El caso de Noelia , la joven de 25 años a la que, tras una batalla legal con su padre se le administró este jueves la eutanasia, ha puesto la ley española de nuevo bajo el foco. La polémica y el debate vuelven a estar encima de la mesa y los datos sobre este asunto saltan de nuevo a la actualidad. Las peticiones han ido subiendo en estos últimos cuatro años y también lo han hecho el número de sanitarios que se declaran objetores a esta práctica. En concreto, han subido un 133 por ciento en cuatro años hasta los 1.409. Esa es la cifra que figura actualmente en la lista, en la que la mayor parte son médicos, pero también se encuentran otras categorías como enfermeros o farmacéuticos. En 2023, este dato era de 800 y tan solo un año después de que la ley se comenzase a aplicar, en junio 2021, ya se encontraban en ese registro, que incluye trabajadores de centros públicos y privados, 625 profesionales que aseguraban no estar dispuestos a prestar esa asistencia para morir. En Castilla y León, desde la entrada en vigor de la normativa se han contabilizado un total de 94 peticiones y se han realizado 38 prestaciones.En 2024 -el último año con datos cerrados- las solicitudes registradas fueron cuarenta y se desarrollaron quince. En ese mismo ejercicio, cinco peticiones fueron denegadas por diversos motivos y otros procesos siguieron su tramitación una vez cerrado el ejercicio, tal y como reflejan los datos aportados por la Consejería de Sanidad.Además, en 16 casos la petición decayó por fallecimiento del solicitante y en otros tres hubo revocación y se retiró la solicitud, según figura en el último informe publicado por el Ministerio de Sanidad. Según ese mismo documento, ocho de las prestaciones se realizaron en hospital y otras siete tuvieron lugar en domicilio. Los casos En cuanto a las edades de quienes recibieron la citada asistencia para morir en ese ejercicio, el informe recoge que en Castilla y León hubo al menos un caso en menores de 30 años -fueron tres en toda España- y casi la mitad tenían menos de 50. La franja en la que más eutanasias se registraron fue de 50 a 59. En 2023, el volumen de peticiones en la Comunidad fue de treinta, se llevaron a cabo un total doce eutanasias, mientras que cuatro se denegaron. En el año inmediatamente anterior, las solicitudes fueron 24, mientras que las personas a las que se les administró fueron diez y en los seis primeros meses de aplicación de la ley- de junio a diciembre de 2021- se contabilizaron cuatro peticiones y se realizó una prestación de muerte asistida.Al menos una de las personas a las que se ha practicado la eutanasia en Castilla y León tenía menos de 30 añosFue un día antes de la entrada en vigor de la legislación nacional cuando Castilla y León dio luz verde a la creación de la Comisión de Garantías y Evaluación que regula la ayuda para morir como primer paso para poder aplicar la controvertida norma del Estado, que, ya entonces, desató protestas por parte de algunos grupos políticos y sociales.Noticia relacionada general No No Noelia Castillo muere a los 25 años tras recibir la eutanasia Elena Burés Se trata de un órgano formado por quince personas, entre juristas y médicos, encargado de velar por el procedimiento sanitario, de que las personas solicitantes están en disposición de hacer la petición y de vigilar que se cumplen estrictamente las condiciones recogidas en la legislación. « Padecimiento grave, crónico e imposibilitante o enfermedad grave e incurable causantes de un sufrimiento físico o psíquico intolerables» son algunos de los requisitos que figuran en el texto, además de ser mayor de edad y «capaz y consciente» de lo que se solicita. El proceso comienza con una petición firmada que el interesado deberá hacer ante su médico de cabecera. Será ese profesional el que tenga que dar el primer visto bueno y, de ser así, el caso pasará a un segundo facultativo ajeno completamente al equipo médico que atienda habitualmente al paciente que verifique también el proceso, incluyendo una entrevista con el propio afectado. Plazos Si ambos sanitarios están de acuerdo, se deriva a la Comisión, que será la que tenga la última palabra. Ese órgano designa a otro sanitario y a un jurista para determinar si el procedimiento continúa adelante. Si existe discrepancia entre estas dos personas, porque no todos los casos son claros, interviene el pleno para analizar la cuestión. En cuanto a los plazos y según las cifras incluidas en el informe del Ministerio de Sanidad, desde la primera solicitud al médico de cabecera hasta que se recibe la prestación hay una media de 103 días en Castilla y León. Mientras que son unas 60 jornadas las que trascurren desde que se presenta la petición hasta obtener el visto bueno de la evaluación médica de la Comisión de Garantías. El