El expresidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García , habría utilizado dinero presuntamente procedente de comisiones irregulares del denominado Caso Mascarillas para pagar una hipoteca, según un nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. La investigación apunta a que García recurrió a varios familiares , incluidos sus padres y su hermana, para integrar estos fondos en un «circuito financiero legal».Los movimientos detectados incluyen ingresos en efectivo en cuentas vinculadas a sus familiares, destinados a cubrir las cuotas de una vivienda ubicada en Almerimar (El Ejido) , cuyo préstamo estaba a nombre de García Aureliano. La UCO señala que estos pagos no se habrían realizado desde sus cuentas personales, sino mediante estos fondos de origen desconocido.El juez José Manuel Rey Bellot que instruye el caso Mascarillas por presuntas ‘mordidas’ en contratos realizados desde la Diputación de Almería y el Ayuntamiento de Fines ha elevado a 43 el número de imputados . Esta decisión se asienta en un basándose en los últimos informes aportados por la UCO de la Guardia Civil. La investigación se centra en el reparto de comisiones entre el expresidente de la Diputación de Almería , Javier Aureliano García, y sus exvicepresidentes Fernando Giménez y Óscar Liria. Los nuevos datos aportados indican amaños en contratos que ascienden a 3,5 millones de euros. Los agentes diferencian tres partes en la trama: la adquisición supuestamente fraudulenta de material sanitario durante la pandemia de 2020 mediante un contrato de dos millones de euros, las presuntas mordidas en contratos de obras de Diputación y los vínculos que habría facilitado el flujo de dinero en efectivo entre algunos involucrados, entre ellos, el expresidente de la Diputación. En enero de 2026, el juez autorizó a la UCO de la Guardia Civil el acceso, clonado, volcado y visionado de los teléfonos móviles de seis empresarios del sector constructivo investigados en el caso Mascarillas.La instrucción apunta la «aparente existencia» de una dinámica de funcionamiento instaurada en el seno de la Diputación Provincial de Almería que, en términos generales, «habría permitido la adjudicación fraudulenta de contratos públicos , haciéndolo en base a intereses personales y económicos y sin tener en cuenta los principios rectores de la contratación pública».En este sentido, la trama iría más allá de la adjudicación por más de dos millones de euros del contrato inicialmente investigado para la adquisición de mascarillas, guantes y otro material sanitario, ya que, según los autos, se habría servido de otras adjudicaciones de contratos de obras y servicios . Para ello, se observan indicios de una estructura formada por dos planos: el primero, una serie de cargos públicos que la habrían posibilitado y propiciado, beneficiándose también de la misma económica y personalmente; y el segundo, constituido por una serie de sociedades y empresarios que habrían participado de ella, bien como adjudicatarias de estos contratos, bien propiciando que otras empresas lo hicieran.El juez tomará declaración de forma progresiva a un total de 33 empresarios o empleados vinculados con unas 25 empresas así como a otros diez cargos públicos y familiares , entre ellos, el expresidente de la Diputación de Almería Javier Aureliano García y los exvicespresidentes Fernando Giménez y Óscar Liria. En la larga lista se sitúa el actual diputado provincial y alcalde de Tíjola, José Juan Martínez.Viajes bajo sospechaLos nuevos informes elaborados por la UCO a raíz de su investigación ponen bajo la lupa algunos viajes desarrollados por el expresidente de la Diputación financiados con dinero público que, pese a su apariencia inicial, no se corresponderían con «ningún tipo de actividad profesional ni acto oficial» sino con viajes personales. En este sentido, los investigadores aportaron un informe en relación a un viaje a Madrid financiado por la Diputación cuyo coste se estima en 1.892,84 euros, que fue realizado entre el 26 y 27 de junio de 2025 por el expresidente y una empleada de la institución.La «justificación aparente» para realizar este viaje era una reunión en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), de la que García ocupaba por entonces el cargo de Presidente de la Comisión de Presidentes de Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares. Los