El texto del acuerdo de gobierno sellado por PP y Vox en Aragón para los cuatro próximos años es un reflejo casi calcado del extremeño y que se firmó el 16 de abril. Cuestiones como el blindaje a la continuidad de la nuclear de Almaraz se modifican en esta región para incluir algunas particularidades propias, como la necesidad de dar impulso a la apuesta energética para los centros de datos («se consolidará Aragón como el polo estratégico de España en centros de datos», recoge el documento), no favorecer la instalación de macroparques eólicos y fotovoltaicos en sueltos productivos o donde afecte al patrimonio rural (efecto directo del caso Forestalia) o conservar la presa de Toranes, de la que Vox hizo caballo de batalla. En este acuerdo sí se incluye «coordinar la planificación energética con el suelo industrial para eliminar los cuellos de botella que frenan la inversión». Debido a las dificultades especiales que hay en Aragón se impulsan también los incentivos fiscales al medio rural, se asegura la conectividad a internet en la España despoblada, se deducirán hasta mil euros por nacimiento o adopción del primer hijo del IRPF y se reforzarán algunos partidos judiciales concretos -«se pondrán en funcionamiento nuevos juzgados en Alcañiz, Jaca, Monzón y Barbastro»-, pero en el conjunto del documento las principales líneas son exactamente las mismas imposiciones que Vox hizo a María Guardiola en Extremadura. Al detalle, los ejes son idénticos en todas las cuestiones clave para la formación de Santiago Abascal, también en la inclusión del concepto de ‘prioridad nacional’. A pesar de algunas manifestaciones por parte de dirigentes del PP aragonés sobre su rechazo a eliminar subvenciones a ONG de ayuda al inmigrante, sobre todo con las ONG de la Iglesia en medio, el texto en Aragón recoge palabra por palabra la redacción de la ‘prioridad nacional’ o concepto ‘lepenista’ que introdujo Vox en Extremadura. Noticia relacionada No No Y el líder de Vox en Aragón, a lo Abascal en Toranes, se puso a los mandos del tractor E. M.A ese respecto, en materia de inmigración, Vox ha conseguido encajar para el próximo mandato en Aragón el rechazo a acoger más menas (que llevó a su fin el primer pacto de gobierno regional al salirse Vox de Pignatelli en 2024), que el Gobierno aragonés «trabaje activamente para devolver a los menas» a sus países de origen; dotar al Instituto de Medicina Legal de Aragón de 100.000 euros como partida específica para conseguir verificar a tiempo la edad de los inmigrantes ilegales y evitar fraudes; la «supresión total de subvenciones a ONG que favorezcan la inmigración ilegal»; además de la prohibición del uso del burka y niqab en espacios públicos. En cuanto a la ‘prioridad nacional’ en el acceso a las ayudas públicas, se establece «un periodo mínimo reforzado de arraigo, empadronamiento y vinculación con el territorio», extremo que ha provocado tantos debates en los últimos días.A pesar de que el redactado es el mismo que en Extremadura, Jorge Azcón se aseguró ayer de explicar ante los medios que se impone la legalidad , en cuanto al tiempo de arraigo y la residencia legal de un inmigrante en nuestro país. Y que no habrá ninguna medida que contradiga las normas y se lleve a su Consejo de Gobierno. Persecución al okupaSe combatirá también en virtud de lo acordado la ocupación ilegal, se creará un servicio de verificación del fraude prestacional y del padrón y la residencia efectiva, también se excluirá a los okupas del acceso a la vivienda pública y a las ayudas en materia de vivienda, todo ello materias que Vox ha logrado introducir también en el pacto aragonés, en imitación del precedente y que, según sus palabras, impondrá también en el siguiente, en Castilla y León.Documento PDFPP y Vox en Aragón han acordado construir 4.000 viviendas públicas en los próximos cuatro años, unidas a las 3.000 que el actual Gobierno en funciones puso en marcha durante los últimos meses. Se deben alcanzar las 7.000 en siete años, por cuanto consideran que es el principal quebranto en la vida de los aragoneses. Además, se comprometen a «implantar un sistema controlado y transparente de acceso a la vivienda protegida» mediante un registro único, un problema que en estos momentos arrecia en la comunidad.Vivienda con arraigoDe nuevo introducen el concepto ‘prioridad nacional’ en el apartado inmobiliario del acuerdo. «Se establecerá un sistema de acceso a vivienda protegida y acceso