La Fundación Universidad Empresa de la Provincia de Cádiz (Fueca), ahora denominada FundUCA, no tendrá que devolver a la Junta de Andalucía una subvención excepcional de 20.230.626,57 euros que le concedió en 2011 el entonces consejero de Empleo de la Junta de Andalucía, Manuel Recio (PSOE), para impartir cursos de formación a extrabajadores de la multinacional Delphi que se quedaron en la calle tras el cierre de su factoría de Puerto Real (Cádiz). El Consejo Consultivo de Andalucía ha dado carpetazo al procedimiento de revisión de oficio que el 20 de junio de 2025 emprendió la actual Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo para declarar nula la resolución del consejero y presidente del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) con el objetivo de tramitar un expediente de reintegro de la cantidad indebidamente percibida. El órgano consultivo basa su archivo en dos motivos. El primero es la prescripción del expediente por el «excesivo plazo transcurrido» desde que los tribunales consideró ilegal el uso que se hizo de los fondos públicos (en 202) hasta que la Administración inició la revisión de esta subvención. El segundo está relacionado con el principio de seguridad jurídica, que obliga a ponderar la anulación de actos y de sus efectos cuando es contraria a la buena fe, a la equidad o al derecho de los particulares. La ponencia elaborada por la presidenta del Consultivo, María Jesús Gallardo , que ha sido aprobada por la mayoría del Pleno, dictamina de forma desfavorable la anulación de la subvención concedida el 10 de mayo de 2011 por el consejero nombrado por el Gobierno del PSOE.Noticia relacionada No No El juez mantiene procesados a siete ex altos cargos socialistas del Junta en una pieza de los ERE J. J. MadueñoLa Fueca, organización sin ánimo de lucro participada por la Universidad de Cádiz (UCA), utilizó la subvención autonómica para dar de alta en la Seguridad Social a medio millar de personas como si fueran trabajadores cuando, en realidad, eran alumnos de cursos de formación. Años después, la Inspección de Trabajo concluyó que las contrataciones no respondían a la prestación real de un servicio retribuido sino que eran ficticias o «simuladas». Las subvenciones se emplearon en dar de alta a alumnos en formación como si fueran auténticos trabajadoresEl único propósito de las mismas era justificar las ayudas y dar apariencia de legalidad a una relación laboral que no existía y que incrementó artificialmente la base de cotización de los asalariados, según determinaron dos sentencias del Juzgado de lo Social de Cádiz de septiembre y octubre de 2017, confirmadas en 2020 por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). En 2025, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) reclamó más de seis millones de euros a la fundación por la grave infracción cometida a la Seguridad Social.Informe de la Asesoría JurídicaAmparándose en la fundamentación fáctica y jurídica y el fallo de las referidas sentencias, una vez adquirida su firmeza, la Asesoría Jurídica de la Consejería de Empleo emitió un informe favorable al procedimiento de revisión de oficio de la ayuda millonaria. Para el Consultivo, tenía motivos para anular la subvención porque los fines de la fundación de la UCA «no guardan relación alguna con los sectores productivos a los que se hace referencia en la resolución» de 2011 «ni cabe la posibilidad de dar cumplimiento a la obligación de creación de empleo mediante la formalización de contratos de obra y servicio». El dictamen preceptivo entierra la vía administrativa iniciada por la Junta para intentar recuperar estos fondos públicos defraudados, pero queda abierto un proceso penal que, una vez que se juzgue, puede obligar a los responsables a hacer frente al pago de indemnizaciones.Tres procesados por malversaciónEl Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla procesó en 2025 al exconsejero Manuel Recio , al exrector de la Universidad de Cádiz Diego Sales y al representante legal de la fundación Fueca, Sebastián S. G. por presuntos delitos de prevaricación, malversación y fraude de subvenciones en una investigación que se centra en «la ficticia contratación laboral de los alumnos, extrabajadores» de la multinacional clausurada.En contra de la decisión mayoritaria la consejera del Consultivo María Luisa Roca emitió un voto particular alegando que la entidad sí podía realizar los cursos de formación y que cumplió lo acordado pese la «ficción jurídica» de los contratos laborales.Gracias a estas ayudas puestas en marcha por el Gobierno andaluz, los participantes disfrutaron de un contrato laboral por el que cobraron 1.272 euros brutos mensuales en 12 pagas mientras realizaban cursos de comunicación audiovisual y nuevas tecnologías para facilitar su reinserción laboral. A las puertas de las elecciones municipales de 2007, el que fuera presidente andaluz, el socialista Manuel Chaves, prometió a los empleados que no los dejaría «tirados» y diseñó para ellos un plan de ayudas que ha costado más de 250 millones, a razón de 130.000 euros de media por trabajador. Aparte de la Fueca, otras empresas recibieron ayudas de la Junta para dar formación a extrabajadores de Delphi como son Forja XXI, Sagrada Familia, AEA, Humanitas, Innova, Inteca y Natura. La