investigadores desarrollaron una labor de seguimiento del viaje y analizaron los movimientos de los involucrados para determinar que, durante los dos días de estancia en Madrid, ninguno «habría estado en ningún momento en la sede de la FEMP», toda vez que sí quedaron registradas estancias en hoteles, paseos por la ciudad y una cena en un restaurante.Origen del Caso MascarillasLa investigación nace de la adjudicación del contrato público de suministro de material sanitario por la Diputación Provincial de Almería a la empresa Azor Corporate Ibérica a través de un decreto firmado por Javier Aureliano García el 8 de abril de 2020 por 2.036.186,24 euros partiendo la propuesta de Fernando Giménez. Para el juez, «existen claros indicios de que tal contratación se produjo de forma ilícita », entre otros aspectos, ante el vínculo familiar entre Óscar Liria y el representante de la sociedad Kilian L. y ante la existencia de gestiones para la compra de material previas a la propia adjudicación del contrato.La investigación abunda en las conversaciones telemáticas existentes entre los investigados, quienes mantenían un grupo de Whatsapp denominado ‘Naranjito’ , relativas a estas contrataciones así como en las evidencias halladas durante la primera fase de la investigación, en la que se encontraron grades sumas de dinero en el domicilio de Óscar Liria y de sus padres sin que las explicaciones sobre su origen «resulten convincentes, ya que son vagas, imprecisas e carentes de apoyo documental».El juez aparta a Vox del casoEl juez instructor del caso ha apartado definitivamente a Vox como acusación popular en la causa, a la que ha intentado reincorporarse pese a su desistimiento voluntario anterior. El magistrado considera que el partido perdió el derecho a formar parte de la causa desde el momento en el que decidió de forma voluntaria y unilateral retirarse del procedimiento , ya que lo contrario podría generar una inseguridad jurídica y dar lugar, incluso, a abusos procesales con posibles afecciones en la tramitación del caso.Noticia relacionada No No El juez aprecia una trama continuada de contratos irregulares en la Diputación de Almería vinculada al PP Álvaro Gayán QueraltAunque Vox se personó en el procedimiento tras una primera fase explotada en junio de 2021 , cuando fue detenido el entonces vicepresidente tercero Óscar Liria a raíz de la compra de material sanitario ante la pandemia de covid-19, la formación renunció a sus acciones por petición propia. Tras la segunda fase de la operación, en 2025, la formación trasladó a través de sus portavoces la intención de volver a sumarse al procedimiento que investiga presuntos delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, fraude en la contratación pública y blanqueo de capitales, entre otros, con base en las actuaciones policiales practicadas hasta el momento. El expresidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García , habría utilizado dinero presuntamente procedente de comisiones irregulares del denominado Caso Mascarillas para pagar una hipoteca, según un nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. La investigación apunta a que García recurrió a varios familiares , incluidos sus padres y su hermana, para integrar estos fondos en un «circuito financiero legal».Los movimientos detectados incluyen ingresos en efectivo en cuentas vinculadas a sus familiares, destinados a cubrir las cuotas de una vivienda ubicada en Almerimar (El Ejido) , cuyo préstamo estaba a nombre de García Aureliano. La UCO señala que estos pagos no se habrían realizado desde sus cuentas personales, sino mediante estos fondos de origen desconocido.El juez José Manuel Rey Bellot que instruye el caso Mascarillas por presuntas ‘mordidas’ en contratos realizados desde la Diputación de Almería y el Ayuntamiento de Fines ha elevado a 43 el número de imputados . Esta decisión se asienta en un basándose en los últimos informes aportados por la UCO de la Guardia Civil. La investigación se centra en el reparto de comisiones entre el expresidente de la Diputación de Almería , Javier Aureliano García, y sus exvicepresidentes Fernando Giménez y Óscar Liria. Los nuevos datos aportados indican amaños en contratos que ascienden a 3,5 millones de euros. Los agentes diferencian tres partes en la trama: la adquisición supuestamente fraudulenta de material sanitario durante la pandemia de 2020 