Casi 16 meses después de la dana del 29 de octubre de 2024 y más de un año desde que se constituyó la comisión de investigación en Las Cortes Valencianas, este lunes comparecen las asociaciones de víctimas de la riada que dejó 230 personas fallecidas en la provincia de Valencia. La doble jornada de comparecencias, que tiene lugar este lunes y mañana martes, contará con la intervención de los portavoces de todas las asociaciones que han querido participar, algo que ha generado polémica. Estas intervenciones en las Cortes Valencianas se producen meses después de que las asociaciones mayoritarias de víctimas hayan expuesto sus testimonios tanto en el Parlamento Europeo, en Bruselas, como ante el Congreso de los Diputados en Madrid.Si en algo han coincidido las asociaciones que han comparecido, es que los avisos llegaron «tarde» el 29 de octubre. Las entidades, desde perspectivas distintas, han señalado que la demora en la difusión del ES-Alert y la falta de información agravaron las consecuencias de la emergencia y condicionaron la capacidad de reacción de los afectados. Por su parte, Liberum, la asociación que ha inaugurado la comisión representada por su presidenta Concepción Cuevas, ha explicado que está personada en la causa que investiga la gestión de la dana, donde ha pedido la imputación del presidente de la CHJ, Miguel Polo, y la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y que su asociación, que no es «de víctimas», sino «pro derechos humanos», cuenta con unos mil asociados en la Comunidad Valenciana. Aunque ha indicado que la responsabilidad es de todas las administraciones, «desde el Gobierno Central hasta los ayuntamientos más pequeños», contra la institución que más ha cargado ha sido el Gobierno de España, que según ha sostenido, «debería haber activado el estado de alarma». Además, ha apuntado que existió «apagón informativo» de la CHJ «entre las 16:00 y las 19:00 horas».La presidenta también ha expuesto dudas sobre si el número real de víctimas coincide con el de fallecidos oficialmente identificados, aunque ha subrayado que no puede confirmar esa información y que se trata de comentarios trasladados por asociados. Como ejemplo de esos rumores, ha mencionado el caso de personas fallecidas dentro de vehículos que, según esos testimonios, habrían sido registradas como «víctimas de accidentes de tráfico». Además, ha expuesto otra preocupación sobre el sistema de alertas, que según detalla, no habría alcanzado a toda la población, especialmente a usuarios con teléfonos Android o personas con dispositivos antiguos.«Verdad, justicia y garantías de no repetición»Por otra parte, Sonia Fuster, representante de SOS Desaparecidos, ha sido la segunda compareciente, quien ha transmitido su dolor tras perder a su padre en la riada del 29 de octubre y ha insistido en que las víctimas y sus familias han quedado marcadas de forma «irreversible». En esta línea, ha destacado que desde el colectivo al que pertenece reclaman «verdad, justicia y garantías de no repetición». Así, Fuster ha asegurado que muchas familias viven hoy con «desconfianza e incertidumbre», después de que fatídica dana destapara «vulnerabilidades estructurales, operativas, sociales y de gobernanza». A su vez, ha señalado que la asociación no busca señalar culpables, sino que exige «asunción de responsabilidades que permitan revisar, corregir y actuar, para evitar que vuelva a repetirse; y de quien no estuvo al mando en las horas criticas». En paralelo, ha formulado cinco propuestas basadas en tres informes técnicos: blindar el sistema energético y comunicaciones frente a catástrofes similares, ejecutar obras hidráulicas «eficaces y sostenibles», establecer una gobernanza fuerte para que los Ayuntamientos tengan apoyo real, la creación de nubes digitales para guardar documentos y la creación de un registro de población vulnerable.