La previsión del Gobierno central sobre el alcance del proceso extraordinario de regularización de inmigrantes en Baleares ha saltado por los aires. A falta de un mes para que concluya el plazo, el archipiélago ya acumula 15.451 solicitudes, una cifra que supera en más de un 54 por ciento las estimaciones iniciales realizadas por la propia Administración del Estado.El delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez Badal, situó inicialmente el techo del proceso en torno a las 10.000 personas, basándose en los expedientes pendientes de tramitación. Sin embargo, los datos actualizados a 21 de mayo evidencian que la realidad ha desbordado ampliamente aquellas previsiones.Mallorca concentra la mayor parte de las peticiones y soporta la principal presión administrativa derivada de este proceso. En la isla ya se han registrado más de 11.000 solicitudes vinculadas al arraigo social, además de más de un millar de peticiones de asilo político. Ibiza y Formentera suman más de 2.100 expedientes de arraigo y 264 solicitudes de asilo, mientras que Menorca presenta cifras más reducidas, aunque igualmente significativas.A este volumen de nuevas solicitudes se añade además el atasco burocrático previo que arrastra la Administración. Según los últimos datos oficiales, todavía permanecen pendientes de resolución más de 3.500 expedientes de arraigo en Baleares.El crecimiento de las peticiones ha intensificado el debate político sobre el impacto de la regularización en una comunidad especialmente tensionada por la presión migratoria, el acceso a la vivienda y la saturación de servicios públicos como la sanidad, la educación o los servicios sociales.Recurso del GovernEn este contexto, el Govern balear de Marga Prohens acordó el pasado viernes recurrir ante el Tribunal Supremo el real decreto impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez que regula este proceso extraordinario de regularización.El Ejecutivo autonómico solicitará además la suspensión cautelar de la medida mientras se resuelve el recurso judicial. El portavoz del Govern y conseller de Economía y Hacienda, Antoni Costa, justificó la decisión alegando que el proceso tendrá un impacto «muy significativo» sobre unos servicios públicos que, según el Ejecutivo autonómico, ya se encuentran al límite de su capacidad. La previsión del Gobierno central sobre el alcance del proceso extraordinario de regularización de inmigrantes en Baleares ha saltado por los aires. A falta de un mes para que concluya el plazo, el archipiélago ya acumula 15.451 solicitudes, una cifra que supera en más de un 54 por ciento las estimaciones iniciales realizadas por la propia Administración del Estado.El delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez Badal, situó inicialmente el techo del proceso en torno a las 10.000 personas, basándose en los expedientes pendientes de tramitación. Sin embargo, los datos actualizados a 21 de mayo evidencian que la realidad ha desbordado ampliamente aquellas previsiones.Mallorca concentra la mayor parte de las peticiones y soporta la principal presión administrativa derivada de este proceso. En la isla ya se han registrado más de 11.000 solicitudes vinculadas al arraigo social, además de más de un millar de peticiones de asilo político. Ibiza y Formentera suman más de 2.100 expedientes de arraigo y 264 solicitudes de asilo, mientras que Menorca presenta cifras más reducidas, aunque igualmente significativas.A este volumen de nuevas solicitudes se añade además el atasco burocrático previo que arrastra la Administración. Según los últimos datos oficiales, todavía permanecen pendientes de resolución más de 3.500 expedientes de arraigo en Baleares.El crecimiento de las peticiones ha intensificado el debate político sobre el impacto de la regularización en una comunidad especialmente tensionada por la presión migratoria, el acceso a la vivienda y la saturación de servicios públicos como la sanidad, la educación o los servicios sociales.Recurso del GovernEn este contexto, el Govern balear de Marga Prohens acordó el pasado viernes recurrir ante el Tribunal Supremo el real decreto impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez que regula este proceso extraordinario de regularización.El Ejecutivo autonómico solicitará además la suspensión cautelar de la medida mientras se resuelve el recurso judicial. El portavoz del Govern y conseller de Economía y Hacienda, Antoni Costa, justificó la decisión alegando que el proceso tendrá un impacto «muy significativo» sobre unos servicios públicos que, según el Ejecutivo autonómico, ya se encuentran al límite de su capacidad.
La previsión del Gobierno central sobre el alcance del proceso extraordinario de regularización de inmigrantes en Baleares ha saltado por los aires. A falta de un mes para que concluya el plazo, el archipiélago ya acumula 15.451 solicitudes, una cifra que supera en más … de un 54 por ciento las estimaciones iniciales realizadas por la propia Administración del Estado.
El delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez Badal, situó inicialmente el techo del proceso en torno a las 10.000 personas, basándose en los expedientes pendientes de tramitación. Sin embargo, los datos actualizados a 21 de mayo evidencian que la realidad ha desbordado ampliamente aquellas previsiones.
Mallorca concentra la mayor parte de las peticiones y soporta la principal presión administrativa derivada de este proceso. En la isla ya se han registrado más de 11.000 solicitudes vinculadas al arraigo social, además de más de un millar de peticiones de asilo político. Ibiza y Formentera suman más de 2.100 expedientes de arraigo y 264 solicitudes de asilo, mientras que Menorca presenta cifras más reducidas, aunque igualmente significativas.
A este volumen de nuevas solicitudes se añade además el atasco burocrático previo que arrastra la Administración. Según los últimos datos oficiales, todavía permanecen pendientes de resolución más de 3.500 expedientes de arraigo en Baleares.
El crecimiento de las peticiones ha intensificado el debate político sobre el impacto de la regularización en una comunidad especialmente tensionada por la presión migratoria, el acceso a la vivienda y la saturación de servicios públicos como la sanidad, la educación o los servicios sociales.
Recurso del Govern
En este contexto, el Govern balear de Marga Prohens acordó el pasado viernes recurrir ante el Tribunal Supremo el real decreto impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez que regula este proceso extraordinario de regularización.
El Ejecutivo autonómico solicitará además la suspensión cautelar de la medida mientras se resuelve el recurso judicial. El portavoz del Govern y conseller de Economía y Hacienda, Antoni Costa, justificó la decisión alegando que el proceso tendrá un impacto «muy significativo» sobre unos servicios públicos que, según el Ejecutivo autonómico, ya se encuentran al límite de su capacidad.
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