mediante un contrato de dos millones de euros, las presuntas mordidas en contratos de obras de Diputación y los vínculos que habría facilitado el flujo de dinero en efectivo entre algunos involucrados, entre ellos, el expresidente de la Diputación. En enero de 2026, el juez autorizó a la UCO de la Guardia Civil el acceso, clonado, volcado y visionado de los teléfonos móviles de seis empresarios del sector constructivo investigados en el caso Mascarillas.La instrucción apunta la «aparente existencia» de una dinámica de funcionamiento instaurada en el seno de la Diputación Provincial de Almería que, en términos generales, «habría permitido la adjudicación fraudulenta de contratos públicos , haciéndolo en base a intereses personales y económicos y sin tener en cuenta los principios rectores de la contratación pública».En este sentido, la trama iría más allá de la adjudicación por más de dos millones de euros del contrato inicialmente investigado para la adquisición de mascarillas, guantes y otro material sanitario, ya que, según los autos, se habría servido de otras adjudicaciones de contratos de obras y servicios . Para ello, se observan indicios de una estructura formada por dos planos: el primero, una serie de cargos públicos que la habrían posibilitado y propiciado, beneficiándose también de la misma económica y personalmente; y el segundo, constituido por una serie de sociedades y empresarios que habrían participado de ella, bien como adjudicatarias de estos contratos, bien propiciando que otras empresas lo hicieran.El juez tomará declaración de forma progresiva a un total de 33 empresarios o empleados vinculados con unas 25 empresas así como a otros diez cargos públicos y familiares , entre ellos, el expresidente de la Diputación de Almería Javier Aureliano García y los exvicespresidentes Fernando Giménez y Óscar Liria. En la larga lista se sitúa el actual diputado provincial y alcalde de Tíjola, José Juan Martínez.Viajes bajo sospechaLos nuevos informes elaborados por la UCO a raíz de su investigación ponen bajo la lupa algunos viajes desarrollados por el expresidente de la Diputación financiados con dinero público que, pese a su apariencia inicial, no se corresponderían con «ningún tipo de actividad profesional ni acto oficial» sino con viajes personales. En este sentido, los investigadores aportaron un informe en relación a un viaje a Madrid financiado por la Diputación cuyo coste se estima en 1.892,84 euros, que fue realizado entre el 26 y 27 de junio de 2025 por el expresidente y una empleada de la institución.La «justificación aparente» para realizar este viaje era una reunión en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), de la que García ocupaba por entonces el cargo de Presidente de la Comisión de Presidentes de Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares. Los investigadores desarrollaron una labor de seguimiento del viaje y analizaron los movimientos de los involucrados para determinar que, durante los dos días de estancia en Madrid, ninguno «habría estado en ningún momento en la sede de la FEMP», toda vez que sí quedaron registradas estancias en hoteles, paseos por la ciudad y una cena en un restaurante.Origen del Caso MascarillasLa investigación nace de la adjudicación del contrato público de suministro de material sanitario por la Diputación Provincial de Almería a la empresa Azor Corporate Ibérica a través de un decreto firmado por Javier Aureliano García el 8 de abril de 2020 por 2.036.186,24 euros partiendo la propuesta de Fernando Giménez. Para el juez, «existen claros indicios de que tal contratación se produjo de forma ilícita », entre otros aspectos, ante el vínculo familiar entre Óscar Liria y el representante de la sociedad Kilian L. y ante la existencia de gestiones para la compra de material previas a la propia adjudicación del contrato.La investigación abunda en las conversaciones telemáticas existentes entre los investigados, quienes mantenían un grupo de Whatsapp denominado ‘Naranjito’ , relativas a estas contrataciones así como en las evidencias halladas durante la primera fase de la investigación, en la que se encontraron grades sumas de dinero en el domicilio de Óscar Liria y de sus padres sin que las explicaciones sobre su origen «resulten convincentes, ya que son vagas, imprecisas e carentes de apoyo documental».El juez aparta a Vox del casoEl juez