«Si entraron ladrones, podían entrar equipos de emergencia»La mañana ha concluido con la intervención de Alejandro Carabal, de la asociación de Damnificados por la Dana Alfafar/Horta Sud, quien ha cargado contra el expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, por ser el «máximo responsable en ese momento de la emergencia» y ha argumentado que no pueden aceptar que siga aforado y que no haya acudido voluntariamente a declarar ante la juez. Por otro lado, ha subrayado la importancia de la herramienta del ES-Alert porque «funciona» y «salva vidas», pero ha apostado por que los textos sean «claros y concisos». En su intervención, ha insistido en la necesidad de contar con planes de emergencia claros, conocidos por la población y plenamente operativos. A su juicio, la única medida que habría permitido reducir de forma significativa las consecuencias habría sido la prevención y la emisión de avisos con mucha mayor antelación.Carabal también ha apuntado que los «dos o tres» días posteriores a la dana fueron «eternos», al tiempo que ha denunciado que «no llegó ayuda» a las zonas afectadas: «Si entraron los ladrones, podían entrar los servicios de emergencia». «No estábamos en una aldea aislada, sino a cuatro rotondas de Valencia», ha insistido. También ha incidido en que los afectados y los familiares de las víctimas necesitan «dignidad y justicia» y saber «quiénes son los responsables» de las consecuencias de la riada. «La dana alteró la seguridad y la confianza en el entorno»Las intervenciones por la tarde han comenzado con la de Fernando Catalán de la asociación Tots a una Veu, quien ha destacado que los fines de su agrupación son dos: «instar a los responsables públicos a resolver o mitigar el riesgo de inundaciones producidas por los efectos de la dana en todas las poblaciones afectadas, exigiendo la construcción urgente de infraestructuras para conseguirlo»; y por otro lado, «exigir el establecimiento de un protocolo de emergencias centrado en la protección de la integridad física de las personas, en el que se prioricen los aspectos técnicos sobre los políticos o ideológicos».Según ha manifestado, lo ocurrido «demuestra que aún no es posible prever con detalle el comportamiento de una dana», así como «lo indispensable que resultan las infraestructuras para impedir o minimizar los efectos devastadores de las crecidas». A su juicio, «la única medida que habría permitido reducir de forma significativa las consecuencias habría sido la prevención y haber avisado antes».El colectivo también ha evaluado la gestión pública antes, durante y después del episodio, planteando dudas sobre la cadena de avisos y la coordinación institucional. También ha destacado que «la catástrofe no solo destruyó infraestructuras, también alteró la seguridad básica y la confianza en el entorno», por lo que ha propuesto atención psicosocial permanente, formación en primeros auxilios psicológicos y espacios comunitarios de memoria.«Han sido muchos políticos los que han mentido»También ha comparecido Alba Bodelón de la Asociación Vecinos Ecos del Agua de Benetússer, quien ha comenzado su intervención relatando la «impotencia» vivida durante la noche de la riada, al asegurar que «el 112 no respondía» y que incluso los propios agentes «no sabían cómo actuar» por «falta de protocolos claros». Así, ha señalado que las responsabilidades no pueden limitarse a un solo político, en referencia a Carlos Mazón, puesto que a su juicio, «han sido muchos políticos los que han mentido», mientras que las familias afectadas «se sienten solas» más de un año después porque la «ayuda no ha sido suficiente».En esta línea, ha denunciado que durante los días posteriores a la dana no hubo una coordinación efectiva de medios como bomberos o militares, precisamente por la «ausencia de procedimientos para una emergencia de esta magnitud», así como ha criticado que el mensaje ES-Alert, no fue correcto en su redacción, puesto que, a su juicio, carecía de indicaciones prácticas. Pese a ello, ha puesto en valor la labor de los voluntarios que acudieron a ayudar desde el primer momento. Casi 16 meses después de la dana del 29 de octubre de 2024 y más de un año desde que se constituyó la comisión de investigación en Las Cortes Valencianas, este lunes comparecen las asociaciones de víctimas de la riada que dejó 230 personas fallecidas en la provincia de Valencia. La doble jornada de comparecencias, que tiene lugar este lunes y mañana martes, contará con