La Unidad Central Operativa (UCO) investiga a Adif por la concesión de un contrato de balasto de 5,2 millones de euros en la línea del AVE Madrid-Sevilla que coincide de forma milimétrica con la contratación de Patricia Úriz, expareja de Koldo García . La proveedora de piedra Áridos Anfersa tuvo a Úriz en nómina durante el año exacto de vigencia del proyecto, que acabó anulado con un 0% de ejecución en la línea de alta velocidad. La vinculación económica entre la mercantil Áridos Anfersa SL y la expareja del que fuera asesor principal del exministro de Transportes José Luis Ábalos arrancó en julio de 2022 y finalizó en junio de 2023. El balasto es el tipo de roca que se coloca debajo de las vías para estabilizar el peso o drenar el agua en las vías del trazado Madrid y Sevilla, donde años después se produjo el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) que dejó 46 víctimas mortales el pasado 18 de enero, y la misma línea en la que el choque de dos trenes el pasado 28 de octubre en Urda (Toledo) se cobró la vida de 69 personas. El magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente , investiga un entramado de presuntas mordidas e irregularidades en la adjudicación de contratos públicos que salpica de lleno a la gestión del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif).Dentro de la causa abierta contra el exministro de Transportes José Luis Ábalos, su antiguo asesor Koldo García y el anterior secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, el juez instructor desgajó una pieza específica centrada en desenredar la red de comisiones que operó en obras públicas radicadas en Sevilla, Granada, Jaén y Almería .Contratos amañados a cambio de mordidasEn el centro de esta rama andaluza figuran los hermanos Daniel y Toño Fernández Menéndez , investigados por cohecho y organización criminal. Desde abril de 2021 hasta octubre de 2022, Toño fue cargo de confianza y persona muy cercana al anterior delegado del Gobierno en Andalucía y candidato socialista al Congreso por Granada, Pedro Fernández Peñalver. La tesis del juez instructor es que la constructora Obras Públicas y Regadíos (OPR), dirigida por Daniel Fernández, lograba adjudicaciones amañadas a cambio de comisiones, utilizando como intermediario a un antiguo directivo de Acciona en Navarra y La Rioja, Fernando Merino. En un atestado policial entregado al juez el pasado 3 de diciembre de 2025, la UCO ya sacó a la luz las estrechas conexiones societarias entre la proveedora de balasto Áridos Anfersa y la constructora OPR. Ambas entidades formalizaron la creación de la UTE Motril Sur el 22 de julio de 2022, solo dos semanas después de que Adif encomendara a la primera el suministro de piedra para la red ferroviaria del sur peninsular. En los días previos a la firma, el 4 de julio de 2022, Koldo García remitió al propietario de OPR la información personal y los datos de la cuenta bancaria de su esposa, logrando que apenas nueve días más tarde Áridos Anfersa tramitase su alta en el régimen general de la Seguridad Social. El instructor sospecha que las remuneraciones percibidas por Patricia Úriz se nutrieron de los fondos gestionados por la alianza de ambas empresas adjudicatarias.La empresa Áridos Anfersa no llegó a aportar ningún material en el año que estuvo vigente la adjudicación de AdifLa incorporación formal de Patricia Úriz a la plantilla de la compañía suministradora de material ferroviario se materializó el 13 de julio de 2022 , solo cuatro jornadas después de que la sociedad pública Adif formalizara el encargo destinado a acopiar 275.000 toneladas de balasto. Los registros financieros analizados por los especialistas en delitos económicos de la UCO constatan el abono de una primera nómina por valor de 796,77 euros el 3 de agosto de 2022, a la que siguieron transferencias mensuales periódicas de 1.300 euros que se prolongaron ininterrumpidamente desde el 2 de septiembre de ese año hasta el 2 de junio de 2023. Patricia Úriz cobró en total 13.796,77 euros durante el año que estuvo en nómina de la adjudicataria de Adif sin haber realizado «actividad laboral alguna» por lo menos de manera presencial, según concluyeron los agentes que investigaron los movimientos de Koldo García y su entorno familiar. Las «rutinas