La Unión de Ahorro e Inversiones (SIU, por sus siglas en inglés) se presenta a menudo como un gran proyecto europeo, y lo es Leer La Unión de Ahorro e Inversiones (SIU, por sus siglas en inglés) se presenta a menudo como un gran proyecto europeo, y lo es Leer
En realidad, la SIU no deja de ser el nuevo paraguas político bajo el que la UE ha reagrupado dos ambiciones de largo recorrido: la Unión de los Mercados de Capitales y la Unión Bancaria. Pero hay un riesgo evidente en ese planteamiento: pensar que su éxito dependerá únicamente de Bruselas. No será así. La SIU solo avanzará si los estados miembros asumen su parte de responsabilidad y acometen reformas nacionales de calado.
La razón es sencilla. Buena parte de los obstáculos que frenan el desarrollo de los mercados financieros europeos no se encuentra solo en la regulación europea o en la fragmentación del mercado interior, sino también en ámbitos que siguen siendo competencia nacional.
La primera gran tarea nacional consiste en reforzar la participación de los inversores minoristas en los mercados financieros. Hoy, la estructura patrimonial de los hogares europeos refleja una asignación del ahorro poco favorable al desarrollo de los mercados de capitales. En la UE, la riqueza de los hogares está fuertemente concentrada en el sector inmobiliario: de media, algo menos del 70% del patrimonio se encuentra en activos inmobiliarios. Centrándonos en la riqueza financiera, más del 30% se mantiene en efectivo y depósitos, frente a porcentajes ligeramente superiores al 10% en EEUU.
Esto no es una mera curiosidad estadística. Tiene consecuencias económicas profundas. Un exceso de ahorro inmovilizado en vivienda, efectivo o depósitos limita la capacidad de los mercados para canalizar recursos hacia proyectos empresariales innovadores y hacia activos de mayor rentabilidad a largo plazo. También reduce las oportunidades de diversificación de los hogares y, en muchos casos, merma su capacidad de preservar poder adquisitivo en entornos de inflación.
Una de las explicaciones de esto está en la educación financiera. En la UE, los niveles son muy heterogéneos, y no es casualidad que los países con mejores resultados en este ámbito, como Países Bajos o Suecia, sean también aquellos en los que la participación minorista en los mercados financieros es mayor. España, sin embargo, aparece en la parte baja de la clasificación europea, solo por delante de Chipre, Portugal y Rumanía, según el Eurobarómetro de 2023.
Mejorar la educación financiera no resolverá por sí solo el problema, pero es una condición necesaria. Sin una ciudadanía capaz de entender mínimamente el binomio rentabilidad-riesgo, la diversificación o el horizonte temporal de la inversión, será difícil movilizar el ahorro hacia instrumentos más productivos.
Ahora bien, además de formar mejor, hay que ofrecer vehículos adecuados. Es clave la introducción de cuentas de ahorro e inversión simples, líquidas, sin restricciones geográficas innecesarias y con incentivos fiscales. Aquí la comparación entre países europeos es muy reveladora.
Francia, Italia y Suecia cuentan con instrumentos específicos de ahorro e inversión, pero sus resultados distan mucho entre sí. La cuenta sueca, la ISK, destaca por su sencillez, por su tratamiento fiscal claro, por no imponer restricciones geográficas a la inversión y por no penalizar la liquidez. El resultado es elocuente: este instrumento concentra un volumen de activos cercano al 30% del PIB sueco. En cambio, el PEA francés y el PIR italiano muestran cifras mucho menores -alrededor del 3,5% y del 0,8% del PIB, respectivamente- en parte porque incorporan restricciones geográficas, limitaciones de liquidez y mayor complejidad burocrática.
La Comisión Europea ya ha recomendado avanzar en esta dirección. Pero ahora la responsabilidad recae en los Estados miembros. Si van a crear o rediseñar estas cuentas, convendría que lo hicieran mirando a lo que ha funcionado, y no reproduciendo esquemas rígidos, complejos o excesivamente dirigistas.
Otra gran reforma nacional afecta a los inversores institucionales. En la UE seguimos dependiendo demasiado del pilar 1, es decir, de las pensiones públicas, y demasiado poco del pilar 2, el de las pensiones ocupacionales. Sin embargo, los países en los que este segundo pilar tiene más peso -como Países Bajos, Dinamarca o Suecia- no solo han desarrollado mejor sus mercados de capitales, sino que también han aliviado presión sobre las cuentas públicas y han generado una base estable de financiación a largo plazo para empresas y proyectos innovadores.
Por eso, abrir el debate sobre la incorporación progresiva de sistemas en los que los trabajadores queden adscritos por defecto a planes de pensiones de empleo con libertad para abandonarlos (el conocido auto-enrolment), junto con incentivos fiscales adecuados, debería ser una prioridad en muchos Estados miembros, incluida España. No se trata de sustituir el sistema público, que debe continuar siendo la columna vertebral, sino de complementarlo mejor.
Todo ello no resta importancia a la dimensión europea. Al contrario: la hace más necesaria. La SIU exige también profundizar en el mercado interior y reducir una fragmentación que sigue impidiendo aprovechar economías de escala. Esto es visible en la banca, donde el nacionalismo económico sigue obstaculizando algunas operaciones transfronterizas relevantes. Pero también en la industria de gestión de activos. Los fondos de inversión europeos son, de media, mucho más pequeños y más caros que los estadounidenses. Según EFAMA, su tamaño medio ronda los 400 millones de euros, frente a 2.700 millones en Estados Unidos, mientras que sus comisiones son 0,4 puntos porcentuales más elevadas. Ese menor tamaño limita la eficiencia y encarece el acceso del ahorrador a los mercados. Ese menor tamaño limita la eficiencia y encarece el acceso del ahorrador a los mercados.
Junto al mercado interior, está la cuestión regulatoria. Es cierto que el sistema financiero europeo, y en particular el bancario, se encuentra hoy en una situación mucho más sólida que en la crisis de deuda soberana del euro. La rentabilidad ha mejorado, los niveles de solvencia son robustos, la liquidez es elevada y la morosidad ha caído de forma sustancial. Pero por eso es el momento adecuado para revisar si el marco regulatorio sigue siendo proporcionado y eficiente.
La UE arrastra, en este terreno, una paradoja conocida: la necesidad de armonizar entre 27 jurisdicciones ha llevado a una enorme densidad normativa, con un desarrollo particularmente prolijo en los niveles técnicos 2 y 3, pero también con una sobreespecificación en la legislación de nivel 1. Frente a otras jurisdicciones, donde algunas cuestiones se dejan con mayor flexibilidad al supervisor, en la UE tendemos a regular con un grado de detalle que a menudo dificulta la adaptación, incrementa costes y acaba penalizando la competitividad.
Por eso, avanzar en la SIU también exige racionalizar la producción normativa, eliminar estándares técnicos innecesarios, reforzar las evaluaciones de impacto y abrir un debate serio sobre la gobernanza institucional. La estabilidad financiera y la protección del inversor deben seguir siendo irrenunciables. Pero eso no impide considerar si las autoridades regulatorias y supervisoras deberían incorporar también un mandato secundario de competitividad.
La conclusión es clara. La SIU no es solo una responsabilidad europea. Es, sobre todo, una responsabilidad compartida.
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