social inspirado en el principio de ‘prioridad nacional’, adecuado a la legalidad vigente, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio». La exigencia de arraigo prolongado «estará basada en el empadronamiento histórico en Aragón y España (con un mínimo de diez años en el territorio para la compra y cinco para el alquiler)», añade el texto del acuerdo, oponiéndose frontalmente a la política de vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez e impulsando la creación de una cátedra en la Universidad de Zaragoza sobre Vivienda y un Observatorio del ramo. Sector primarioEn otras materias particulares, se impulsará una fiscalidad especial al medio rural «diferenciada contra la despoblación», para combatir este problema en Aragón, se opondrán a la Política Agraria Común, una cuestión frentista que tanto rentó a Vox en las urnas, se reformará la Ley de Agricultura social y familiar y del patrimonio agrario en Aragón, se regulará el desarrollo y fomento del regadío en la comunidad, además se impulsarán obras estructurales concretas como las balsas laterales en el Matarraña, se iniciarán los estudios técnicos para avalar el interés público del embalse de Biscarrués, en el río Gallego, que tantas reivindicaciones ciudadanas ha protagonizado; y se estudiará desarrollar nuevos regadíos en la margen derecha del Ebro. Hay un aspecto que también prometió Vox en campaña a los agricultores y es mantener la prioridad de los jóvenes en el acceso a las ayudas de carácter autonómico, así como eliminar trabas que angustian al sector primario en la región. Un compromiso electoral coreado por Alejandro Nolasco en su carrera hacia el 8-F fue también crear anillos de seguridad en los cascos urbanos mediante la limpieza forestal de las lindes con el objetivo de prevenir incendios forestales y «proteger a los ganaderos frente a ataques de lobos y osos», contrario a lo que preconiza el Ministerio de Transición Ecológica. Además, los dos partidos afirman que se mejorará la red autonómica de carreteras, con un plan extraordinario de 135 millones de euros anuales que comenzarás en 2027. Entre otros de los trece apartados incluidos en este documento, el nuevo gobierno de coalición «impulsará y financiará actuaciones de limpieza, mantenimiento y adecuación de los cauces» de los ríos, una cuestión que en el ámbito doméstico enfrentó con dureza a Jorge Azcón y Alejandro Nolasco, con la invitación del primero a ponerse a los mandos de un tractor y el desafío del segundo a contravenir las órdenes de la Conferencia Hidrográfica del Ebro (CHE). Al final esa batalla se ha traducido en un compromiso firme y en el impulso a un «plan plurianual» de limpieza de riberas y actuación en el cauce del río Ebro, orientado «a mitigar los efectos de las inundaciones», como quería Vox, aunque no hay ni rastro en esta redacción del trasvase del Ebro con el que los de Abascal se comprometieron en campaña. Azcón dijo que por ahí no pasaba.Librar a Aragón de la «imposición del catalán»Este documento y hoja de ruta para los próximos cuatro años de gobierno de coalición sí que contiene el consenso para concertar el Bachillerato desde el próximo curso, que ya impulsó en las postrimerías de su gobierno el gabinete de Azcón y con el que ambos partidos estaban de acuerdo, así como en el impulso a la gratuidad de la educación infantil de 0 a 3 años. En estas cuestiones no había fricción, como tampoco en la «inclusión de la historia del terrorismo en España en los planes de estudio». Vox ha conseguido suprimir la aplicación del programa para la enseñanza de lengua árabe y cultura marroquí en los centros de Educación Primaria y Secundaria de la región contra el que tantas veces blasfemó la última legislatura. Y « librar a Aragón de la imposición del catalán, para lo que tendrá que suprimir el Instituto Aragonés del Catalán» que impulsó el expresidente socialista Javier Lambán. MÁS INFORMACIÓN noticia Si La Muela cambia molinos por logística: Amazon invierte cien millones en su centro de distribución noticia Si Horarios de Mercadona el jueves 23 de abril por el festivo de San Jorge en AragónHabrá también, conforme a los términos del acuerdo suscrito por las dos formaciones de derecha, «prioridad al producto español en los comedores públicas», se exigirá al Gobierno central una PAU única; y además se implantará la gratuidad en la matrícula del primer curso universitario para el alumnado aragonés que realice la PAU en Aragón. El