Propietarios y promotores de vivienda han visto avalada su oposición a la ley para limitar la compra de vivienda que impulsan el Govern y los Comunes. El informe que el Consell de Garanties Estatutàries (CGE) ha publicado este martes coincide con gran parte de las objeciones del sector privado: la norma que tramita el Parlament catalán vulnera el derecho a la propiedad privada, la libertad de empresa y otros puntos de la constitución. Señala asimismo que no se puede restringir la adquisición de pisos a través de la ley de Urbanismo, tal y como pretenden el Ejecutivo catalán y el partido de la ex alcaldesa Ada Colau.
El sector privado considera que el dictamen del Consell de Garanties les da la razón sobre la inconstitucionalidad de la norma Propietarios y promotores de vivienda han visto avalada su oposición a la ley para limitar la compra de vivienda que impulsan el Govern y los Comunes. El informe que el Consell de Garanties Estatutàries (CGE) ha publicado este martes coincide con gran parte de las objeciones del sector privado: la norma que tramita el Parlament catalán vulnera el derecho a la propiedad privada, la libertad de empresa y otros puntos de la constitución. Señala asimismo que no se puede restringir la adquisición de pisos a través de la ley de Urbanismo, tal y como pretenden el Ejecutivo catalán y el partido de la ex alcaldesa Ada Colau.
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