En la víspera de un nuevo encuentro entre Mónica García y los consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial que tendrá lugar este viernes, las autonomías vuelven a unirse por el Estatuto Marco. Todas las regiones han acordado un decálogo que han hecho llegar al Ministerio de Sanidad en el que, entre otras cosas, exigen a la ministra que busque el consenso necesario para reformar el Estatuto Marco y tenga en cuenta a las comunidades para hacerlo. El posicionamiento, suscrito por directores generales de las consejerías de Sanidad de las 17 autonomías, manifiesta la necesidad de reformar el Estatuto Marco, pero exigen que esa reforma conlleve «amplios consensos institucionales y profesionales» para garantizar su viabilidad. Actualmente, el proyecto no cuenta con el respaldo de los médicos, que en los últimos meses han llevado a cabo una huelga indefinida contra la norma y prevén continuar en otoño si el Gobierno no rectifica. Las autonomías insisten además en su «papel esencial» en esa reforma, pues son ellas las que tienen las competencias de los distintos servicios sanitarios del territorio. «Son quienes asumen materialmente el impacto organizativo, presupuestario y asistencial derivado de cualquier modificación», sostiene el texto, que resalta la necesidad de valorar desde la perspectiva autonómica cualquier cambio. Noticia relacionada general No No Excompañeros de la ministra de Sanidad: «La Mónica García de hace 5 años haría huelga contra las guardias» Elena CalvoEn esta línea, lamentan que las modificaciones se hayan incorporado a la norma tras negociar solo con los sindicatos y no hayan tenido en cuenta a las autonomías, que son las que pueden valorar el impacto de las medidas en el sistema sanitario. Ven necesario que se realice un análisis sobre la viabilidad operativa, las necesidades de personal y los recursos económicos necesarios para su implementación. Una memoria económicaAdemás, exigen también las autonomías la elaboración de una memoria económica «completa, rigurosa y contrastada» que identifique los costes asociados a cada una de las medidas. Piden participar en la elaboración de ese documento. Denuncian además los representantes de las regiones que el proceso de reforma del Estatuto Marco llevado a cabo por el Ministerio de Sanidad no ha contado con la participación necesaria de los órganos de coordinación del sistema, como la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, compuesta por comunidades autónomas y ministerio. LealtadTambién critican que en la modificación propuesta por Sanidad no se haya llevado a cabo una evaluación técnica suficiente para valorar el impacto que los cambios pueden suponer en el sistema sanitario. «Las decisiones relativas a jornada, descansos, guardias, clasificación profesional, retribuciones complementarias, dedicación o planificación de efectivos requieren necesariamente un análisis previo de su repercusión sobre la continuidad asistencial, la disponibilidad de profesionales y la capacidad organizativa de los distintos servicios de salud», destaca el texto. Insisten en que la gobernanza del sistema nacional de salud debe basarse en los principios de cooperación, colaboración y lealtad institucional entre todas las administraciones implicadas y tienden la mano a trabajar junto al ministerio para lograr el mayor consenso. En la víspera de un nuevo encuentro entre Mónica García y los consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial que tendrá lugar este viernes, las autonomías vuelven a unirse por el Estatuto Marco. Todas las regiones han acordado un decálogo que han hecho llegar al Ministerio de Sanidad en el que, entre otras cosas, exigen a la ministra que busque el consenso necesario para reformar el Estatuto Marco y tenga en cuenta a las comunidades para hacerlo. El posicionamiento, suscrito por directores generales de las consejerías de Sanidad de las 17 autonomías, manifiesta la necesidad de reformar el Estatuto Marco, pero exigen que esa reforma conlleve «amplios consensos institucionales y profesionales» para garantizar su viabilidad. Actualmente, el proyecto no cuenta con el respaldo de los médicos, que en los últimos meses han llevado a cabo una huelga indefinida contra la norma y prevén continuar en otoño si el Gobierno no rectifica. Las autonomías insisten además en su «papel esencial» en esa reforma, pues son ellas las que tienen las competencias de los distintos servicios sanitarios del territorio. «Son quienes asumen materialmente el impacto organizativo, presupuestario y asistencial derivado de cualquier modificación», sostiene el texto, que resalta la necesidad de valorar desde la perspectiva autonómica cualquier cambio. Noticia relacionada general No No Excompañeros de la ministra de Sanidad: «La Mónica García de hace 5 años haría huelga contra las guardias» Elena CalvoEn esta línea, lamentan que las modificaciones se hayan incorporado a la norma tras negociar solo con los sindicatos y no hayan tenido