El juez del Tribunal Supremo que investiga al exministro José Luis Ábalos, a Koldo García y al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ha remitido a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y a la Fiscalía Anticorrupción un escrito que le ha hecho llegar la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana en el que se revelan presuntas « irregularidades en la tramitación y ejecución de un convenio » para la construcción la estación de ferrocarril de la localidad de Albal (Valencia), que fue adjudicado siendo Ábalos ministro y que supuso un sobrecoste de más de 1.000.000 de euros en favor de la constructora Lantania SL.Así consta en el escrito al que ha tenido acceso ABC, y que ahora la UCO deberá analizar, junto al expediente que le acompaña, y que derivará en un nuevo informe de esa unidad para valorar si pudo haber en ese caso, cuyo origen se remonta a la época de José Blanco al frente del ministerio, cuando en 2011 se firmó un protocolo de colaboración entre el Ayuntamiento de Albal y Adif.Noticia Relacionada estandar Si Koldo García pide al Supremo «el secuestro cautelar e inmediato» de los audios que le fueron incautados Javier Lillo Solicita que se impida su difusión en medios de comunicación porque vulnera sus derechos fundamentalesRecuerda el organismo dependiente de la Generalitat -gobernada por el PP- que ese contrato se adjudicó, no obstante, en 2019 siendo ministro Ábalos y que fue financiado en parte con fondos de la Unión Europea. Añade que entre las principales irregularidades detectadas en la tramitación destaca que «no se cumplió con todas las determinaciones del Patricova (Plan de Acción Territorial de Carácter Sectorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación en la Comunidad Valenciana) y apunta que no se inauguró en el plazo inicialmente previsto debido a los efectos causados por la riada derivada de la dana de otoño del año 2024, que se produjo el mismo día de recepción de las obras, por lo que no fue hasta febrero de 2025 -tras las reparaciones realizadas con posterioridad a ese evento meteorológico- que se inauguró la estación de tren de Albal.En este sentido, matiza que la agencia no ha podido analizar la forma en que se adjudicó y ejecutó la obra «porque eso implicaba revisar actuaciones de responsables que exceden de su competencia subjetiva (Adif)», y por eso tampoco ha podido examinar si los modificados de contratos, que sumaron más de 800.000 euros al coste, fueron correctamente justificados. Recuerda que cuando se adjudicó, Isabel Pardo de Vera era la presidenta de Adif.Fuentes de la empresa constructora consultadas por este periódico explican que Lantania «nada tiene que ver con la adjudicación» de la obra dado que ganó por valoración objetiva. Recuerdan que recibieron la cuarta mejor valoración técnica y la mejor oferta económica, después de la descalificación de las dos primeras ofertas por temerarias, y que había tres por delante en la valoración subjetiva.Añaden que el modificado de las obras que recoge el expediente de Antifraude es de mayo de 2024, posterior a la época de Ábalos y que se hizo por dos motivos: solventar errores del proyecto y acometer una serie de mejoras que solicitó Adif en fase de ejecución. Apuntan que ese modificado está valorado en 742.558 euros.Patronos de FiadelsoPor otro lado, la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana da cuenta al juez del Supremo de que también ha tramitado un expediente relativo a Fiadelso, la fundación vinculada a la familia de Ábalos cuyas cuentas también son objeto de investigación en la causa que dirige Leopoldo Puente. Sobre la misma, informa que incurrió en causa de disolución porque el patronato no aprobó las cuentas en los años 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020. «A la vista de los elementos probados en el expediente no se realizaron actuaciones de investigación adicionales por considerar que tendrían el carácter de prospectivas, pero se constata en el expediente la identificación de los miembros del patronato», indica. Así, pone esa información a disposición del juez por si sirve para que los investigadores puedan «conocer la evolución de la fundación en estos años y de los cargos de patronos en el periodo comprendido desde 1992 a 2023». El juez del Tribunal Supremo que investiga al exministro José Luis Ábalos, a Koldo García y al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ha remitido a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y a la Fiscalía Anticorrupción un escrito que le ha hecho llegar la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana en el que se revelan presuntas « irregularidades en la tramitación y ejecución de un convenio » para la construcción la estación de ferrocarril de la localidad de Albal (Valencia), que fue adjudicado siendo Ábalos ministro y que supuso un sobrecoste de más de 1.000.000 de euros en favor de la constructora Lantania SL.Así consta en el escrito al que ha tenido acceso ABC, y que ahora la UCO deberá analizar, junto al expediente que le acompaña, y que derivará en un nuevo informe de esa unidad para valorar si pudo haber en ese caso, cuyo origen se remonta a la época de José Blanco al frente del ministerio, cuando en 2011 se firmó un protocolo de colaboración entre el Ayuntamiento de Albal y Adif.Noticia Relacionada estandar Si Koldo García pide al Supremo «el secuestro cautelar e inmediato» de los audios que le fueron incautados Javier Lillo Solicita que se impida su difusión en medios de comunicación porque vulnera sus derechos fundamentalesRecuerda el organismo dependiente de la Generalitat -gobernada por el PP- que ese contrato se adjudicó, no obstante, en 2019 siendo ministro Ábalos y que fue financiado en parte con fondos de la Unión Europea. Añade que entre las principales irregularidades detectadas en la tramitación destaca que «no se cumplió con todas las determinaciones del Patricova (Plan de Acción Territorial de Carácter Sectorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación en la Comunidad Valenciana) y apunta que no se inauguró en el plazo inicialmente previsto debido a los efectos causados por la riada derivada de la dana de otoño del año 2024, que se produjo el mismo día de recepción de las obras, por lo que no fue hasta febrero de 2025 -tras las reparaciones