caso de Noelia , la joven de 25 años a la que, tras una batalla legal con su padre se le administró este jueves la eutanasia, ha puesto la ley española de nuevo bajo el foco. La polémica y el debate vuelven a estar encima de la mesa y los datos sobre este asunto saltan de nuevo a la actualidad. Las peticiones han ido subiendo en estos últimos cuatro años y también lo han hecho el número de sanitarios que se declaran objetores a esta práctica. En concreto, han subido un 133 por ciento en cuatro años hasta los 1.409. Esa es la cifra que figura actualmente en la lista, en la que la mayor parte son médicos, pero también se encuentran otras categorías como enfermeros o farmacéuticos. En 2023, este dato era de 800 y tan solo un año después de que la ley se comenzase a aplicar, en junio 2021, ya se encontraban en ese registro, que incluye trabajadores de centros públicos y privados, 625 profesionales que aseguraban no estar dispuestos a prestar esa asistencia para morir. En Castilla y León, desde la entrada en vigor de la normativa se han contabilizado un total de 94 peticiones y se han realizado 38 prestaciones.En 2024 -el último año con datos cerrados- las solicitudes registradas fueron cuarenta y se desarrollaron quince. En ese mismo ejercicio, cinco peticiones fueron denegadas por diversos motivos y otros procesos siguieron su tramitación una vez cerrado el ejercicio, tal y como reflejan los datos aportados por la Consejería de Sanidad.Además, en 16 casos la petición decayó por fallecimiento del solicitante y en otros tres hubo revocación y se retiró la solicitud, según figura en el último informe publicado por el Ministerio de Sanidad. Según ese mismo documento, ocho de las prestaciones se realizaron en hospital y otras siete tuvieron lugar en domicilio. Los casos En cuanto a las edades de quienes recibieron la citada asistencia para morir en ese ejercicio, el informe recoge que en Castilla y León hubo al menos un caso en menores de 30 años -fueron tres en toda España- y casi la mitad tenían menos de 50. La franja en la que más eutanasias se registraron fue de 50 a 59. En 2023, el volumen de peticiones en la Comunidad fue de treinta, se llevaron a cabo un total doce eutanasias, mientras que cuatro se denegaron. En el año inmediatamente anterior, las solicitudes fueron 24, mientras que las personas a las que se les administró fueron diez y en los seis primeros meses de aplicación de la ley- de junio a diciembre de 2021- se contabilizaron cuatro peticiones y se realizó una prestación de muerte asistida.Al menos una de las personas a las que se ha practicado la eutanasia en Castilla y León tenía menos de 30 añosFue un día antes de la entrada en vigor de la legislación nacional cuando Castilla y León dio luz verde a la creación de la Comisión de Garantías y Evaluación que regula la ayuda para morir como primer paso para poder aplicar la controvertida norma del Estado, que, ya entonces, desató protestas por parte de algunos grupos políticos y sociales.Noticia relacionada general No No Noelia Castillo muere a los 25 años tras recibir la eutanasia Elena Burés Se trata de un órgano formado por quince personas, entre juristas y médicos, encargado de velar por el procedimiento sanitario, de que las personas solicitantes están en disposición de hacer la petición y de vigilar que se cumplen estrictamente las condiciones recogidas en la legislación. « Padecimiento grave, crónico e imposibilitante o enfermedad grave e incurable causantes de un sufrimiento físico o psíquico intolerables» son algunos de los requisitos que figuran en el texto, además de ser mayor de edad y «capaz y consciente» de lo que se solicita. El proceso comienza con una petición firmada que el interesado deberá hacer ante su médico de cabecera. Será ese profesional el que tenga que dar el primer visto bueno y, de ser así, el caso pasará a un segundo facultativo ajeno completamente al equipo médico que atienda habitualmente al paciente que verifique también el proceso, incluyendo una entrevista con el propio afectado. Plazos Si ambos sanitarios están de acuerdo, se deriva a la Comisión, que será la que tenga la última palabra. Ese órgano designa a otro sanitario y a un jurista para determinar si el procedimiento continúa adelante. Si existe discrepancia entre estas dos personas, porque no todos los casos son claros, interviene el pleno para analizar la cuestión. En cuanto a los plazos y según las cifras incluidas en el informe del Ministerio de Sanidad, desde la primera solicitud al médico de cabecera hasta que se recibe la prestación hay una media de 103 días en Castilla y León. Mientras que son unas 60 jornadas las que trascurren desde que se presenta la petición hasta obtener el visto bueno de la evaluación médica de la Comisión de Garantías.