en cuenta a las autonomías, que son las que pueden valorar el impacto de las medidas en el sistema sanitario. Ven necesario que se realice un análisis sobre la viabilidad operativa, las necesidades de personal y los recursos económicos necesarios para su implementación. Una memoria económicaAdemás, exigen también las autonomías la elaboración de una memoria económica «completa, rigurosa y contrastada» que identifique los costes asociados a cada una de las medidas. Piden participar en la elaboración de ese documento. Denuncian además los representantes de las regiones que el proceso de reforma del Estatuto Marco llevado a cabo por el Ministerio de Sanidad no ha contado con la participación necesaria de los órganos de coordinación del sistema, como la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, compuesta por comunidades autónomas y ministerio. LealtadTambién critican que en la modificación propuesta por Sanidad no se haya llevado a cabo una evaluación técnica suficiente para valorar el impacto que los cambios pueden suponer en el sistema sanitario. «Las decisiones relativas a jornada, descansos, guardias, clasificación profesional, retribuciones complementarias, dedicación o planificación de efectivos requieren necesariamente un análisis previo de su repercusión sobre la continuidad asistencial, la disponibilidad de profesionales y la capacidad organizativa de los distintos servicios de salud», destaca el texto. Insisten en que la gobernanza del sistema nacional de salud debe basarse en los principios de cooperación, colaboración y lealtad institucional entre todas las administraciones implicadas y tienden la mano a trabajar junto al ministerio para lograr el mayor consenso.
En la víspera de un nuevo encuentro entre Mónica García y los consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial que tendrá lugar este viernes, las autonomías vuelven a unirse por el Estatuto Marco. Todas las regiones han acordado un decálogo … que han hecho llegar al Ministerio de Sanidad en el que, entre otras cosas, exigen a la ministra que busque el consenso necesario para reformar el Estatuto Marco y tenga en cuenta a las comunidades para hacerlo.
El posicionamiento, suscrito por directores generales de las consejerías de Sanidad de las 17 autonomías, manifiesta la necesidad de reformar el Estatuto Marco, pero exigen que esa reforma conlleve «amplios consensos institucionales y profesionales» para garantizar su viabilidad. Actualmente, el proyecto no cuenta con el respaldo de los médicos, que en los últimos meses han llevado a cabo una huelga indefinida contra la norma y prevén continuar en otoño si el Gobierno no rectifica.
Las autonomías insisten además en su «papel esencial» en esa reforma, pues son ellas las que tienen las competencias de los distintos servicios sanitarios del territorio. «Son quienes asumen materialmente el impacto organizativo, presupuestario y asistencial derivado de cualquier modificación», sostiene el texto, que resalta la necesidad de valorar desde la perspectiva autonómica cualquier cambio.
Noticia relacionada
En esta línea, lamentan que las modificaciones se hayan incorporado a la norma tras negociar solo con los sindicatos y no hayan tenido en cuenta a las autonomías, que son las que pueden valorar el impacto de las medidas en el sistema sanitario. Ven necesario que se realice un análisis sobre la viabilidad operativa, las necesidades de personal y los recursos económicos necesarios para su implementación.
Una memoria económica
Además, exigen también las autonomías la elaboración de una memoria económica «completa, rigurosa y contrastada» que identifique los costes asociados a cada una de las medidas. Piden participar en la elaboración de ese documento.
Denuncian además los representantes de las regiones que el proceso de reforma del Estatuto Marco llevado a cabo por el Ministerio de Sanidad no ha contado con la participación necesaria de los órganos de coordinación del sistema, como la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, compuesta por comunidades autónomas y ministerio.
Lealtad
También critican que en la modificación propuesta por Sanidad no se haya llevado a cabo una evaluación técnica suficiente para valorar el impacto que los cambios pueden suponer en el sistema sanitario. «Las decisiones relativas a jornada, descansos, guardias, clasificación profesional, retribuciones complementarias, dedicación o planificación de efectivos requieren necesariamente un análisis previo de su repercusión sobre la continuidad asistencial, la disponibilidad de profesionales y la capacidad organizativa de los distintos servicios de salud», destaca el texto.
Insisten en que la gobernanza del sistema nacional de salud debe basarse en los principios de cooperación, colaboración y lealtad institucional entre todas las administraciones implicadas y tienden la mano a trabajar junto al ministerio para lograr el mayor consenso.
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