Los tres agentes de los Mossos d’Esquadra procesados por su presunta colaboración en la reaparición y fuga de Carles Puigdemont en Barcelona, el 8 de agosto de 2024, piden el archivo del caso. Subsidiariamente, su defensa, que ejerce Gonzalo Boye, solicita que se les enjuicie sólo por omisión del deber de perseguir delitos y no por una conducta activa en el favorecimiento de la huida. Apunta así en el recurso, al que ha tenido acceso ABC, que la prioridad del dispositivo policial aquella fecha fue garantizar la investidura de Salvador Illa, y evitar incidentes de orden público, no el arresto del líder de Junts. Argumento que introduce el letrado, en base a la respuesta del Govern a una pregunta parlamentaria sobre dicho dispositivo. En la misma, en base a lo trasladado por la Dirección General de la Policía, se informa de que el despliegue «tenía como principal objetivo garantizar el normal desarrollo de la actividad parlamentaria, preservar la seguridad de los asistentes, y evitar incidentes de orden público, derivados de la concurrencia de diferentes movilizaciones convocadas aquel día». Apunta así Boye que, dicha respuesta «acredita que la ejecución de la orden de detención no formaba parte de los objetivos del dispositivo policial desplegado aquel día, de modo que mal puede reprocharse a un agente que no estaba de servicio no haber emprendido lo que la propia estructura policial, en servicio y al mando, no tenía encomendado». Por este motivo, solicita dejar sin efecto el procesamiento de los tres funcionarios, Xavier Manso, Jordi Rodrigo y David Goicoechea; y sobreseer la causa. Sino -es decir, subsidiariamente- delimitar el hecho justiciable a la omisión del deber de perseguir delitos, y no ampliarlo a una conducta activa. Recuerda, además, que la instructora ya había archivado el caso, reabierto por la Audiencia de Barcelona, tras el recurso de la Fiscalía. Apunta así Boye que dicha resolución hace referencia a un reparto de tareas entre los tres mossos, pero sin precisar cuáles, ni en qué habría consistido la omisión que se les reprocha. Una concreción necesaria para que los funcionarios puedan defenderse. Y es que ahora para procesarlos, la juez ha afirmado que los policías «realizaron actos conjunta y coordinadamente para evitar la detención y posibilitar la fuga» de Puigdemont, pero sin especificar cuáles habrían sido. «La trascendencia práctica es evidente: mantener en el relato conductas activas ya descartadas invita a las acusaciones a construir sobre ellas sus escritos y contamina la fase intermedia con un objeto procesal imposible», reprocha el abogado en su recurso. Los tres agentes de los Mossos d’Esquadra procesados por su presunta colaboración en la reaparición y fuga de Carles Puigdemont en Barcelona, el 8 de agosto de 2024, piden el archivo del caso. Subsidiariamente, su defensa, que ejerce Gonzalo Boye, solicita que se les enjuicie sólo por omisión del deber de perseguir delitos y no por una conducta activa en el favorecimiento de la huida. Apunta así en el recurso, al que ha tenido acceso ABC, que la prioridad del dispositivo policial aquella fecha fue garantizar la investidura de Salvador Illa, y evitar incidentes de orden público, no el arresto del líder de Junts. Argumento que introduce el letrado, en base a la respuesta del Govern a una pregunta parlamentaria sobre dicho dispositivo. En la misma, en base a lo trasladado por la Dirección General de la Policía, se informa de que el despliegue «tenía como principal objetivo garantizar el normal desarrollo de la actividad parlamentaria, preservar la seguridad de los asistentes, y evitar incidentes de orden público, derivados de la concurrencia de diferentes movilizaciones convocadas aquel día». Apunta así Boye que, dicha respuesta «acredita que la ejecución de la orden de detención no formaba parte de los objetivos del dispositivo policial desplegado aquel día, de modo que mal puede reprocharse a un agente que no estaba de servicio no haber emprendido