instructor del caso ha apartado definitivamente a Vox como acusación popular en la causa, a la que ha intentado reincorporarse pese a su desistimiento voluntario anterior. El magistrado considera que el partido perdió el derecho a formar parte de la causa desde el momento en el que decidió de forma voluntaria y unilateral retirarse del procedimiento , ya que lo contrario podría generar una inseguridad jurídica y dar lugar, incluso, a abusos procesales con posibles afecciones en la tramitación del caso.Noticia relacionada No No El juez aprecia una trama continuada de contratos irregulares en la Diputación de Almería vinculada al PP Álvaro Gayán QueraltAunque Vox se personó en el procedimiento tras una primera fase explotada en junio de 2021 , cuando fue detenido el entonces vicepresidente tercero Óscar Liria a raíz de la compra de material sanitario ante la pandemia de covid-19, la formación renunció a sus acciones por petición propia. Tras la segunda fase de la operación, en 2025, la formación trasladó a través de sus portavoces la intención de volver a sumarse al procedimiento que investiga presuntos delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, fraude en la contratación pública y blanqueo de capitales, entre otros, con base en las actuaciones policiales practicadas hasta el momento.
El expresidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, habría utilizado dinero presuntamente procedente de comisiones irregulares del denominado Caso Mascarillas para pagar una hipoteca, según un nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. La investigación apunta … a que García recurrió a varios familiares, incluidos sus padres y su hermana, para integrar estos fondos en un «circuito financiero legal».
Los movimientos detectados incluyen ingresos en efectivo en cuentas vinculadas a sus familiares, destinados a cubrir las cuotas de una vivienda ubicada en Almerimar (El Ejido), cuyo préstamo estaba a nombre de García Aureliano. La UCO señala que estos pagos no se habrían realizado desde sus cuentas personales, sino mediante estos fondos de origen desconocido.
El juez José Manuel Rey Bellot que instruye el caso Mascarillas por presuntas ‘mordidas’ en contratos realizados desde la Diputación de Almería y el Ayuntamiento de Fines ha elevado a 43 el número de imputados. Esta decisión se asienta en un basándose en los últimos informes aportados por la UCO de la Guardia Civil.
La investigación se centra en el reparto de comisiones entre el expresidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, y sus exvicepresidentes Fernando Giménez y Óscar Liria. Los nuevos datos aportados indican amaños en contratos que ascienden a 3,5 millones de euros.
Los agentes diferencian tres partes en la trama: la adquisición supuestamente fraudulenta de material sanitario durante la pandemia de 2020 mediante un contrato de dos millones de euros, las presuntas mordidas en contratos de obras de Diputación y los vínculos que habría facilitado el flujo de dinero en efectivo entre algunos involucrados, entre ellos, el expresidente de la Diputación. En enero de 2026, el juez autorizó a la UCO de la Guardia Civil el acceso, clonado, volcado y visionado de los teléfonos móviles de seis empresarios del sector constructivo investigados en el caso Mascarillas.
La instrucción apunta la «aparente existencia» de una dinámica de funcionamiento instaurada en el seno de la Diputación Provincial de Almería que, en términos generales, «habría permitido la adjudicación fraudulenta de contratos públicos, haciéndolo en base a intereses personales y económicos y sin tener en cuenta los principios rectores de la contratación pública».
En este sentido, la trama iría más allá de la adjudicación por más de dos millones de euros del contrato inicialmente investigado para la adquisición de mascarillas, guantes y otro material sanitario, ya que, según los autos, se habría servido de otras adjudicaciones de contratos de obras y servicios. Para ello, se observan indicios de una estructura formada por dos planos: el primero, una serie de cargos públicos que la habrían posibilitado y propiciado, beneficiándose también de la misma económica y personalmente; y el segundo, constituido por una serie de sociedades y empresarios que habrían participado de ella, bien como adjudicatarias de estos contratos, bien propiciando que otras empresas lo hicieran.