la intervención de los portavoces de todas las asociaciones que han querido participar, algo que ha generado polémica. Estas intervenciones en las Cortes Valencianas se producen meses después de que las asociaciones mayoritarias de víctimas hayan expuesto sus testimonios tanto en el Parlamento Europeo, en Bruselas, como ante el Congreso de los Diputados en Madrid.Si en algo han coincidido las asociaciones que han comparecido, es que los avisos llegaron «tarde» el 29 de octubre. Las entidades, desde perspectivas distintas, han señalado que la demora en la difusión del ES-Alert y la falta de información agravaron las consecuencias de la emergencia y condicionaron la capacidad de reacción de los afectados. Por su parte, Liberum, la asociación que ha inaugurado la comisión representada por su presidenta Concepción Cuevas, ha explicado que está personada en la causa que investiga la gestión de la dana, donde ha pedido la imputación del presidente de la CHJ, Miguel Polo, y la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y que su asociación, que no es «de víctimas», sino «pro derechos humanos», cuenta con unos mil asociados en la Comunidad Valenciana. Aunque ha indicado que la responsabilidad es de todas las administraciones, «desde el Gobierno Central hasta los ayuntamientos más pequeños», contra la institución que más ha cargado ha sido el Gobierno de España, que según ha sostenido, «debería haber activado el estado de alarma». Además, ha apuntado que existió «apagón informativo» de la CHJ «entre las 16:00 y las 19:00 horas».La presidenta también ha expuesto dudas sobre si el número real de víctimas coincide con el de fallecidos oficialmente identificados, aunque ha subrayado que no puede confirmar esa información y que se trata de comentarios trasladados por asociados. Como ejemplo de esos rumores, ha mencionado el caso de personas fallecidas dentro de vehículos que, según esos testimonios, habrían sido registradas como «víctimas de accidentes de tráfico». Además, ha expuesto otra preocupación sobre el sistema de alertas, que según detalla, no habría alcanzado a toda la población, especialmente a usuarios con teléfonos Android o personas con dispositivos antiguos.«Verdad, justicia y garantías de no repetición»Por otra parte, Sonia Fuster, representante de SOS Desaparecidos, ha sido la segunda compareciente, quien ha transmitido su dolor tras perder a su padre en la riada del 29 de octubre y ha insistido en que las víctimas y sus familias han quedado marcadas de forma «irreversible». En esta línea, ha destacado que desde el colectivo al que pertenece reclaman «verdad, justicia y garantías de no repetición». Así, Fuster ha asegurado que muchas familias viven hoy con «desconfianza e incertidumbre», después de que fatídica dana destapara «vulnerabilidades estructurales, operativas, sociales y de gobernanza». A su vez, ha señalado que la asociación no busca señalar culpables, sino que exige «asunción de responsabilidades que permitan revisar, corregir y actuar, para evitar que vuelva a repetirse; y de quien no estuvo al mando en las horas criticas». En paralelo, ha formulado cinco propuestas basadas en tres informes técnicos: blindar el sistema energético y comunicaciones frente a catástrofes similares, ejecutar obras hidráulicas «eficaces y sostenibles», establecer una gobernanza fuerte para que los Ayuntamientos tengan apoyo real, la creación de nubes digitales para guardar documentos y la creación de un registro de población vulnerable.«Si entraron ladrones, podían entrar equipos de emergencia»La mañana ha concluido con la intervención de Alejandro Carabal, de la asociación de Damnificados por la Dana Alfafar/Horta Sud, quien ha cargado contra el expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, por ser el «máximo responsable en ese momento de la emergencia» y ha argumentado que no pueden aceptar que siga aforado y que no haya acudido voluntariamente a declarar ante la juez. Por otro lado, ha subrayado la importancia de la herramienta del ES-Alert porque «funciona» y «salva vidas», pero ha apostado por que los textos sean «claros y concisos». En su intervención, ha insistido en la necesidad