La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) ha mostrado este jueves su apoyo a los facultativos de Ceuta que están trasladando lo que ocurre en la ciudad autónoma y la crisis que sufre el sistema sanitario tras tener conocimiento de posibles amenazas por responsables del Ingesa (Instituto Nacional de Gestión Sanitaria), dependiente del Ministerio de Sanidad. En un comunicado, los sindicatos médicos tachan de «absolutamente inadmisible» el comportamiento de la institución pública. El Ministerio de Sanidad lo niega. Los sindicatos se refieren a la publicación de una información en ‘El Debate’ en la que se asegura que responsables del Ingesa han advertido a los profesionales sanitarios de que, una vez superada la actual situación de presión asistencial , se tomarán medidas contra quienes han facilitado información a los medios. «Algunos facultativos habrían manifestado, además, su temor a sufrir represalias laborales o a no ver renovados sus contratos», asegura el comunicado de CESM. Denuncia así la organización que se trata de un intento «de utilizar la posición jerárquica para intimidar a los profesionales y limitar su libertad de expresión, es decir, una evidente vulneración de sus derechos fundamentales, que deberían gozar de un especial respeto y protección».Expresar las dificultades con las que los médicos se están encontrando a la hora de desarrollar su labor en Ceuta es «un derecho», dicen los sindicatos médicos. Insisten además en que denunciar las deficiencias que puedan afectar a la atención a los pacientes forma también parte de la responsabilidad que tienen como profesionales. «Lo que están denunciando son problemas asistenciales que afectan directamente a la calidad y seguridad de la atención sanitaria que reciben los ciudadanos de Ceuta», remarcan.«Controlar quién habla y qué dice»«Los médicos no están obligados a guardar silencio para proteger la imagen de una determinada gestión», asevera CESM, que critica que en lugar de escuchar a los profesionales que están en primera línea y conocen bien los problemas que están surgiendo, los responsables de Ingesa «parezcan más preocupados en controlar quién habla y qué dice, que en solucionar los problemas que los profesionales están poniendo sobre la mesa».La organización sindical exige al Ingesa y al Ministerio de Sanidad que aclaren lo ocurrido y que garanticen que no habrá ningún tipo de represalia para los profesionales. Asegura que estudiará con todos los profesionales que hayan podido verse afectados por esta situación todas las actuaciones necesarias y no descarta adoptar medidas legales si se confirma que han existido amenazas, represalias laborales o cualquier otro tipo de coacción. El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha respondido a estas acusaciones a través de sus redes sociales. El número dos de Mónica García asegura que ha hablado con los responsables del Ingesa y niegan las amenazas. «Yo, como presidente de Ingesa, puedo garantizar que no va a haber represalias por hablar con nadie», asegura. La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) ha mostrado este jueves su apoyo a los facultativos de Ceuta que están trasladando lo que ocurre en la ciudad autónoma y la crisis que sufre el sistema sanitario tras tener conocimiento de posibles amenazas por responsables del Ingesa (Instituto Nacional de Gestión Sanitaria), dependiente del Ministerio de Sanidad. En un comunicado, los sindicatos médicos tachan de «absolutamente inadmisible» el comportamiento de la institución pública. El Ministerio de Sanidad lo niega. Los sindicatos se refieren a la publicación de una información en ‘El Debate’ en la que se asegura que responsables del Ingesa han advertido a los profesionales sanitarios de que, una vez superada la actual situación de presión asistencial , se tomarán medidas contra quienes han facilitado información a los medios. «Algunos facultativos habrían manifestado, además, su temor a sufrir represalias laborales o a no ver renovados sus contratos», asegura el comunicado de CESM. Denuncia así la organización que se trata de un intento «de utilizar la posición jerárquica para intimidar a los profesionales y limitar su libertad de expresión, es decir, una evidente vulneración de sus derechos fundamentales, que deberían gozar de un especial respeto y protección».Expresar las dificultades con las que los médicos se están encontrando a la hora de desarrollar su labor en Ceuta es «un derecho», dicen los sindicatos médicos. Insisten además en que denunciar las deficiencias que puedan afectar a la atención a los pacientes forma también parte de la responsabilidad que tienen como profesionales. «Lo que están denunciando son problemas asistenciales que afectan directamente a la calidad y seguridad de la atención sanitaria que reciben los ciudadanos de Ceuta», remarcan.