lo que la propia estructura policial, en servicio y al mando, no tenía encomendado». Por este motivo, solicita dejar sin efecto el procesamiento de los tres funcionarios, Xavier Manso, Jordi Rodrigo y David Goicoechea; y sobreseer la causa. Sino -es decir, subsidiariamente- delimitar el hecho justiciable a la omisión del deber de perseguir delitos, y no ampliarlo a una conducta activa. Recuerda, además, que la instructora ya había archivado el caso, reabierto por la Audiencia de Barcelona, tras el recurso de la Fiscalía. Apunta así Boye que dicha resolución hace referencia a un reparto de tareas entre los tres mossos, pero sin precisar cuáles, ni en qué habría consistido la omisión que se les reprocha. Una concreción necesaria para que los funcionarios puedan defenderse. Y es que ahora para procesarlos, la juez ha afirmado que los policías «realizaron actos conjunta y coordinadamente para evitar la detención y posibilitar la fuga» de Puigdemont, pero sin especificar cuáles habrían sido. «La trascendencia práctica es evidente: mantener en el relato conductas activas ya descartadas invita a las acusaciones a construir sobre ellas sus escritos y contamina la fase intermedia con un objeto procesal imposible», reprocha el abogado en su recurso.
Los tres agentes de los Mossos d’Esquadra procesados por su presunta colaboración en la reaparición y fuga de Carles Puigdemont en Barcelona, el 8 de agosto de 2024, piden el archivo del caso. Subsidiariamente, su defensa, que ejerce Gonzalo Boye, solicita que … se les enjuicie sólo por omisión del deber de perseguir delitos y no por una conducta activa en el favorecimiento de la huida. Apunta así en el recurso, al que ha tenido acceso ABC, que la prioridad del dispositivo policial aquella fecha fue garantizar la investidura de Salvador Illa, y evitar incidentes de orden público, no el arresto del líder de Junts.
Argumento que introduce el letrado, en base a la respuesta del Govern a una pregunta parlamentaria sobre dicho dispositivo. En la misma, en base a lo trasladado por la Dirección General de la Policía, se informa de que el despliegue «tenía como principal objetivo garantizar el normal desarrollo de la actividad parlamentaria, preservar la seguridad de los asistentes, y evitar incidentes de orden público, derivados de la concurrencia de diferentes movilizaciones convocadas aquel día».
Apunta así Boye que, dicha respuesta «acredita que la ejecución de la orden de detención no formaba parte de los objetivos del dispositivo policial desplegado aquel día, de modo que mal puede reprocharse a un agente que no estaba de servicio no haber emprendido lo que la propia estructura policial, en servicio y al mando, no tenía encomendado».
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Por este motivo, solicita dejar sin efecto el procesamiento de los tres funcionarios, Xavier Manso, Jordi Rodrigo y David Goicoechea; y sobreseer la causa. Sino -es decir, subsidiariamente- delimitar el hecho justiciable a la omisión del deber de perseguir delitos, y no ampliarlo a una conducta activa.
Recuerda, además, que la instructora ya había archivado el caso, reabierto por la Audiencia de Barcelona, tras el recurso de la Fiscalía. Apunta así Boye que dicha resolución hace referencia a un reparto de tareas entre los tres mossos, pero sin precisar cuáles, ni en qué habría consistido la omisión que se les reprocha. Una concreción necesaria para que los funcionarios puedan defenderse.
Y es que ahora para procesarlos, la juez ha afirmado que los policías «realizaron actos conjunta y coordinadamente para evitar la detención y posibilitar la fuga» de Puigdemont, pero sin especificar cuáles habrían sido. «La trascendencia práctica es evidente: mantener en el relato conductas activas ya descartadas invita a las acusaciones a construir sobre ellas sus escritos y contamina la fase intermedia con un objeto procesal imposible», reprocha el abogado en su recurso.
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