de contar con planes de emergencia claros, conocidos por la población y plenamente operativos. A su juicio, la única medida que habría permitido reducir de forma significativa las consecuencias habría sido la prevención y la emisión de avisos con mucha mayor antelación.Carabal también ha apuntado que los «dos o tres» días posteriores a la dana fueron «eternos», al tiempo que ha denunciado que «no llegó ayuda» a las zonas afectadas: «Si entraron los ladrones, podían entrar los servicios de emergencia». «No estábamos en una aldea aislada, sino a cuatro rotondas de Valencia», ha insistido. También ha incidido en que los afectados y los familiares de las víctimas necesitan «dignidad y justicia» y saber «quiénes son los responsables» de las consecuencias de la riada. «La dana alteró la seguridad y la confianza en el entorno»Las intervenciones por la tarde han comenzado con la de Fernando Catalán de la asociación Tots a una Veu, quien ha destacado que los fines de su agrupación son dos: «instar a los responsables públicos a resolver o mitigar el riesgo de inundaciones producidas por los efectos de la dana en todas las poblaciones afectadas, exigiendo la construcción urgente de infraestructuras para conseguirlo»; y por otro lado, «exigir el establecimiento de un protocolo de emergencias centrado en la protección de la integridad física de las personas, en el que se prioricen los aspectos técnicos sobre los políticos o ideológicos».Según ha manifestado, lo ocurrido «demuestra que aún no es posible prever con detalle el comportamiento de una dana», así como «lo indispensable que resultan las infraestructuras para impedir o minimizar los efectos devastadores de las crecidas». A su juicio, «la única medida que habría permitido reducir de forma significativa las consecuencias habría sido la prevención y haber avisado antes».El colectivo también ha evaluado la gestión pública antes, durante y después del episodio, planteando dudas sobre la cadena de avisos y la coordinación institucional. También ha destacado que «la catástrofe no solo destruyó infraestructuras, también alteró la seguridad básica y la confianza en el entorno», por lo que ha propuesto atención psicosocial permanente, formación en primeros auxilios psicológicos y espacios comunitarios de memoria.«Han sido muchos políticos los que han mentido»También ha comparecido Alba Bodelón de la Asociación Vecinos Ecos del Agua de Benetússer, quien ha comenzado su intervención relatando la «impotencia» vivida durante la noche de la riada, al asegurar que «el 112 no respondía» y que incluso los propios agentes «no sabían cómo actuar» por «falta de protocolos claros». Así, ha señalado que las responsabilidades no pueden limitarse a un solo político, en referencia a Carlos Mazón, puesto que a su juicio, «han sido muchos políticos los que han mentido», mientras que las familias afectadas «se sienten solas» más de un año después porque la «ayuda no ha sido suficiente».En esta línea, ha denunciado que durante los días posteriores a la dana no hubo una coordinación efectiva de medios como bomberos o militares, precisamente por la «ausencia de procedimientos para una emergencia de esta magnitud», así como ha criticado que el mensaje ES-Alert, no fue correcto en su redacción, puesto que, a su juicio, carecía de indicaciones prácticas. Pese a ello, ha puesto en valor la labor de los voluntarios que acudieron a ayudar desde el primer momento.
Casi 16 meses después de la dana del 29 de octubre de 2024 y más de un año desde que se constituyó la comisión de investigación en Las Cortes Valencianas, este lunes comparecen las asociaciones de víctimas de la riada que dejó 230 personas fallecidas … en la provincia de Valencia.
La doble jornada de comparecencias, que tiene lugar este lunes y mañana martes, contará con la intervención de los portavoces de todas las asociaciones que han querido participar, algo que ha generado polémica. Estas intervenciones en las Cortes Valencianas se producen meses después de que las asociaciones mayoritarias de víctimas hayan expuesto sus testimonios tanto en el Parlamento Europeo, en Bruselas, como ante el Congreso de los Diputados en Madrid.