diarias» de la asalariada «se centraban en la localidad de Polop de la Marina, en Alicante», a más de 300 kilómetros de distancia de la sede de Áridos Anfersa, en la localidad granadina de Baza, especificó la UCO.Conexiones entre Acciona y la granadina OPREl fin de los pagos a Úriz coincide con la ruptura del contrato para el suministro de piedar al AVE. El 6 de junio de 2023, apenas cuatro días después del último ingreso a la asalariada, Adif inició la rescisión del expediente. La empresa alegaba que no podía asumir los precios fijados debido a la inflación de las materias primas. Los datos de la Plataforma de Contratación del Estado revelan qu e un año después de la firma, el grado de ejecución era del 0,00%. No se había entregado ni una sola tonelada de balasto. A esto se suma que competidores del sector ya habían impugnado la licitación denunciando que la piedra de la cantera elegida (El Parroso, en Sevilla) carecía de la homologación de calidad exigida por Adif.La UCO ultima un informe centrado en Acciona Construcciones como un actor recurrente en las operaciones bajo sospecha. La compañía concurrió a licitaciones de obras públicas mediante Uniones Temporales de Empresas (UTE) junto a algunas firmas de la trama como Servinabar 2000 o Levantina Ingeniería y Construcción (LIC). La Unidad Central Operativa (UCO) investiga a Adif por la concesión de un contrato de balasto de 5,2 millones de euros en la línea del AVE Madrid-Sevilla que coincide de forma milimétrica con la contratación de Patricia Úriz, expareja de Koldo García . La proveedora de piedra Áridos Anfersa tuvo a Úriz en nómina durante el año exacto de vigencia del proyecto, que acabó anulado con un 0% de ejecución en la línea de alta velocidad. La vinculación económica entre la mercantil Áridos Anfersa SL y la expareja del que fuera asesor principal del exministro de Transportes José Luis Ábalos arrancó en julio de 2022 y finalizó en junio de 2023. El balasto es el tipo de roca que se coloca debajo de las vías para estabilizar el peso o drenar el agua en las vías del trazado Madrid y Sevilla, donde años después se produjo el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) que dejó 46 víctimas mortales el pasado 18 de enero, y la misma línea en la que el choque de dos trenes el pasado 28 de octubre en Urda (Toledo) se cobró la vida de 69 personas. El magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente , investiga un entramado de presuntas mordidas e irregularidades en la adjudicación de contratos públicos que salpica de lleno a la gestión del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif).Dentro de la causa abierta contra el exministro de Transportes José Luis Ábalos, su antiguo asesor Koldo García y el anterior secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, el juez instructor desgajó una pieza específica centrada en desenredar la red de comisiones que operó en obras públicas radicadas en Sevilla, Granada, Jaén y Almería .Contratos amañados a cambio de mordidasEn el centro de esta rama andaluza figuran los hermanos Daniel y Toño Fernández Menéndez , investigados por cohecho y organización criminal. Desde abril de 2021 hasta octubre de 2022, Toño fue cargo de confianza y persona muy cercana al anterior delegado del Gobierno en Andalucía y candidato socialista al Congreso por Granada, Pedro Fernández Peñalver. La tesis del juez instructor es que la constructora Obras Públicas y Regadíos (OPR), dirigida por Daniel Fernández, lograba adjudicaciones amañadas a cambio de comisiones, utilizando como intermediario a un antiguo directivo de Acciona en Navarra y La Rioja, Fernando Merino. En un atestado policial entregado al juez el pasado 3 de diciembre de 2025, la UCO ya sacó a la luz las estrechas conexiones societarias entre la proveedora de balasto Áridos Anfersa y la constructora OPR. Ambas entidades formalizaron la creación de la UTE Motril Sur el 22 de julio de 2022, solo dos semanas después de que Adif encomendara a la primera el suministro de piedra para la red ferroviaria del sur peninsular. En los días previos a la firma, el 4 de julio de 2022, Koldo García remitió al propietario de OPR la información personal y los datos de la cuenta bancaria de su esposa, logrando que apenas nueve días más