texto del acuerdo de gobierno sellado por PP y Vox en Aragón para los cuatro próximos años es un reflejo casi calcado del extremeño y que se firmó el 16 de abril. Cuestiones como el blindaje a la continuidad de la nuclear de Almaraz se modifican en esta región para incluir algunas particularidades propias, como la necesidad de dar impulso a la apuesta energética para los centros de datos («se consolidará Aragón como el polo estratégico de España en centros de datos», recoge el documento), no favorecer la instalación de macroparques eólicos y fotovoltaicos en sueltos productivos o donde afecte al patrimonio rural (efecto directo del caso Forestalia) o conservar la presa de Toranes, de la que Vox hizo caballo de batalla. En este acuerdo sí se incluye «coordinar la planificación energética con el suelo industrial para eliminar los cuellos de botella que frenan la inversión». Debido a las dificultades especiales que hay en Aragón se impulsan también los incentivos fiscales al medio rural, se asegura la conectividad a internet en la España despoblada, se deducirán hasta mil euros por nacimiento o adopción del primer hijo del IRPF y se reforzarán algunos partidos judiciales concretos -«se pondrán en funcionamiento nuevos juzgados en Alcañiz, Jaca, Monzón y Barbastro»-, pero en el conjunto del documento las principales líneas son exactamente las mismas imposiciones que Vox hizo a María Guardiola en Extremadura. Al detalle, los ejes son idénticos en todas las cuestiones clave para la formación de Santiago Abascal, también en la inclusión del concepto de ‘prioridad nacional’. A pesar de algunas manifestaciones por parte de dirigentes del PP aragonés sobre su rechazo a eliminar subvenciones a ONG de ayuda al inmigrante, sobre todo con las ONG de la Iglesia en medio, el texto en Aragón recoge palabra por palabra la redacción de la ‘prioridad nacional’ o concepto ‘lepenista’ que introdujo Vox en Extremadura. Noticia relacionada No No Y el líder de Vox en Aragón, a lo Abascal en Toranes, se puso a los mandos del tractor E. M.A ese respecto, en materia de inmigración, Vox ha conseguido encajar para el próximo mandato en Aragón el rechazo a acoger más menas (que llevó a su fin el primer pacto de gobierno regional al salirse Vox de Pignatelli en 2024), que el Gobierno aragonés «trabaje activamente para devolver a los menas» a sus países de origen; dotar al Instituto de Medicina Legal de Aragón de 100.000 euros como partida específica para conseguir verificar a tiempo la edad de los inmigrantes ilegales y evitar fraudes; la «supresión total de subvenciones a ONG que favorezcan la inmigración ilegal»; además de la prohibición del uso del burka y niqab en espacios públicos. En cuanto a la ‘prioridad nacional’ en el acceso a las ayudas públicas, se establece «un periodo mínimo reforzado de arraigo, empadronamiento y vinculación con el territorio», extremo que ha provocado tantos debates en los últimos días.A pesar de que el redactado es el mismo que en Extremadura, Jorge Azcón se aseguró ayer de explicar ante los medios que se impone la legalidad , en cuanto al tiempo de arraigo y la residencia legal de un inmigrante en nuestro país. Y que no habrá ninguna medida que contradiga las normas y se lleve a su Consejo de Gobierno. Persecución al okupaSe combatirá también en virtud de lo acordado la ocupación ilegal, se creará un servicio de verificación del fraude prestacional y del padrón y la residencia efectiva, también se excluirá a los okupas del acceso a la vivienda pública y a las ayudas en materia de vivienda, todo ello materias que Vox ha logrado introducir también en el pacto aragonés, en imitación del precedente y que, según sus palabras, impondrá también en el siguiente, en Castilla y León.Documento PDFPP y Vox en Aragón han acordado construir 4.000 viviendas públicas en los próximos cuatro años, unidas a las 3.000 que el actual Gobierno en funciones puso en marcha durante los últimos meses. Se deben alcanzar las 7.000 en siete años, por cuanto consideran que es el principal quebranto en la vida de los aragoneses. Además, se comprometen a «implantar un sistema controlado y transparente de acceso a la vivienda protegida» mediante un registro único, un problema que en estos momentos arrecia en la comunidad.Vivienda con arraigoDe nuevo introducen el concepto ‘prioridad nacional’ en el apartado inmobiliario del acuerdo. «Se establecerá un sistema de acceso a vivienda protegida y acceso