Fundación Universidad Empresa de la Provincia de Cádiz (Fueca), ahora denominada FundUCA, no tendrá que devolver a la Junta de Andalucía una subvención excepcional de 20.230.626,57 euros que le concedió en 2011 el entonces consejero de Empleo de la Junta de Andalucía, Manuel Recio (PSOE), para impartir cursos de formación a extrabajadores de la multinacional Delphi que se quedaron en la calle tras el cierre de su factoría de Puerto Real (Cádiz). El Consejo Consultivo de Andalucía ha dado carpetazo al procedimiento de revisión de oficio que el 20 de junio de 2025 emprendió la actual Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo para declarar nula la resolución del consejero y presidente del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) con el objetivo de tramitar un expediente de reintegro de la cantidad indebidamente percibida. El órgano consultivo basa su archivo en dos motivos. El primero es la prescripción del expediente por el «excesivo plazo transcurrido» desde que los tribunales consideró ilegal el uso que se hizo de los fondos públicos (en 202) hasta que la Administración inició la revisión de esta subvención. El segundo está relacionado con el principio de seguridad jurídica, que obliga a ponderar la anulación de actos y de sus efectos cuando es contraria a la buena fe, a la equidad o al derecho de los particulares. La ponencia elaborada por la presidenta del Consultivo, María Jesús Gallardo , que ha sido aprobada por la mayoría del Pleno, dictamina de forma desfavorable la anulación de la subvención concedida el 10 de mayo de 2011 por el consejero nombrado por el Gobierno del PSOE.Noticia relacionada No No El juez mantiene procesados a siete ex altos cargos socialistas del Junta en una pieza de los ERE J. J. MadueñoLa Fueca, organización sin ánimo de lucro participada por la Universidad de Cádiz (UCA), utilizó la subvención autonómica para dar de alta en la Seguridad Social a medio millar de personas como si fueran trabajadores cuando, en realidad, eran alumnos de cursos de formación. Años después, la Inspección de Trabajo concluyó que las contrataciones no respondían a la prestación real de un servicio retribuido sino que eran ficticias o «simuladas». Las subvenciones se emplearon en dar de alta a alumnos en formación como si fueran auténticos trabajadoresEl único propósito de las mismas era justificar las ayudas y dar apariencia de legalidad a una relación laboral que no existía y que incrementó artificialmente la base de cotización de los asalariados, según determinaron dos sentencias del Juzgado de lo Social de Cádiz de septiembre y octubre de 2017, confirmadas en 2020 por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). En 2025, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) reclamó más de seis millones de euros a la fundación por la grave infracción cometida a la Seguridad Social.Informe de la Asesoría JurídicaAmparándose en la fundamentación fáctica y jurídica y el fallo de las referidas sentencias, una vez adquirida su firmeza, la Asesoría Jurídica de la Consejería de Empleo emitió un informe favorable al procedimiento de revisión de oficio de la ayuda millonaria. Para el Consultivo, tenía motivos para anular la subvención porque los fines de la fundación de la UCA «no guardan relación alguna con los sectores productivos a los que se hace referencia en la resolución» de 2011 «ni cabe la posibilidad de dar cumplimiento a la obligación de creación de empleo mediante la formalización de contratos de obra y servicio». El dictamen preceptivo entierra la vía administrativa iniciada por la Junta para intentar recuperar estos fondos públicos defraudados, pero queda abierto un proceso penal que, una vez que se juzgue, puede obligar a los responsables a hacer frente al pago de indemnizaciones.Tres procesados por malversaciónEl Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla procesó en 2025 al exconsejero Manuel Recio , al exrector de la Universidad de Cádiz Diego Sales y al representante legal de la fundación Fueca, Sebastián S. G. por presuntos delitos de prevaricación, malversación y fraude de subvenciones en una investigación que se centra en «la ficticia contratación laboral de los alumnos, extrabajadores» de la multinacional clausurada.En contra de la decisión mayoritaria la consejera del Consultivo María Luisa Roca emitió un voto particular alegando que la entidad sí podía realizar los cursos de formación y que cumplió lo acordado pese la «ficción jurídica» de los contratos laborales.Gracias a estas ayudas puestas en marcha por el Gobierno andaluz, los participantes disfrutaron de un contrato laboral por el que cobraron 1.272 euros brutos mensuales en 12 pagas mientras realizaban cursos de comunicación audiovisual y nuevas tecnologías para facilitar su reinserción laboral. A las puertas de las elecciones municipales de 2007, el que fuera presidente andaluz, el socialista Manuel Chaves, prometió a los empleados que no los dejaría «tirados» y diseñó para ellos un plan de ayudas que ha costado más de 250 millones, a razón de 130.000 euros de media por trabajador. Aparte de la Fueca, otras empresas recibieron ayudas de la Junta para dar formación a extrabajadores de Delphi como son Forja XXI, Sagrada Familia, AEA, Humanitas, Innova, Inteca y Natura.
