El contraste resulta más que evidente. En 1992, los comercios ardían en Los Ángeles, literalmente. Hoy, según la alcaldesa Karen Bass, empiezan a verse en ellos estanterías vacías porque no hay trabajadores dispuestos a reponer los productos o a distribuirlos.
Más de un millón de indocumentados se esconden y dejan de ir a sus trabajos
El contraste resulta más que evidente. En 1992, los comercios ardían en Los Ángeles, literalmente. Hoy, según la alcaldesa Karen Bass, empiezan a verse en ellos estanterías vacías porque no hay trabajadores dispuestos a reponer los productos o a distribuirlos.
Esa labor la asumen de forma habitual inmigrantes indocumentados que ahora se esconden temerosos de ser deportados por las operaciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), apoyados por los miembros de la Guardia Nacional y los Marines.
Una mayoría de estadounidenses se opone al despliegue militar contra los manifestantes
Las redadas en explotaciones agrarias –cerca de un centenar de detenidos el martes en plantas de procesamiento de alimentos en Omaha (Nebraska)–, restaurantes, empresas textiles u obras en construcción han provocado que más de un millón de trabajadores no estadounidenses hayan “desaparecido” en los dos últimos meses, tal como consta en los datos del Departamento de Trabajo (DOL).
Por mucho que los políticos conservadores –azuzados por un presidente Trump que describe un país invadido por delincuentes–, establezcan paralelismos entre lo que ocurrió hace tres décadas en esta ciudad, aquel levantamiento popular después de la brutal paliza que la policía propinó al afroamericano Rodney King y las actuales protestas contra la caza de indocumentados no son comparables.
Se puede decir eso de que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.
En aquella ocasión, el gobernador solicitó el despliegue de los militares. Esta vez ha sido el presidente Trump, saltándose las competencias del gobernador de California, quien ha tomado la decisión unilateral, algo que no ocurría desde 1965.
En contraste con las escaramuzas aisladas de ahora, solo en una pequeña zona del centro de la ciudad se registró en 1992 una destrucción masiva, con zonas de la metrópoli que se asemejaban a una distopía sin ley, con saqueos y destrucción. Los edificios parecían antorchas.
Según diversas informaciones, los vecinos de la ciudad californiana consideran de forma mayoritaria que Trump ha exagerado la amenaza de las protestas acorde con una agenda política. El gobernador Gavin Newsom afirmó en su intervención pública que el presidente “ha agravado la situación al elegir la teatralidad por encima de la seguridad”.
En todo EE.UU., los ciudadanos que desaprueban el despliegue militar en Los Ángeles superan a los que lo apoyan, según una encuesta de Economist/YouGov. El 56% señaló que son las autoridades estatales y locales las que deberían manejar la respuesta ante tal situación. El sondeó lo realizó la misma empresa a la que tanto crédito concedió la Casa Blanca el pasado fin de semana cuando mostró que algo más del 50% de encuestados se mostraba a favor de la política de deportaciones. Ahora, sin embargo, silencio.
La noche del martes, la quinta con protestas después de la revuelta iniciada el viernes, cuando se produjeron redadas del ICE en tres lugares del downtown , fue la más tranquila. También la primera noche en la que entró en vigor el toque de queda (de las 20 a las 6 horas) decretado por la alcaldesa Bass en unas pocas calles en las que se han concentrado los actos violentos, como la quema de algún coche y el asalto a tiendas. A pesar de la relativa calma, se registraron unos 200 detenciones, aquellos que se negaron a irse tras el toque de queda.
Si se compara, en otras ciudades de Estados Unidos se produjeron incluso más incidentes. En especial en Chicago, donde saltó la tensión cuando un vehículo arremetió contra unos manifestantes sin que se produjeran heridos. El vehículo huyó.
La onda expansiva de la protesta crece. Además de en Chicago, en Nueva York, Filadelfia, San Francisco, Denver o Austin hubo manifestaciones de solidaridad con los simpapeles, que son los que aguantan la economía local.
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