realizadas con posterioridad a ese evento meteorológico- que se inauguró la estación de tren de Albal.En este sentido, matiza que la agencia no ha podido analizar la forma en que se adjudicó y ejecutó la obra «porque eso implicaba revisar actuaciones de responsables que exceden de su competencia subjetiva (Adif)», y por eso tampoco ha podido examinar si los modificados de contratos, que sumaron más de 800.000 euros al coste, fueron correctamente justificados. Recuerda que cuando se adjudicó, Isabel Pardo de Vera era la presidenta de Adif.Fuentes de la empresa constructora consultadas por este periódico explican que Lantania «nada tiene que ver con la adjudicación» de la obra dado que ganó por valoración objetiva. Recuerdan que recibieron la cuarta mejor valoración técnica y la mejor oferta económica, después de la descalificación de las dos primeras ofertas por temerarias, y que había tres por delante en la valoración subjetiva.Añaden que el modificado de las obras que recoge el expediente de Antifraude es de mayo de 2024, posterior a la época de Ábalos y que se hizo por dos motivos: solventar errores del proyecto y acometer una serie de mejoras que solicitó Adif en fase de ejecución. Apuntan que ese modificado está valorado en 742.558 euros.Patronos de FiadelsoPor otro lado, la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana da cuenta al juez del Supremo de que también ha tramitado un expediente relativo a Fiadelso, la fundación vinculada a la familia de Ábalos cuyas cuentas también son objeto de investigación en la causa que dirige Leopoldo Puente. Sobre la misma, informa que incurrió en causa de disolución porque el patronato no aprobó las cuentas en los años 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020. «A la vista de los elementos probados en el expediente no se realizaron actuaciones de investigación adicionales por considerar que tendrían el carácter de prospectivas, pero se constata en el expediente la identificación de los miembros del patronato», indica. Así, pone esa información a disposición del juez por si sirve para que los investigadores puedan «conocer la evolución de la fundación en estos años y de los cargos de patronos en el periodo comprendido desde 1992 a 2023».
El juez del Tribunal Supremo que investiga al exministro José Luis Ábalos, a Koldo García y al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ha remitido a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y a la Fiscalía Anticorrupción un escrito que … le ha hecho llegar la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana en el que se revelan presuntas «irregularidades en la tramitación y ejecución de un convenio» para la construcción la estación de ferrocarril de la localidad de Albal (Valencia), que fue adjudicado siendo Ábalos ministro y que supuso un sobrecoste de más de 1.000.000 de euros en favor de la constructora Lantania SL.
Así consta en el escrito al que ha tenido acceso ABC, y que ahora la UCO deberá analizar, junto al expediente que le acompaña, y que derivará en un nuevo informe de esa unidad para valorar si pudo haber en ese caso, cuyo origen se remonta a la época de José Blanco al frente del ministerio, cuando en 2011 se firmó un protocolo de colaboración entre el Ayuntamiento de Albal y Adif.
Recuerda el organismo dependiente de la Generalitat -gobernada por el PP- que ese contrato se adjudicó, no obstante, en 2019 siendo ministro Ábalos y que fue financiado en parte con fondos de la Unión Europea.
Añade que entre las principales irregularidades detectadas en la tramitación destaca que «no se cumplió con todas las determinaciones del Patricova (Plan de Acción Territorial de Carácter Sectorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación en la Comunidad Valenciana) y apunta que no se inauguró en el plazo inicialmente previsto debido a los efectos causados por la riada derivada de la dana de otoño del año 2024, que se produjo el mismo día de recepción de las obras, por lo que no fue hasta febrero de 2025 -tras las reparaciones realizadas con posterioridad a ese evento meteorológico- que se inauguró la estación de tren de Albal.
En este sentido, matiza que la agencia no ha podido analizar la forma en que se adjudicó y ejecutó la obra «porque eso implicaba revisar actuaciones de responsables que exceden de su competencia subjetiva (Adif)», y por eso tampoco ha podido examinar si los modificados de contratos, que sumaron más de 800.000 euros al coste, fueron correctamente justificados. Recuerda que cuando se adjudicó, Isabel Pardo de Vera era la presidenta de Adif.
Fuentes de la empresa constructora consultadas por este periódico explican que Lantania «nada tiene que ver con la adjudicación» de la obra dado que ganó por valoración objetiva. Recuerdan que recibieron la cuarta mejor valoración técnica y la mejor oferta económica, después de la descalificación de las dos primeras ofertas por temerarias, y que había tres por delante en la valoración subjetiva.
Añaden que el modificado de las obras que recoge el expediente de Antifraude es de mayo de 2024, posterior a la época de Ábalos y que se hizo por dos motivos: solventar errores del proyecto y acometer una serie de mejoras que solicitó Adif en fase de ejecución. Apuntan que ese modificado está valorado en 742.558 euros.
Patronos de Fiadelso
Por otro lado, la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana da cuenta al juez del Supremo de que también ha tramitado un expediente relativo a Fiadelso, la fundación vinculada a la familia de Ábalos cuyas cuentas también son objeto de investigación en la causa que dirige Leopoldo Puente.
Sobre la misma, informa que incurrió en causa de disolución porque el patronato no aprobó las cuentas en los años 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020. «A la vista de los elementos probados en el expediente no se realizaron actuaciones de investigación adicionales por considerar que tendrían el carácter de prospectivas, pero se constata en el expediente la identificación de los miembros del patronato», indica.
Así, pone esa información a disposición del juez por si sirve para que los investigadores puedan «conocer la evolución de la fundación en estos años y de los cargos de patronos en el periodo comprendido desde 1992 a 2023».
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