social inspirado en el principio de ‘prioridad nacional’, adecuado a la legalidad vigente, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio». La exigencia de arraigo prolongado «estará basada en el empadronamiento histórico en Aragón y España (con un mínimo de diez años en el territorio para la compra y cinco para el alquiler)», añade el texto del acuerdo, oponiéndose frontalmente a la política de vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez e impulsando la creación de una cátedra en la Universidad de Zaragoza sobre Vivienda y un Observatorio del ramo. Sector primarioEn otras materias particulares, se impulsará una fiscalidad especial al medio rural «diferenciada contra la despoblación», para combatir este problema en Aragón, se opondrán a la Política Agraria Común, una cuestión frentista que tanto rentó a Vox en las urnas, se reformará la Ley de Agricultura social y familiar y del patrimonio agrario en Aragón, se regulará el desarrollo y fomento del regadío en la comunidad, además se impulsarán obras estructurales concretas como las balsas laterales en el Matarraña, se iniciarán los estudios técnicos para avalar el interés público del embalse de Biscarrués, en el río Gallego, que tantas reivindicaciones ciudadanas ha protagonizado; y se estudiará desarrollar nuevos regadíos en la margen derecha del Ebro. Hay un aspecto que también prometió Vox en campaña a los agricultores y es mantener la prioridad de los jóvenes en el acceso a las ayudas de carácter autonómico, así como eliminar trabas que angustian al sector primario en la región. Un compromiso electoral coreado por Alejandro Nolasco en su carrera hacia el 8-F fue también crear anillos de seguridad en los cascos urbanos mediante la limpieza forestal de las lindes con el objetivo de prevenir incendios forestales y «proteger a los ganaderos frente a ataques de lobos y osos», contrario a lo que preconiza el Ministerio de Transición Ecológica. Además, los dos partidos afirman que se mejorará la red autonómica de carreteras, con un plan extraordinario de 135 millones de euros anuales que comenzarás en 2027. Entre otros de los trece apartados incluidos en este documento, el nuevo gobierno de coalición «impulsará y financiará actuaciones de limpieza, mantenimiento y adecuación de los cauces» de los ríos, una cuestión que en el ámbito doméstico enfrentó con dureza a Jorge Azcón y Alejandro Nolasco, con la invitación del primero a ponerse a los mandos de un tractor y el desafío del segundo a contravenir las órdenes de la Conferencia Hidrográfica del Ebro (CHE). Al final esa batalla se ha traducido en un compromiso firme y en el impulso a un «plan plurianual» de limpieza de riberas y actuación en el cauce del río Ebro, orientado «a mitigar los efectos de las inundaciones», como quería Vox, aunque no hay ni rastro en esta redacción del trasvase del Ebro con el que los de Abascal se comprometieron en campaña. Azcón dijo que por ahí no pasaba.Librar a Aragón de la «imposición del catalán»Este documento y hoja de ruta para los próximos cuatro años de gobierno de coalición sí que contiene el consenso para concertar el Bachillerato desde el próximo curso, que ya impulsó en las postrimerías de su gobierno el gabinete de Azcón y con el que ambos partidos estaban de acuerdo, así como en el impulso a la gratuidad de la educación infantil de 0 a 3 años. En estas cuestiones no había fricción, como tampoco en la «inclusión de la historia del terrorismo en España en los planes de estudio». Vox ha conseguido suprimir la aplicación del programa para la enseñanza de lengua árabe y cultura marroquí en los centros de Educación Primaria y Secundaria de la región contra el que tantas veces blasfemó la última legislatura. Y « librar a Aragón de la imposición del catalán, para lo que tendrá que suprimir el Instituto Aragonés del Catalán» que impulsó el expresidente socialista Javier Lambán. MÁS INFORMACIÓN noticia Si La Muela cambia molinos por logística: Amazon invierte cien millones en su centro de distribución noticia Si Horarios de Mercadona el jueves 23 de abril por el festivo de San Jorge en AragónHabrá también, conforme a los términos del acuerdo suscrito por las dos formaciones de derecha, «prioridad al producto español en los comedores públicas», se exigirá al Gobierno central una PAU única; y además se implantará la gratuidad en la matrícula del primer curso universitario para el alumnado aragonés que realice la PAU en Aragón.