El juez tomará declaración de forma progresiva a un total de 33 empresarios o empleados vinculados con unas 25 empresas así como a otros diez cargos públicos y familiares, entre ellos, el expresidente de la Diputación de Almería Javier Aureliano García y los exvicespresidentes Fernando Giménez y Óscar Liria. En la larga lista se sitúa el actual diputado provincial y alcalde de Tíjola, José Juan Martínez.
Viajes bajo sospecha
Los nuevos informes elaborados por la UCO a raíz de su investigación ponen bajo la lupa algunos viajes desarrollados por el expresidente de la Diputación financiados con dinero público que, pese a su apariencia inicial, no se corresponderían con «ningún tipo de actividad profesional ni acto oficial» sino con viajes personales. En este sentido, los investigadores aportaron un informe en relación a un viaje a Madrid financiado por la Diputación cuyo coste se estima en 1.892,84 euros, que fue realizado entre el 26 y 27 de junio de 2025 por el expresidente y una empleada de la institución.
La «justificación aparente» para realizar este viaje era una reunión en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), de la que García ocupaba por entonces el cargo de Presidente de la Comisión de Presidentes de Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares. Los investigadores desarrollaron una labor de seguimiento del viaje y analizaron los movimientos de los involucrados para determinar que, durante los dos días de estancia en Madrid, ninguno «habría estado en ningún momento en la sede de la FEMP», toda vez que sí quedaron registradas estancias en hoteles, paseos por la ciudad y una cena en un restaurante.
Origen del Caso Mascarillas
La investigación nace de la adjudicación del contrato público de suministro de material sanitario por la Diputación Provincial de Almería a la empresa Azor Corporate Ibérica a través de un decreto firmado por Javier Aureliano García el 8 de abril de 2020 por 2.036.186,24 euros partiendo la propuesta de Fernando Giménez. Para el juez, «existen claros indicios de que tal contratación se produjo de forma ilícita», entre otros aspectos, ante el vínculo familiar entre Óscar Liria y el representante de la sociedad Kilian L. y ante la existencia de gestiones para la compra de material previas a la propia adjudicación del contrato.
La investigación abunda en las conversaciones telemáticas existentes entre los investigados, quienes mantenían un grupo de Whatsapp denominado ‘Naranjito’, relativas a estas contrataciones así como en las evidencias halladas durante la primera fase de la investigación, en la que se encontraron grades sumas de dinero en el domicilio de Óscar Liria y de sus padres sin que las explicaciones sobre su origen «resulten convincentes, ya que son vagas, imprecisas e carentes de apoyo documental».
El juez aparta a Vox del caso
El juez instructor del caso ha apartado definitivamente a Vox como acusación popular en la causa, a la que ha intentado reincorporarse pese a su desistimiento voluntario anterior. El magistrado considera que el partido perdió el derecho a formar parte de la causa desde el momento en el que decidió de forma voluntaria y unilateral retirarse del procedimiento, ya que lo contrario podría generar una inseguridad jurídica y dar lugar, incluso, a abusos procesales con posibles afecciones en la tramitación del caso.
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Álvaro Gayán Queralt
Aunque Vox se personó en el procedimiento tras una primera fase explotada en junio de 2021, cuando fue detenido el entonces vicepresidente tercero Óscar Liria a raíz de la compra de material sanitario ante la pandemia de covid-19, la formación renunció a sus acciones por petición propia. Tras la segunda fase de la operación, en 2025, la formación trasladó a través de sus portavoces la intención de volver a sumarse al procedimiento que investiga presuntos delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, fraude en la contratación pública y blanqueo de capitales, entre otros, con base en las actuaciones policiales practicadas hasta el momento.
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