tarde Áridos Anfersa tramitase su alta en el régimen general de la Seguridad Social. El instructor sospecha que las remuneraciones percibidas por Patricia Úriz se nutrieron de los fondos gestionados por la alianza de ambas empresas adjudicatarias.La empresa Áridos Anfersa no llegó a aportar ningún material en el año que estuvo vigente la adjudicación de AdifLa incorporación formal de Patricia Úriz a la plantilla de la compañía suministradora de material ferroviario se materializó el 13 de julio de 2022 , solo cuatro jornadas después de que la sociedad pública Adif formalizara el encargo destinado a acopiar 275.000 toneladas de balasto. Los registros financieros analizados por los especialistas en delitos económicos de la UCO constatan el abono de una primera nómina por valor de 796,77 euros el 3 de agosto de 2022, a la que siguieron transferencias mensuales periódicas de 1.300 euros que se prolongaron ininterrumpidamente desde el 2 de septiembre de ese año hasta el 2 de junio de 2023. Patricia Úriz cobró en total 13.796,77 euros durante el año que estuvo en nómina de la adjudicataria de Adif sin haber realizado «actividad laboral alguna» por lo menos de manera presencial, según concluyeron los agentes que investigaron los movimientos de Koldo García y su entorno familiar. Las «rutinas diarias» de la asalariada «se centraban en la localidad de Polop de la Marina, en Alicante», a más de 300 kilómetros de distancia de la sede de Áridos Anfersa, en la localidad granadina de Baza, especificó la UCO.Conexiones entre Acciona y la granadina OPREl fin de los pagos a Úriz coincide con la ruptura del contrato para el suministro de piedar al AVE. El 6 de junio de 2023, apenas cuatro días después del último ingreso a la asalariada, Adif inició la rescisión del expediente. La empresa alegaba que no podía asumir los precios fijados debido a la inflación de las materias primas. Los datos de la Plataforma de Contratación del Estado revelan qu e un año después de la firma, el grado de ejecución era del 0,00%. No se había entregado ni una sola tonelada de balasto. A esto se suma que competidores del sector ya habían impugnado la licitación denunciando que la piedra de la cantera elegida (El Parroso, en Sevilla) carecía de la homologación de calidad exigida por Adif.La UCO ultima un informe centrado en Acciona Construcciones como un actor recurrente en las operaciones bajo sospecha. La compañía concurrió a licitaciones de obras públicas mediante Uniones Temporales de Empresas (UTE) junto a algunas firmas de la trama como Servinabar 2000 o Levantina Ingeniería y Construcción (LIC).
La Unidad Central Operativa (UCO) investiga a Adif por la concesión de un contrato de balasto de 5,2 millones de euros en la línea del AVE Madrid-Sevilla que coincide de forma milimétrica con la contratación de Patricia Úriz, expareja de Koldo García. … La proveedora de piedra Áridos Anfersa tuvo a Úriz en nómina durante el año exacto de vigencia del proyecto, que acabó anulado con un 0% de ejecución en la línea de alta velocidad. La vinculación económica entre la mercantil Áridos Anfersa SL y la expareja del que fuera asesor principal del exministro de Transportes José Luis Ábalos arrancó en julio de 2022 y finalizó en junio de 2023.
El balasto es el tipo de roca que se coloca debajo de las vías para estabilizar el peso o drenar el agua en las vías del trazado Madrid y Sevilla, donde años después se produjo el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) que dejó 46 víctimas mortales el pasado 18 de enero, y la misma línea en la que el choque de dos trenes el pasado 28 de octubre en Urda (Toledo) se cobró la vida de 69 personas. El magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, investiga un entramado de presuntas mordidas e irregularidades en la adjudicación de contratos públicos que salpica de lleno a la gestión del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif).
Dentro de la causa abierta contra el exministro de Transportes José Luis Ábalos, su antiguo asesor Koldo García y el anterior secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, el juez instructor desgajó una pieza específica centrada en desenredar la red de comisiones que operó en obras públicas radicadas en Sevilla, Granada, Jaén y Almería.