El texto del acuerdo de gobierno sellado por PP y Vox en Aragón para los cuatro próximos años es un reflejo casi calcado del extremeño y que se firmó el 16 de abril. Cuestiones como el blindaje a la continuidad de la nuclear de Almaraz … se modifican en esta región para incluir algunas particularidades propias, como la necesidad de dar impulso a la apuesta energética para los centros de datos («se consolidará Aragón como el polo estratégico de España en centros de datos», recoge el documento), no favorecer la instalación de macroparques eólicos y fotovoltaicos en sueltos productivos o donde afecte al patrimonio rural (efecto directo del caso Forestalia) o conservar la presa de Toranes, de la que Vox hizo caballo de batalla. En este acuerdo sí se incluye «coordinar la planificación energética con el suelo industrial para eliminar los cuellos de botella que frenan la inversión».
Debido a las dificultades especiales que hay en Aragón se impulsan también los incentivos fiscales al medio rural, se asegura la conectividad a internet en la España despoblada, se deducirán hasta mil euros por nacimiento o adopción del primer hijo del IRPF y se reforzarán algunos partidos judiciales concretos -«se pondrán en funcionamiento nuevos juzgados en Alcañiz, Jaca, Monzón y Barbastro»-, pero en el conjunto del documento las principales líneas son exactamente las mismas imposiciones que Vox hizo a María Guardiola en Extremadura.
Al detalle, los ejes son idénticos en todas las cuestiones clave para la formación de Santiago Abascal, también en la inclusión del concepto de ‘prioridad nacional’. A pesar de algunas manifestaciones por parte de dirigentes del PP aragonés sobre su rechazo a eliminar subvenciones a ONG de ayuda al inmigrante, sobre todo con las ONG de la Iglesia en medio, el texto en Aragón recoge palabra por palabra la redacción de la ‘prioridad nacional’ o concepto ‘lepenista’ que introdujo Vox en Extremadura.
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A ese respecto, en materia de inmigración, Vox ha conseguido encajar para el próximo mandato en Aragón el rechazo a acoger más menas (que llevó a su fin el primer pacto de gobierno regional al salirse Vox de Pignatelli en 2024), que el Gobierno aragonés «trabaje activamente para devolver a los menas» a sus países de origen; dotar al Instituto de Medicina Legal de Aragón de 100.000 euros como partida específica para conseguir verificar a tiempo la edad de los inmigrantes ilegales y evitar fraudes; la «supresión total de subvenciones a ONG que favorezcan la inmigración ilegal»; además de la prohibición del uso del burka y niqab en espacios públicos. En cuanto a la ‘prioridad nacional’ en el acceso a las ayudas públicas, se establece «un periodo mínimo reforzado de arraigo, empadronamiento y vinculación con el territorio», extremo que ha provocado tantos debates en los últimos días.
A pesar de que el redactado es el mismo que en Extremadura, Jorge Azcón se aseguró ayer de explicar ante los medios que se impone la legalidad, en cuanto al tiempo de arraigo y la residencia legal de un inmigrante en nuestro país. Y que no habrá ninguna medida que contradiga las normas y se lleve a su Consejo de Gobierno.
Persecución al okupa
Se combatirá también en virtud de lo acordado la ocupación ilegal, se creará un servicio de verificación del fraude prestacional y del padrón y la residencia efectiva, también se excluirá a los okupas del acceso a la vivienda pública y a las ayudas en materia de vivienda, todo ello materias que Vox ha logrado introducir también en el pacto aragonés, en imitación del precedente y que, según sus palabras, impondrá también en el siguiente, en Castilla y León.
PP y Vox en Aragón han acordado construir 4.000 viviendas públicas en los próximos cuatro años, unidas a las 3.000 que el actual Gobierno en funciones puso en marcha durante los últimos meses. Se deben alcanzar las 7.000 en siete años, por cuanto consideran que es el principal quebranto en la vida de los aragoneses. Además, se comprometen a «implantar un sistema controlado y transparente de acceso a la vivienda protegida» mediante un registro único, un problema que en estos momentos arrecia en la comunidad.