«Controlar quién habla y qué dice»«Los médicos no están obligados a guardar silencio para proteger la imagen de una determinada gestión», asevera CESM, que critica que en lugar de escuchar a los profesionales que están en primera línea y conocen bien los problemas que están surgiendo, los responsables de Ingesa «parezcan más preocupados en controlar quién habla y qué dice, que en solucionar los problemas que los profesionales están poniendo sobre la mesa».La organización sindical exige al Ingesa y al Ministerio de Sanidad que aclaren lo ocurrido y que garanticen que no habrá ningún tipo de represalia para los profesionales. Asegura que estudiará con todos los profesionales que hayan podido verse afectados por esta situación todas las actuaciones necesarias y no descarta adoptar medidas legales si se confirma que han existido amenazas, represalias laborales o cualquier otro tipo de coacción. El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha respondido a estas acusaciones a través de sus redes sociales. El número dos de Mónica García asegura que ha hablado con los responsables del Ingesa y niegan las amenazas. «Yo, como presidente de Ingesa, puedo garantizar que no va a haber represalias por hablar con nadie», asegura.
La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) ha mostrado este jueves su apoyo a los facultativos de Ceuta que están trasladando lo que ocurre en la ciudad autónoma y la crisis que sufre el sistema sanitario tras tener conocimiento de posibles amenazas por responsables … del Ingesa (Instituto Nacional de Gestión Sanitaria), dependiente del Ministerio de Sanidad. En un comunicado, los sindicatos médicos tacha de «absolutamente inadmisible» el comportamiento de la institución pública.
Los sindicatos se refieren a la publicación de una información en ‘El Debate’ en la que se asegura que responsables del Ingesa han advertido a los profesionales sanitarios de que, una vez superada la actual situación de presión asistencial, se tomarán medidas contra quienes han facilitado información a los medios. «Algunos facultativos habrían manifestado, además, su temor a sufrir represalias laborales o a no ver renovados sus contratos», asegura el comunicado de CESM.
Denuncia así la organización que se trata de un intento «de utilizar la posición jerárquica para intimidar a los profesionales y limitar su libertad de expresión, es decir, una evidente vulneración de sus derechos fundamentales, que deberían gozar de un especial respeto y protección».
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Expresar las dificultades con las que los médicos se están encontrando a la hora de desarrollar su labor en Ceuta es «un derecho», dicen los sindicatos médicos. Insisten además en que denunciar las deficiencias que puedan afectar a la atención a los pacientes forma también parte de la responsabilidad que tienen como profesionales. «Lo que están denunciando son problemas asistenciales que afectan directamente a la calidad y seguridad de la atención sanitaria que reciben los ciudadanos de Ceuta», remarcan.
«Controlar quién habla y qué dice»
«Los médicos no están obligados a guardar silencio para proteger la imagen de una determinada gestión», asevera CESM, que critica que en lugar de escuchar a los profesionales que están en primera línea y conocen bien los problemas que están surgiendo, los responsables de Ingesa «parezcan más preocupados en controlar quién habla y qué dice, que en solucionar los problemas que los profesionales están poniendo sobre la mesa».
La organización sindical exige al Ingesa y al Ministerio de Sanidad que aclaren lo ocurrido y que garanticen que no habrá ningún tipo de represalia para los profesionales. Asegura que estudiará con todos los profesionales que hayan podido verse afectados por esta situación todas las actuaciones necesarias y no descarta adoptar medidas legales si se confirma que han existido amenazas, represalias laborales o cualquier otro tipo de coacción.
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