Si en algo han coincidido las asociaciones que han comparecido, es que los avisos llegaron «tarde» el 29 de octubre. Las entidades, desde perspectivas distintas, han señalado que la demora en la difusión del ES-Alert y la falta de información agravaron las consecuencias de la emergencia y condicionaron la capacidad de reacción de los afectados.
Por su parte, Liberum, la asociación que ha inaugurado la comisión representada por su presidenta Concepción Cuevas, ha explicado que está personada en la causa que investiga la gestión de la dana, donde ha pedido la imputación del presidente de la CHJ, Miguel Polo, y la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y que su asociación, que no es «de víctimas», sino «pro derechos humanos», cuenta con unos 1.000 asociados en la Comunidad Valenciana.
Aunque ha indicado que la responsabilidad es de todas las administraciones, «desde el Gobierno Central hasta los ayuntamientos más pequeños», contra la institución que más ha cargado ha sido el Gobierno de España, que según ha sostenido, «debería haber activado el estado de alarma». Además, ha apuntado que existió «apagón informativo» de la CHJ «entre las 16:00 y las 19:00 horas».
La presidenta también ha expuesto dudas sobre si el número real de víctimas coincide con el de fallecidos oficialmente identificados, aunque ha subrayado que no puede confirmar esa información y que se trata de comentarios trasladados por asociados. Como ejemplo de esos rumores, ha mencionado el caso de personas fallecidas dentro de vehículos que, según esos testimonios, habrían sido registradas como «víctimas de accidentes de tráfico». Además, ha expuesto otra preocupación sobre el sistema de alertas, que según detalla, no habría alcanzado a toda la población, especialmente a usuarios con teléfonos Android o personas con dispositivos antiguos.
Por otra parte, Sonia Fuster, representante de SOS Desaparecidos, ha sido la segunda compareciente, quien ha transmitido su dolor tras perder a su padre en la riada del 29 de octubre y ha insistido en que las víctimas y sus familias han quedado marcadas de forma «irreversible». En esta línea, ha destacado que desde el colectivo al que pertenece reclaman «verdad, justicia y garantías de no repetición».
Así, Fuster ha asegurado que muchas familias viven hoy con «desconfianza e incertidumbre», después de que fatídica dana destapara «vulnerabilidades estructurales, operativas, sociales y de gobernanza». A su vez, ha señalado que la asociación no busca señalar culpables, sino que exige «asunción de responsabilidades que permitan revisar, corregir y actuar, para evitar que vuelva a repetirse; y de quien no estuvo al mando en las horas criticas».
En paralelo, ha formulado cinco propuestas basadas en tres informes técnicos: blindar el sistema energético y comunicaciones frente a catástrofes similares, ejecutar obras hidráulicas «eficaces y sostenibles», establecer una gobernanza fuerte para que los Ayuntamientos tengan apoyo real, la creación de nubes digitales para guardar documentos y la creación de un registro de población vulnerable.
La mañana ha concluido con la intervención de Alejandro Carabal, de la asociación de Damnificados por la Dana Alfafar/Horta Sud, quien ha cargado contra el expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, por ser el «máximo responsable en ese momento de la emergencia» y ha argumentado que no pueden aceptar que siga aforado y que no haya acudido voluntariamente a declarar ante la juez.
Por otro lado, ha subrayado la importancia de la herramienta del ES-Alert porque «funciona» y «salva vidas», pero ha apostado por que los textos sean «claros y concisos». En su intervención, ha insistido en la necesidad de contar con planes de emergencia claros, conocidos por la población y plenamente operativos. A su juicio, la única medida que habría permitido reducir de forma significativa las consecuencias habría sido la prevención y la emisión de avisos con mucha mayor antelación. También ha incidido en que los afectados y los familiares de las víctimas necesitan «dignidad y justicia» y saber «quiénes son los responsables» de las consecuencias de la riada.
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