Vivienda con arraigo
De nuevo introducen el concepto ‘prioridad nacional’ en el apartado inmobiliario del acuerdo. «Se establecerá un sistema de acceso a vivienda protegida y acceso social inspirado en el principio de ‘prioridad nacional’, adecuado a la legalidad vigente, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio». La exigencia de arraigo prolongado «estará basada en el empadronamiento histórico en Aragón y España (con un mínimo de diez años en el territorio para la compra y cinco para el alquiler)», añade el texto del acuerdo, oponiéndose frontalmente a la política de vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez e impulsando la creación de una cátedra en la Universidad de Zaragoza sobre Vivienda y un Observatorio del ramo.
Sector primario
En otras materias particulares, se impulsará una fiscalidad especial al medio rural «diferenciada contra la despoblación», para combatir este problema en Aragón, se opondrán a la Política Agraria Común, una cuestión frentista que tanto rentó a Vox en las urnas, se reformará la Ley de Agricultura social y familiar y del patrimonio agrario en Aragón, se regulará el desarrollo y fomento del regadío en la comunidad, además se impulsarán obras estructurales concretas como las balsas laterales en el Matarraña, se iniciarán los estudios técnicos para avalar el interés público del embalse de Biscarrués, en el río Gallego, que tantas reivindicaciones ciudadanas ha protagonizado; y se estudiará desarrollar nuevos regadíos en la margen derecha del Ebro.
Hay un aspecto que también prometió Vox en campaña a los agricultores y es mantener la prioridad de los jóvenes en el acceso a las ayudas de carácter autonómico, así como eliminar trabas que angustian al sector primario en la región. Un compromiso electoral coreado por Alejandro Nolasco en su carrera hacia el 8-F fue también crear anillos de seguridad en los cascos urbanos mediante la limpieza forestal de las lindes con el objetivo de prevenir incendios forestales y «proteger a los ganaderos frente a ataques de lobos y osos», contrario a lo que preconiza el Ministerio de Transición Ecológica.
Además, los dos partidos afirman que se mejorará la red autonómica de carreteras, con un plan extraordinario de 135 millones de euros anuales que comenzarás en 2027.
Entre otros de los trece apartados incluidos en este documento, el nuevo gobierno de coalición «impulsará y financiará actuaciones de limpieza, mantenimiento y adecuación de los cauces» de los ríos, una cuestión que en el ámbito doméstico enfrentó con dureza a Jorge Azcón y Alejandro Nolasco, con la invitación del primero a ponerse a los mandos de un tractor y el desafío del segundo a contravenir las órdenes de la Conferencia Hidrográfica del Ebro (CHE). Al final esa batalla se ha traducido en un compromiso firme y en el impulso a un «plan plurianual» de limpieza de riberas y actuación en el cauce del río Ebro, orientado «a mitigar los efectos de las inundaciones», como quería Vox, aunque no hay ni rastro en esta redacción del trasvase del Ebro con el que los de Abascal se comprometieron en campaña. Azcón dijo que por ahí no pasaba.
Librar a Aragón de la «imposición del catalán»
Este documento y hoja de ruta para los próximos cuatro años de gobierno de coalición sí que contiene el consenso para concertar el Bachillerato desde el próximo curso, que ya impulsó en las postrimerías de su gobierno el gabinete de Azcón y con el que ambos partidos estaban de acuerdo, así como en el impulso a la gratuidad de la educación infantil de 0 a 3 años. En estas cuestiones no había fricción, como tampoco en la «inclusión de la historia del terrorismo en España en los planes de estudio».
Vox ha conseguido suprimir la aplicación del programa para la enseñanza de lengua árabe y cultura marroquí en los centros de Educación Primaria y Secundaria de la región contra el que tantas veces blasfemó la última legislatura. Y «librar a Aragón de la imposición del catalán, para lo que tendrá que suprimir el Instituto Aragonés del Catalán» que impulsó el expresidente socialista Javier Lambán.
Habrá también, conforme a los términos del acuerdo suscrito por las dos formaciones de derecha, «prioridad al producto español en los comedores públicas», se exigirá al Gobierno central una PAU única; y además se implantará la gratuidad en la matrícula del primer curso universitario para el alumnado aragonés que realice la PAU en Aragón.
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