Contratos amañados a cambio de mordidas
En el centro de esta rama andaluza figuran los hermanos Daniel y Toño Fernández Menéndez, investigados por cohecho y organización criminal. Desde abril de 2021 hasta octubre de 2022, Toño fue cargo de confianza y persona muy cercana al anterior delegado del Gobierno en Andalucía y candidato socialista al Congreso por Granada, Pedro Fernández Peñalver.
La tesis del juez instructor es que la constructora Obras Públicas y Regadíos (OPR), dirigida por Daniel Fernández, lograba adjudicaciones amañadas a cambio de comisiones, utilizando como intermediario a un antiguo directivo de Acciona en Navarra y La Rioja, Fernando Merino.
En un atestado policial entregado al juez el pasado 3 de diciembre de 2025, la UCO ya sacó a la luz las estrechas conexiones societarias entre la proveedora de balasto Áridos Anfersa y la constructora OPR. Ambas entidades formalizaron la creación de la UTE Motril Sur el 22 de julio de 2022, solo dos semanas después de que Adif encomendara a la primera el suministro de piedra para la red ferroviaria del sur peninsular. En los días previos a la firma, el 4 de julio de 2022, Koldo García remitió al propietario de OPR la información personal y los datos de la cuenta bancaria de su esposa, logrando que apenas nueve días más tarde Áridos Anfersa tramitase su alta en el régimen general de la Seguridad Social. El instructor sospecha que las remuneraciones percibidas por Patricia Úriz se nutrieron de los fondos gestionados por la alianza de ambas empresas adjudicatarias.
La empresa Áridos Anfersa no llegó a aportar ningún material en el año que estuvo vigente la adjudicación de Adif
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La incorporación formal de Patricia Úriz a la plantilla de la compañía suministradora de material ferroviario se materializó el 13 de julio de 2022, solo cuatro jornadas después de que la sociedad pública Adif formalizara el encargo destinado a acopiar 275.000 toneladas de balasto. Los registros financieros analizados por los especialistas en delitos económicos de la UCO constatan el abono de una primera nómina por valor de 796,77 euros el 3 de agosto de 2022, a la que siguieron transferencias mensuales periódicas de 1.300 euros que se prolongaron ininterrumpidamente desde el 2 de septiembre de ese año hasta el 2 de junio de 2023.
Patricia Úriz cobró en total 13.796,77 euros durante el año que estuvo en nómina de la adjudicataria de Adif sin haber realizado «actividad laboral alguna» por lo menos de manera presencial, según concluyeron los agentes que investigaron los movimientos de Koldo García y su entorno familiar. Las «rutinas diarias» de la asalariada «se centraban en la localidad de Polop de la Marina, en Alicante», a más de 300 kilómetros de distancia de la sede de Áridos Anfersa, en la localidad granadina de Baza, especificó la UCO.
Conexiones entre Acciona y la granadina OPR
El fin de los pagos a Úriz coincide con la ruptura del contrato para el suministro de piedar al AVE. El 6 de junio de 2023, apenas cuatro días después del último ingreso a la asalariada, Adif inició la rescisión del expediente. La empresa alegaba que no podía asumir los precios fijados debido a la inflación de las materias primas. Los datos de la Plataforma de Contratación del Estado revelan que un año después de la firma, el grado de ejecución era del 0,00%. No se había entregado ni una sola tonelada de balasto. A esto se suma que competidores del sector ya habían impugnado la licitación denunciando que la piedra de la cantera elegida (El Parroso, en Sevilla) carecía de la homologación de calidad exigida por Adif.
La UCO ultima un informe centrado en Acciona Construcciones como un actor recurrente en las operaciones bajo sospecha. La compañía concurrió a licitaciones de obras públicas mediante Uniones Temporales de Empresas (UTE) junto a algunas firmas de la trama como Servinabar 2000 o Levantina Ingeniería y Construcción (LIC).
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