La Fundación Universidad Empresa de la Provincia de Cádiz (Fueca), ahora denominada FundUCA, no tendrá que devolver a la Junta de Andalucía una subvención excepcional de 20.230.626,57 euros que le concedió en 2011 el entonces consejero de Empleo de la Junta de … Andalucía, Manuel Recio (PSOE), para impartir cursos de formación a extrabajadores de la multinacional Delphi que se quedaron en la calle tras el cierre de su factoría de Puerto Real (Cádiz).
El Consejo Consultivo de Andalucía ha dado carpetazo al procedimiento de revisión de oficio que el 20 de junio de 2025 emprendió la actual Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo para declarar nula la resolución del consejero y presidente del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) con el objetivo de tramitar un expediente de reintegro de la cantidad indebidamente percibida.
El órgano consultivo basa su archivo en dos motivos. El primero es la prescripción del expediente por el «excesivo plazo transcurrido» desde que los tribunales consideró ilegal el uso que se hizo de los fondos públicos (en 202) hasta que la Administración inició la revisión de esta subvención. El segundo está relacionado con el principio de seguridad jurídica, que obliga a ponderar la anulación de actos y de sus efectos cuando es contraria a la buena fe, a la equidad o al derecho de los particulares.
La ponencia elaborada por la presidenta del Consultivo, María Jesús Gallardo, que ha sido aprobada por la mayoría del Pleno, dictamina de forma desfavorable la anulación de la subvención concedida el 10 de mayo de 2011 por el consejero nombrado por el Gobierno del PSOE.
La Fueca, organización sin ánimo de lucro participada por la Universidad de Cádiz (UCA), utilizó la subvención autonómica para dar de alta en la Seguridad Social a medio millar de personas como si fueran trabajadores cuando, en realidad, eran alumnos de cursos de formación. Años después, la Inspección de Trabajo concluyó que las contrataciones no respondían a la prestación real de un servicio retribuido sino que eran ficticias o «simuladas».
Las subvenciones se emplearon en dar de alta a alumnos en formación como si fueran auténticos trabajadores
El único propósito de las mismas era justificar las ayudas y dar apariencia de legalidad a una relación laboral que no existía y que incrementó artificialmente la base de cotización de los asalariados, según determinaron dos sentencias del Juzgado de lo Social de Cádiz de septiembre y octubre de 2017, confirmadas en 2020 por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). En 2025, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) reclamó más de seis millones de euros a la fundación por la grave infracción cometida a la Seguridad Social.
Informe de la Asesoría Jurídica
Amparándose en la fundamentación fáctica y jurídica y el fallo de las referidas sentencias, una vez adquirida su firmeza, la Asesoría Jurídica de la Consejería de Empleo emitió un informe favorable al procedimiento de revisión de oficio de la ayuda millonaria. Para el Consultivo, tenía motivos para anular la subvención porque los fines de la fundación de la UCA «no guardan relación alguna con los sectores productivos a los que se hace referencia en la resolución» de 2011 «ni cabe la posibilidad de dar cumplimiento a la obligación de creación de empleo mediante la formalización de contratos de obra y servicio».
El dictamen preceptivo entierra la vía administrativa iniciada por la Junta para intentar recuperar estos fondos públicos defraudados, pero queda abierto un proceso penal que, una vez que se juzgue, puede obligar a los responsables a hacer frente al pago de indemnizaciones.
Tres procesados por malversación
El Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla procesó en 2025 al exconsejero Manuel Recio, al exrector de la Universidad de Cádiz Diego Sales y al representante legal de la fundación Fueca, Sebastián S. G. por presuntos delitos de prevaricación, malversación y fraude de subvenciones en una investigación que se centra en «la ficticia contratación laboral de los alumnos, extrabajadores» de la multinacional clausurada.
En contra de la decisión mayoritaria la consejera del Consultivo María Luisa Roca emitió un voto particular alegando que la entidad sí podía realizar los cursos de formación y que cumplió lo acordado pese la «ficción jurídica» de los contratos laborales.
Gracias a estas ayudas puestas en marcha por el Gobierno andaluz, los participantes disfrutaron de un contrato laboral por el que cobraron 1.272 euros brutos mensuales en 12 pagas mientras realizaban cursos de comunicación audiovisual y nuevas tecnologías para facilitar su reinserción laboral.
A las puertas de las elecciones municipales de 2007, el que fuera presidente andaluz, el socialista Manuel Chaves, prometió a los empleados que no los dejaría «tirados» y diseñó para ellos un plan de ayudas que ha costado más de 250 millones, a razón de 130.000 euros de media por trabajador. Aparte de la Fueca, otras empresas recibieron ayudas de la Junta para dar formación a extrabajadores de Delphi como son Forja XXI, Sagrada Familia, AEA, Humanitas, Innova, Inteca y Natura.
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