El caso de Noelia, la joven de 25 años a la que, tras una batalla legal con su padre, se le administró este jueves la eutanasia ha puesto la ley española de nuevo bajo el foco. La polémica y del debate vuelven a estar … encima de la mesa y los datos sobre este asunto saltan de nuevo a la actualidad. Las peticiones han ido subiendo en estos últimos cuatro años y también lo han hecho el número de sanitarios que se declaran objetores a esta práctica. En concreto, han subido un 43 por ciento en cuatro años hasta los 1.409.
Esa es la cifra que figura actualmente en la lista, en la que la mayor parte son médicos, pero también se encuentran otras categorías como enfermeros o farmacéuticos. En 2023, este dato era de 800 y, tan solo un año después de que la ley se comenzase a aplicar en junio 2021 ya se encontraban en ese registro, que incluye trabajadores de centros públicos y privados, 625 profesionales que aseguraban no estar dispuestos a prestar esa asistencia para morir.
En Castilla y León, desde la entrada en vigor de la normativa se han contabilizado un total de 94 peticiones y se han realizado un total de 38 prestaciones.
En 2024 -el último año con datos cerrados- las solicitudes registradas fueron cuarenta y se desarrollaron un total de quince. En ese mismo ejercicio, cinco peticiones fueron denegadas por diversos motivos y otros procesos siguieron su tramitación una vez cerrado el ejercicio, tal y como reflejan los datos aportados por la Consejería de Sanidad.
Además, en 16 casos la petición decayó por fallecimiento del solicitante y en otros tres hubo revocación y se retiró la solicitud, según figura en el último informe publicado por el Ministerio de Sanidad. Según ese mismo documento, ocho de las prestaciones se realizaron en hospital y otras siete tuvieron lugar en domicilio.
Los casos
En cuanto a las edades de quienes recibieron la citada asistencia para morir en ese ejercicio, el informe recoge que en Castilla y León hubo al menos un caso en menores de 30 años -fueron tres en toda España- y casi la mitad tenían menos de 50. La franja en la que más eutanasias se registraron fue de 50 a 59.
En 2023, el volumen de peticiones en la Comunidad fue de treinta, se llevaron a cabo un total doce eutanasias, mientras que cuatro se denegaron. El año inmediatamente anterior las solicitudes fueron 24, mientras que las personas a las que se les administró fueron diez y en los seis primeros meses de aplicación de la ley – de junio a diciembre de 2021- se contabilizaron cuatro peticiones y se realizó una prestación de muerte asistida.
Fue un día antes de la entrada en vigor de la legislación nacional cuando Castilla y León dio luz verde a la creación de la Comisión de Garantías y Evaluación que regula la ayuda para morir como primer paso para poder aplicar la controvertida norma del Estado, que, ya entonces, desató protestas por parte de algunos grupos políticos y sociales.
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Se trata de un órgano formado por quince personas, entre juristas y médicos, encargado de velar por el procedimiento sanitario, de que las personas solicitantes están en disposición de hacer la petición y de vigilar que se cumplen estrictamente las condiciones recogidas en la legislación. «Padecimiento grave, crónico e imposibilitante o enfermedad grave e incurable causantes de un sufrimiento físico o psíquico intolerables» son algunos de los requisitos que figuran en el texto, además de ser mayor de edad y «capaz y consciente» de lo que se solicita.
El proceso comienza con una petición firmada que el interesado deberá hacer ante su médico de cabecera. Será ese profesional el que tenga que dar el primer visto bueno y, de ser así, el caso pasará a un segundo facultativo ajeno completamente al equipo médico que atienda habitualmente al paciente que verifique también el proceso, incluyendo una entrevista con el propio afectado.
Plazos
Si ambos sanitarios están de acuerdo, se deriva a la Comisión, que será la que tenga la última palabra. Ese órgano designa a otro sanitario y a un jurista para determinar si el procedimiento continúa adelante. Si existe discrepancia entre estas dos personas, porque no todos los casos son claros, interviene el pleno para analizar la cuestión.
En cuanto a los plazos y según las cifras incluidas en el informe del Ministerio de Sanidad, desde la primera solicitud al médico de cabecera hasta que se recibe la prestación hay una media de 103 días en Castilla y León. Mientras que son unas 60 jornadas las que trascurren desde que se presenta la petición hasta obtener el visto bueno de la evaluación médica de la Comisión de Garantías.
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