «mediante una intervención policial violenta» de la Policía Nacional que habría dejado heridas a varias personas a causa de «golpes y del uso de gas pimienta». Así lo ha comunicado la organización en una publicación en la red social Instagram, donde afirma que la expulsión ha sido «ejecutada por unidades antidisturbios bajo las órdenes de la delegación del Gobierno». «En estos momentos estamos trabajando para comprobar el estado y la integridad de todas las compañeras», ha manifestado.El referido texto ha venido acompañado de varios vídeos en los que se puede observar a agentes antidisturbios de la Policía Nacional escoltando a varias personas desde el seno de la acampada hacia el exterior. La denuncia ha llegado después de que este mismo lunes los integrantes de la protesta que aún permanecían en la Puerta del Sol anunciaran su permanencia en la céntrica plaza hasta la huelga general del 11 de noviembre, después de que la mayoría de las comisiones que han organizado durante más de un mes la concentración en Sol anunciaran este fin de semana su disolución y el traslado de su actividad a los barrios.
La cuenta oficial de la acampada en la Puerta del Sol de Madrid ha denunciado este martes el desalojo de madrugada «mediante una intervención policial violenta» de la Policía Nacional que habría dejado heridas a varias personas a causa de «golpes y del uso … de gas pimienta».
Así lo ha comunicado la organización en una publicación en la red social Instagram, donde afirma que la operación policial ha sido «ejecutada por unidades antidisturbios bajo las órdenes de la delegación del Gobierno». «En estos momentos estamos trabajando para comprobar el estado y la integridad de todas las compañeras», ha manifestado.
El referido texto ha venido acompañado de varios vídeos en los que se puede observar a agentes antidisturbios de la Policía Nacional escoltando a varias personas desde el seno de la acampada hacia el exterior de la misma.
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La denuncia ha llegado después de que este mismo lunes los integrantes de la Acampada 26S que aún permanecían en la Puerta del Sol anunciaran su permanencia en la céntrica plaza hasta la huelga general del 11 de noviembre, después de que la mayoría de las comisiones que han organizado durante más de un mes la protesta en Sol anunciaran este fin de semana su disolución y el traslado de su actividad a los barrios.
Con todo, en este marco, medio centenar de sintecho se ha constituido en asociación con la intención de permanecer en la plaza, si bien las comisiones señalaron que cualquier iniciativa que desarrolle este colectivo responderá a su propia voluntad y responsabilidad.
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